ESTADO Y MERCADO: EL ESQUIVO BALANCE

Nuestra sociedad, intelectualmente, parece vivir todavía en 1975, pues el debate ideológico "sexy" todavía oscila entre quienes sostienen que el Estado debería reducirse a su mínima expresión y quienes aspiran a que, por el contrario, la propiedad privada se limite a la posesión de la ropa interior. Es como si no hubiesen existido las claras lecciones que, desde el punto de los sistemas economicos y políticos, nos ha dejado la evolución del mundo desde finales de los años 1980s. ¡Pilas! Si queremos que Guatemala progrese, habrá que ponerse más pragmáticos y tratar de dilucidar cuál debe ser el justo balance entre Estado y Mercado, ello con base en razones objetivas y no con base en percepciones ideológicas e ideas preconcebidas...

Opinión
Estado y mercado: El esquivo balance
La verdad, como es habitual, tiende a estar entre los dos extremos.

Con la crisis financiera internacional desatada por el colapso Lehman Brothers en 2008, los activistas sobrevivientes del difunto socialismo real sintieron una bocanada de oxígeno que los animó a proclamar el final del capitalismo. Hoy día, con similar entusiasmo y alentados por la crisis de la deuda soberana de los países del Mediterráneo europeo, los golpeados campeones del fundamentalismo de mercado salen a pregonar el fracaso definitivo del intervencionismo estatal. La verdad, como es habitual, tiende a estar entre los dos extremos.
El manido eslogan de “el Gobierno no es la solución, sino el problema” quedó desvirtuado por la oportuna, masiva y relativamente efectiva intervención expansiva de los gobiernos de los principales países industrializados que, durante 2008 y 2009, impidió el colapso de la economía mundial. Sin embargo, algunos de estos gobiernos no lograron reconocer que su intervención en los procesos económicos debió limitarse al objetivo de permitir que el mercado, la competencia y la libre disposición de los bienes volviesen a cumplir con el rol de eficientes asignadores de recursos y promotores de prosperidad. Así, países como Grecia, Portugal y España se embarcaron en un peligroso aumento de su deuda pública que los ha llevado al borde del colapso económico.
Lejos de esas actitudes extremas, es menester reconocer que el mecanismo del mercado sigue siendo el modo más eficaz para procurar el bienestar material de las personas. Parafraseando a Churchill: el sistema de libre mercado es el peor instrumento que existe para generar eficiencia y prosperidad, excepto por todos los demás sistemas conocidos hasta ahora.
Con esto en mente, los gobiernos deben enfocarse en reconocer las situaciones excepcionales en las cuales están llamados a intervenir en la vida económica de un país. Por ejemplo, el caso de la regulación antimonopolio es, evidentemente, una responsabilidad de cualquier gobierno que se precie de favorecer el libre mercado, ya que la fuerza motriz de toda participación de los oferentes de bienes en el mercado es el afán de lucro, y es precisamente la competencia la que obliga a los oferentes a emplear los factores de producción buscando la mayor eficiencia económica.
Otras áreas en las cuales el mercado tiene fallas que justifican la acción del Gobierno tienen que ver con las llamadas “externalidades”, que representan los costos o beneficios por los cuales aquel que los genera no paga directamente, tal el caso de la contaminación ocasionada por ciertas actividades productivas. También el caso de los productos o servicios conocidos como “bienes públicos”, por los cuales no puede cobrarse un precio específico a cada ciudadano, tal el caso de los servicios de defensa nacional, o los que prestan las carreteras y parques públicos.
Los gobiernos también deben preocuparse por la equidad en el acceso a los medios de producción (lo que los gringos llaman “nivelar el terreno de juego”), a fin de propiciar la paz social que se vería amenazada si la distribución del bienestar económico es percibida como desequilibrada o injusta por la mayoría de la población, para lo cual la intervención del Estado implica políticas por el lado de los ingresos tributarios o por el lado del gasto público.
La principal dificultad que hoy, como siempre, enfrentan los gobiernos, es la de encontrar ese esquivo balance entre el funcionamiento libre del mercado y la excepcional, pero necesaria, intervención estatal. Las acciones e intervenciones del Estado sólo se justifican cuando suplen o robustecen a las acciones que emprende cada individuo. Ello implica la existencia de un gobierno compacto, es decir, fuerte, eficiente y relativamente pequeño, que vele permanentemente porque en la provisión de bienes públicos y en la aplicación de políticas de mantenimiento de la paz social se mantenga una relación equilibrada entre el fin y los medios, de manera que se evite el despilfarro de los escasos recursos fiscales.

Opinión de los Lectores

Antonio Morales 01-06-2010 19:27:51 horas
Lic. García: Los anarquistas del libre mercado siempre han dicho que "el estado no es la solución". Los marxistas (todavía hay un motón vivitos y coleando) dicen todo lo contrario. Mientras Guatemala siga polarizada entre los dos extremos, nunca tendremos políticas de gobierno que logren el equilibrio que usted señala. ¿no le parece?

Desarrollo Rural Sostenible

La precaria situación del área rural en Guatemala exige que se apliquen políticas públicas de largo plazo por parte de una institucionalidad gubernamental eficiente. Actualmente no existen ni lineamientos de políticas públicas que favorezcan el desarrollo y la empresarialidad en el área rural, ni buenas instituciones estatales que las impulsen. Por eso se justifica que se emita una ley que procure poner orden en esos dos aspectos. Pero de allí a pretender que mediante una ley se van a resolver los graves problemas estructurales del agro, hay una gran distancia. Las instituciones como ADRI, que están impulsando insistentemente una Ley de Desarrollo Rural Integral que ofrece mucho, pero que no da las herramientas para cumplir sus promesas, sólo contribuyen a la polarización social, a la ingobernabilidad y, consecuentemente, a perpetuar la pobreza de quienes dicen representar.

Opinión

Desarrollo rural sostenible
Una ley para el desarrollo rural es necesaria, pero la misma debe ser realista, responsable y cumplible.

Guatemala es uno de los países menos urbanizados del Hemisferio Occidental, y la situación en el área rural es precaria. Las zonas rurales, pobladas mayoritariamente por pueblos indígenas, muestran los peores índices de pobreza: el 38% de la población indígena rural subsiste con un ingreso menor al equivalente de $1 al día; en muchas regiones prevalecen situaciones de inseguridad alimentaria y desnutrición crónica infantil; la diversidad ambiental y cultural del país está mal aprovechada y peor entendida.
Por si todo lo anterior fuera poco, la institucionalidad estatal que debería combatir estos indicadores vergonzosos muestra una escandalosa dispersión de esfuerzos, una muy escasa coordinación entre la miríada de entidades públicas relacionadas con la ruralidad, y una notable ausencia de políticas coherentes enfocadas al desarrollo rural sostenible.
Aunque ciertos funcionarios y algunos empresarios no lo quieran ver así, la situación descrita demanda que se aplique un conjunto coherente de políticas públicas intertemporales para la transformación rural que propicien el desarrollo humano mediante el fomento de la empresarialidad, el desarrollo de las micro y pequeñas empresas conforme a las ventajas comparativas de las áreas rurales, y el tránsito de unidades de producción de subsistencia a unidades excedentarias efectivamente vinculadas a los mercados.
Ahora bien, peca de ingenuo quien crea que esa compleja aglomeración de problemas puede ser superada mediante la aprobación de una ley, así como peca de perverso quien embauca a los ingenuos haciéndoles creer que con una ley van a ser resueltas las demandas y necesidades insatisfechas que datan de generaciones atrás. De manera que algo de ingenuo y algo de perverso puede verse en algunos de los esfuerzos que diversos grupos sociales están haciendo para promover la iniciativa de ley 4084, Ley del Sistema de Desarrollo Rural Integral.
Para muestra un botón. En un folleto, bellamente editado y lujosamente impreso titulado: Para Cosechar Presente y Futuro: Ley de Desarrollo Rural Integral, ¡Exijamos su Aprobación!, la Asociación para el Desarrollo Rural Integral (ADRI) afirma que la referida ley ayudará a los campesinos “en el objetivo de la redistribuición de la tierra y otros medios para producir”, sin olvidarse de proclamar alegremente que “¡la Madre Tierra no se compra ni se vende, se recupera y se defiende!”.
Lo que olvidan mencionar los impulsores de esa iniciativa es que la misma amenaza con dar un golpe mortal al Sistema de Consejos de Desarrollo y al Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional, ambos instrumentos (potencialmente útiles para el desarrollo rural) de por sí socavados por años de irresponsable politiquería. Tampoco indican que la referida iniciativa implica altos costos fiscales, a la vez que levanta banderas ideológicas y despierta exageradas expectativas que, cuando inevitablemente fracasen por irreales, únicamente aumentarán la frustración y el descontento de los pobladores del área rural.
Una ley para el desarrollo rural es necesaria, pero la misma debe ser realista, responsable y cumplible, de manera que su aprobación e implementación abonen a una mejora sostenible del nivel de vida de los habitantes del área rural y contribuya a preservar la gobernabilidad del país. La iniciativa 4084 simplemente no es esa ley.
El Congreso de la República deberá esforzarse en diseñar y aprobar una ley que de verdad coadyuve al desarrollo rural sostenible. Para el efecto convendría que se enfocara en mejorar la coordinación de las instituciones públicas encargadas del área rural, en procurar su adecuada articulación con sectores de la sociedad, en establecer los principios que deben orientar las políticas de desarrollo rural y en reordenar la estructura institucional del sector. Lo demás es sólo retórica que exacerba pasiones, alimenta la ingobernabilidad y debilita el estado de derecho.

OPINIÓN DE LOS LECTORES

adolfo barrera ortiz 25-05-2010 10:37:46 horas
Las opiniones a veces pecan de ignorancia, como en el presente caso. Los Consejos de Desarrollo van en otra línea, más hacia lo local, aunque le hace falta direccionalidad y más incidencia en desarrollo económico. El desarrollo rural, quizá no requeriría de una ley, pero quizá ante tanta descoordinación y falta de Estado en áreas rurales, se hace necesaria y urgente, pero sobre todo se requiere despolitizar la gestión operativa de las instituciones públicas.


Gil Zu 25-05-2010 11:10:06 horas
Me asombre al leer Historia de México en donde aparece la Reforma Agraria pero no por medio de Zapata sino del Emperador Maximiliano, poniendo en marcha una ley de restablecer las tierras a los campesinos. Los Indios en Estados Unidos contemplan siglos transcurridos cuando sus antecesores dueños de esas tierras eran asesinados por inmigrantes europeos, los cazaban como se cazaba a búfalos. Como premio de consolación publicaron libros de Indios héroes: El Indio Jerónimo o El Último de los Mohicanos

Pascual Pérez 25-05-2010 11:27:45 horas
En primer lugar ADRI no es una Asociación, sino una alianza de las más diversas expresiones sociales del país. En segundo lugar, en ningún apartado habla o traslapa funciones de otras leyes, las fortalece. En tercer lugar, No está diciendo que con la ley se va a resolver todos los problemas del agro guatemalteco, sino ayudará a superar la inequidad y hará que el estado reorienta y coordine mejor la inversión pública. Hay que ver a la sociedad como sujeto y no objeto como quiere el señor MA García.

Alvaro De La Hoz 25-05-2010 13:27:38 horas
La Ley de Desarrollo Rural sólo busca eliminar la propiedad privada. ¡No se dejen engañar!

Alejandro Santos 25-05-2010 17:10:16 horas
No se trata de leyes, ignorancias y pleitos entre los que dicen tener razón y los otros que dicen que la tienen. El problema patina porque todo se dice y se recontradice desde Guatemala Capital. Estoy leyendo por internet desde el Canton Xecaracoj en Quetzaltenango, muchos no han de conocer donde estoy ahora (obvio), es alejado. Pero lo que estoy seguro es que su discusión es vana porque lo rural avanza con o sin ustedes, porque nunca se toman en cuenta las prioridades comunitarias.

Antonio Morales 25-05-2010 18:22:52 horas
Don Pascual: la que usted dice que es una “alianza de las más diversas expresiones sociales del país” (ADRI) es en realidad una amalgama amorfa de grupos que lo único que tienen en común es impulsar la reforma agraria, aunque sea disfrazada de ley de desarrollo rural. Por cierto ¿qué hacen grupos empresariales como FEDECOCAGUA y AGER metidos en ese relajo que es ADRI?¿Están AGER y FEDECOCAGUA de acuerdo con la ideología anti-empresarial de las demás organizaciones pertenecientes a la alianza?

JOSUE AUGUSTO PEREZ FIGUEROA 25-05-2010 19:09:26 horas
Lo interesante sería obtener la opinión de nuestros candidatos a presidente sobre estos problemas inveterados. Sólo hablan de seguridad, en términos de daños físicos, pero no hablan de seguridad alimentaria, de salud, de educación etc. ¿Qué opinaran Giamattei, Menchú, Montenegro, Pérez Molina, Suger Montano, Caballeros. etc.

Roberto Goubaud 25-05-2010 21:24:15 horas
Señor Pascual Pérez, la ADRI es una Asociación de unos cuantos malos guatemaltecos que se han visto apoyados por malos funcionarios que con dinero robado de los impuestos han financiado una propuesta POPULISTA, para ganar adeptos como usted que dice “inequidad”(?) y proponen distraer y malgastar fondos -como lo han venido haciendo, en manifestaciones, bloqueo de carreteras etc.- tan NECESARIOS en las SALUD Y EDUCACIÓN de la población para que guatemaltecos honrados y libres puedan optar a mejores salarios y no estar pidiendo que todo se los regalen. Señor Pérez, entienda el único desarrollo posible es por medio de la INVERSIÓN, sin dinero no puede haber fuentes de trabajo y mucho menos desarrollo, ¡cuesta tanto entenderlo! No se deje engañar por cantos de sirena, mire HOY a los países que impulsaron esas políticas, hoy apuestan por la Inversión, generadora de desarrollo y de riqueza para sus poblaciones.

Recuperación Económica Incompleta

¿Se está recuperando la economía guatemalteca? Sip. ¿Lo está haciendo al mismo ritmo que otros países? Nop. Para crecer a la misma velocidad que, por ejemplo, Estados Unidos, no basta solamente con esperar que los efectos positivos se contagien de ese país al nuestro por la vía de las remesas, las exportaciones, la inversión extranjera y el turismo. Hace falta también que, internamente, se establezcan condiciones de confianza, certeza y seguridad que permitan a los guatemaltecos tomar decisiones de consumo e inversión necesarias para dar sustento a la recuperación de la demanda interna. Pero, incluso si esto se diera, aún faltaría implementar muchas reformas económicas e institucionales que impulsen la tasa de crecimiento del Guatemala a niveles superiores a la de, por ejemplo otra vez, Estados Unidos, a efecto de poder reducir sosteniblemente los niveles de pobreza que nos aquejan.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

RECUPERACIÓN ECONÓMICA INCOMPLETA

A remolque de la economía estadounidense, la actividad económica en Guatemala está mostrando algunas señales de recuperación. El Fondo Monetario Internacional cree que nuestro país crecerá un 2.5% este año, casi el doble de lo que estimaba hace seis meses. El Índice Mensual de Actividad Económica –IMAE- que calcula el Banco de Guatemala también muestra signos de aumento en la producción nacional. Las exportaciones guatemaltecas, particularmente aquellas destinadas a los Estados Unidos, están creciendo a un ritmo superior al 10% anual. Nuestras importaciones, incluyendo las de materias primas y bienes intermedios destinadas a utilizarse en el proceso productivo, también están aumentando con cierto vigor.
Todos estos signos de recuperación económica parecen corroborarse con el comportamiento de la recaudación tributaria del gobierno, que ha aumentado respecto de la del año anterior, fundamentalmente a causa del crecimiento registrado en lo recaudado por concepto de IVA sobre importaciones. Resulta evidente, entonces, que la reactivación de la economía nacional obedece principalmente a la influencia positiva que el renovado crecimiento de la economía internacional ejerce sobre la producción local.
En efecto, las proyecciones de crecimiento económico de la economía mundial para 2010 dan cuenta de un aumento superior al 4% anual, explicado en parte por el renovado dinamismo de economías como la estadounidense y la china. Los vínculos económicos de Guatemala con Estados Unidos implican, entonces, un efecto beneficioso para nuestro país a través del aumento de las compras de productos guatemaltecos en el mercado estadounidense, así como de la recuperación de los flujos de turismo, inversión y remesas familiares provenientes de ese país.
Esas son las buenas noticias. Las malas son que la crecida de la demanda externa no está siendo acompañada por un aumento correspondiente en la demanda generada internamente –el mercado doméstico-, que debería ser el otro motor de una recuperación económica más dinámica. El crédito bancario al sector privado está prácticamente estancado, a pesar de la presencia de tasas de interés relativamente bajas y estables. De ello se deriva que el crecimiento del PIB guatemalteco resulte mediocre si se le compara, por ejemplo, con las tasas (superiores al 3% anual) que registran tanto Estados Unidos como la mayoría de países latinoamericanos, no digamos ya con los acelerados procesos (mayores al 7% anual) que exhiben las economías emergentes de Asia.
La falta de correspondencia entre la demanda interna y la externa se explica, en gran medida, por el desaliento de lo que Maynard Keynes llamó “los espíritus animales” de los consumidores y, especialmente, de los inversionistas locales. Si estos carecen de confianza en el futuro, si no tienen un mínimo de certeza respecto de la recuperación de su inversión, o si les falta certidumbre en cuanto al entorno que regirá sus decisiones, entonces será muy difícil que emprendan actividades generadoras de ingresos y empleo. La confianza es uno de los ingredientes esenciales de la prosperidad económica; recobrarla y consolidarla es clave para lograr que la incipiente recuperación de la actividad productiva no esté basada solamente en el halón propinado por la economía internacional, sino también en el empuje que debe recibir del mercado doméstico.La seguridad pública, la concordia ciudadana y las relaciones respetuosas y constructivas entre la clase política (y entre ésta y la ciudadanía) forman parte del clima de confianza que debe establecerse para permitir que el mercado interno tenga chance de empujar la reactivación de un crecimiento económico más dinámico. Ciertamente que establecer condiciones que consoliden un clima de confianza propicio para la actividad económica no es una tarea sencilla, pero es una condición imprescindible para siquiera empezar a hablar acerca de las reformas y políticas necesarias para lograr un desarrollo económico sostenible en el largo plazo.

Opinión de los Lectores

ROBERTO LOPEZ PORRAS 18-05-2010 09:13:47 horas
Mientras el ambiente político del país no sea propicio para la inversion, las decisiones de invertir serán postergadas. El ambiente pre electoral arroja sombras, polarización, conflctos con la prensa y una aumento de la criminalidad comun y política. Algunas personas más pesimistas preven que la polarización conduzca a una crisis que paralizará al Gobierno y cualquier esfuerzo por desmontar dicho escenario de convulsión política será nulo. Asi las perpectivas económicas no son las mejores.

Julio Calderon 18-05-2010 09:28:02 horas
De que "recuperacion economica" habla?, el Mundo esta en crisis, Europa esta pasando la peor crisis economica desde la Segunda Guerra Mundial, lo mismo EE.UU., donde el desempleo alcanza a 1,000,000 de desocupados solamente en el Estado donde yo estoy, acaso Guatemala escapa a ese fenomeno Mundial, a que recuperacion economica se refiere, no lo sabe Ud. o no se ha informado atravez de los medios?

adolfo barrera Ortiz 18-05-2010 10:27:38 horas
Esta visión está bien, pero incompleta. Una referencia de la realidad hace falta, cuales son los subsectores de la economía que tienen un mayor dinamismo, cuales están generando empleo y aportando inversiones, sobre todo del capital privado internacional y cual es el impacto productivo de las inversiones públicas. Pero además cuales son son los sectores sociales que más se han empobrecido, para tener una matriz integral del desarrollo económico y social y sus perspectivas.

Juan 18-05-2010 10:57:07 horas
Yo pienso que esta situación más que hacernos pensar en una recuperación incompleta, debería hacernos pensar en que al país le hace falta un norte, un objetivo común y una estrategia para alcanzarlo. Vamos como barco a la deriva, a donde nos lleven los vientos de la economía mundial. Los "espíritus animales" pueden en cierta medida ser “domesticados” con una institucionalidad fuerte que instale los incentivos correctos, aquellos que generan bienestar social.

Juan Charrasqueado 18-05-2010 17:59:46 horas
Creo que el Gobierno ha realizado un excelente trabajo, pues no sólo ha detenido el deterioro económico, sino que le dio “algo” al pueblo de Guatemala, nosotros sabemos que ha luchado a brazo partido en contra de la extrema derecha, pero ha navegado muy bien a pesar de todo. Podría apostar mi sueldo de un mes, a que el próximo presidente será el doctor Espada, ojalá que gane, para que esas... no les falte sus Q300 y su bolsa de ayuda. Es poco pero algo es algo ¿no es cierto?

Luis Arriaza 18-05-2010 19:32:49 horas
El responsable directo de la desconfianza de los inversionistas nacionales es el Gobierno, que con su discurso polarizante no hace más que alimentar esa desconfianza. Este Gobierno se ha dedicado a preparar el camino a su perpetuidad en el poder y ha dejado los temas importantes por un lado. Los agentes económicos lo perciben con claridad y el resultado es precisamente la falta de actividad e inversión empresarial. Lamentable que Guatemala tenga un gobierno irresponsable en época de crisis.

Juan 18-05-2010 19:57:17 horas
Adolfo Barrera: ¿Qué espera? ¿Una investigación exhaustiva? es solo una columna.

El FMI, Grecia y Guatemala

El manejo responsable y disciplinado de la política fiscal es, ha sido y será un factor clave para evitar que se produzcan crisis económicas. Esto lo ha sostenido el Fondo Monetario Internacional consistentemente desde su creación en 1944. La crisis económica que actualmente viven Grecia y los países del Mediterráneo europeo le vuelven a dar la razón. Y el Fondo empieza a girar advertencias a otros países para que rectifiquen el rumbo de sus cuentas fiscales. Esas advertencias han alcanzado recientemente a Guatemala.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

EL FMI, GRECIA Y GUATEMALA

El FMI ha resucitado. La crisis financiera mundial de 2008-2009, y sus secuelas recientes en Europa, le han insuflado nueva vida al organismo financiero internacional que, hasta hace poco, languidecía sin encontrar un propósito a su existencia. Ahora el Fondo Monetario Internacional ha reencontrado su antiguo rol de médico que es llamado de urgencia para intentar curar a las economías que agonizan, aunque para hacerlo deba prescribir las amargas medicinas de la reforma financiera y la austeridad fiscal. Antes de la debacle global de 2008, el Fondo se sentía cada día más irrelevante en el mundo. La delusiva calma financiera y el dinamismo económico de inicios del milenio hacían que casi ningún país necesitara de préstamos de emergencia. En Asia y Latinoamérica los países amasaron enormes montos de reservas internacionales proclamando su emancipación, no tanto de los créditos del FMI como de las estrictas condiciones que éste solía exigir al concederlos, pues los gobiernos recordaban con cierto resentimiento la duras exigencias que el Fondo les impuso para ayudarlos a salir de sus crisis financieras en décadas anteriores.

Hoy en día, el pasado parece repetirse y el FMI vuelve a ganar relevancia. El rescate de la economía griega es uno de los mayores retos que el Fondo ha enfrentado en su historia: Grecia es el primer país de Europa Occidental en recurrir al FMI desde inicios de los años setenta, y sus problemas son gigantescos. Tiene una deuda externa que, con relación a su PIB, sobrepasa el 110%, un déficit fiscal de 13% y un déficit externo de 11%, cifras que son igual de malas, o peores, que las registradas en Latinoamérica en los años ochenta. Debido a que Grecia pertenece a la Eurozona no cuenta entre sus herramientas la posibilidad de aplicar la vieja receta fondomonetarista de devaluar su moneda (pues ésta no existe), razón por la cual deberá acometer una de las más rápidas y grandes reducciones del déficit fiscal en la historia humana, si es que quiere evitar entrar en una vergonzosa moratoria de su deuda y ser expulsada de la Eurozona.

Al igual que en otros países en el pasado, la medicina del Fondo para Grecia implica reducir subsidios (al transporte, a los alimentos, a la energía) y otros gastos, lo cual ineludiblemente provoca disturbios y protestas callejeras. Sin embargo, al mismo tiempo, la amarga píldora de la austeridad fiscal, cuando el país enfrenta como alternativa la ruina económica, parece ser inevitable para que el apoyo financiero del FMI y de la Unión Europea le permitan al gobierno griego, muy debilitado y dependiente de los intereses de sus propios oligopolios nacionales, llevar a cabo las reformas que su economía requiere.

Resulta interesante, entonces, que en ese contexto el Fondo haya venido recientemente a nuestro país a efectuar su revisión periódica del acuerdo Stand-By que fue firmado el año pasado. El FMI ha encontrado que la recuperación económica de Guatemala es una realidad, pero que la misma obedece más a factores externos (el renovado dinamismo de la economía estadounidense y la reanudación de los flujos internacionales de capital) que a una mejora de la demanda doméstica (ya que el crédito bancario al sector privado continúa deprimido). El Fondo reconoce el mérito de las políticas monetarias y fiscales prudentes aplicadas durante la crisis, pero advierte que ya no es aconsejable mantener una política fiscal moderadamente expansiva. La opinión vertida por la misión de expertos del FMI resulta muy explícita en precaver a las autoridades contra el peligro de un déficit fiscal superior al 3.1% del PIB en 2010 pues, de lo contrario, se podría poner en riesgo la sostenibilidad y el manejo de la deuda pública. Se infiere entonces que lo que el Fondo aconseja al gobierno guatemalteco es que éste optimice la manera en que enfoca el gasto público (y lo dirija a la inversión y al gasto social, reduciendo el desperdicio) y que mejore sus ingresos tributarios mediante una reforma integral (no mediante parches). Lo que menos quisiera el FMI en estos momentos es que surjan nuevas Grecias en nuestro Hemisferio.

OPINIÓN DE LOS LECTORES

david 11-05-2010 10:34:03 horas

No es frecuente que se realice este análisis de la realidad guatemalteca contextualizándola con la situación económica internacional y además incorporando conclusiones concretas y propias, más allá del copy-paste. Primera vez que leo esta columna pero empezaré a seguirla con interés. ROBERTO LOPEZ PORRAS 11-05-2010 10:41:12 horas Congratulaciones para el FMI que resucita con el oxígeno de la Eurozona. Otros como Argentina regresaron vencidos pidiendo ayuda y el Banco Central Europeo tuvo que esconder su orgullo para resolver por si mismo el problema. Ojalá que el FMI no resucite su política de inflexibilidad de antaño que lo caracterizó como una Gestapo Financiera. Con la crisis, los pecadores de ambos lados deben rectificar incluyendo Grecia y Guatemala que parece perdieron la brújula. Bienvenida la disciplina fiscal.

Ojo: Ahora Toca el Contralor

La corrupción es culpable (en la medida en que la policía y los juzgados están corrompidos) del intolerable nivel de criminalidad e inseguridad que vivimos. La corrupción es culpable (en la medida en que distorsiona brutalmente el funcionamiento de los mercados) de la falta de productividad de nuestra economía. También es culpable (en la medida en que despoja de recursos al gobierno) de la escasa e ineficiente inversión en educación, salud e infraestructura. La corrupción es, pues, uno de los principales enemigos del desarrollo y un gran aliado de la pobreza. En las naciones civilizadas es la Contraloría de Cuentas (o similar) la institución encargada de evitar la corrupción; no se andan inventando comisiones vicepresidenciales ni observatorios del gasto ni cosas por el estilo. Ojalá pongamos el mismo esfuerzo que se ha observado en vigilar el proceso de elección del fiscal para auditar la elección del nuevo contralor...

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

OJO: AHORA TOCA EL CONTRALOR

El proceso actual para la elección y nombramiento del Fiscal General ha suscitado el involucramiento de importantes sectores de la sociedad guatemalteca y de la comunidad internacional. La trascendencia de dicho proceso es innegable y su resultado incidirá de forma determinante sobre el futuro de nuestro estado de derecho y del sistema democrático. Al mismo tiempo que culmina la elección de Fiscal (esperemos que favorablemente), se inicia el camino para el nombramiento del próximo Contralor General de Cuentas, proceso éste de similar significación que aquél para la vida institucional del Estado.

El Contralor de Cuentas debería ser la piedra angular del sistema de probidad del país. En virtud de que se trata del funcionario responsable de analizar los ingresos y gastos gubernamentales, el Contralor debe fungir eficientemente como el principal defensor de la integridad financiera y de la fidelidad en la información del sector público. Dado que la corrupción es uno de los principales flagelos que, como un cáncer invasivo, carcome la salud de la convivencia social, el combate frontal a esta plaga es vital para viabilizar el desarrollo económico, social e institucional de Guatemala. El rol del Contralor es, pues, central al funcionamiento eficaz del Estado: su trabajo debe garantizar la precisión y regularidad de las cuentas gubernamentales, velar por que el Ejecutivo ejecute el presupuesto en línea con lo aprobado por el Legislativo, fomentar la eficiencia y efectividad de los gastos, y evitar la corrupción a través del desarrollo de procedimientos financieros y de auditoría que permitan reducir la incidencia de la corruptela y posibilitar su pronta detección. Es por ello que en las naciones civilizadas es práctica común contar con una Contraloría eficaz, completamente independiente de cualquier injerencia política, dotada de recursos humanos y financieros adecuados, y con un acceso irrestricto a la información operativa de todas las entidades de gobierno. En Guatemala, lamentablemente, la Contraloría no cumple plenamente con estos estándares internacionales de auditoría gubernamental, y ha perdido a lo largo de los años la credibilidad y mística que tuvo en un pasado lejano.

En septiembre próximo, el Congreso habrá de elegir un nuevo Contralor de una nómina de seis candidatos propuestos por una comisión de postulación integrada por un representante de los Rectores de las Universidades, los Decanos de las Facultades que imparten la carrera de Auditoria y un número equivalente de representantes electos por el Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas. La nueva Ley de Comisiones de Postulación busca que el Perfil de Aspirantes y la tabla de gradación aseguren la capacidad, idoneidad y honorabilidad de los aspirantes; sin embargo, la experiencia en la elección de Magistrados y de Fiscal demuestra que es imprescindible el acompañamiento, vigilancia y fiscalización por parte de la ciudadanía organizada y de la comunidad internacional (incluida la CICIG).

Debe ejercerse influencia sobre la elección misma de los miembros de la comisión de postulación (vigilando especialmente el proceso en el Colegio de Economistas) y las universidades deben asumir un compromiso público de imparcialidad y objetividad en el proceso. Una vez conformada la comisión, debe dársele apoyo técnico para que los perfiles y tablas de gradación contemplen como elementos a ser calificados aspectos tales como la aptitud psicológica y la solvencia patrimonial de los aspirantes, conjuntamente con sus calidades técnicas, profesionales, gerenciales, y éticas. Incluso debe evaluarse la posibilidad de presentar opciones de candidatos idóneos para el cargo. También es necesario que se convoque pronto para que el proceso de fiscalización y auditoría social de los candidatos pueda darse con suficiente antelación. Finalmente debe influirse sobre propio Congreso mediante foros y debates públicos que incidan sobre la trascendental decisión que los diputados tomarán en los próximos meses.

Opinión de los lectores

Rodrigo Ponce Chavarria 04-05-2010 01:29:25 horas

El tema de la contraloría es importante. Lástima que los colegas profesionales no sean serios en su responsabilidad. La Ley de comisiones de postulación establece “representación de minorías”, pero no dice qué método. Además hay dos colegios, y ahora con 13 universidades, la postuladora será impar con número de 15 personas, de las cuales 7 deben representar a ambos colegios...cómo queda el caso: ¿3.5 para cada colegio? El proceso del contralor será entrampado por un sin fin de recursos... Ronaldo Carcamo 04-05-2010 06:17:51 horas ¿Fiscalización o destrucción de las instituciones y el debilitamiento de la estructura de un estado de Derecho? Eso es que unos grupúsculos están haciendo con Guatemala. Las lamentaciones vendrán mas pronto que tarde. Cuando ustedes, que están alimentando este gigante de la impunidad, de la violación a las normas constitucionales por los propios magistrados de la CC, una nación donde ya no exista el mas mínimo respeto, estaremos frente a un estado estilo el oeste americano.

El Destino de los Bonos

El Congreso está por aprobar la emisión de Bonos del Tesoro por Q4,500 millones, que servirán para financiar los gastos que el gobierno no puede cubrir con sus ingresos corrientes (impuestos, principalmente). Dicho endeudamiento suscita varios debates simultáneamente. Uno tiene que ver con el dilema de elegir entre endeudarse o aumentar los impuestos para financiar el gasto público. Otro surge al cuestionar si realmente es necesario todo el gasto público que se pretende financiar o si sería mejor recortar el gasto y aplicar una política de austeridad. Un tercer debate, independiente de los dos anteriores, tiene que ver con el destino de los bonos: ¿es aconsejable utilizar los recursos obtenidos mediante bonos para gastarlos en gastos corrientes o deberían dedicarse exclusivamente a gastos de inversión? Sobre este último debate hablamos esta semana.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

EL DESTINO DE LOS BONOS

Año con año, sin excepción, el gobierno guatemalteco realiza gastos (pago de salarios, compra de bienes de consumo y de bienes de capital) cuyo monto excede a sus ingresos (principalmente impuestos), lo cual genera un déficit fiscal que debe ser cubierto con dinero que el gobierno pide prestado. Parte de ese financiamiento se obtiene mediante la emisión de bonos que son comprados por el público inversionista, local y extranjero. Cada emisión de bonos significa un aumento de la deuda pública de Guatemala, cuyo tamaño, si bien aún es relativamente manejable (pues representa cerca del 27% del PIB), ha venido creciendo aceleradamente (hasta hace muy pocos años dicho porcentaje era de sólo 20%).

Muchas personas creen que el aumento en la deuda pública impone una carga indebida a las futuras generaciones de guatemaltecos, quienes habrán de pagar los impuestos con los cuales se honrará la deuda en la que hoy incurre el gobierno. Esa creencia es sólo parcialmente cierta. Si los bonos quedan en manos de guatemaltecos, no existirá una carga propiamente dicha para las generaciones futuras, sino que se producirá una transferencia de recursos de los contribuyentes futuros (mediante sus impuestos) hacia los tenedores de los bonos; dicha transferencia será, muy probablemente, regresiva puesto que los tenedores de bonos tenderían a tener un mayor nivel de ingresos que el promedio de los contribuyentes. En tanto los bonos sean propiedad de ciudadanos guatemaltecos, el pago de intereses (y, finalmente, del capital) sobre los mismos será sólo una transferencia de dinero de unos guatemaltecos a otros; tal transferencia regresiva puede no ser deseable, pero no constituye per se una carga para el país en su conjunto.

Lo que definitivamente sí puede generar una carga sobre las futuras generaciones es el uso inadecuado que el gobierno le dé a los recursos obtenidos de la colocación de bonos. Si el gobierno gastara el dinero de los bonos en proyectos de inversión, como lo serían la construcción de escuelas o carreteras, no existiría mayor carga sobre las generaciones futuras, ya que tal inversión aumentaría el bienestar futuro de la sociedad lo suficiente para cubrir los intereses que la propia sociedad (a través de los impuestos) deberá pagar sobre los bonos. Por el contrario, si el gobierno utiliza el dinero de los bonos para pagar gastos corrientes, como salarios o bienes de consumo, que no generan rendimientos futuros a la sociedad, sí se estaría generando una carga pesada sobre las generaciones futuras. Por lo tanto, desde una perspectiva técnica, es crucial que los bonos no se destinen a pagar gastos de funcionamiento del gobierno, pues ello significaría hipotecar el futuro del país.

Lamentablemente, la política de endeudamiento público no es un acto puramente técnico, ni es realizada por ángeles, sino que se trata de un proceso político imperfecto en el que se involucran diversos intereses clientelares y electoreros. Debe ser por esta razón que, con mucha sabiduría, la Ley Orgánica del Presupuesto no deja a criterio de los funcionarios el destino de los recursos obtenidos mediante deuda pública, sino que explícitamente establece que “los recursos provenientes del crédito público se destinarán a financiar (a) Inversiones productivas; (b) casos de evidente necesidad nacional, aprobados por el voto favorable de las dos terceras del total de diputados..; (c) reorganización del Estado…; y, (d) pasivos, incluyendo los intereses respectivos”. Además, la ley establece con meridiana claridad que “no se podrán realizar operaciones de crédito público para financiar gastos corrientes u operativos”.

Por lo tanto, sería no sólo técnicamente erróneo, sino que también ilegal que el Congreso incluyese como destino de los recursos provenientes de los bonos gastos corrientes tales como subsidios al transporte, subsidios al adulto mayor, indemnizaciones a víctimas de la guerra, o salarios y municiones de la policía. Esperemos, si no es mucho pedir, que los diputados cumplan con la ley.

OPINIÓN DEL LECTOR

ROBERTO LOPEZ PORRAS 27-04-2010 08:49:07 horas

Ninguna deuda, bonificada o no, debería ser aprobada si no tiene su correspondiente fuente financiera. Esta es parte de una política fiscal sana. El “cash flow” del Gobierno para el repago de la nueva deuda es precario y por ello se justifica más que la emisión de bonos, tenga el respaldo de una fuente de ingresos cierta a escoger, sea impuestos o austeridad. La receta no es la mejor, pero si el nuevo financiamiento se usa para proyectos autofinanciables, al menos se le quita el impacto negativo. Carlos Trejo 28-04-2010 16:40:32 horas Lic. García Lara, entendería que la nueva deuda bonificada sí incrementa los compromisos del Estado, y por lo tanto, los egresos del presupuesto público, lo que es preocupante para el guatemalteco. Sin embargo, si los diputados sí cumplen la ley, lo cual es poco pedir, y los recursos de los bonos van a inversión, en el mediano plazo, teóricamente, aumentaría la actividad económica y con ello el monto de los impuestos que servirían para pagar el servicio de la nueva deuda. Buenos días Mario, es un gusto saludarte y felicitarte por tu interesante artículo sobre el destino de los bonos. Creo que hemos olvidado la parte técnica que tú mencionas y que debe marcar la justificación o no para la emisión de los mismos y su aprobación por el Congreso de la República. La parte política, que es la que se impone, hace una distorsión de lo que es importante. Creo, aun cuando no soy experto en la materia (pero me has motivado a investigar y leer un poco), que todavía se puede profundizar más sobre la naturaleza y justificación de una emisión de tal naturaleza. Cualquier comentario o ampliación de tu parte (estaré pendiente de tu columna), estoy seguro será apreciada por los guatemaltecos. Felicidades y un abrazo, Lic. Ricardo Sagastume Morales

Lo Difícil Era lo Más Fácil

En Guatemala es muy común creer que con tener un buen diseño de solución a un problema, o un buen plan de trabajo, o una buena ley, es suficiente para tener éxito en materia de políticas públicas. Se olvida (o se ignora) el hecho de que aquello es sólo el principio del trabajo. Y aunque el diseño, la planificación o el marco legal son pasos necesarios para la implementación de buenas políticas públicas, lo más importante --pero lo más difícil- es la gestión perseverante en torno a un objetivo claro lo que va a permitir el éxito buscado. Tal gestión requiere de voluntad política, de una ciudadanía involucrada y de una burocracia eficaz. ¿Cuándo empezamos?

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

LO DIFÍCIL ERA LO MÁS FÁCIL

Después de más de treinta años de conflicto armado interno, lograr un acuerdo que permitiera una paz firme y duradera se antojaba difícil. La firma de la paz requirió de un gran esfuerzo de conciliación, buena voluntad de las partes enfrentadas y muchas jornadas de negociación y penduleo. La difícil labor dio, a fin de cuentas, sus frutos. Sin embargo, pocos se percataron de que la tarea más difícil era la que venía después de la firma de la paz: aplicar las medidas de política pública, gestionar las acciones de gobierno, promover las reformas legales y fiscalizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos para, de esa manera, lograr los objetivos trazados en los acuerdos. La ineficacia para realizar esta tarea hizo que los acuerdos de paz sean hoy sólo una referencia lejana que languidece en los anaqueles de algunos académicos y dirigentes de oenegés.

También fue difícil la constitución de un Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, tan necesario en un país que carga con la vergüenza de ver a un número injustificablemente alto de sus hijos afectados por la desnutrición aguda y crónica. Conformar ese sistema significó horas de planificación y negociación, la elaboración de una ley y el gasto de recursos que generó su aprobación e implementación, así como los costos de funcionamiento que para el erario público representan el Consejo y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Pero ese difícil esfuerzo resultó ser la parte fácil: lo verdaderamente difícil ha sido hacer que el Consejo se reúna con la periodicidad y atribuciones que la ley le manda, y difícil también ha sido que la Secretaría coadyuve a coordinar la labor de todas las entidades públicas encargadas de combatir la desnutrición. La falta de una gestión concienzuda no ha permitido que el Sistema funcione y logre evitar la próxima e inminente crisis alimentaria.

Resultó igualmente difícil consensuar una Ley Marco de Seguridad que obligara a que las instituciones del gobierno responsables de la seguridad ciudadana se coordinaran en torno a una política nacional de seguridad y con base en una serie de lineamientos técnicos. Después de años de esfuerzo, cabildeo, negociaciones, dictámenes técnicos, seminarios dirigidos por expertos nacionales y extranjeros, se logró que los partidos políticos y sociedad civil de todo el espectro ideológico convinieran en una ley de seguridad que aprobó el congreso en mayo de 2008, en donde se establece un plan de vuelo para el fortalecimiento institucional y el desarrollo de una política de seguridad basada en la inteligencia estratégica. Pero eso era lo más fácil, lo difícil ha sido tan siquiera encontrar a alguien en la función pública o en la sociedad civil que se acuerde que existe la referida ley, no digamos ya que la misma se utilice (como debiera ser) de guía para el accionar de las instituciones en materia de seguridad ciudadana.

Participar en política también es difícil, y ganar una elección, más. Los últimos gobernantes han accedido al poder luego de haber perdido las elecciones en al menos una ocasión, y se han debido esforzar mucho, y han elaborado planes de gobierno para sustentar su campaña electoral hasta lograr el triunfo. Pero la parte más difícil ha sido tener que gobernar y han debido archivar sus planes de gobierno de la campaña para tener que elaborar, sobre la marcha y ya en el ejercicio del poder, otros planes más pragmáticos y cumplibles.

En todos los casos mencionados, lo verdaderamente difícil es gestionar, implementar, ejecutar y administrar la cosa pública. Ello requiere de voluntad política del oficialismo y de la oposición para honrar los acuerdos nacionales y los compromisos adquiridos. Requiere de una sociedad civil que vigile constante y disciplinadamente a la clase política, y que la premie o castigue mediante el voto. Y requiere de una tecnocracia capacitada y de un servicio civil profesional que esté al servicio de la nación y no de intereses partidarios. La receta es simple, pero muy difícil de aplicar.

OPINIÓN DE LOS LECTORES

Roberto Escobar 20-04-2010 10:49:53 horas

No he visto cambios. Seguimos igual, la violencia y corrupcion se mantiene igual. Democracia que ha hecho millonarios a algunos y enpobrecido el muchos.