Vale la Pena Revivirlas

Dos acciones que el gobierno había estado impulsando, y que contaban con el respaldo y participación de importantes sectores ciudadano, se han quedado en el olvido. Una se enfocaba a mejorar la calificación del país en los mercados internacionales. La otra, a tratar de domar los demonios de la corrupción en el gasto público. Ojalá pudieran revivirse.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

VALE LA PENA REVIVIRLAS

En cualquier gobierno existen ideas, proyectos y políticas que nacen con buena intención pero que van perdiendo momento y se desvanecen de la escena pública. Algunas políticas llegan incluso a ponerse en práctica exitosamente, para luego caer en el olvido. Otras mueren incluso antes de ver la luz. Por ejemplo, la gestión de Juan Alberto Fuentes al frente del Ministerio de Finanzas Públicas vivió dos claros casos de este tipo de políticas truncadas.

El primero es el caso de la Mesa para la Calificación del País, un esfuerzo que el ministro Fuentes heredó de la administración anterior y al que decidió (con mucho tino y visión de Estado) darle seguimiento desde el inicio de su gestión, pero que con el tiempo se fue enfriando hasta caer en la inanición, especialmente cuando lo urgente acabó por engullir a lo importante.

La Mesa se conformó en 2005 como un foro para coordinar a las distintas entidades del gobierno y del sector privado relacionadas con la calificación que nuestro país recibe por parte de las agencias evaluadoras de riesgo. Se pretendía lograr un abordaje sistemático de los esfuerzos para mejorar la referida calificación, tomando en cuenta que (tras años de descuido del tema por parte de los sectores público y privado) era evidente la inconsistencia que había entre las calificaciones recibidas y la realidad objetiva de los indicadores económicos de Guatemala.

La Mesa emprendió, desde entonces, diversas acciones para concienciar a los actores y opinión pública nacionales sobre la importancia del tema y, a la vez, estructuró una relación sistemática con las calificadoras internacionales, como nunca antes se había realizado. Durante los primeros dos años del actual gobierno la Mesa logró un abordaje institucional de la temática e impulsó una agenda de trabajo en la que se identificaron las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que debían atenderse para mejorar la calificación del país. También se sistematizó la relación con las agencias calificadoras de riesgo, con la OCDE y con el Banco Mundial, a la vez que se identificó una agenda de reformas para mejorar la calificación y se emprendieron acciones de comunicación hacia actores clave en el país.

Los resultados fueron muy favorables: las tres calificadoras de riesgo soberano (Standard & Poor’s, Fitch Ratings y Moody’s) reconocieron que no habían estado evaluando adecuadamente los sólidos fundamentos macroeconómicos del país y –sin dejar de reconocer sus debilidades institucionales y su frágil gobernabilidad-- elevaron firmemente la nota del país, incluso en medio de la peor crisis económica mundial de los últimos años. No obstante ello, con el pasar de los meses el Ministerio de Finanzas se vio desbordado por asuntos coyunturales y dejó de convocar a la Mesa, hasta el punto que ésta dejó prácticamente de funcionar.

El otro caso de un esfuerzo frustrado es el del Observatorio Ciudadano del Gasto que, luego de un larguísimo periodo de gestación, falleció pocas semanas después de su parto en febrero de este año. El Observatorio se gestó como una respuesta conjunta entre el gobierno y el sector privado ante las dramáticas deficiencias del Estado en materia de transparencia, probidad y eficacia del gasto público. Se trataba de integrar una instancia de vigilancia ciudadana capaz de monitorear la calidad y probidad de dicho gasto.

Al Ministerio de Finanzas y a su viceministro de Transparencia Fiscal y Evaluación se les asignó, mediante acuerdo gubernativo, la responsabilidad de coordinar y apoyar las actuaciones del Observatorio. En la práctica, lamentablemente, éste no contó con el suficiente apoyo, claridad de mandato y herramientas para operar conforme lo requerían las dramáticas condiciones de falta de transparencia y calidad del gasto público. El esfuerzo falleció de inanición.

Aunque ambas iniciativas están actualmente sin vida, su razón de ser tiene hoy más vigencia que ayer, por lo que bien vale la pena que las nuevas autoridades de Finanzas las revivan urgentemente.