Vale la Pena Revivirlas

Dos acciones que el gobierno había estado impulsando, y que contaban con el respaldo y participación de importantes sectores ciudadano, se han quedado en el olvido. Una se enfocaba a mejorar la calificación del país en los mercados internacionales. La otra, a tratar de domar los demonios de la corrupción en el gasto público. Ojalá pudieran revivirse.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

VALE LA PENA REVIVIRLAS

En cualquier gobierno existen ideas, proyectos y políticas que nacen con buena intención pero que van perdiendo momento y se desvanecen de la escena pública. Algunas políticas llegan incluso a ponerse en práctica exitosamente, para luego caer en el olvido. Otras mueren incluso antes de ver la luz. Por ejemplo, la gestión de Juan Alberto Fuentes al frente del Ministerio de Finanzas Públicas vivió dos claros casos de este tipo de políticas truncadas.

El primero es el caso de la Mesa para la Calificación del País, un esfuerzo que el ministro Fuentes heredó de la administración anterior y al que decidió (con mucho tino y visión de Estado) darle seguimiento desde el inicio de su gestión, pero que con el tiempo se fue enfriando hasta caer en la inanición, especialmente cuando lo urgente acabó por engullir a lo importante.

La Mesa se conformó en 2005 como un foro para coordinar a las distintas entidades del gobierno y del sector privado relacionadas con la calificación que nuestro país recibe por parte de las agencias evaluadoras de riesgo. Se pretendía lograr un abordaje sistemático de los esfuerzos para mejorar la referida calificación, tomando en cuenta que (tras años de descuido del tema por parte de los sectores público y privado) era evidente la inconsistencia que había entre las calificaciones recibidas y la realidad objetiva de los indicadores económicos de Guatemala.

La Mesa emprendió, desde entonces, diversas acciones para concienciar a los actores y opinión pública nacionales sobre la importancia del tema y, a la vez, estructuró una relación sistemática con las calificadoras internacionales, como nunca antes se había realizado. Durante los primeros dos años del actual gobierno la Mesa logró un abordaje institucional de la temática e impulsó una agenda de trabajo en la que se identificaron las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que debían atenderse para mejorar la calificación del país. También se sistematizó la relación con las agencias calificadoras de riesgo, con la OCDE y con el Banco Mundial, a la vez que se identificó una agenda de reformas para mejorar la calificación y se emprendieron acciones de comunicación hacia actores clave en el país.

Los resultados fueron muy favorables: las tres calificadoras de riesgo soberano (Standard & Poor’s, Fitch Ratings y Moody’s) reconocieron que no habían estado evaluando adecuadamente los sólidos fundamentos macroeconómicos del país y –sin dejar de reconocer sus debilidades institucionales y su frágil gobernabilidad-- elevaron firmemente la nota del país, incluso en medio de la peor crisis económica mundial de los últimos años. No obstante ello, con el pasar de los meses el Ministerio de Finanzas se vio desbordado por asuntos coyunturales y dejó de convocar a la Mesa, hasta el punto que ésta dejó prácticamente de funcionar.

El otro caso de un esfuerzo frustrado es el del Observatorio Ciudadano del Gasto que, luego de un larguísimo periodo de gestación, falleció pocas semanas después de su parto en febrero de este año. El Observatorio se gestó como una respuesta conjunta entre el gobierno y el sector privado ante las dramáticas deficiencias del Estado en materia de transparencia, probidad y eficacia del gasto público. Se trataba de integrar una instancia de vigilancia ciudadana capaz de monitorear la calidad y probidad de dicho gasto.

Al Ministerio de Finanzas y a su viceministro de Transparencia Fiscal y Evaluación se les asignó, mediante acuerdo gubernativo, la responsabilidad de coordinar y apoyar las actuaciones del Observatorio. En la práctica, lamentablemente, éste no contó con el suficiente apoyo, claridad de mandato y herramientas para operar conforme lo requerían las dramáticas condiciones de falta de transparencia y calidad del gasto público. El esfuerzo falleció de inanición.

Aunque ambas iniciativas están actualmente sin vida, su razón de ser tiene hoy más vigencia que ayer, por lo que bien vale la pena que las nuevas autoridades de Finanzas las revivan urgentemente.

Cada Mico en su Columpio

El desastre institucional que está viviendo el RENAP o el daño que está sufriendo la reputación del Organismo Judicial son sólo dos ejemplos de lo que ocurre cuando las entidades públicas se administran de manera rudimentaria, empírica e improvisada. Existen principios elementales de gestión pública --relacionados con lo que se conoce como "buen gobierno corporativo"-- que deberían ser de aplicación rutinaria y de conocimiento general por parte de cualquier funcionario público de alto nivel. El más básico de tales principios establece que quien administra es el gerente (no la Junta Directiva); quien establece la estrategia es la Directiva (no el gerente); y, quien un auditor debe ejercer el control de riesgos. Si cada uno de estos actores se circunscribiera a hacer bien su papel y no invadiera el campo del otro, se evitarían situaciones como las indicadas al principio.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

CADA MICO EN SU COLUMPIO

Cuando un miembro de una junta directiva se pone a ejercer funciones administrativas propias del gerente o administrador, existe una alta probabilidad de que la organización de que se trate cometa graves errores que perjudicarán gravemente su funcionamiento. Esto es cierto tanto para corporaciones privadas como para entidades estatales. En ambos casos, el resultado inevitable será que ocurrirán daños económicos y reputacionales para la empresa o entidad.

En nuestro medio existe poco conocimiento y conciencia sobre la importancia de que las entidades (públicas y privadas) tengan un buen sistema de gobierno corporativo, es decir, un sistema por medio del cual se dirijan las organizaciones y se implementan controles sobre su funcionamiento, dentro de un marco donde se relacionen metódicamente la gerencia, los empleados, los socios, la directiva, los clientes y el público en general.

Los propietarios, los directivos, los gerentes y los auditores son quienes están llamados a configurar un buen gobierno corporativo. Si estos cuatro actores cumplen sus respectivos roles, la entidad de que se trate no sólo tendrá un mejor desempeño y rendirá mejores resultados, sino que también se protegerán los intereses de tales actores y del la comunidad. Si ello es importante en el caso de empresas privadas, lo es mucho más cuando se trata de entidades del sector público que manejan los dineros e inciden sobre el bienestar de la ciudadanía.

En efecto, los dueños de las entidades del estado somos todos los ciudadanos y, como tales, debería considerársenos como el cuerpo de más alta decisión corporativa, aunque sea por medio de la representación de los organismos del estado. Por su parte, en el caso de las entidades autónomas y en el de muchas descentralizadas, la Junta Directiva es la responsable de establecer los objetivos y estrategias organizacionales, así como de ejercer el seguimiento y control de sus actividades. Por su parte, los gerentes (o directores ejecutivos) tienen a su cargo la administración rutinaria de la entidad, conforme a su mandato legal y los lineamientos estratégicos establecidos por la junta directiva. Finalmente, la auditoría interna y la Contraloría de Cuentas deben escrutar el trabajo de la directiva y de los gerentes para coadyuvar al adecuado control operativo y financiero de la entidad.

Cuando este esquema de pesos y contrapesos no se tiene claro, ocurren desastres institucionales como el que aqueja al Registro Nacional de las Personas donde, según lo reportado por los medios de comunicación, un miembro de la junta directiva estuvo, durante largo tiempo, tomando decisiones administrativas (que competían exclusivamente al Director Ejecutivo), imponiendo opiniones personales como criterios estratégicos (cuya definición competía a la junta directiva como cuerpo colegiado), o fungiendo de vocero oficial (lo que, evidentemente, excedía de sus atribuciones).

La misma falta de claridad respecto de los roles corporativos pudo verse también en el Organismo Judicial donde, en palabras atribuidas a su vocera, “las plazas administrativas las define el Presidente de la Corte; …no necesitan convocatoria ni concurso”, lo cual evidencia una terrible confusión de roles que no sólo pone un una situación vulnerable a dicho presidente (que, claro está, no tiene por qué tener experticia en contratar personal), sino que, como se vio con la contratación de una señorita a quien se vincula con amistades mafiosas, daña la integridad e imagen de dicho organismo.

Otro caso, pero a la inversa, se está dando en el Congreso, donde muy atinadamente se decidió hace más de un año segregar las funciones administrativas de las estratégicas mediante el nombramiento de un director administrativo, decisión que ahora se está poniendo en tela de duda por parte de algunos interesados en que la confusión de roles vuelva a instaurarse en el Legislativo.

La buena gestión pública requiere que estas lecciones se aprendan. No es gran ciencia, sino cuestión de sentido común para que cada mico se quede en su columpio.

COMENTARIOS DE LOS LECTORES

Luis Aragón 03-08-2010 10:04:00 horas

LOs auditores carecemos de apoyo de las autoridades que dirigen los entes, y por el otro lado el acoso de la Contraloría, que sanciona con multas hasta por parpadear. Pero no sanciona donde se derrocha el pisto como en los mentados "programas sociales" de la esposa del presidente que es la que manda. Hay malversación con fines electoreros de una campaña anticipada para la mentada señora. Ahí, para la Contraloría, todo ha estado bien. Y las movidas en las municipalidades empezando por tu Muni.. Ramiro Asturias Zamora 03-08-2010 10:44:44 horas Imagínense, si confunden tanto los roles (o el respectivo calibre de estos) ¿cómo van a funcionar bien los cojinetes? No hay forma de integrar una maquinaria funcional. Así ni a mameyasos... van a encajar los tales micos en columpios que no les sean los mas indicados. Ahora bien, si la maquinaria ya da indicios de querer irse acomodando sobre la marcha, es porque en el camino se arreglan algunas sobrecargas (cuando parte de ellas vaya quedando botada por el camino, tal y como suele sucederles). Arturo Villagrán Lic. Mario García Lara: Leí con interés su columna del Martes 3 de Agosto en Siglo 21 titulada “Cada mico en su columpio” (*) Por medio de una parábola con la iniciativa privada, Ud. se refiere al desbarajuste existente en el RENAP. Estoy totalmente de acuerdo con lo que Ud. ha escrito y por lo mismo surge mi pregunta: Y donde esta el INAP? Se supone que el Instituto Nacional de la Administración Pública se creó para mejorar el recurso humano y los procesos del Gobierno y para que no ocurrieran situaciones como las del RENAP. Pero del INAP no se sabe nada, ni se pronuncia en nada. Asi pues, le invito a escribir en una futura columna sobre la invisibilidad del INAP. Atentamente, J. Arturo Villagran V. Lector de su columna semanal (*) La frase es atribuida a Miguel Ydígoras Fuentes quien decía “Lo mejor es que cada mico esté en su rama”

Las Prioridades del Estado

Los gringos dicen que, para demostrar con hechos lo que uno promete hay que "poner el dinero donde pusiste tu boca". Nuestros gobiernos en los últimos años han dicho que sus prioridades están en tal o cuál aspecto relevante de la vida nacional. Las cifras del presupuesto de gastos ejecutado son muy elocuentes en cuanto a decir que en los últimos diez años ningún gobierno ha dado prioridad a las políticas de seguridad y justicia. En el actual gobierno, es evidente que la prioridad está en los programas de cohesión social. A continuación, lo que dicen los datos oficiales.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

LAS PRIORIDADES DEL ESTADO

El estado de Guatemala está organizado, se supone, con el propósito de lograr el bien común como fin supremo. Una manera de comprender cuáles son las prioridades del estado para alcanzar tal fin consiste en ver de qué manera gasta sus recursos financieros. Al respecto, las cifras de ejecución del presupuesto de egresos que publica el Ministerio de Finanzas Públicas pueden ser muy ilustrativas.

Un primer aspecto que resulta llamativo, dados los embates de la delincuencia en los últimos tiempos, es que la provisión de seguridad ciudadana y de justicia no parece ser una prioridad del estado guatemalteco. En esta materia, sumando los rubros de defensa, seguridad interna y administración de justicia, el gasto efectuado por el gobierno en los últimos años no rebasa el 12% del total de egresos de presupuesto. Este porcentaje resulta menor, por ejemplo, al destinado a educación (que, incluyendo cultura y ciencia, ocupa un 22% del presupuesto), o al del pago de la deuda pública (que, entre intereses y amortizaciones, utiliza más del 15% del presupuesto).
Conviene aclarar, eso sí, que las cifras indican que esta priorización no es exclusiva de la actual administración. El gasto público en seguridad y justicia ha ocupado más o menos la misma prioridad, en términos de porcentaje del presupuesto total, desde 2002 hasta ahora; solamente en los años previos (por ejemplo en 2000 y 2001) este rubro llegó a sobrepasar el 15% del total del gasto presupuestario. Lo anterior obedece, fundamentalmente, a que el gasto ejecutado por el Ministerio de Defensa ha reducido su participación dentro del total del presupuesto de gastos de un 7.3% en 2001 a 2.6% en 2009 (en tanto que el de Gobernación se ha mantenido en un 5% del total de gastos estatales).

Según la finalidad del gasto gubernamental, es incuestionable que el rubro de educación ha gozado de una creciente preferencia por parte de los distintos gobiernos en los últimos años. En efecto, la ejecución presupuestaria desde 2000 hasta 2008 reflejó un gasto en educación, cultura y ciencia de alrededor del 19% del total, porcentaje que, como se indicó, subió a 22% a partir de 2009; esto último refleja el aumento en el gasto de planilla derivado del impulso a la gratuidad en los servicios de educación en la actual administración.

Algo similar, aunque en menor escala y por razones similares, ha ocurrido con el gasto gubernamental destinado a la salud y al saneamiento, que en 2009 llegó a representar un 10.5% del total de la ejecución gubernamental, cuando en los diez años anteriores no sobrepasaba el 9% del mismo.

En virtud de que para 2010 no hubo un presupuesto aprobado por el Congreso de la República, es factible recurrir a las cifras que sobre modificaciones presupuestarias publica el Ministerio de Finanzas Públicas para ver las prioridades de gasto del gobierno en el transcurso del año. Según la finalidad del gasto, las cifras oficiales dan cuenta que, al 20 de julio, el presupuesto se había ampliado en Q1,271 millones, para alcanzar un total de Q51,301 millones de los cuales, a esa fecha, se había ejecutado un 49%.

Según la finalidad del gasto, el rubro de “Protección Social” era el que más había aumentado (en Q1,134 millones) respecto del presupuesto inicial, es decir que este rubro concentra el 90% de la ampliación del presupuesto y a esa fecha se había ejecutado en un 52.5%. Tomando en cuenta que en el referido rubro se incluyen primordialmente los gastos de los programas de transferencias de efectivo y bolsas de ayuda a las familias, es evidente que es allí donde están las prioridades del gasto este año. En contraste, los rubros que han visto reducido su presupuesto de gastos incluyen los de Orden Público y Seguridad Ciudadana, Educación, y Asuntos Económicos.

Para saber cuáles son las preferencias y prioridades del estado de Guatemala para cumplir con su fin supremo no hace falta elucubrar ni filosofar mucho acerca de las intenciones de los gobernantes. Basta con ver la evidencia clara en las propias cifras fiscales.

Opinión de los lectores

Ramiro Asturias Zamora 27-07-2010 05:33:34 horas
No deja de ser curioso que esas "remesas familiares internas" sigan a todo tren, pese a NO originarse en dolares ganados con el sudor de la frente de nuestros emigrados (a excepcion de Arizona?) Me parece que al menos una porcion de las mismas se deberia usar en sembrar muchos mas arboles frutales, segun las caracteristicas de cada area. Hay frutas saludables y nutritivas: nueces, datiles, moras, mango y ese arbol autoctono (?) Pero quien sabe si aun podamos seguir pidiendole peras, al olmo...

Debilidad en Nuestras Políticas Públicas

Para que las políticas públicas de un país sean exitosas, deben cumplir con ciertas características mínimas. Deben ser, en primer lugar, deben ser estables: es decir, deben permanecer en el tiempo sin sufrir cambios bruscos o injustificados. Deben, al mismo tiempo, tener la capacidad de adaptarse a las condiciones cambiantes de la realidad económica y social, sin perder su orientación y esencia. Deben ser susceptibles de ser puestas en práctica por el aparato estatal de manera eficiente y oportuna. Dicha ejecución debe ser coherente con otras políticas públicas y hacerse de manera coordinada entre los entes estatales relacionados con la misma. Deben ser de beneficio general, es decir, estar diseñadas y aplicadas a impactar en la sociedad y en la economía en su conjunto, y no solamente en grupos privilegiados. Y, por último, deben ser eficientes, en el sentido de que los recursos necesarios para llevarlas a cabo se utilicen de manera racional, sin desperdicios (y, por supuesto, sin corrupción). Un estudio reciente del BID (que se puede ver en http://ssrn.com/abstract=1575310) pone de manifiesto que, comparado con otros países de Latinoamérica, la calidad de nuestras políticas públicas es terriblemente precaria.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

DEBILIDAD EN NUESTRAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Las políticas públicas en Guatemala son las más débiles de Latinoamérica, con excepción de las de Paraguay, según un estudio reciente preparado por el Banco Interamericano de Desarrollo –BID-, que le asigna calificaciones a las distintas características de dichas políticas para medir su efectividad y su calidad; de los dieciocho países latinoamericanos, Chile (para no variar), Uruguay y Brasil son los que mejores políticas públicas aplican (y que mejor desempeño muestran, consecuentemente, en términos de desarrollo económico y social), en tanto que Venezuela, Ecuador, Guatemala y Paraguay son los peor calificados.

Nuestras políticas públicas son erráticas: con demasiada frecuencia, al menor cambio en los vientos políticos, las medidas de política pública se interrumpen o se revierten, lo cual le imprime un alto grado de volatilidad al quehacer de las entidades gubernamentales. Recordemos, a manera de ejemplo, la supuestamente exitosa política de “Creciendo Bien” impulsada en el gobierno anterior, de la que hoy no queda más que el recuerdo. Los países más exitosos, como Chile, son capaces, al contrario, de mantener en el tiempo la mayoría de sus políticas públicas y cuando las modifican es para adaptarlas a las cambiantes condiciones económicas o para corregir alguna falla que se haya detectado.

Esa capacidad de adaptar las políticas a las necesidades de los tiempos también está ausente en nuestro país, bien sea porque el proceso de formulación y aplicación de las mismas se entorpece por la ineficiencia burocrática, o bien por las propias trabas legales que, a veces con la buena intención de evitar discrecionalidades de los funcionarios públicos, se convierten en camisas de fuerza que limitan la adaptabilidad de las políticas públicas.

Otra debilidad que destaca el estudio del BID es la poca coordinación que existe entre los distintos actores involucrados en el proceso de las políticas públicas, lo cual genera incoherencias en su aplicación que se traducen en ineficacia. Cuando la coordinación es crucial para el éxito de las políticas, como en el caso de la política fiscal y la política monetaria, Guatemala ha logrado establecer los mecanismos adecuados; sin embargo, en el caso de otras políticas que también requieren coordinación, como por ejemplo en la relación entre las políticas de salud y de educación o entre la política nutricional y la de transferencias condicionadas de efectivo, se ha evidenciado no sólo descoordinación sino también traslapes e, incluso, rivalidades, disputas y contradicciones en su implementación.

Algo peor ocurre en los pocos casos en que sí existen políticas bien diseñadas, que han logrado pasar apropiadamente el debate legislativo, pero que en la práctica son inefectivas. Pueden mencionarse entre ellas la política de seguridad alimentaria y nutricional, o la política de seguridad pública incorporada en la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad; en ambos casos se trata de políticas ampliamente discutidas, consensuadas e internacionalmente reconocidas, plasmadas en sendas leyes de la República que simplemente no han sido aplicadas debido, entre otras razones, a la falta de voluntad política, a la escasez de funcionarios capaces e independientes, y a la debilidad de los mecanismos judiciales que obliguen a cumplir con la ley.

Por si lo anterior fuera poco, el estudio del BID también encuentra que nuestras políticas públicas también merecen una baja calificación en términos de su eficiencia, tanto en lo que se refiere al desperdicio de recursos financieros (aspecto que, posiblemente, está asociado a la falta de transparencia en el gasto), como en lo que respecta al alcance y cobertura de las políticas para beneficiar a grandes grupos de la población y no solamente a unos pocos favorecidos.

Es menester que los políticos y los funcionarios públicos cobren conciencia del estado de situación que el estudio del BID pone de manifiesto para que, en materia de políticas públicas, no sigamos en el pelotón de los rezagados.

Comentarios de los lectores

Ramiro Asturias Zamora 20-07-2010 10:56:27 horas

Convendria preguntarnos: Que le ha permitido a Chile diferenciarse tanto de Venezuela? O, al Uruguay de Ecuador? O, al Brasil, del Paraguay? Dicho en terminos mas inmediatos, por que se ha venido pareciendo nuestra amada Guatemala mas a Paraguay, que al Brasil? Mas a Ecuador, que al Uruguay? Y mas a Venezuela, que a Chile?He alli la cuestion!

Horizonte Sombrío

La columna que publiqué esta semana en Siglo XXI me salió, como mi blog, muy lúgubre. ¡Qué remedio! Sucede que la situación de inseguridad está cada día peor y, como una premonición a la sangrienta semana que vivió nuestra ciudad, escribí que la recuperación económica y, más generalmente, nuestro propio desarrollo como país, está en riesgo ante la falta de seguridad y justicia, así como ante la falta de políticas públicas coherentes y de instituciones estatales confiables. Pero bueno, hay que seguir en la lucha, no queda de otra. Trataré de adoptar una actitud un poco más optimista y ya no publicar opiniones en Martes 13.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

HORIZONTE SOMBRÍO

Luego de que el año pasado nuestra economía casi no creció y el ingreso per cápita de los guatemaltecos se redujo en términos reales, con el consiguiente aumento de la pobreza, el corriente año empezaba a registrar una recuperación incipiente, halada por el dinamismo del comercio exterior que, a su vez, respondía al recobrado crecimiento de la actividad productiva en los Estados Unidos, nuestro principal mercado de exportaciones.

Por desgracia, ahora se atisban nubarrones en el horizonte que podrían impedir que la recuperación económica se consolide. En primer lugar, ha habido un aumento significativo de los riesgos asociados a la elevada deuda pública de importantes países europeos (como España), que amenazan con elevar la incertidumbre en los mercados financieros mundiales y, con ella, el nivel de las tasas de interés, lo cual podría contagiarse a la economía estadounidense y, consecuentemente perjudicar la buena marcha de nuestras exportaciones.

Pero, más que las amenazas externas, son las realidades domésticas las que amenazan con retrasar el crecimiento económico que apenas empezaba a manifestarse. Pocas dudas caben de que la inseguridad ciudadana es, hoy día, el principal obstáculo que enfrenta la mayoría de decisiones de inversión o de iniciar un negocio en el país. Un país donde cada cuarenta y cinco minutos alguien es asesinado, donde las empresas tienen ya incorporado en sus costos de producción los pagos periódicos por extorsión que exigen las maras, donde innumerables locales comerciales instalan (para protegerse) barrotes de metal que separan a la clientela de los productos, no es un país que fomente el emprendedurismo ni la inversión privada. Lo que es peor, estos costos que imponen la inseguridad y la delincuencia generalizadas resultan más difíciles de sobrellevar para los micro y pequeños empresarios, lo cual da como resultado un sector empresarial cada vez más concentrado y menos equitativo, cada vez más cauto y menos competitivo.

La incertidumbre derivada de la criminalidad se ve agravada por la escasez de políticas de largo plazo que den alguna orientación sobre el rumbo del Estado y sus prioridades. Si al menos se supiera que existe una política de Estado enfocada a la construcción de caminos vecinales, o al combate a la desnutrición infantil, o a la mejora en la calidad de la enseñanza de las matemáticas en la secundaria (por mencionar ejemplos de políticas que deberían ser prioritarias), ello podría dar a los agentes económicos alguna certeza respecto del norte que siguen las acciones gubernamentales.

En realidad, al contrario, ni siquiera existe certeza respecto a cuál es el verdadero presupuesto de ingresos y gastos del Estado para este año, ni sobre la magnitud y posibles fuentes de su financiamiento, ni sobre la probabilidad de que en pocos meses se quede sin recursos para continuar funcionando, ni mucho menos sobre las intenciones de modificar la estructura tributaria del país.

Por si lo anterior fuera poco, el horizonte sombrío se oscurece más si se toma en cuenta el modestísimo avance (y, en muchos casos, el retroceso) que han vivido las instituciones estatales necesarias para el funcionamiento del sistema democrático y el buen desempeño de los mercados. Un Ministerio Público acéfalo se combina con una Policía Nacional Civil sin espíritu de cuerpo y con unos tribunales de justicia atrofiados para producir niveles escandalosos de impunidad, a cuyo combate poco contribuye una CICIG enfocada en resolver crímenes pasionales. Hasta el propio proceso electoral que se avecina empieza a ensuciarse por culpa de los escándalos y la ineficiencia que se atribuyen al Registro Nacional de las Personas.

Sin seguridad ciudadana, sin políticas de largo plazo y sin instituciones estatales eficientes, la recuperación económica seguirá siendo frágil. Es urgente que el liderazgo nacional corra esas nubes negras del horizonte y logre los equilibrios mínimos de gobernabilidad que el desarrollo del país demanda. Aún estamos a tiempo.

Opinión de los lectores

Alejandro. 13-07-2010 10:08:59 horas

Las fuerzas de seguridad, se han dado a la tarea nada fácil de investigar y buscar en qué lugar se halla “la inteligencia”, con instrucciones precisas de la superioridad, al ser hallada de ponerla a la disposición del Ministerio de Gobernación, MP, tribunales, incluso a los “peludos”, para que de inmediato procedan a “combatir” la violencia, que se ríe a mandíbula batiente y haciéndoles señales obscenas por su incapacidad. Una vez solventado esto, dará inicio la recuperación económica ipso facto.

Números de Catástrofe

La tormenta Ágatha estuvo fea y causó muchos daños al país. Las pérdidas de vidas humanas y de propiedades fueron muy dolorosas, especialmente en el caso de los más desposeídos. La vulnerabilidad de nuestro país ante estas catástrofes es evidente. Lo que no es tan evidente es el infladísimo presupuesto de daños que el gobierno sugiere que debemos pagar para la reconstrucción. Conviene, por lo tanto, espulgar un poco las estimaciones oficiales para tener una interpretación adecuada de las mismas. De lo contrario, corremos el riesgo de caer en irresponsabilidades fiscales que, al final de cuentas, nos saldrán más caras que la mismísima Ágatha.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS
NÚMEROS DE CATÁSTROFE

El pasado viernes se hicieron públicas, finalmente, las estimaciones oficiales del impacto económico de la tormenta Ágatha en Guatemala, calculadas por la Comisión Económica para América Latina –CEPAL-, conforme a la metodología que dicha entidad ha venido aplicando para este tipo de desastres. Las cifras son útiles porque permiten contar con un registro de los daños y pérdidas ocasionadas por la catástrofe, valuar las necesidades de recursos para reconstrucción y elevar el nivel de conciencia sobre los beneficios económicos de reducir los riesgos asociados a ese tipo de eventos.

Las cifras sirven también para vincular la magnitud del desastre con y la demanda de recursos económicos que de ella se deriva, así como para comparar dichas cifras con otros desastres similares, ambos temas muy importantes para fines de programación fiscal. En ese sentido, conviene hurgar un poco dentro de las cifras oficiales e interpretar cuidadosamente su significado.

Para el efecto, resulta útil la distinción que la CEPAL hace de los dos tipos de impacto económico del desastre. Por un lado están los daños propiamente dichos, que se refieren al impacto directo que se produce por la destrucción parcial o total del stock o acervo de activos físicos (infraestructura, maquinaria e inventarios); estos daños suceden específicamente al momento de la catástrofe y, en el caso de Ágatha, se calculan en Q4,800 millones. Por otro lado están las pérdidas que suceden después del evento y a lo largo de un período relativamente prolongado; estas pérdidas indirectas se reflejan en cambios en los flujos económicos esperados que, para Ágatha, la CEPAL estima en Q3,055 millones.

Resulta evidente que ambos conceptos son diferentes y que los gastos de reconstrucción del país solamente pueden estar referidos al primero de ellos (los daños). Además, no todos los daños deben forzosamente ser cubiertos con recursos del Estado, ya que los mismos incluyen daños al acervo privado. Esto es importante tenerlo presente para evitar confusiones respecto de la necesidad de recursos por parte del fisco para la reconstrucción post-Ágatha, los cuales no deberían ser superiores a los referidos Q4,800 millones, en vez de los más de Q7,800 millones que varios medios de comunicación publicaron (sin mayor análisis) como necesarios.

Las cifras publicadas también resultan útiles para comparar el impacto económico de Ágatha con, por ejemplo, los ocasionados por la tormenta Stan en 2005. Sumando los daños y pérdidas que estimó la CEPAL para cada uno de esos eventos, se puede apreciar que el impacto estimado para Ágatha suma Q7,856 millones, mientras que los que en su oportunidad se atribuyeron a Stan fueron del orden de Q7,512 millones, lo cual implica un aumento de 4.6% de aquella catástrofe a la actual. Es más, si se toma en cuenta que los precios de los bienes y servicios entre 2006 y 2010 han aumentado en alrededor de 25%, se puede decir que el impacto económico de Ágatha es, en términos reales, mucho menor al producido por Stan y, casi seguramente, al del huracán Mitch de 1998.

Es importante que las autoridades de gobierno y los legisladores tengan en cuenta estas consideraciones a efecto de que los ajustes fiscales que se requieran para enfrentar los efectos del desastre se apeguen a la realidad y que eviten usar de excusa el impacto de Ágatha para inflar indebidamente los gastos. En las actuales circunstancias, un aumento inmoderado del déficit fiscal podría provocar problemas de sostenibilidad al funcionamiento del gobierno y al servicio de los compromisos de gasto, lo cual podría generar unos números incluso más catastróficos que los de la propia tormenta tropical en términos de inestabilidad económica y pérdida de bienestar para los guatemaltecos.

Además de lo anterior, es crucial que se guarde mucho cuidado en la transparencia del uso de los recursos que se destinen a la reconstrucción, así como que se establezcan normas muy estrictas respecto de la calidad de la obra pública para que, al menos, no vuelvan a construirse puentes de cartón-piedra que se caen a la primera llovizna.

OPINIÓN DE LOS LECTORES

Antonio Morales 06-07-2010 17:33:43 horas

Lo que queda claro es que el Gobierno pretende inflar las cifras de la tragedia para usarlas de excusa y así inflar el gasto público con fines electorales. Es una vergüenza que los reportes de prensa no hayan tenido el cuidado de expulgar bien las cifras que, según el lic. García Lara, son la mital de lo que el Gobierno anda diciendo que necesita para la reconstrucción. Qué vergüenza.

INESTABILIDAD EN EL GABINETE

El gabinete de gobierno, y especialmente el Gabinete Económico, han visto salir a algunas de sus principales figuras. Aunque los cambios de ministros deben considerarse como algo normal dentro del periodo de gobierno, no deja de preocupar el hecho que las salidas del Ministro de Finanzas, el de Economía y el de Energía y Minas se haya producido en un lapso tan breve y en un momento en el que la situación fiscal, por un lado, y la minería, por otro, viven momentos de mucha precariedad y gran trascendencia para el futuro del país.

Opinión Inestabilidad en el gabinete

Esperemos que los recién estrenados ministros gocen del debido respaldo por parte del Presidente.

Mario A. García Lara Los ministros, se dice, son como fusibles que a veces se queman –y se sustituyen por nuevos fusibles- para permitir que el gobierno continúe funcionando incluso en momentos de alta tensión política. Pero cuando varios fusibles se queman simultáneamente es natural sospechar que algo está fallando en los circuitos del sistema político. Incluso si se acepta la explicación alegórica de que el gabinete es como un equipo de futbol en el que el entrenador realiza diversos cambios para mejorar su desempeño, los seguidores del equipo tienen derecho de preocuparse cuando los sustituidos incluyen a las estrellas del equipo y los cambio se producen en un momento clave del partido. La renuncia reciente, ocurrida en el lapso de una semana, de los ministros de Economía, de Finanzas Públicas y de Energía y Minas amerita reflexionar sobre el grado de estabilidad que debe tener cualquier gabinete de gobierno. Es evidente que los cambios de ministros son a veces necesarios y convenientes, particularmente si están basados en causas justificadas y orientados a mejorar la efectividad de las acciones gubernamentales. Sin embargo, la estabilidad de los ministros en el cargo puede ser un factor clave para el éxito de las políticas públicas. Vale la pena hacer hincapié en que los ministros de Estado cumplen funciones esenciales, primero, en la etapa de formulación y diseño de las políticas de gobierno y, después –y más importante-, en la etapa de ejecución de dichas políticas, para cuyo efecto participan también en la interpretación y aplicación de las normas promulgadas por el Poder Ejecutivo, a la vez que dirigen, evalúan y supervisan a los equipos burocráticos que conforman su respectivo Ministerio. A nivel internacional, algunos centros de estudio sostienen que un ministro de Estado debería permanecer unos tres años en su cargo a fin de asegurar cierta continuidad y coherencia en las políticas de su cartera. En el caso de Guatemala dicho razonamiento tiene, incluso, más sentido si se considera que una de las debilidades sistémicas del país es la ausencia de políticas públicas de mediano y largo plazos: para fomentar dichas políticas, y que los ministros puedan ejecutarlas hasta su culminación, es ciertamente necesaria alguna continuidad de los funcionarios a cargo del gabinete. Si los ministros no permanecen suficiente tiempo en el cargo, será más difícil que las políticas se orienten al largo plazo y, por ende, habrá más riesgo de continuos cambios de rumbo en las medidas de gobierno. Además, un ministro que dura poco tiempo en su puesto no podrá adquirir las destrezas especiales que la administración pública requiere, lo cual dificultará la implementación eficaz de las políticas. Los cambios abruptos en el gabinete también pueden crear vacíos de liderazgo que pueden ocasionar, a su vez, la ralentización del aparato burocrático y, en el peor de los casos, agravar la corrupción. Asimismo, dado que la mayoría de ministros de cualquier gobierno no suelen ser funcionarios de carrera, una permanencia demasiado breve en sus cargos les impide desarrollar las aptitudes gerenciales y políticas (incluyendo su trato con el Legislativo) que los ayudarían a desempeñar más eficazmente sus funciones. Todo lo anterior es particularmente relevante en el caso del Ministro de Finanzas Públicas, por la función central que dicha cartera ha jugado tradicionalmente en Guatemala, debido a la rectoría que tiene en el proceso de diseño y ejecución presupuestaria, lo cual le permite incidir crucialmente sobre la agenda presidencial y ejercer un rol de coordinador de muchas acciones del gabinete de gobierno, pero también lo es en el caso de los otros dos nuevos ministros. Esperemos que los recién estrenados ministros, aunque estarán presumiblemente poco tiempo en sus cargos, gocen del debido respaldo por parte del Presidente y el resto del gabinete, a fin de que puedan ejercer sus funciones como expertos en su campo, como administradores y como impulsores de las políticas de Estado que el país necesita. Opinión del lector ROBERTO LOPEZ PORRAS 29-06-2010 11:39:07 horas La renuncia de los Ministros de Finanzas, Economia y Energía es una expresión de rebelión y nubla el panorama económico y social del país en torno al cual gira el éxito o fracaso de cualquier administración. En un contexto de post crisis y emergencias, dichas renuncias desestabilizan la débil posición del Gobierno, minan la credibilidad de su liderazgo, descubren las discrepancias con la praxis del Presidente Colom para gobernar y pone en evidencia la falta de unidad en las metas de su equipo. Antonio Morales 29-06-2010 12:45:50 horas Fuentes Knight renunció por tres razones. 1) permitió un gasto desordenado, disfrazado de transferencias para Cohesón Social, con la esperanza de que, a cambio, la esposa del Presidente lo apoyara con la reforma tributaria. 2) ni el partido de gobierno ni la oposición ni los aliados en el Congreso tuvieron nunca la intención de aprobar ninguna reforma tributaria, lo que se evidenció con el rompimiento de la alianza GANA-UNE. 3) el agujero fiscal resulutante es gigantesco. Por eso se fue.