EL PRECARIO ESTADO DE DERECHO

Una serie de acontecimientos recientes (como la cadena de errores en la elección del Fiscal, la inocultable podredumbre en la Policía Nacional Civil, o la existencia de sofisticadas redes de tráfico de influencias en el sistema judicial) han puesto en clara evidencia el gigantesco nivel de deterioro que ha alcanzado la administración pública de la seguridad y la justicia en el país. Esta es, posiblemente, una de las principales razones que explican las bajas tasas de inversión privada, de crecimiento económico y de bienestar social en Guatemala. La situación es extremadamente grave y compleja, no obstante lo cual vale la pena recordar que otros países han estado en situaciones similares y, con un enorme esfuerzo institucional y ciudadano, han logrado salir de ese tenebroso túnel. Otras, sin embargo, no lo han logrado y se han convertido en lo que se conoce como "estados fallidos".

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

EL PRECARIO ESTADO DE DERECHO

La violencia delincuencial, la inseguridad ciudadana, la corrupción generalizada y la debilidad institucional son problemas graves que aquejan al sector justicia de Guatemala y que representan un serio obstáculo para la gobernabilidad y el desarrollo de la democracia, al punto que los acontecimientos recientes en torno al nombramiento del jefe del Ministerio Público ponen en entredicho la capacidad de las instituciones existentes para ejercer una gobernanza democrática del país.

La precariedad del Estado de derecho no sólo plantea graves obstáculos al sistema democrático sino que también impone altísimos costos al desarrollo económico y social. El principal de ellos es el costo humano producido por la muerte, las heridas, la invalidez o la violación a los derechos de las personas que diariamente son víctimas de la delincuencia. Aparte del terrible dolor humano que estos hechos generan, producen también un pesado lastre que obstaculiza el crecimiento económico y el progreso social.

La inseguridad y la impunidad son nocivas para la actividad económica pues elevan absurdamente los costos en materia de seguridad en los que deben incurrir las empresas y los individuos para funcionar productivamente. Hace algunos años un estudio del PNUD calculó los costos económicos ocasionados por la violencia en Guatemala y encontró que los recursos que el país pierde cada año por causa de la violencia son exorbitantes. Esta riqueza perdida podría haberse invertido para dinamizar la economía y generar mayor desarrollo social.

Esta situación afecta el patrimonio de las personas individuales y jurídicas, ahuyenta las inversiones de capitales nacionales y extranjeros, e inhibe la generación de empleos pues sin certeza jurídica no hay crecimiento. Se ven afectadas las empresas pequeñas y grandes que son víctimas de robos en sus instalaciones y en el transporte de sus mercancías y valores, lo cual distorsiona los mercados de bienes y servicios y fomenta la informalidad. En este clima se inyectan recursos ilícitos al sistema financiero y se desvían las corrientes turísticas hacia otros países. Así, no sólo se reduce la competitividad de las empresas que tienen que contratar protección privada y tomar medidas onerosas para protegerse (incrementando así sus costos de producción y, por ende, los precios), sino también se obliga al Estado a elevar los gastos destinados a combatir el crimen, en detrimento de los programas de beneficio y prevención sociales, como los de alimentación, educación, salud, cultura y recreación.

Es menester transformar el escenario de anomia en el que está inmersa la sociedad guatemalteca. Para ello el círculo vicioso de la inseguridad debe trocarse en círculo virtuoso: una reducción de la inseguridad va a generar un aumento en la inversión, mayor productividad y menores costos; esto repercutirá en un aumento de los ingresos fiscales, mayor inversión pública y capacidad de acción del Estado. Este mejor desempeño de las esferas privada y pública significará una mejor calidad de vida, más empleo, menos pobreza, mejor educación y paz social, todo lo cual generará más crecimiento económico y mayor bienestar social.

Ese círculo virtuoso basado en el Estado de derecho no es utópico, aunque ahora nos lo parezca. No sólo diversos estudios, sino que también experiencias concretas de otros países (como Colombia) demuestran que la debilidad del sector seguridad y justicia sí tiene soluciones conocidas y que las democracias pueden aplicar las medidas más eficaces que respeten y refuercen el Estado de derecho. Esas soluciones pasan por no descuidar las acciones de prevención del crimen, a la vez que se refuerza la función coercitiva del Estado y, sobre todo, requieren de un diagnóstico inteligente, de una voluntad política verdadera y de un sistema integrado para ejecutar acciones de corto y largo plazos, como el que está contemplado en la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad que, inexplicablemente, parece estar dormida en los anaqueles de los funcionarios.