Agenda de Seguridad

"A Dios rogando, y con el mazo dando" dice el adagio castellano que bien se aplica a la situación de las políticas públicas de seguridad en Guatemala. Todo el mundo sale con su propuesta de políticas, pero nadie está en el negocio de hacerlas realidad, de gestionarlas, de ejecutarlas, de impulsarlas, de evaluarlas, de mantenerlas en el tiempo... Parece mentira, pero la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad es ley de la República desde hace más de un año, pero sus disposiciones (que constituyen una genuina agenda de seguridad) no han sido respetadas por nadie (gobierno central, organismo legislativo o sociedad civil). Ya basta, por Dios, de perder el tiempo inventando el agua azucarada con nuevas propuestas de agenda de seguridad. Centraos en cumplir la ley, y todo lo demás se os dará por añadidura.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

AGENDA DE SEGURIDAD

La grave situación que vive nuestro país en materia de seguridad y justicia ha hecho que surjan diversas propuestas para mejorar las políticas y las instituciones que se relacionan con este tema. Por ejemplo, desde hace varias semanas están en elaboración unas llamadas hojas de ruta para impulsar y dar seguimiento al Acuerdo Nacional de Seguridad del Organismo Ejecutivo. Asimismo, la semana pasada se llevó a cabo la sexta edición del Encuentro Nacional de Empresarios –ENADE 2009- con la participación líderes de la sociedad y representantes de los tres organismos del Estado, donde se presentó una propuesta de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala –FUNDESA- con acciones para fortalecer las instituciones de seguridad y mejorar el sistema de justicia en el país.

Estos esfuerzos, loables y necesarios, no debiesen distraer la atención de las medidas básicas que deben constituir la agenda de seguridad y que deben comenzar por el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria pendiente de ejecutarse en materia del Sistema Nacional de Seguridad. A guisa de ilustración puede mencionarse que, desde su aprobación en 2008, la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad ordena la creación de una Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad, como responsable de velar por el cumplimiento de los controles internos del sistema y rendir informes al Consejo Nacional de Seguridad, misma que, según la ley, debería coordinar funcionalmente su trabajo con las instancias de control e inspectorías de los ministerios e instituciones que conforman el Sistema para garantizar la eficacia de la organización, el respeto a la legalidad en sus actividades y la transparencia en el empleo de los recursos asignados. El nombramiento del jefe de dicha inspectoría, que debió haberse efectuado hace tiempo, requiere que se emita un reglamento que regule su operatoria, tema en que la sociedad civil debería permanecer especialmente vigilante.

Otra acción pendiente es la integración de la Comisión de Asesoramiento y Planificación de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, que deberá integrarse por profesionales nombrados por el Presidente de la República a propuesta del Consejo Nacional de Seguridad. Asimismo, el Sistema requiere que se emita una Política Nacional de Seguridad a propuesta de la Secretaría Técnica de dicho Consejo. También debe formularse una Agenda Estratégica de Seguridad, a propuesta de la Comisión de Asesoramiento, así como una Agenda de Riesgos y Amenazas, que debe ser propuesta por la Secretaría de Inteligencia del Estado, y el Plan Estratégico de Seguridad, que debe ser formulado por la Comisión de Asesoramiento y aprobado por el Consejo. Al mismo tiempo, la ley manda establecer un sistema de carrera de seguridad e inteligencia que requiere la creación del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad

Finalmente, el Congreso también tiene una responsabilidad clave a través de la Comisión Específica de Asuntos de Seguridad Nacional e Inteligencia, a la que corresponde evaluar el funcionamiento integral del Sistema Nacional de Seguridad –empezando por analizar los informes que debe rendirle el Consejo Nacional de Seguridad-, y estar enterada de todos los instrumentos aquí mencionados. Esta agenda mínima no hace falta inventársela; es un mandato legal.