El Destino de los Bonos

El Congreso está por aprobar la emisión de Bonos del Tesoro por Q4,500 millones, que servirán para financiar los gastos que el gobierno no puede cubrir con sus ingresos corrientes (impuestos, principalmente). Dicho endeudamiento suscita varios debates simultáneamente. Uno tiene que ver con el dilema de elegir entre endeudarse o aumentar los impuestos para financiar el gasto público. Otro surge al cuestionar si realmente es necesario todo el gasto público que se pretende financiar o si sería mejor recortar el gasto y aplicar una política de austeridad. Un tercer debate, independiente de los dos anteriores, tiene que ver con el destino de los bonos: ¿es aconsejable utilizar los recursos obtenidos mediante bonos para gastarlos en gastos corrientes o deberían dedicarse exclusivamente a gastos de inversión? Sobre este último debate hablamos esta semana.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

EL DESTINO DE LOS BONOS

Año con año, sin excepción, el gobierno guatemalteco realiza gastos (pago de salarios, compra de bienes de consumo y de bienes de capital) cuyo monto excede a sus ingresos (principalmente impuestos), lo cual genera un déficit fiscal que debe ser cubierto con dinero que el gobierno pide prestado. Parte de ese financiamiento se obtiene mediante la emisión de bonos que son comprados por el público inversionista, local y extranjero. Cada emisión de bonos significa un aumento de la deuda pública de Guatemala, cuyo tamaño, si bien aún es relativamente manejable (pues representa cerca del 27% del PIB), ha venido creciendo aceleradamente (hasta hace muy pocos años dicho porcentaje era de sólo 20%).

Muchas personas creen que el aumento en la deuda pública impone una carga indebida a las futuras generaciones de guatemaltecos, quienes habrán de pagar los impuestos con los cuales se honrará la deuda en la que hoy incurre el gobierno. Esa creencia es sólo parcialmente cierta. Si los bonos quedan en manos de guatemaltecos, no existirá una carga propiamente dicha para las generaciones futuras, sino que se producirá una transferencia de recursos de los contribuyentes futuros (mediante sus impuestos) hacia los tenedores de los bonos; dicha transferencia será, muy probablemente, regresiva puesto que los tenedores de bonos tenderían a tener un mayor nivel de ingresos que el promedio de los contribuyentes. En tanto los bonos sean propiedad de ciudadanos guatemaltecos, el pago de intereses (y, finalmente, del capital) sobre los mismos será sólo una transferencia de dinero de unos guatemaltecos a otros; tal transferencia regresiva puede no ser deseable, pero no constituye per se una carga para el país en su conjunto.

Lo que definitivamente sí puede generar una carga sobre las futuras generaciones es el uso inadecuado que el gobierno le dé a los recursos obtenidos de la colocación de bonos. Si el gobierno gastara el dinero de los bonos en proyectos de inversión, como lo serían la construcción de escuelas o carreteras, no existiría mayor carga sobre las generaciones futuras, ya que tal inversión aumentaría el bienestar futuro de la sociedad lo suficiente para cubrir los intereses que la propia sociedad (a través de los impuestos) deberá pagar sobre los bonos. Por el contrario, si el gobierno utiliza el dinero de los bonos para pagar gastos corrientes, como salarios o bienes de consumo, que no generan rendimientos futuros a la sociedad, sí se estaría generando una carga pesada sobre las generaciones futuras. Por lo tanto, desde una perspectiva técnica, es crucial que los bonos no se destinen a pagar gastos de funcionamiento del gobierno, pues ello significaría hipotecar el futuro del país.

Lamentablemente, la política de endeudamiento público no es un acto puramente técnico, ni es realizada por ángeles, sino que se trata de un proceso político imperfecto en el que se involucran diversos intereses clientelares y electoreros. Debe ser por esta razón que, con mucha sabiduría, la Ley Orgánica del Presupuesto no deja a criterio de los funcionarios el destino de los recursos obtenidos mediante deuda pública, sino que explícitamente establece que “los recursos provenientes del crédito público se destinarán a financiar (a) Inversiones productivas; (b) casos de evidente necesidad nacional, aprobados por el voto favorable de las dos terceras del total de diputados..; (c) reorganización del Estado…; y, (d) pasivos, incluyendo los intereses respectivos”. Además, la ley establece con meridiana claridad que “no se podrán realizar operaciones de crédito público para financiar gastos corrientes u operativos”.

Por lo tanto, sería no sólo técnicamente erróneo, sino que también ilegal que el Congreso incluyese como destino de los recursos provenientes de los bonos gastos corrientes tales como subsidios al transporte, subsidios al adulto mayor, indemnizaciones a víctimas de la guerra, o salarios y municiones de la policía. Esperemos, si no es mucho pedir, que los diputados cumplan con la ley.

OPINIÓN DEL LECTOR

ROBERTO LOPEZ PORRAS 27-04-2010 08:49:07 horas

Ninguna deuda, bonificada o no, debería ser aprobada si no tiene su correspondiente fuente financiera. Esta es parte de una política fiscal sana. El “cash flow” del Gobierno para el repago de la nueva deuda es precario y por ello se justifica más que la emisión de bonos, tenga el respaldo de una fuente de ingresos cierta a escoger, sea impuestos o austeridad. La receta no es la mejor, pero si el nuevo financiamiento se usa para proyectos autofinanciables, al menos se le quita el impacto negativo. Carlos Trejo 28-04-2010 16:40:32 horas Lic. García Lara, entendería que la nueva deuda bonificada sí incrementa los compromisos del Estado, y por lo tanto, los egresos del presupuesto público, lo que es preocupante para el guatemalteco. Sin embargo, si los diputados sí cumplen la ley, lo cual es poco pedir, y los recursos de los bonos van a inversión, en el mediano plazo, teóricamente, aumentaría la actividad económica y con ello el monto de los impuestos que servirían para pagar el servicio de la nueva deuda. Buenos días Mario, es un gusto saludarte y felicitarte por tu interesante artículo sobre el destino de los bonos. Creo que hemos olvidado la parte técnica que tú mencionas y que debe marcar la justificación o no para la emisión de los mismos y su aprobación por el Congreso de la República. La parte política, que es la que se impone, hace una distorsión de lo que es importante. Creo, aun cuando no soy experto en la materia (pero me has motivado a investigar y leer un poco), que todavía se puede profundizar más sobre la naturaleza y justificación de una emisión de tal naturaleza. Cualquier comentario o ampliación de tu parte (estaré pendiente de tu columna), estoy seguro será apreciada por los guatemaltecos. Felicidades y un abrazo, Lic. Ricardo Sagastume Morales