85 Años de Vuelo

Nuestra moneda, el Quetzal, nació hace 85 años, como parte de una profunda reforma monetaria, bancaria y fiscal llevada a cabo durante el gobierno del General Chema Orellana. Al igual que las otras dos reformas monetarias y bancarias subsiguentes (la de 1945-46 y la de 2001-02), la reforma de 1924-26 se gestó en medio de notables esfuerzos técnicos, de intrigas políticas y de extrañas coincidencias. En cada una de esos procesos existió un equipo de técnicos guatemaltecos de alto nivel, asesorado por expertos internacionales de enorme prestigio. En 1924 el equipo guatemalteco estuvo liderado por Carlos O. Zachrisson, y los expertos internacionales por el "Doctor Dinero", Edwin Kemmerer. He aquí la historia resumida.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

85 AÑOS DE VUELO

En 1926 gobernaba Guatemala el General José María Orellana. Las condiciones de la economía eran adversas debido, entre otras razones, a las graves limitaciones financieras que tenía el fisco (¿les parece conocido?), agobiado por la falta de financiamiento y la dificultad de obtener empréstitos del exterior. Lo anterior se concatenaba con un sistema monetario y bancario caótico en el que seis diferentes bancos privados emitían billetes de distintas denominaciones de peso y a quienes el gobierno debía también importantes sumas de dinero.

Para entonces los países de Europa y Norteamérica gozaban ya de los frutos de la Revolución Industrial que se hacían evidentes en la provisión de servicios públicos tales como el transporte ferroviario, las carreteras, los servicios telefónicos y eléctricos, que eran la envidia de los gobiernos de países como el nuestro que, para aspirar a acortar la distancia que los empezaba a separar cada vez más de aquellas realidades, tenían que buscar fuertes empréstitos. Pero con su escasa vocación de ahorro, su reputación de ineficiencia y corrupción, así como su historial de incumplimiento de sus obligaciones financieras, los gobiernos latinoamericanos encontraban muy difícil que los capitalistas extranjeros (los decentes, claro está) estuvieran dispuestos a arriesgarse a darles préstamos. Y no había Banco Mundial que entrara al rescate.

En tales circunstancias el gobierno de Orellana sólo tenía dos opciones. Una era continuar en el desorden financiero y seguir cautivo de los financistas que también agobiaron al gobierno de Estrada Cabrera con préstamos onerosos y asfixiantes. La otra era reformar el sistema monetario, modernizar el fisco y fortalecer los sistemas contables del gobierno, con el propósito de reconstruir la reputación financiera del país y mejorar así la calificación crediticia a fin de tener acceso a préstamos en condiciones razonables; cuánto mejor si tales reformas las lideraba algún connotado académico estadounidense que diera credibilidad al proceso y que tuviera buenos contactos en Washington, D.C.

Orellana se decantó por la segunda opción y contrató al profesor Edwin Walter Kemmerer, a la sazón profesor de la Universidad de Princeton, quien se estaba ganando a pulso el sobrenombre de “Doctor Dinero” por sus labores de asesor estrella en los procesos de reforma monetaria y bancaria en varios países de Latinoamérica. Según se narra en su interesante biografía (escrita por su hijo Donald y cuyo ejemplar de la edición de 1993 llegó a mis manos gracias a la amabilidad de Mauricio Zachrisson, nieto del Ministro de Hacienda de Orellana que lideró la reforma), el profesor Kemmerer encontró en Guatemala un ambiente de intriga política y de lucha de intereses económicos muy poderosos (¿les parece conocido?), que con dificultad, perseverancia y argumentos técnicos logró superar. El plan de Kemmerer para reformar el sistema monetario y financiero del país, mediante el cual se adoptaba el patrón oro, se creaba una moneda a la par del dólar estadounidense, se limpiaba la deuda pública y se creaba una nueva moneda, fue finalmente aprobado por el gabinete de Orellana y devino ley de la República en noviembre de 1926. El Quetzal, nuestra moneda, cumple este mes 85 años y aún revolotea, causando de cuando en vez alguna polémica en círculos académicos, políticos y empresariales.

Lo Primero es Cumplir la Ley

En las sociedades desarrolladas, cuando se presentan problemas o surgen crisis que deben enfrentarse, lo primero que cruza la mente de quienes están a cargo de las políticas públicas es consultar el marco legal para guiar sus decisiones. En Guatemala, en cambio, parece que lo primero que se cruza por la mente de los dirigentes es inventarse una solución grandiosa, o por lo menos chilera, que les permita dar la impresión de estar haciendo un histórico aporte al progreso de la humanidad, todo ello sin importar qué marco legal exista para regir su accionar. Esta semana presento cuatro ejemplos que evidencian cuánto se recurrre a este expediente en nuestro país.
§ POLÍTICAS PÚBLICAS

LO PRIMERO ES CUMPLIR LA LEY
Las crisis tienden a despertar el ingenio y la inventiva de los humanos, lo cual suele resultar positivo para el progreso de la civilización. Empero, cuando se trata de políticas públicas, la reacción inicial ante cualquier crisis debería ser la de ubicarse en el marco legal vigente y sólo a partir de allí poner a trabajar le inventiva y el ingenio. De lo contrario, las decisiones que se adopten pueden conducir a la arbitrariedad o a la ineficiencia de la gestión pública. Para ilustrar el punto pensemos, por ejemplo, en la crisis alimentaria cuya solución, independientemente de las medidas paliativas y asistencialistas, debe empezar por alinear todas las acciones en función de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la que establece al Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional –CONASAN- como ente rector de todo lo relativo al tema y lo integra por el Vicepresidente de la República (quien lo debe coordinar), ocho ministerios, tres Secretarías de la Presidencia y representantes de la sociedad civil. Uno de los mandatos del CONASAN es diseñar y ejecutar un Plan Estratégico que ordene las distintas iniciativas en la materia; de manera que en el tema alimentario ya hay directrices establecidas en ley y no debería haber dónde perderse.
Igualmente, ante la crisis de seguridad han surgido múltiples propuestas y se han revelado incontables necesidades que deben ser atendidas por el Estado y que, siendo los recursos escasos, requieren de una priorización. Como primer punto de las agendas de seguridad debe figurar el estricto cumplimiento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad cuya máxima autoridad, el Consejo Nacional de Seguridad, está presidido por el Presidente de la República e integrado por el Vicepresidente, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de Gobernación, el Ministro de Defensa, el Secretario de Inteligencia Estratégica y el Procurador General de la Nación; el Consejo debe coordinar el diseño y aplicación de la Política Nacional de Seguridad donde se definen los cursos de acción para prevenir y combatir las amenazas que se presenten sobre las condiciones de vulnerabilidad de la sociedad y sus instituciones.
Una crisis más recientes es la emergencia ambiental suscitada en el lago de Atitlán, la cual debió haberse evitado si tan solo se hubiese cumplido con el mandato legal otorgado desde 1996 a la Autoridad para el Manejo Sustentable del lago –dependiente de la Vicepresidencia de la República- que tenía a su cargo planificar, coordinar y ejecutar las medidas de preservación de la cuenca de acuerdo con un plan de manejo integrado.
Otra crisis actual que puede mencionarse es la falta de recursos financieros líquidos que, por múltiples razones, está afectando las arcas gubernamentales y que está generando un intenso debate en el Congreso respecto de reorientar el uso de algunos préstamos externos para cubrir gastos corrientes. Tal debate es innecesario pues la Ley Orgánica del Presupuesto especifica claramente que “no se podrán realizar operaciones de crédito público para financiar gastos corrientes u operativos”.Estos son sólo algunos ejemplos que dejan en claro que, para enfrentar cualquier crisis, las políticas públicas deben empezar por cumplir lo que la ley manda.

OPINIÓN DEL LECTOR
Buenas tardes Mario, solo queria unirme a esta opinion que ilustras en tu columna del martesDonde el Aplicar las Leyes ya existantes, bastaria para un funcionamiento correcto del Pais y en varios casos permitiria resolver Grandes problemas actuales.Hasta la VistaCordiales Saludos Eric Malbrun

Otra Vez el Tipo de Cambio

En Guatemala hay una desmesurada preocupación por las fluctuaciones del tipo de cambio. Cuando éste sufre variaciones que en otros países serían de lo más normales y corrientes, aquí se publican titulares de prensa, editoriales, campos pagados, etcétera. Llega a ocurrir incluso, que entidades que tradicionalmente han defendido el libre mercado, como la Cámara de Comercio, aparecen pidiéndole al Estado que interfiera en el libre juego de la oferta y la demanda para detener la supuestamente exagerada depreciación cambiaria. El estimado colega Fernando Carrera, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) publicó la semana pasada una columna sobre el tema que invitaba a una discusión más profunda sobre el tema. Le tomé la palabra y escribí estas reflexiones que hoy les presento.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

OTRA VEZ EL TIPO DE CAMBIO

La tendencia acelerada al alza que ha mostrado el tipo de cambio en varios episodios del presente año ha generado diversas reacciones, a favor y en contra del accionar de las autoridades monetarias ante dichos movimientos cambiarios. Las reacciones van desde las críticas más acerbas del gremio de comerciantes (que, curiosamente, pide la intervención del banco central para que impida que las fuerzas del mercado cambiario operen libremente), hasta la complacencia silenciosa de los exportadores, pasando por diversos comentarios vertidos en las páginas de opinión de los medios escritos.

Entre estas últimas merece la pena mencionar la columna del colega Fernando Carrera del jueves pasado en elPeriódico, en la que describe las ventajas que la depreciación cambiaria tiene para los recipiendarios de remesas familiar, así como para los exportadores y la actividad del turismo receptor, a la vez que deja planteado el debate respecto del régimen monetario vigente, al sugerir que se sustituya el sistema de metas explícitas de inflación por un régimen de mini-devaluaciones.

Al respecto, es menester reconocer que la depreciación del valor del quetzal puede resultar muy conveniente en este momento, ya que en la coyuntura actual (con la demanda interna deprimida, con las limitaciones –o imposibilidades- históricas de la política fiscal para estimular la economía, y con el rezago con el que actúa la política monetaria), dicha depreciación es una bendición y una bocanada de oxígeno temporal para los exportadores, los recipiendarios de remesas y los empresarios del turismo. También vale la pena reiterar que los agentes económicos guatemaltecos se han malacostumbrado a un tipo de cambio muy estático por muchos años y, equivocadamente, creen que una moneda fuerte es el reflejo de una economía sana. Como sociedad, deberíamos entender que, si tenemos un régimen de tipo de cambo flexible, es evidentemente para que éste fluctúe (para arriba y para abajo) y los importadores y exportadores deberían hacer uso de los instrumentos que el mercado de futuros les ofrece para protegerse de dichas fluctuaciones.

Dicho esto, lo que resulta más polémico y arriesgado en la propuesta de Carrera es la creencia en que una política de devaluación permanente es una solución viable para estimular la actividad económica nacional. Ello implicaría tirar prematuramente al cesto de la basura el actual régimen de metas de inflación, que apenas está en las etapas iniciales de su aplicación. Más osado aún es plantear que dicho régimen se sustituya por el de mini-devaluaciones que ya ha sido probado desde hace décadas en muchos países, con mayor pena que gloria y que, inevitablemente (por definición y naturaleza), ha conducido en esos países a perder el control de la oferta monetaria y a perpetuar el aumento del nivel general de precios

El mayor riesgo que entraña este tipo de propuestas es que distraen la discusión de la agenda de políticas públicas, alejándola de las cuestiones que son verdaderamente claves para el desarrollo sostenible: cómo hacer que nuestra economía sea más productiva, más competitiva y más eficientes, pero con base en una mejora real de las capacidades de producción de los guatemaltecos, no mediante espejismos monetarios. En todo caso, el interesante debate propuesto por Fernando Carrera da, seguramente, para más.

Más Importante que el Petróleo

Pocas cosas hay peores que tomar una decisión sin contar con la información necesaria. Recientemente, el gobierno tomó la decisión de retirar el modestísimo apoyo que había ofrecido otorgar para el desarrollo del festival cultural denominado Fiestas de Octubre. Evidentemente, tal decisión la tomó sin saber que, además de cuanto la cultura puede aportar al perfeccionamiento del espíritu humano o a la consolidación del tejido social, las actividades culturales tienen una dimensión económica concreta, que se traduce en producción y consumo de bienes y servicios, así como en generación de empleos e ingreso. En el caso de Guatemala, el aporte de las industrias culturales a la economía es muy significativo pero, lamentablemente, muy pocas personas (incluso vinculadas al quehacer cultural) y casi ningún funcionario están conscientes de ello. La columna de esta semana es un llamado a que los guatemaltecos abramos los ojos a esta realidad que es, también, un gran oportunidad hasta ahora desaprovechada.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

MÁS IMPORTANTE QUE EL PETRÓLEO

El arte y las expresiones culturales producen placer. Se lo producen al creador de las obras, al artista, al genio. Pero también se lo producen al observador, al apreciador, al público. Éste llega a valorar tanto el gozo que le brindan tales expresiones, que está dispuesto a pagar por el privilegio de recibirlo. La expresión cultural tiene, pues, una dimensión económica que puede medirse. La producción de cualquier bien artístico es capaz de generar valor agregado y contribuir tangiblemente al aumento del producto interno bruto del país.

En Guatemala es lugar común decir que tenemos una enorme riqueza cultural. Lo que no es común es tratar de medir cuánto valor económico genera dicha riqueza. De acuerdo con un estudio realizado por el economista mexicano Ernesto Piedras, y que él mismo presentó hace algunos días en el marco de las Fiestas de Octubre, las actividades culturales que producen los guatemaltecos contribuyen con entre el 7% y el 9% del total de la producción del país (para el año 2007). Esto se refiere tanto al valor generado por las industrias culturales propiamente dichas, como a las actividades conexas (por ejemplo, el teatro sería una industria cultural a cuyo derredor se producen otras actividades complementarias que también generan valor, como la confección de trajes y escenarios, el uso de energía eléctrica, los servicios para los asistentes a las obras, etcétera). Dichos porcentajes indican claramente que las industrias culturales generan mucho más valor agregado que, por ejemplo, la actividad petrolera en Guatemala.

Lamentablemente, esta dimensión económica y productiva de la cultura tiende a ser minusvalorada o hasta ignorada a todo nivel. Los propios artistas no parecen estar conscientes de su rol como productores de bienes y servicios culturales, llegando algunos de ellos incluso a avergonzarse de cobrar por la venta de sus servicios (pinturas, poemas, performances), sin darse cuenta de que los mismos tienen una dimensión económica que se manifiesta en su capacidad de satisfacer las necesidades (de contemplación y gozo del arte) de los consumidores de esos productos.

Es una pena que en Guatemala no nos demos cuenta que, en materia de generación de valor agregado por parte de la cultura, estamos parados encima de una verdadera mina de oro sin explotar. Para darnos una idea, ese 7% o 9% del PIB generado por las industrias culturales en Guatemala es superior al porcentaje que tales actividades generan en otros países (6.7% en México, 1.7% en Chile, 3.0% en Argentina, por ejemplo). Y tales cifras solamente representan el flujo anual de valor económico generado por la cultura; es decir, no se refieren al valor del patrimonio cultural del país, sino solamente al valor que cada año produce la cultura.

Si a todo lo anterior agregamos el hecho evidente de que las actividades culturales tienen consecuencias positivas que trascienden, por mucho, su dimensión económica, como claramente lo evidencian sus efectos positivos sobre el tejido social, la identidad nacional o los valores sociales, debería ser incuestionable que los modestos Q7 millones que el Ejecutivo había asignado para apoyar el festival cultural de las Fiestas de Octubre, y que después decidió ya no aportar, no constituían un gasto superfluo sino, al contrario, una eficiente inversión que, de haberse realizado, habría contribuido a reactivar la alicaída economía nacional.

Agenda de Seguridad

"A Dios rogando, y con el mazo dando" dice el adagio castellano que bien se aplica a la situación de las políticas públicas de seguridad en Guatemala. Todo el mundo sale con su propuesta de políticas, pero nadie está en el negocio de hacerlas realidad, de gestionarlas, de ejecutarlas, de impulsarlas, de evaluarlas, de mantenerlas en el tiempo... Parece mentira, pero la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad es ley de la República desde hace más de un año, pero sus disposiciones (que constituyen una genuina agenda de seguridad) no han sido respetadas por nadie (gobierno central, organismo legislativo o sociedad civil). Ya basta, por Dios, de perder el tiempo inventando el agua azucarada con nuevas propuestas de agenda de seguridad. Centraos en cumplir la ley, y todo lo demás se os dará por añadidura.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

AGENDA DE SEGURIDAD

La grave situación que vive nuestro país en materia de seguridad y justicia ha hecho que surjan diversas propuestas para mejorar las políticas y las instituciones que se relacionan con este tema. Por ejemplo, desde hace varias semanas están en elaboración unas llamadas hojas de ruta para impulsar y dar seguimiento al Acuerdo Nacional de Seguridad del Organismo Ejecutivo. Asimismo, la semana pasada se llevó a cabo la sexta edición del Encuentro Nacional de Empresarios –ENADE 2009- con la participación líderes de la sociedad y representantes de los tres organismos del Estado, donde se presentó una propuesta de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala –FUNDESA- con acciones para fortalecer las instituciones de seguridad y mejorar el sistema de justicia en el país.

Estos esfuerzos, loables y necesarios, no debiesen distraer la atención de las medidas básicas que deben constituir la agenda de seguridad y que deben comenzar por el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria pendiente de ejecutarse en materia del Sistema Nacional de Seguridad. A guisa de ilustración puede mencionarse que, desde su aprobación en 2008, la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad ordena la creación de una Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad, como responsable de velar por el cumplimiento de los controles internos del sistema y rendir informes al Consejo Nacional de Seguridad, misma que, según la ley, debería coordinar funcionalmente su trabajo con las instancias de control e inspectorías de los ministerios e instituciones que conforman el Sistema para garantizar la eficacia de la organización, el respeto a la legalidad en sus actividades y la transparencia en el empleo de los recursos asignados. El nombramiento del jefe de dicha inspectoría, que debió haberse efectuado hace tiempo, requiere que se emita un reglamento que regule su operatoria, tema en que la sociedad civil debería permanecer especialmente vigilante.

Otra acción pendiente es la integración de la Comisión de Asesoramiento y Planificación de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, que deberá integrarse por profesionales nombrados por el Presidente de la República a propuesta del Consejo Nacional de Seguridad. Asimismo, el Sistema requiere que se emita una Política Nacional de Seguridad a propuesta de la Secretaría Técnica de dicho Consejo. También debe formularse una Agenda Estratégica de Seguridad, a propuesta de la Comisión de Asesoramiento, así como una Agenda de Riesgos y Amenazas, que debe ser propuesta por la Secretaría de Inteligencia del Estado, y el Plan Estratégico de Seguridad, que debe ser formulado por la Comisión de Asesoramiento y aprobado por el Consejo. Al mismo tiempo, la ley manda establecer un sistema de carrera de seguridad e inteligencia que requiere la creación del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad

Finalmente, el Congreso también tiene una responsabilidad clave a través de la Comisión Específica de Asuntos de Seguridad Nacional e Inteligencia, a la que corresponde evaluar el funcionamiento integral del Sistema Nacional de Seguridad –empezando por analizar los informes que debe rendirle el Consejo Nacional de Seguridad-, y estar enterada de todos los instrumentos aquí mencionados. Esta agenda mínima no hace falta inventársela; es un mandato legal.

¡INJUSTICIA!

Esta semana, mi columna de prensa apareció en blanco, al igual que la de muchos otros columnistas guatemaltecos que, de esa manera, protestamos contra la inapropiada manera en que el Congreso eligió a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Los diputados alegaban que no hubo nada ilegal en los nombramientos, y creo que tienen razón. El punto es que no se trata solamente de la legalidad, sino que (principalmente) de la legitimidad de la elección, así como de que la manera precipitada y oscura en que se realizó la misma en nada contribuye al fortalecimiento de las instituciones de justicia del país. La presión de la sociedad civil, de la CICIG (con todo y sus ambigüedades e improvisaciones), de la prensa independiente y de la comunidad internacional está haciendo posible que los diputados corrijan los errores cometidos. El Congreso y el País entero tienen mucho en juego en este proceso. Es esencial que estemos todos vigilantes, porque es nustro país y, como ciudadanos, debemos ser protagonistas y no sólo observadores de su futuro.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

INJUSTICIA

Microfinanzas Frente a la Crisis Mundial

Las microempresas han estado recibiendo un impulso clave (mediante el otorgamiento de préstamos y de otros servicios financieros) por parte de las instituciones de microfinanzas, lo que les ha permitido desarrollarse y prosperar. Por desgracia, las instituciones de microfinanzas no han estado exentas de sufrir los rigores de la crisis económica mundial, tanto por el lado de sus fuentes de financiamiento (las remesas y los préstamos externos) que se han reducido, como por el lado de los clientes (al caer la actividad económica y las remesas se deteriora la capacidad de pago de sus clientes). La semana pasada tuve el honor de participar en un foro sobre este tema, a lo cual me refiero en la opinión publicada en Siglo XXI esta semana. Aquí les va...

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

MICROFINANZAS FRENTE A LA CRISIS MUNDIAL

El considerar a los pobres o a los tradicionalmente excluidos del mercado (como, por ejemplo, las mujeres del área rural) como clientes potencialmente rentables, en vez de verlos como sujetos necesitados de caridad, ha sido el enfoque que ha hecho de las microfinanzas una actividad extraordinariamente dinámica en Guatemala y en el mundo entero durante las últimas dos décadas. La crisis económica mundial, sin embargo, ha tenido un fuerte impacto sobre las remesas familiares, el turismo, las exportaciones y los flujos de crédito hacia los países en desarrollo, afectando negativamente los segmentos del mercado atendido por las instituciones de microfinanzas. En ese contexto, la semana pasada fui invitado a participar como panelista en una discusión sobre cómo deben afrontar estas instituciones la actual crisis, todo ello en el marco del Cuarto Congreso Regional de Remesas, Microfinanzas y Bancarización.

En dicho foro se discutió que, aunque la instituciones de microfinanzas son muy diversas (las hay lucrativas y no lucrativas, las que reciben depósitos del público y las que no lo hacen, las que dependen de donaciones externas y las que son autosuficientes, las que son bancos y las que son ONGs), la creciente integración de esta actividad en las corrientes financieras internacionales ha generado una mayor vulnerabilidad de tales instituciones ante los ciclos económicos mundiales y los riesgos de que sus carteras se deterioren ha aumentado ante los efectos de la crisis. Una primera lección que surge de la actual coyuntura es que las entidades de microfinanzas que han logrado capear el temporal más fácilmente son aquellas que contaban con una solidez patrimonial holgada antes de la crisis, al igual que aquellas que han descansado en fuentes locales para la obtención de recursos prestables, ya que las fuentes externas se han restringido durante la crisis, generando mayores riesgos de volatilidad de la liquidez y de la tasa de interés, así como un mayor riesgo cambiario.

Lo anterior conduce al debate acerca de si las entidades de microfinanzas deberían o no estar facultadas para recibir depósitos del público o si mejor deberían actuar en alianza con los bancos comerciales, captadores de depósitos por antonomasia. En cualquier caso, el marco legal que regula las microfinanzas en Guatemala no es el más apropiado para enfrentar una crisis como la actual, y su modernización es una labor pendiente que está durmiendo innecesariamente el sueño de los justos en las comisiones legislativas.

Por otra parte, la reducción del flujo de remesas familiares puede estar afectando la capacidad de pago de muchos usuarios de microcrédito, lo cual podría redundar en un deterioro de la calidad de la cartera crediticia de las entidades de microfinanzas, razón de más para fortalecer su capital, diversificar su clientela y modernizar su marco legal pero, sobre todo, para encontrar fórmulas que permitan renegociar los créditos en condiciones satisfactorias tanto para los usuarios como para las entidades prestamistas, a manera de evitar que los atrasos se conviertan en impagos absolutos. En este campo el rol de los burós de crédito (en los que las entidades de microfinanzas pueden intercambiar referencias de sus potenciales clientes) se vuelve fundamental y clama por su institucionalización y su efectiva regulación.