Debilidad en Nuestras Políticas Públicas

Para que las políticas públicas de un país sean exitosas, deben cumplir con ciertas características mínimas. Deben ser, en primer lugar, deben ser estables: es decir, deben permanecer en el tiempo sin sufrir cambios bruscos o injustificados. Deben, al mismo tiempo, tener la capacidad de adaptarse a las condiciones cambiantes de la realidad económica y social, sin perder su orientación y esencia. Deben ser susceptibles de ser puestas en práctica por el aparato estatal de manera eficiente y oportuna. Dicha ejecución debe ser coherente con otras políticas públicas y hacerse de manera coordinada entre los entes estatales relacionados con la misma. Deben ser de beneficio general, es decir, estar diseñadas y aplicadas a impactar en la sociedad y en la economía en su conjunto, y no solamente en grupos privilegiados. Y, por último, deben ser eficientes, en el sentido de que los recursos necesarios para llevarlas a cabo se utilicen de manera racional, sin desperdicios (y, por supuesto, sin corrupción). Un estudio reciente del BID (que se puede ver en http://ssrn.com/abstract=1575310) pone de manifiesto que, comparado con otros países de Latinoamérica, la calidad de nuestras políticas públicas es terriblemente precaria.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

DEBILIDAD EN NUESTRAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Las políticas públicas en Guatemala son las más débiles de Latinoamérica, con excepción de las de Paraguay, según un estudio reciente preparado por el Banco Interamericano de Desarrollo –BID-, que le asigna calificaciones a las distintas características de dichas políticas para medir su efectividad y su calidad; de los dieciocho países latinoamericanos, Chile (para no variar), Uruguay y Brasil son los que mejores políticas públicas aplican (y que mejor desempeño muestran, consecuentemente, en términos de desarrollo económico y social), en tanto que Venezuela, Ecuador, Guatemala y Paraguay son los peor calificados.

Nuestras políticas públicas son erráticas: con demasiada frecuencia, al menor cambio en los vientos políticos, las medidas de política pública se interrumpen o se revierten, lo cual le imprime un alto grado de volatilidad al quehacer de las entidades gubernamentales. Recordemos, a manera de ejemplo, la supuestamente exitosa política de “Creciendo Bien” impulsada en el gobierno anterior, de la que hoy no queda más que el recuerdo. Los países más exitosos, como Chile, son capaces, al contrario, de mantener en el tiempo la mayoría de sus políticas públicas y cuando las modifican es para adaptarlas a las cambiantes condiciones económicas o para corregir alguna falla que se haya detectado.

Esa capacidad de adaptar las políticas a las necesidades de los tiempos también está ausente en nuestro país, bien sea porque el proceso de formulación y aplicación de las mismas se entorpece por la ineficiencia burocrática, o bien por las propias trabas legales que, a veces con la buena intención de evitar discrecionalidades de los funcionarios públicos, se convierten en camisas de fuerza que limitan la adaptabilidad de las políticas públicas.

Otra debilidad que destaca el estudio del BID es la poca coordinación que existe entre los distintos actores involucrados en el proceso de las políticas públicas, lo cual genera incoherencias en su aplicación que se traducen en ineficacia. Cuando la coordinación es crucial para el éxito de las políticas, como en el caso de la política fiscal y la política monetaria, Guatemala ha logrado establecer los mecanismos adecuados; sin embargo, en el caso de otras políticas que también requieren coordinación, como por ejemplo en la relación entre las políticas de salud y de educación o entre la política nutricional y la de transferencias condicionadas de efectivo, se ha evidenciado no sólo descoordinación sino también traslapes e, incluso, rivalidades, disputas y contradicciones en su implementación.

Algo peor ocurre en los pocos casos en que sí existen políticas bien diseñadas, que han logrado pasar apropiadamente el debate legislativo, pero que en la práctica son inefectivas. Pueden mencionarse entre ellas la política de seguridad alimentaria y nutricional, o la política de seguridad pública incorporada en la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad; en ambos casos se trata de políticas ampliamente discutidas, consensuadas e internacionalmente reconocidas, plasmadas en sendas leyes de la República que simplemente no han sido aplicadas debido, entre otras razones, a la falta de voluntad política, a la escasez de funcionarios capaces e independientes, y a la debilidad de los mecanismos judiciales que obliguen a cumplir con la ley.

Por si lo anterior fuera poco, el estudio del BID también encuentra que nuestras políticas públicas también merecen una baja calificación en términos de su eficiencia, tanto en lo que se refiere al desperdicio de recursos financieros (aspecto que, posiblemente, está asociado a la falta de transparencia en el gasto), como en lo que respecta al alcance y cobertura de las políticas para beneficiar a grandes grupos de la población y no solamente a unos pocos favorecidos.

Es menester que los políticos y los funcionarios públicos cobren conciencia del estado de situación que el estudio del BID pone de manifiesto para que, en materia de políticas públicas, no sigamos en el pelotón de los rezagados.

Comentarios de los lectores

Ramiro Asturias Zamora 20-07-2010 10:56:27 horas

Convendria preguntarnos: Que le ha permitido a Chile diferenciarse tanto de Venezuela? O, al Uruguay de Ecuador? O, al Brasil, del Paraguay? Dicho en terminos mas inmediatos, por que se ha venido pareciendo nuestra amada Guatemala mas a Paraguay, que al Brasil? Mas a Ecuador, que al Uruguay? Y mas a Venezuela, que a Chile?He alli la cuestion!

Horizonte Sombrío

La columna que publiqué esta semana en Siglo XXI me salió, como mi blog, muy lúgubre. ¡Qué remedio! Sucede que la situación de inseguridad está cada día peor y, como una premonición a la sangrienta semana que vivió nuestra ciudad, escribí que la recuperación económica y, más generalmente, nuestro propio desarrollo como país, está en riesgo ante la falta de seguridad y justicia, así como ante la falta de políticas públicas coherentes y de instituciones estatales confiables. Pero bueno, hay que seguir en la lucha, no queda de otra. Trataré de adoptar una actitud un poco más optimista y ya no publicar opiniones en Martes 13.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

HORIZONTE SOMBRÍO

Luego de que el año pasado nuestra economía casi no creció y el ingreso per cápita de los guatemaltecos se redujo en términos reales, con el consiguiente aumento de la pobreza, el corriente año empezaba a registrar una recuperación incipiente, halada por el dinamismo del comercio exterior que, a su vez, respondía al recobrado crecimiento de la actividad productiva en los Estados Unidos, nuestro principal mercado de exportaciones.

Por desgracia, ahora se atisban nubarrones en el horizonte que podrían impedir que la recuperación económica se consolide. En primer lugar, ha habido un aumento significativo de los riesgos asociados a la elevada deuda pública de importantes países europeos (como España), que amenazan con elevar la incertidumbre en los mercados financieros mundiales y, con ella, el nivel de las tasas de interés, lo cual podría contagiarse a la economía estadounidense y, consecuentemente perjudicar la buena marcha de nuestras exportaciones.

Pero, más que las amenazas externas, son las realidades domésticas las que amenazan con retrasar el crecimiento económico que apenas empezaba a manifestarse. Pocas dudas caben de que la inseguridad ciudadana es, hoy día, el principal obstáculo que enfrenta la mayoría de decisiones de inversión o de iniciar un negocio en el país. Un país donde cada cuarenta y cinco minutos alguien es asesinado, donde las empresas tienen ya incorporado en sus costos de producción los pagos periódicos por extorsión que exigen las maras, donde innumerables locales comerciales instalan (para protegerse) barrotes de metal que separan a la clientela de los productos, no es un país que fomente el emprendedurismo ni la inversión privada. Lo que es peor, estos costos que imponen la inseguridad y la delincuencia generalizadas resultan más difíciles de sobrellevar para los micro y pequeños empresarios, lo cual da como resultado un sector empresarial cada vez más concentrado y menos equitativo, cada vez más cauto y menos competitivo.

La incertidumbre derivada de la criminalidad se ve agravada por la escasez de políticas de largo plazo que den alguna orientación sobre el rumbo del Estado y sus prioridades. Si al menos se supiera que existe una política de Estado enfocada a la construcción de caminos vecinales, o al combate a la desnutrición infantil, o a la mejora en la calidad de la enseñanza de las matemáticas en la secundaria (por mencionar ejemplos de políticas que deberían ser prioritarias), ello podría dar a los agentes económicos alguna certeza respecto del norte que siguen las acciones gubernamentales.

En realidad, al contrario, ni siquiera existe certeza respecto a cuál es el verdadero presupuesto de ingresos y gastos del Estado para este año, ni sobre la magnitud y posibles fuentes de su financiamiento, ni sobre la probabilidad de que en pocos meses se quede sin recursos para continuar funcionando, ni mucho menos sobre las intenciones de modificar la estructura tributaria del país.

Por si lo anterior fuera poco, el horizonte sombrío se oscurece más si se toma en cuenta el modestísimo avance (y, en muchos casos, el retroceso) que han vivido las instituciones estatales necesarias para el funcionamiento del sistema democrático y el buen desempeño de los mercados. Un Ministerio Público acéfalo se combina con una Policía Nacional Civil sin espíritu de cuerpo y con unos tribunales de justicia atrofiados para producir niveles escandalosos de impunidad, a cuyo combate poco contribuye una CICIG enfocada en resolver crímenes pasionales. Hasta el propio proceso electoral que se avecina empieza a ensuciarse por culpa de los escándalos y la ineficiencia que se atribuyen al Registro Nacional de las Personas.

Sin seguridad ciudadana, sin políticas de largo plazo y sin instituciones estatales eficientes, la recuperación económica seguirá siendo frágil. Es urgente que el liderazgo nacional corra esas nubes negras del horizonte y logre los equilibrios mínimos de gobernabilidad que el desarrollo del país demanda. Aún estamos a tiempo.

Opinión de los lectores

Alejandro. 13-07-2010 10:08:59 horas

Las fuerzas de seguridad, se han dado a la tarea nada fácil de investigar y buscar en qué lugar se halla “la inteligencia”, con instrucciones precisas de la superioridad, al ser hallada de ponerla a la disposición del Ministerio de Gobernación, MP, tribunales, incluso a los “peludos”, para que de inmediato procedan a “combatir” la violencia, que se ríe a mandíbula batiente y haciéndoles señales obscenas por su incapacidad. Una vez solventado esto, dará inicio la recuperación económica ipso facto.

Números de Catástrofe

La tormenta Ágatha estuvo fea y causó muchos daños al país. Las pérdidas de vidas humanas y de propiedades fueron muy dolorosas, especialmente en el caso de los más desposeídos. La vulnerabilidad de nuestro país ante estas catástrofes es evidente. Lo que no es tan evidente es el infladísimo presupuesto de daños que el gobierno sugiere que debemos pagar para la reconstrucción. Conviene, por lo tanto, espulgar un poco las estimaciones oficiales para tener una interpretación adecuada de las mismas. De lo contrario, corremos el riesgo de caer en irresponsabilidades fiscales que, al final de cuentas, nos saldrán más caras que la mismísima Ágatha.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS
NÚMEROS DE CATÁSTROFE

El pasado viernes se hicieron públicas, finalmente, las estimaciones oficiales del impacto económico de la tormenta Ágatha en Guatemala, calculadas por la Comisión Económica para América Latina –CEPAL-, conforme a la metodología que dicha entidad ha venido aplicando para este tipo de desastres. Las cifras son útiles porque permiten contar con un registro de los daños y pérdidas ocasionadas por la catástrofe, valuar las necesidades de recursos para reconstrucción y elevar el nivel de conciencia sobre los beneficios económicos de reducir los riesgos asociados a ese tipo de eventos.

Las cifras sirven también para vincular la magnitud del desastre con y la demanda de recursos económicos que de ella se deriva, así como para comparar dichas cifras con otros desastres similares, ambos temas muy importantes para fines de programación fiscal. En ese sentido, conviene hurgar un poco dentro de las cifras oficiales e interpretar cuidadosamente su significado.

Para el efecto, resulta útil la distinción que la CEPAL hace de los dos tipos de impacto económico del desastre. Por un lado están los daños propiamente dichos, que se refieren al impacto directo que se produce por la destrucción parcial o total del stock o acervo de activos físicos (infraestructura, maquinaria e inventarios); estos daños suceden específicamente al momento de la catástrofe y, en el caso de Ágatha, se calculan en Q4,800 millones. Por otro lado están las pérdidas que suceden después del evento y a lo largo de un período relativamente prolongado; estas pérdidas indirectas se reflejan en cambios en los flujos económicos esperados que, para Ágatha, la CEPAL estima en Q3,055 millones.

Resulta evidente que ambos conceptos son diferentes y que los gastos de reconstrucción del país solamente pueden estar referidos al primero de ellos (los daños). Además, no todos los daños deben forzosamente ser cubiertos con recursos del Estado, ya que los mismos incluyen daños al acervo privado. Esto es importante tenerlo presente para evitar confusiones respecto de la necesidad de recursos por parte del fisco para la reconstrucción post-Ágatha, los cuales no deberían ser superiores a los referidos Q4,800 millones, en vez de los más de Q7,800 millones que varios medios de comunicación publicaron (sin mayor análisis) como necesarios.

Las cifras publicadas también resultan útiles para comparar el impacto económico de Ágatha con, por ejemplo, los ocasionados por la tormenta Stan en 2005. Sumando los daños y pérdidas que estimó la CEPAL para cada uno de esos eventos, se puede apreciar que el impacto estimado para Ágatha suma Q7,856 millones, mientras que los que en su oportunidad se atribuyeron a Stan fueron del orden de Q7,512 millones, lo cual implica un aumento de 4.6% de aquella catástrofe a la actual. Es más, si se toma en cuenta que los precios de los bienes y servicios entre 2006 y 2010 han aumentado en alrededor de 25%, se puede decir que el impacto económico de Ágatha es, en términos reales, mucho menor al producido por Stan y, casi seguramente, al del huracán Mitch de 1998.

Es importante que las autoridades de gobierno y los legisladores tengan en cuenta estas consideraciones a efecto de que los ajustes fiscales que se requieran para enfrentar los efectos del desastre se apeguen a la realidad y que eviten usar de excusa el impacto de Ágatha para inflar indebidamente los gastos. En las actuales circunstancias, un aumento inmoderado del déficit fiscal podría provocar problemas de sostenibilidad al funcionamiento del gobierno y al servicio de los compromisos de gasto, lo cual podría generar unos números incluso más catastróficos que los de la propia tormenta tropical en términos de inestabilidad económica y pérdida de bienestar para los guatemaltecos.

Además de lo anterior, es crucial que se guarde mucho cuidado en la transparencia del uso de los recursos que se destinen a la reconstrucción, así como que se establezcan normas muy estrictas respecto de la calidad de la obra pública para que, al menos, no vuelvan a construirse puentes de cartón-piedra que se caen a la primera llovizna.

OPINIÓN DE LOS LECTORES

Antonio Morales 06-07-2010 17:33:43 horas

Lo que queda claro es que el Gobierno pretende inflar las cifras de la tragedia para usarlas de excusa y así inflar el gasto público con fines electorales. Es una vergüenza que los reportes de prensa no hayan tenido el cuidado de expulgar bien las cifras que, según el lic. García Lara, son la mital de lo que el Gobierno anda diciendo que necesita para la reconstrucción. Qué vergüenza.

INESTABILIDAD EN EL GABINETE

El gabinete de gobierno, y especialmente el Gabinete Económico, han visto salir a algunas de sus principales figuras. Aunque los cambios de ministros deben considerarse como algo normal dentro del periodo de gobierno, no deja de preocupar el hecho que las salidas del Ministro de Finanzas, el de Economía y el de Energía y Minas se haya producido en un lapso tan breve y en un momento en el que la situación fiscal, por un lado, y la minería, por otro, viven momentos de mucha precariedad y gran trascendencia para el futuro del país.

Opinión Inestabilidad en el gabinete

Esperemos que los recién estrenados ministros gocen del debido respaldo por parte del Presidente.

Mario A. García Lara Los ministros, se dice, son como fusibles que a veces se queman –y se sustituyen por nuevos fusibles- para permitir que el gobierno continúe funcionando incluso en momentos de alta tensión política. Pero cuando varios fusibles se queman simultáneamente es natural sospechar que algo está fallando en los circuitos del sistema político. Incluso si se acepta la explicación alegórica de que el gabinete es como un equipo de futbol en el que el entrenador realiza diversos cambios para mejorar su desempeño, los seguidores del equipo tienen derecho de preocuparse cuando los sustituidos incluyen a las estrellas del equipo y los cambio se producen en un momento clave del partido. La renuncia reciente, ocurrida en el lapso de una semana, de los ministros de Economía, de Finanzas Públicas y de Energía y Minas amerita reflexionar sobre el grado de estabilidad que debe tener cualquier gabinete de gobierno. Es evidente que los cambios de ministros son a veces necesarios y convenientes, particularmente si están basados en causas justificadas y orientados a mejorar la efectividad de las acciones gubernamentales. Sin embargo, la estabilidad de los ministros en el cargo puede ser un factor clave para el éxito de las políticas públicas. Vale la pena hacer hincapié en que los ministros de Estado cumplen funciones esenciales, primero, en la etapa de formulación y diseño de las políticas de gobierno y, después –y más importante-, en la etapa de ejecución de dichas políticas, para cuyo efecto participan también en la interpretación y aplicación de las normas promulgadas por el Poder Ejecutivo, a la vez que dirigen, evalúan y supervisan a los equipos burocráticos que conforman su respectivo Ministerio. A nivel internacional, algunos centros de estudio sostienen que un ministro de Estado debería permanecer unos tres años en su cargo a fin de asegurar cierta continuidad y coherencia en las políticas de su cartera. En el caso de Guatemala dicho razonamiento tiene, incluso, más sentido si se considera que una de las debilidades sistémicas del país es la ausencia de políticas públicas de mediano y largo plazos: para fomentar dichas políticas, y que los ministros puedan ejecutarlas hasta su culminación, es ciertamente necesaria alguna continuidad de los funcionarios a cargo del gabinete. Si los ministros no permanecen suficiente tiempo en el cargo, será más difícil que las políticas se orienten al largo plazo y, por ende, habrá más riesgo de continuos cambios de rumbo en las medidas de gobierno. Además, un ministro que dura poco tiempo en su puesto no podrá adquirir las destrezas especiales que la administración pública requiere, lo cual dificultará la implementación eficaz de las políticas. Los cambios abruptos en el gabinete también pueden crear vacíos de liderazgo que pueden ocasionar, a su vez, la ralentización del aparato burocrático y, en el peor de los casos, agravar la corrupción. Asimismo, dado que la mayoría de ministros de cualquier gobierno no suelen ser funcionarios de carrera, una permanencia demasiado breve en sus cargos les impide desarrollar las aptitudes gerenciales y políticas (incluyendo su trato con el Legislativo) que los ayudarían a desempeñar más eficazmente sus funciones. Todo lo anterior es particularmente relevante en el caso del Ministro de Finanzas Públicas, por la función central que dicha cartera ha jugado tradicionalmente en Guatemala, debido a la rectoría que tiene en el proceso de diseño y ejecución presupuestaria, lo cual le permite incidir crucialmente sobre la agenda presidencial y ejercer un rol de coordinador de muchas acciones del gabinete de gobierno, pero también lo es en el caso de los otros dos nuevos ministros. Esperemos que los recién estrenados ministros, aunque estarán presumiblemente poco tiempo en sus cargos, gocen del debido respaldo por parte del Presidente y el resto del gabinete, a fin de que puedan ejercer sus funciones como expertos en su campo, como administradores y como impulsores de las políticas de Estado que el país necesita. Opinión del lector ROBERTO LOPEZ PORRAS 29-06-2010 11:39:07 horas La renuncia de los Ministros de Finanzas, Economia y Energía es una expresión de rebelión y nubla el panorama económico y social del país en torno al cual gira el éxito o fracaso de cualquier administración. En un contexto de post crisis y emergencias, dichas renuncias desestabilizan la débil posición del Gobierno, minan la credibilidad de su liderazgo, descubren las discrepancias con la praxis del Presidente Colom para gobernar y pone en evidencia la falta de unidad en las metas de su equipo. Antonio Morales 29-06-2010 12:45:50 horas Fuentes Knight renunció por tres razones. 1) permitió un gasto desordenado, disfrazado de transferencias para Cohesón Social, con la esperanza de que, a cambio, la esposa del Presidente lo apoyara con la reforma tributaria. 2) ni el partido de gobierno ni la oposición ni los aliados en el Congreso tuvieron nunca la intención de aprobar ninguna reforma tributaria, lo que se evidenció con el rompimiento de la alianza GANA-UNE. 3) el agujero fiscal resulutante es gigantesco. Por eso se fue.

EL PRECARIO ESTADO DE DERECHO

Una serie de acontecimientos recientes (como la cadena de errores en la elección del Fiscal, la inocultable podredumbre en la Policía Nacional Civil, o la existencia de sofisticadas redes de tráfico de influencias en el sistema judicial) han puesto en clara evidencia el gigantesco nivel de deterioro que ha alcanzado la administración pública de la seguridad y la justicia en el país. Esta es, posiblemente, una de las principales razones que explican las bajas tasas de inversión privada, de crecimiento económico y de bienestar social en Guatemala. La situación es extremadamente grave y compleja, no obstante lo cual vale la pena recordar que otros países han estado en situaciones similares y, con un enorme esfuerzo institucional y ciudadano, han logrado salir de ese tenebroso túnel. Otras, sin embargo, no lo han logrado y se han convertido en lo que se conoce como "estados fallidos".

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

EL PRECARIO ESTADO DE DERECHO

La violencia delincuencial, la inseguridad ciudadana, la corrupción generalizada y la debilidad institucional son problemas graves que aquejan al sector justicia de Guatemala y que representan un serio obstáculo para la gobernabilidad y el desarrollo de la democracia, al punto que los acontecimientos recientes en torno al nombramiento del jefe del Ministerio Público ponen en entredicho la capacidad de las instituciones existentes para ejercer una gobernanza democrática del país.

La precariedad del Estado de derecho no sólo plantea graves obstáculos al sistema democrático sino que también impone altísimos costos al desarrollo económico y social. El principal de ellos es el costo humano producido por la muerte, las heridas, la invalidez o la violación a los derechos de las personas que diariamente son víctimas de la delincuencia. Aparte del terrible dolor humano que estos hechos generan, producen también un pesado lastre que obstaculiza el crecimiento económico y el progreso social.

La inseguridad y la impunidad son nocivas para la actividad económica pues elevan absurdamente los costos en materia de seguridad en los que deben incurrir las empresas y los individuos para funcionar productivamente. Hace algunos años un estudio del PNUD calculó los costos económicos ocasionados por la violencia en Guatemala y encontró que los recursos que el país pierde cada año por causa de la violencia son exorbitantes. Esta riqueza perdida podría haberse invertido para dinamizar la economía y generar mayor desarrollo social.

Esta situación afecta el patrimonio de las personas individuales y jurídicas, ahuyenta las inversiones de capitales nacionales y extranjeros, e inhibe la generación de empleos pues sin certeza jurídica no hay crecimiento. Se ven afectadas las empresas pequeñas y grandes que son víctimas de robos en sus instalaciones y en el transporte de sus mercancías y valores, lo cual distorsiona los mercados de bienes y servicios y fomenta la informalidad. En este clima se inyectan recursos ilícitos al sistema financiero y se desvían las corrientes turísticas hacia otros países. Así, no sólo se reduce la competitividad de las empresas que tienen que contratar protección privada y tomar medidas onerosas para protegerse (incrementando así sus costos de producción y, por ende, los precios), sino también se obliga al Estado a elevar los gastos destinados a combatir el crimen, en detrimento de los programas de beneficio y prevención sociales, como los de alimentación, educación, salud, cultura y recreación.

Es menester transformar el escenario de anomia en el que está inmersa la sociedad guatemalteca. Para ello el círculo vicioso de la inseguridad debe trocarse en círculo virtuoso: una reducción de la inseguridad va a generar un aumento en la inversión, mayor productividad y menores costos; esto repercutirá en un aumento de los ingresos fiscales, mayor inversión pública y capacidad de acción del Estado. Este mejor desempeño de las esferas privada y pública significará una mejor calidad de vida, más empleo, menos pobreza, mejor educación y paz social, todo lo cual generará más crecimiento económico y mayor bienestar social.

Ese círculo virtuoso basado en el Estado de derecho no es utópico, aunque ahora nos lo parezca. No sólo diversos estudios, sino que también experiencias concretas de otros países (como Colombia) demuestran que la debilidad del sector seguridad y justicia sí tiene soluciones conocidas y que las democracias pueden aplicar las medidas más eficaces que respeten y refuercen el Estado de derecho. Esas soluciones pasan por no descuidar las acciones de prevención del crimen, a la vez que se refuerza la función coercitiva del Estado y, sobre todo, requieren de un diagnóstico inteligente, de una voluntad política verdadera y de un sistema integrado para ejecutar acciones de corto y largo plazos, como el que está contemplado en la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad que, inexplicablemente, parece estar dormida en los anaqueles de los funcionarios.

¿Por qué no invierte Martín Vega?

En seguimiento a la conversación con Eduardo Mayora, respecto del esquivo balance entre Estado y Mercado, esta semana me ayudo del Martín Vega, el personaje hipotético creado por Eduardo, para profundizar en las razones por las cuales la participación del Estado es necesaria para proveer los bienes públicos básicos (seguridad, educación básica, infraestructura) que un inversionista requiere para poner en riesgo sus recursos en un proyecto productivo. La participación del Estado, sin embargo, debe estar limitada para no imponer cargas indebidas que desincentiven el emprendimiento productivo. Encontrar ese balance es, precisamente, el delicado ejercicio que todo gobierno debe realizar, bajo la vigilancia y exigencia de la ciudadanía.

Opinión

¿Por qué no invierte Martín Vega?

Las decisiones de inversión están determinadas por los rendimientos que se espera recibir de la inversión.

El jueves anterior, en estas páginas de opinión, Eduardo Mayora continuó comentando mi planteamiento de hace algunas semanas sobre la búsqueda del esquivo equilibrio que debe buscar el Estado para decidir cuándo, cómo y cuánto intervenir en el mercado y en las decisiones económicas individuales. Eduardo expresó interesantes puntos de vista respecto de los costos que la indebida regulación gubernamental impone a la actividad económica y que inhiben al hipotético inversionistaMartín Vega de convertirse en empresario. El ejemplo que plantea Eduardo es oportuno para atender su invitación a seguir conversando sobre el tema, precisamente porque las decisiones de inversión resultan muy ilustrativas para aquilatar los efectos que tanto el exceso como la falta de intervención estatal pueden tener sobre el desempeño de la economía. Las decisiones de inversión están determinadas, en primer término, por los rendimientos que se espera recibir de la inversión: el inversionista decidirá invertir siempre que su inversión prometa generar una tasa de rendimiento superior a la tasa de interés imperante en el mercado. El Gobierno puede influir, positiva o negativamente, en la tasa de rendimiento esperada: un nivel muy alto de impuestos sobre las utilidades, o unos costos muy altos ocasionados por excesos de regulación estatal pueden desalentar la inversión. Pero también la pueden desincentivar los excesivos costos generados por la inseguridad pública, la escasez de vías de comunicación o la falta de mano de obra calificada. El primer tipo de costos refleja un exceso de intervención gubernamental. El segundo tipo, por el contrario, refleja una insuficiencia de bienes públicos que el Estado esta llamado a ofrecer. Existen otros factores determinantes de la inversión, tales como las habilidades empresariales de los ciudadanos, el marco legal e institucional del país, el grado de certeza jurídica imperante o el grado de conflictividad social existente, todos ellos relacionados con el funcionamiento eficiente del Estado y sus instituciones. Muchos de los componentes del llamado “riesgo-país”, que a fin de cuentas inciden sobre los niveles de tasa de interés y sobre las decisiones de inversión de cualquier Martín Vega, tienen que ver con la existencia de un Estado que —independientemente de su tamaño— sea capaz de ofrecer eficientemente los bienes públicos esenciales requeridos por los inversionistas. La compleja labor de encontrar el balance más adecuado entre Estado y mercado pasa inevitablemente por realizar consideraciones subjetivas respecto de si la eficiencia económica, en un momento y situación determinados, se ve más obstaculizada por el exceso de cargas que impone la intervención del Estado o si lo es más por la ausencia de seguridad, infraestructura, educación o cualquier otro bien público provisto por el Estado. Es muy probable que en las naciones civilizadas con economías desarrolladas, donde se da por sentado que el Estado provee razonablemente de seguridad, administración de justicia, educación pública y seguridad social, prevalezca el criterio de que una disminución de la intervención del Gobierno puede incentivar la inversión y el crecimiento económico. En cambio, es más difícil sostener ese punto de vista en un lugar donde el Estado, enano e ineficiente, no tiene capacidad de prestar los servicios que cualquier inversionista reclama como mínimos para poner en riesgo sus recursos financieros. El debate ideológico entre quienes sostienen que el Estado es el origen de toda ineficiencia económica y aquellos convencidos de que, por el contrario, el poder planificador y redistribuidor del Estado es la solución de la pobreza, es siempre un tema apasionante en la academia. Para las políticas públicas, sin embargo, es quizá más relevante enfocarse en la toma de decisiones pragmáticas que ubiquen al Gobierno en su justa dimensión y favorezcan el funcionamiento pleno del mercado como el principal mecanismo para el logro del bienestar material de la población. OPINIÓN DE LOS LECTORES JOSUE AUGUSTO PEREZ FIGUEROA 15-06-2010 06:47:54 horas El Estado no debe de intervenir pero si debe de la infraestructura. Pongamos de acuerdo: ¿La infraestructura es intervencion del Estado en la economia?. Si o No. No deben de haber medias verdades.Por ultimo ¿debe haber seguridad para las inversiones? y para el ciudadano ¿que?Es este tipo de hipocresias la que nos diferencia.NUEVA GUATEMALA DE LA ASUNCION Eduardo Mayora 15-06-2010 20:32:11 horas Estamos de acuerdo, Mario. Ya conversaremos de nuevo.

Estado y Mercado, Reloaded

El jueves pasado en Siglo XXI mi estimado colega (porque es columnista) y no-colega (porque es abogado, y muy bueno), Eduardo Mayora, continuó comentando mi columna de hace un par de semanas sobre el esquivo balance mercado-estado. Comparto con ustedes la nota de Guayo, y anticipo que, atendiendo a su invitación de seguir discutiendo sobre el tema, en una próxima entrega comentaré sobre la misma.

Guatemala, Jueves 10 de Junio de 2010

Opinión El balance Estado-mercado (II) Cuando la economía crece..., cabe la posibilidad de considerar la promulgación de regulaciones que pueden absorberse. Eduardo Mayora Alvarado emayora@sigloxxi.com A mis comentarios del jueves pasado, Mario García Lara, después de agradecérmelos, hizo los siguientes: ”El Estado existe, eso es un dato. Un punto que quise resaltar en mi columna es que su intervención en la economía debe darse solamente si está justificada desde el punto de vista de la eficiencia y la sostenibilidad. Martín Vega, como ciudadano, debe exigirle al Estado tal justificación; y como empresario debe tomar en cuenta los costos que la regulación estatal entraña. Su otra opción es irse a otra galaxia, donde el Estado no exista.” No puedo dejar pasar la ocasión de conversar, por este medio, con Mario. Es muy probable que estemos en desacuerdo en algunas cosas, pero sé que compartimos otras y, sobre todo, creo que para los lectores de este diario es de interés que intente continuar este intercambio. Si así le pareciera a Mario, todavía mejor. Creo que sus observaciones implican, por lo menos, un par de cosas: una, que las personas no tienen más opción que enfocar su vida a partir de una realidad inamovible: el Estado; otra, que la existencia humana presupone un cierto nivel de regulación estatal mínimo, pase lo que pase. Empero, la realidad nos demuestra que el Estado depende de las personas y no al revés. En el contexto de nuestro intercambio de ideas, son millones los guatemaltecos que viven en el ámbito de la economía informal. Unos parcial, otros totalmente. Los funcionarios que dirigen los poderes del Estado hacen los esfuerzos que pueden para que, por ejemplo, todos los empleadores paguen por lo menos el salario mínimo, cubran la totalidad de las prestaciones legisladas y contribuyan a la seguridad social; sin embargo, la mayoría de empleadores de Guatemala no procede así. Ignoran al Estado. Es probable que algunos de esos empleadores hayan decidido operar en la informalidad, simplemente, por principio. Serán, seguramente, una pequeñísima porción. La mayoría desarrolla su actividad empresarial en la economía subterránea, sencillamente, porque la formalidad es demasiado cara para ellas. Sin irse a otra galaxia, opta por no cubrir su coste. Martín Vega, mi personaje imaginario, descarta el lanzar su fábrica de chunches, quedándose en el empleo que tiene. Los funcionarios que dirigen los poderes del Estado pueden promulgar legislación, emitir reglamentos o implementar las políticas públicas que quisieran, pero eso no significa que serán cumplidas u observadas por la generalidad de los habitantes; ni siquiera por la mayoría. Los costes de las regulaciones estatales, suponiendo que se justifiquen de acuerdo con criterios como los que Mario describía en su artículo del martes antepasado, tienen que adecuarse a la realidad, so pena de que vastos sectores de la sociedad ignoren dichas regulaciones y operen en la informalidad económica. Es, pues, el marco regulatorio el que debe acoplarse a la realidad y no al revés. Por último, tanto esa realidad como dicho marco regulatorio son cambiantes. Cuando la economía crece y los ingresos de la generalidad de los habitantes del país mejoran, cabe la posibilidad de considerar la promulgación de regulaciones económicas que, en ese caso, pueden absorberse y además con fruto. Pero no debe olvidarse que los Martín Vega de este mundo, siempre harán sus estimaciones.