Edad de Jubilación

Me sorprende la ingenuidad de los grupos de presión que, acostumbrados como están a la protesta pública con la que obtiene imagen para recibir dinero de los donantes, se oponen a todo lo que suene a reforma "neoliberal", sin darse cuenta que muchas veces, al hacerlo, sólo precipitan o agravan las crisis para el beneplácito de quienes en verdad proponen agendas más radicales de reducción del Estado. Claro ejemplo de ello es el caso del programa de jubilación (Invalidez, Vejez y Sobrevivencia -IVS-) del IGSS, el cual debe ser ajustado en sus parámetros para prolongar su vida, lo cual implica la necesidad de elevar la edad de jubilación. Si tal ajuste no se hace, el programa puede entrar en una crisis cuya solución pondrá la disyuntiva entre dejarlo que colapse o aceptar su privatización. Por Dios: hay que saber a qué se opone uno, no vaya a ser que esté matando a la gallina de los huevos de oro. Aquí les va mi artículo...
§ POLÍTICAS PÚBLICAS

EDAD DE JUBILACIÓN

La intención del IGSS, anunciada recientemente, de aumentar la edad a la cual sus afiliados pueden jubilarse ha generado inquietudes y reacciones de parte de ciertos sectores de la sociedad civil organizada. La mayoría de tales reacciones se produce de buena fe, por lo que ameritan una explicación del porqué es necesario revisar la edad de jubilación. La idea original de la jubilación es que las personas puedan disfrutar con relativa tranquilidad los últimos años de su existencia, luego de una vida de trabajo; en la práctica lo que ha estado ocurriendo en la mayoría de países, es que esos últimos años se están extendiendo más allá de la veintena, lo que implica un enorme esfuerzo financiero para las entidades que administran los fondos provisionales.
Por ello muchos países han estado aumentando la edad de jubilación, mientras que otros están debatiendo incluso si debe existir tal edad límite y si convendría que se accediera a la jubilación de forma gradual (reduciendo paulatinamente las hora o días trabajados). Esta es una realidad mundial de la que, al parecer, algunas personas y grupos en Guatemala no conocen y se oponen mecánicamente a este tipo de ajustes que, técnicamente, resultan necesarios. Los sistemas de pensiones de reparto, como el guatemalteco, han sido viables hasta ahora solo porque, por razones demográficas, el número de contribuyentes es superior al de pensionados. Sin embargo, la transición demográfica hará que, inevitablemente, el número de trabajadores por jubilado caiga 8 (dato para 2005) a 3 (en 2050, aproximadamente).
Cabe reflexionar que el programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia del IGS no sólo es un pilar importante en la “red de protección” que ayuda a preservar la armonía social, sino que, desde el punto de vista macroeconómico, es una vertiente importante del ahorro nacional. Además, no hay que olvidar que el IVS es una institución estatal, por lo que cualquier daño a su sostenibilidad financiera puede tener eventualmente repercusiones fiscales. La reducción de la edad de pensionamiento, que con fundamentos poco serios se redujo a 60 años no hace mucho, amenaza la sanidad financiera del programa. Valuaciones actuariales del IGSS demuestran que, para preservar el equilibrio financiero del IVS, la edad mínima de jubilación debe ser de 65 años; de lo contrario, se pierde el delicado equilibrio que debe existir entre los ingresos (aportes patronales y laborales) y las obligaciones (pensiones presentes y futuras), con lo que se pone en alto riesgo la sostenibilidad del programa. Cabe recordar que las decisiones en cuanto a edad de jubilación se toman con base en estudios actuariales y no por razones políticas o de beneficencia. Por ello la Ley Orgánica del IGSS lo faculta a modificar las condiciones de los beneficios que otorga, aclarando explícitamente que estos no constituyen “derechos adquiridos”.Eso sí, las autoridades del IGSS deben procurar el respaldo público a esas reformas, para lo cual deberían, entro otras acciones, publicar los análisis actuariales que expliquen la magnitud del problema y los costos de la inacción, al tiempo de enfatizar que más vale una reforma moderada y gradual hoy, que una reforma brusca y radical cuando el programa esté al borde de la quiebra mañana.

Opinión del lector

JOSUE AUGUSTO PEREZ FIGUEROA - Guatemala
El programa IVS esta por colapasar el Gobierno y las Municipalidades y demas entidades desencratilzadas no pagan sus cuotas. Segun se saben deben miles de millones o talves millones de millones, a eso hay que agregar el sangrado que le hacen muchos exfuncionarios del IGSS que se recetan fabulosas pensiones, ademas de la imbecil decision de los trabajadores de eludir su propia contribucion en contubernio con los patronos. No comprender el alcance del programa del IGSS, por parte de los que trabajan en el IGSS y por parte de los que estamos fuera del IGSS, es caer en la desgracia: Viejos, sin hijos que amen a sus padres, una sociedad y juventud que detesta a los viejos y unos viejos que no supieron ahorrar para su vejez. son problemas sociales, no socialistas, que hay que resolver con agudeza politica porque todos nos oponemos a guardar para nuestra vejez pensando que no llegaremos a serlo y despreciando a los que superan los 60 anos de edad.En fin, no sabemos que nos conviene. Solo sabemos pedir cuando no tenemos pero estamos incapacitados para saber que es lo mejor. El pobre solo piensa para el momento y no quiere o no puede pensar ni siguiera para manana, mucho menos para un plazo de 40 anos, que acaso no los viva.La edad de 60 anos para jubilarse es un derecho laboral adquirido. Ya hay un fallo de la Corte de Constitucionalidad al respecto.NUEVA GUATEMALA DE LA ASUNCION

adolfo barrera Ortiz - guatemala
Todos aspiramos la estabilidad financiera de la seguridad social en Guatemala, en especial del fondo de pensiones. Siempre solo las crisis exacerban las emociones y las pasiones. En primer lugar estimo que el dilema de la edad de retiro, no es un asunto sólo matematico, tiene que ver con el clima laboral y la coyuntura. En Guatemala la edad es una maldición, no existen opciones de aprovechamiento de capacidades y vocaciones productivas, especialmente con la crisis de desempleo. Entonces los limites a las refomas, deben de considerar factores ciclicos. Este momento es el peor para considerar las reformas, quizá postergarlo cuando la economía y la generación de empleo hayan alcanzado su normalida. Pero además, deben de corregirse los grandes hoyos de corrupción, que es lo que más debilita los equilibrios financieros. En el IGSS los funcionarios de alto nivel se jubilan con las pensiones del último salario devengado, algunas veces significan hasta 50 salarios mínimos mensuales. A ello agreguemos el privilegio de excluir a los funcionarios de alto nivel del Estado de la obligación de contribuir al régimen del seguro social. Por eso Mario A. García Lara, si somos responsabales debemos de esforzarnos un poco más para reducir o eliminar todas las formas de inequidad social y el régimen de privilegios, si es que queremos hacer nuestro mejor esfuerzo por construir la democracia real real en Guatemala.ADOLFO BARRERA O.U22, 32,206

ROBERTO LOPEZ PORRAS - Guatemala
LA SEGURIDAD SOCIAL DE GUATEMALA. En países donde hay un endémico desempleo , la jubilaciópn temprana afecta negativamente al personal activo. La jubilación regularmente representa un cuarenta o menos por ciento del salario último o del promedio de salarios de los últimos cinco o diez años. Es un buen negocio para los trabajadores trabajar hasta los 65 años y tambien lo es para la entidad aseguradora en este caso el IGSS. Los Planes de Jubilación están calculados de acuerdo a parámetros que toman en cuenta la expectativas de vida, el envejecimiento de la sociedad en general, la rentabilidad del Fondo de Jubilaciones y la política laboral de la empresa o del país. En todo el mundo, la edad de contratación en promedio es de treinta y cinco años o menos, ello hace suponer que las empresas tienen una estructura laboral con un porcentaje mayor de gente joven trabajando, lo cual es favorable para los Planes de Jubilación. La seguridad social de Guatemala comparada con países Europeos donde la proporción de gente adulta es mayor que la de gente joven y donde la tasa de natalidad es negativa. Aquellas sociedades tienen una política de seguridad social muy diferente a la nuestra y tambien las cuotas son mucho más altas. En Estados Unidos el Seguro Social tiene una política flexible en cuanto a la edad de jubilarse y tambien en cuanto a las cuotas, con un mínimo de edad de 55 años y cuarenta semanas de trabajo, pero con una obligatoriedad de retirarase a los senta y cinco años, naturalmente que a menor tiempo de trabajo corresponde una menor jubilación. Técnicamente la decisión del IGSS de aumentar la edad de jubilación está dentro de los parámetros de previsión para mantener solvente el Fondo de Jubilaciones y garantizar sus obligaciones, asi el ajuste de la edad para jubilarse está justificado, pero tambien es justificado el ajuste de las cuotas las cuales deben tener relación legítima con las prestaciones que el Seguro otorga a sus afiliados. En general creo que el Seguro Social Guatemalteco debiera expandir su cobertura a más población y que abriera una ventana para que las empresas, con anuencia de su planta laboral y bajo una reglamentación básica financiera, puedan crear sus propios Fondos de Seguridad Social incluyendo los Planes de Jubilación, coordinados con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Ello permitiría ampliar la cobertura a todo el país y a toda la población que trabaja en la economia formal e informal.

Luis Alfredo Aragón D. -
El enfoque de este artículo es muy interesante, porque le da una perspectiva diferente de lo que se acostumbra a conocer. Sin embargo no se toma en consideración mucho de lo que se ve mal, como el desfalco de 350 millones que nunca se recuperará, además de las ridículas sentencias a los responsables que han estado recobrando su libertad y la corrupción que tradicionalmente ha existido en el IGSS.Los políticos han considerado un botin poniendo a sus amigotes,agotando los recursos del fondo, principiando porque ni el poder ejecutivo ha pagado sus cuotas patronales y las laborales de los empleados, desde hace más de 4 décadas, al extremo que ahora se debate si los altos funcionarios debieran pagar sus contribuciones, sin excepción alguna. No es asunto solo de carácter actuarial. Nos olividamos del mal servicio, y que las pensiones no alcanzan para retirarse y vivir de ellas,hay que seguir trabajando. No existe un mercado que le permita al usuario a buscar opciones para retirarse, que no sea por el IGSS.

Marta J. Garcia - Guatemala
No es tan así. Primero, el gobierno de Cerezo descontroló a los programas del IGSS al aprobar el Decreto 78-89 (bonificación incentivo que no paga cuotas), con el cual dicho IGSS dejó de percibir 60% de sus ingresos anteriores; por tanto sería fácil fortalecer a éste, con la simple derogatoria de tan aberrante Ley, pero nadie le hace ánimo a una iniciativa de esa clase. Segundo, si los trabajadores se hubieran dejado, desde hace 11 años (1998) tuvieran el cambio gradual de edad hacia los 65, pero el tiempo les dió la razón al no dejarse amedrentar por un asustamiento con petate de muerto -estudio actuarial-: dijeron que ya por esta época, el IVS estaría en quiebra si no se aumentaba la edad y fue pura mentira. Tercero, los derechos de jubilarse a los 60 sí son "adquiridos" no solo porque así lo GARANTIZA la Constitución sino debido a la doctrina establecida en sentencia de la CC emitida contra la primera intentona de aumentar la edad; por lo cual tal aumento solo es válido PARA LOS NUEVOS TRABAJADORES que todavía no tienen esos derechos adquiridos. Quiere decir que si los del IGSS no dejan establecido un artículo que especifique que afecta solamente a los nuevos laborantes afiliados, no habrá forma leguleyesca o retórica de que logre convencer a la CC, porque no solo tiene sabios magistrados sino que fue creada precisamente para hacer que la Constitución SE RESPETE.

El Disenso de Washington (y II)

Les dejo la segunda parte de mis reflexiones sobre el mito del "gran complot del Consenso de Washington en contra de los pueblos latinoamericanos". Sale...

§ POLÍTICAS PÚBLICAS
EL DISENSO DE WASHINGTON (y II)

Las diez reformas que componen el Consenso de Washington nunca fueron, en la práctica, aplicadas totalmente en ningún país latinoamericano, y Guatemala no fue la excepción. En la primera de ellas, la disciplina fiscal, nuestro país siempre ha mostrado (excepto en los años de Lucas) un aceptable récord de déficits moderados, aunque con un pobre desempeño en materia de recaudación y de capacidad de pago, lo que denota una debilidad estructural que sigue sin solucionarse, lo que implica que el Consenso de Washington solo se aplicó parcialmente en este campo.
La segunda reforma del Consenso se refiere a la focalización del gasto público en salud, educación e infraestructura; al respecto, el fisco sigue mostrando una alta concentración en gasto corriente, con tremendas limitaciones legales que rigidizan el manejo de los gastos y muy modestos avances en gasto social, lo que implica que el Consenso en este campo nunca se aplicó verdaderamente. La tercera reforma, la tributaria, tampoco sugiere que haya habido gran entusiasmo por aplicar el Consenso de Washington en nuestro país, pues luego de muchas reformas, se ven aún pocos resultados con una base tributaria muy restringida y un sistema de tasas complejo. La cuarta reforma, relativa a tasas de interés libres, fue de las pocas que se adoptó totalmente en la década de los noventas, si bien la reforma prudencial se pospuso algunos años y otras reformas (como la de microfinanzas) están aún pendientes.
Respecto a la quinta reforma sugerida por el Consenso de Washington, lograr un tipo de cambio competitivo, si bien en Guatemala se liberalizó el mercado cambiario, nunca se impulsó explícitamente una política de tipo de cambio competitivo. En cuanto a la liberalización del comercio exterior, la sexta reforma, en nuestro país se redujeron los aranceles prontamente, aunque con lentos avances en materia de tratados de libre comercio en los años noventa, por lo que podría afirmarse que sí se cumplió por el lado de las importaciones, aunque no tan claramente del lado de las exportaciones y del acceso a mercados. La séptima reforma del Consenso promulgaba la apertura a la inversión extranjera directa; en Guatemala se fue más allá al abrir temerariamente la cuenta de capital (antes de aprobar la reforma financiera prudencial) sin que, a fin de cuentas, aumentara la inversión extranjera directa porque hicieron falta incentivos en materia de trámites y de clima de negocios en general.La privatización de empresas estatales, la octava reforma del decálogo, se aplicó plenamente, aunque nuestro estado enano nunca tuvo realmente gran cosa que vender excepto la telefónica y la distribución eléctrica. En cuanto a la desregulación de mercados, la novena reforma, salvo en el sector financiero, no se distendieron las barreras al ingreso a los mercados ni se relajaron las barreras a la salida de los mercados. Finalmente, la reforma que urgía a fortalecer los derechos de propiedad tuvo algunos avances en materia de registro de la propiedad, pero persistió la informalidad y la ausencia de normas y procedimientos para hacer cumplir los derechos de los propietarios y de los acreedores. Pareciera que más que un exceso de Consenso de Washington, hubo en Guatemala (y en la mayor parte de Latinoamérica) una falsa aplicación del mismo.

Opinión del lector


Ramiro Enriquez - Guatemala
En mi caso yo tenia una linea telefónica propia registrada a mi nombre y el gobierno de Arzu se la vendio a Telgua y me quede sin nada.Esto es la privatización de empresas estatales, aqui en Guatemala se aplico plenamente. Vendieron hasta lo que no era de ellos.


ROBERTO LOPEZ PORRAS - Guatemala
EL DECALOGO DEL CONSENSO DE WASHINGTON, sigue teniendo vigencia, aunque hoy esté en contradicción con los llamados países alineados a la linea ideológica del Socialismo Chavista, que ven en dicho Consenso la mano del neoliberalismo, una palabra usada para sustituir al imperialismo que quedó desprestigiado. Debe entenderse que este Decálogo es solo una guia para los países democráticos y no para los países con tendencias dictatoriales que intentan repetir las experiencias fallidas del capitalismo de Estado y la economia regimentada del siglo pasado en Europa, Asia y América. Es sensato hablar de una disciplina fiscal, de la inversion en los ramos de salud, educación y en infra-estructura, de una política tributaria realista, la apertura del sector financiero hacia la liberalización de las tasas de interés, de las tasas de cambio, la apertura del comercio exterior, la inversión extranjera, la liberalizacion de los mercados, el fortalecimiento delñ Estado de derecho y los derechos de propíedad. En el caso de Guatemala, este Decálogo está dentro del marco Constitucional y es un buen programa tentativo de desarrollo, sin embargo, su aplicación depende mucho de la capacidad del Gobierno el orden político, economico, financiero y social para desaarrollarlo y requiere quizá varias décadas de esfuerzo persistente, pero cobra importancia por su potencialidad para alcanzar con realismo y lógica, el desarrollo económico y social de los países que lo usen, dentro de los principios democraticos.

El Disenso de Washington (I)

Otro de los mitos de la cultura populista es el que define y entiende al llamado "Consenso de Washington" como una gran confabulación de las fuerza fascistas y ultraconservadoras del contienente americano para aplicar políticas públicas tendientes a mantener subyugadas a las grandes mayorías desposeídas y a mantener los grandes beneficios económicos de las perversas transnacionales estadounidenses. En esta entrega (y en la próxima) trato de desmitificar el Consenso, el cual me sigue pareciendo un planteamiento académico razonable que nunca llegó a aplicarse realmente en nuestros países. Ahí les va...

§ POLÍTICAS PÚBLICAS
EL DISENSO DE WASHINGTON (I)
El otro día un amigo abogado opinaba que la crisis económica internacional era una evidencia clara de que el conjunto de políticas llamado “Consenso de Washington” había sido un sonoro fracaso. Traté infructuosamente de explicarle cuán poco tenía que ver una cosa con la otra; al final, acordamos seguir profundizando sobre el tema y surgió la posibilidad de escribir una columna (que en realidad serán dos), donde pueda aclarar que el famoso Consenso no es lo que dicen que es, ni tuvo nunca los poderes extraordinarios que se le atribuyen para causar los efectos que dicen que causó.
En Consenso nació en 1989, cuando el Instituto para la Economía Internacional, con sede en Washington, convocó a una conferencia para economistas latinoamericanos, a quienes se les pasó un cuestionario (redactado por John Williamson) que resumiera el conjunto de medidas que haría falta aplicar en la Región para minimizar las crisis y acelerar el crecimiento económico. Una lista de medidas surgió de esa encuesta en forma de 10 reformas básicas que se bautizaron como “Consenso de Washington” (que es, pues, el resultado de un ejercicio académico, no de un complot internacional).
Las diez reformas eran (1) disciplina fiscal que evitara los grandes déficits que condujeron a las crisis cambiarias e inflacionarias de los ochenta; (2) focalización del gasto público hacia el crecimiento y el combate a la pobreza, lo que implicaba quitar subsidios sectoriales y priorizar gastos en salud, educación e infraestructura; (3) reforma tributaria que ampliara la base con tasas marginales moderadas; (4) liberalización de las tasas de interés (no hablaba de liberalización financiera); (5) tipo de cambio competitivo; (6) liberalización del comercio exterior; (7) apertura a la inversión extranjera (no del total de la cuenta capital de la balanza de pagos); (8) privatización de empresas estatales; (9) desregulación de los mercados (sin abolir normas pro-competencia); y, (10) fortalecimiento de los derechos de propiedad para incentivar la formalidad y el emprendedurismo.Se trataba, pues, de un consenso amplio (con excepción quizá de la medida 5) entre economistas latinoamericanos traumados por la llamada década perdida; el conjunto de reformas incluidas en la lista era coherente, pero obviamente incompleto: no mencionaba políticas anticíclicas, ni el combate a la pobreza o a la inequidad, y hacía abstracción de las realidades institucionales de los distintos países. No era, como erradamente suele afirmarse, un manifiesto “neoliberal” pues brillaban por su ausencia muchas de las recetas neoliberales como el monetarismo, las tasas tributarias bajas, la reducción del estado, o la libre movilidad de capitales. Un grave error cometido por diversos funcionarios gubernamentales y de organismos financieros internacionales fue atribuirle al Consenso un poder que estaba lejos de poseer, pues éste no fue formulado para convertirse en la “receta” mágica a seguir, ni pretendía ser el conjunto de “mejores prácticas” o de los diez mandamientos de la política económica. A lo sumo, era un mínimo común denominador de las políticas consideradas urgentes en la Latinoamérica de 1990 y que, en la práctica, nunca fue aplicado en su totalidad, como veremos en la siguiente entrega cuando toquemos el caso de Guatemala.

Opinión del lector

Alvaro Velásquez - guatemala
en efecto,asi ocurrió, pero luego este recetario cuyo fin era hacer un menu que atrajera tanto a liberales como conervadores en EE.UU, luego fue adoptado por el FMI, el BM y el Departamento del Tesoro, por lo que en el marco de la globalizacion y la urgente necesidad de movilidad de capitales, terminó imponiéndose en aquellos países con problemas macroeconómicos y como una condicion para acceder a creditos internacionales, y también para certificarles si estabane en la onda del libre mercado o del estatismo....

¿Se salvará El Salvador?

Luego de una ausencia por vacaciones (los ecnomistas lúgubres también las merecemos), reanudo las entregas de este blog con la columna que publiqué en Siglo XXI el 23 de junio, relacionada con la situación económica en El Salvador que, a mi juicio, es bastante más grave de lo que los guatemaltecos creemos y que puede, por lo tanto, afectarnos en el futuro cercano. Hay que reconoceer que los salvadoreños han sido muy exitosos en vender la idea de que su economía está muy bien y de que han hecho un gran trabajo de reformas estructurales que los pone a la vanguardia de Centroamérica. Las cifras objetivas, sin embargo, no respaldan esa idea, no obstante lo cual el mito de que la economía salvadoreña es más fuerte y avanzada que la guatemalteca persiste en la opinión pública, tal como se puede apreciar en los comentarios que los respetables lectores hacen al final de mi columna. Ahí les va...
§ POLÍTICAS PÚBLICAS

¿SE SALVARÁ EL SALVADOR?

La calificación crediticia de El Salvador sufrió un duro revés la semana pasada cuando Fitch (una de las agencias calificadoras internacionales) no sólo la degradó sino que le dio una perspectiva negativa debido al deterioro e incertidumbre política y económica que manifiesta ese país. El impacto que sobre la economía salvadoreña está teniendo la recesión de los Estados Unidos en mucho mayor que el que se produce sobre Guatemala, no sólo en razón de la reducción de los flujos de capital, de las remesas familiares y de las exportaciones, sino también en razón de la rigidez que entraña una economía oficialmente dolarizada.
Los apuros por los que atraviesa El Salvador son similares a los que enfrentó Argentina a principios de esta década o a los que ahora mismo enfrentan países con tipo de cambio fijo, como Letonia: una recesión (el PIB salvadoreño caerá más de 2.5% este año) generada por un shock internacional, una brusca caída de los flujos de capital hacia el país, y un aumento acelerado del déficit fiscal, de la deuda y del déficit externo. La receta usual para enfrentar este tipo de crisis es una depreciación real del tipo de cambio que restaure rápidamente la competitividad del país; sin embargo, El Salvador no puede hacer uso de tal herramienta porque no tiene moneda qué devaluar y, por ende, la solución sólo puede darse mediante un doloroso ajuste de precios relativos vía una deflación y una caída en los salarios nominales, lo cual implica exacerbar la recesión y empeorar la pobreza.
También las autoridades salvadoreñas deberán adoptar medidas drásticas de recorte del gasto público y de aumento de ingresos tributarios si pretenden reducir el déficit fiscal que rebasará el equivalente al 5% del PIB. Pero ambos tipos de medida son políticamente complejos, particularmente para un gobierno nuevo y sin clara mayoría parlamentaria, debilidades éstas que también dificultarán la aprobación parlamentaria de los cuantiosos préstamos externos que resultan imprescindibles para que la dolarizada economía sobreviva a la sequía de flujos de capital externo.
Claro está que los gobernantes vecinos podrían volver a considerar la posibilidad (como a principios de la campaña electoral) de abandonar la dolarización, pero tal medida tampoco sería fácil ni, mucho menos, indolora. Volver a una moneda nacional (como el Colón) implicaría una reforma institucional prolongada, un riesgo de pérdida de credibilidad internacional (con una reducción mayor de flujos de capital) y, seguramente, una devaluación real que trastornaría los balances de empresas e individuos, muchos de los cuales estarían en incapacidad de pagar sus deudas en dólares, golpeando así al sistema financiero salvadoreño y, posiblemente, al de sus vecinos.La encrucijada económica de El Salvador es una amenaza externa adicional para la economía guatemalteca que debería hacernos reflexionar sobre la necesidad de alcanzar acuerdos internos, reducir la confrontación y enfrentar las amenazas externas utilizando nuestras fortalezas (que las tenemos) en un esfuerzo común. A El Salvador solo puede salvarlo la asistencia financiera extranjera, la austeridad fiscal extrema (por impopular que sea) o algún otro milagro que restaure su credibilidad en el exterior y les permita recuperar el crecimiento económico.

Opinión del lector


Pepe Recinos - Guatemala
No viene el lobo. Es mentira. El Salvador solamente tiene que limitar su presupuesto a lo que percibirá y meter medidas drásticas para lograrlo. Su economía es envidiable, supera ampliamente en PIB per cápita a la economía nuestra y está prácticamente en el lugar 100 del IDH, muy lejos del sótano donde está Guatemala (121) y demás países centroafricanos. Además no hay de qué preocuparse cuando la economía de USA, de la que depende E.S., está en RECUPERACIÓN.


Julio Calderon - EE.UU.
Correcto, al igual que El Salvador, Mexico reporto una baja de un 18% en las llamadas remesas que envian los mexicanos en dolares, que al igual que El Salvador, se ve afectada su economia, producto de la resecion y desaceleracion de las economias a nivel mundial, lo cual es un CICLO que sucede cada 50 anos dicen unos y otros dicen es cada 30 anos.


ROBERTO LOPEZ PORRAS -
El tema de la dolarización de la economia Salvadoreña en época de crisis es un tema abstracto, debido a que será una primera experiencia de la economía Salvadoreña. Similar problema enfrenta Ecuador y Panamá y anteriormente, sin crísis, lo enfrentó Argentina bajo móviles políticos. La política de atarse al dolar la han seguido parcialamente todos los países de la órbita del dolar ante la sobrevaluación del Euro, el Yen Japones, pero la dolarización seguida por El Salvador, Ecuador y Panamá, le trajo beneficios y ahora tambien le traerá costos. El análisis debe ser retrospectivo e integral, el esquema de Costos y Beneficios es util y percibo que habran más beneficios pasados y futuros que costos presentes. Nuestros países no estan preparados para enfrentar los costos de la dolarización en época de crisis, pero si han gozado los beneficios en la larga época de bonanza y El Salvador ha aprovechado económicamente dicho período, fortaleciendo su aparato productivo, su inserción en los mercados internacionales, su capitalizacion internacional y sus reservas para esta época. Sobre diez años o más de bonanza, de disciplina fiscal, monetaria y crediticia, tendrá ahora dos años de crisis, de ajustes y de experiencias. Ojalá que las nuevas autoridades Salvadoreñas sepán enfrentar esta crísis con visión de futuro. Las herramientas que los estrategas económicos usan en una economia dolarizada, son diferentes a los que usan los países No dolarizados oficialmente y estas herramientas no son diferentes a los que usan las economias europeas o Japón o incluso la China Continental que en forma directa o indirecta están altamente dolarizadas. Si en el periodo de bonanza es necesaria la disciplina fiscal, monetaria y crediticia, lo es más en una época de crísis y quizá sea menos doloroso el impacto de la crisis en El Salvador que en Guatemala. Será una evaluación post-crisis, por ahora navegamaos en la abstracción.

Importancia Económica de la Cultura

"Recostada en el Ande soberbio" y sobre una mina de oro está Guatemala. Su riqueza cultural es inmensa y representa un potencial de desarrollo económico y social que, hasta el día de hoy, ha sido desperdiciado y mal utilizado por los hijos de esta tierra. La semana pasada tuve el honor de conocer y conversar con Julio Solórzano Foppa (hijo de la desaparecida escritora Alaide Foppa) respecto de las industrias culturales y su relevancia para la economía de un país como el nuestro. Esta semana publiqué en Siglo XXI mis impresiones sobre esas charlas. Casualmente, hoy jueves dos columnistas (Méndez Vides en ElPeriódico y Tomás Rosada en Prensa Libre) se refieren al mismo tema. He aquí mi opinión.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LA CULTURA
Las actividades relacionadas con el arte y la cultura generan considerables montos de valor agregado para las economías y llegan a representar una proporción importante del valor de la producción nacional: 4.5% del PIB en España, 6.5% en Brasil y México, 6.8% en Estados Unidos y 8% en Gran Bretaña. Este aporte al producto incluye actividades como la editorial, la industria musical, las artes escénicas, el cine, la radio, la televisión, y las actividades socio-culturales y deportivas. No es de extrañar entonces que el valor agregado que generan las artes y la cultura en el estado de California sea mayor que el PIB de México y Centroamérica juntos.
Para el caso de Guatemala existe una estimación, elaborada por Ernesto Piedras hace un par de años, según la cual las industrias culturales generan en total 7.26% del PIB; además de haber registrado un impresionante crecimiento promedio de 7.3% anual entre 2001 y 2005. Según dicho estudio, la cultura tiene, además, una fuerte participación en el empleo, pues emplea al 7.1% de la población económicamente activa.
Estas cifras evidencian la enorme escala económica del arte y la cultura; sin embargo, existe una gran ignorancia de este hecho y, muchas veces, suele menospreciarse esta área del quehacer humano como si fuese algo exclusivamente lúdico y extraeconómico. Para aprovechar el gran potencial de la cultura como generadora de riqueza y bienestar es preciso cambiar paradigmas y actitudes sociales. Empezando con la actitud de muchos artistas que ven un falso conflicto ético entre producir “por amor al arte” y cobrar por vender los servicios que su arte brinda a los consumidores. También hay que cambiar la visión y actitud de las autoridades gubernamentales hacia el arte y la cultura, para que la vean no ya como una cenicienta de prioridad secundaria, sino que aprecien el gigantesco potencial que tal actividad reviste para el desarrollo integral del país.
Esta temática fue objeto de un interesante análisis durante el conversatorio denominado “Posibilidades para el desarrollo de una industria cultural en Guatemala” realizado el pasado viernes en el Teatro de Cámara, con la extraordinariamente lúcida participación de Julio Solórzano Foppa y de los artistas nacionales Mendel Samayoa, Carol Zardeto y Max Leiva, con la moderación de William Orbaugh. Allí se puso de manifiesto no solo la necesidad de visualizar al arte como una industria productiva, sino también la particular característica de dicha industria de ser un reflejo de la sociedad misma que le permite a ésta verse en su dimensión histórica, en su dimensión actual y en su visión de futuro. Esta cualidad de reflejar e influir en el desempeño social hace imperativa una alianza público-privada para impulsar el arte y la cultura, vista esta como un “ecosistema” de creatividad e innovación capaz de trascender sus valores intrínsecos e influir en asuntos tales como el tejido social, la innovación económica, el turismo y la calidad de vida de los ciudadanos.El renacer artístico y cultural que vive nuestra sociedad desde la firma de la paz debe ser aprovechado. Un primer paso debería ser la cuantificación sistemática de su aporte económico, a través de un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Cultura y el Banco de Guatemala con base en el nuevo sistema de cuentas nacionales.

Crisis y Cooperación Internacional

La cooperación interancional, que mueve miles de millones de dólares anualmente, es una ensalada de entidades donantes y recipiendarias cuyos ingredientes van desde las más sacrosantas y bienintencionadas instituciones, hasta los más mafiosos y perversos intereses. Esta semana comparto con ustedes algunas reflexiones sobre este asunto, haciendo hincapié en que la cooperación externa, como todo en la vida, tiene sus matices buenos y sus matices malos pero que, en todo caso, nuestra aspiración como país, debería ser que, algún día, no necesitásemos más de dicha cooperación. Ahí les va...

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

CRISIS Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
La ayuda internacional hacia los países del tercer mundo ha crecido y se ha sofisticado sustancialmente en los últimos años. Millardos de dólares fluyen anualmente desde y hacia entidades estatales y organizaciones no gubernamentales para financiar gastos de ayuda humanitaria, infraestructura, atención de emergencias por desastres naturales o bélicos, y asistencia técnica. Muchas ONGs promueven diversos temas económicos, religiosos, políticos, o ambientales que son importantes para su membresía. Aunque formalmente las fuentes de la cooperación internacional pueden separarse en públicas (gobiernos) y privadas (entidades benéficas), en la práctica esta distinción es difícil de establecer pues muchas de las entidades privadas (como Médicos Sin Fronteras u Oxfam, por ejemplo) se financian en gran parte con fondos gubernamentales.
Debe haber en el mundo más de cincuenta mil ONGs dedicadas, al menos en principio, al combate a la pobreza, la mayoría de ellas pequeñas organizaciones ubicadas en los países recipiendarios, lo que indicaría también la conveniencia de dividirlas, según su especialización, en entidades donantes y entidades distribuidoras pero también, en la práctica, es difícil hacer esta distinción. Como sea, la crisis económica mundial está planteando una amenaza para la actividad de estas entidades, en la medida en que los donantes (que al fin de cuentas son los ciudadanos de los países industrializados) varían dramáticamente sus prioridades de gasto, implicando una contracción de los recursos disponibles para ayuda internacional, que ya venía desacelerándose antes de la crisis. Según datos de la OCDE, la meta establecida en 1970 para los países ricos de dar un 0.7% de su PIB en ayuda internacional seguirá sin cumplirse durante muchos años; solamente Dinamarca, Holanda, Luxemburgo, Noruega y Suecia han alcanzado esa cifra, mientras que la contribución promedio de la OCDE no supera el 0.45% del PIB.
Aunque la cooperación internacional, cuando es bien focalizada y efectivamente utilizada, puede ser de gran ayuda a los países y grupos más necesitados, no ha estado nunca exenta de críticas razonables. La rendición de cuentas, por ejemplo, no es precisamente una característica distintiva de las ONGs; también se critica su vulnerabilidad ante la corrupción imperante tanto en entidades públicas como en instituciones privadas de los países beneficiarios de la ayuda, haciéndola inefectiva. Muchas veces, la ayuda proporcionada resulta inadecuada, en parte debido a la insuficiencia de recursos y en parte a la pobre planeación y ejecución de los programas en los países recipiendarios. Más de fondo es la crítica a los donantes respecto a que, antes que la caridad, podría ser más beneficioso que abrieran sus mercados y removieran sus subsidios agrícolas para permitir a los países en desarrollo crecer y desarrollarse.Aunque para los países de ingresos medios, como Guatemala, la ayuda internacional no es cuestión de vida o muerte, sí puede ser un apoyo importante para el fortalecimiento institucional y comunitario, pero tal apoyo debe orientarse a los propósitos que nosotros mismos decidamos alcanzar. Uno de ellos debería ser mejorar la eficiencia y calidad de nuestros gobiernos para que, si estos hacen su trabajo apropiadamente, tengamos menos necesidad de la cooperación internacional.

Opinión del lector

javier villasenor - guatemala
Senor Garcia: he estado cerca de personas que se dedican a conseguir estos recursos en el extranjero. Son politicos grado 6 (aquellos que no la hicieron del 1 al 5) Su articulo es muy bueno pero informativo solamente. Me hubiera gustado encontrar mas investigacion local, analisis y criterio personal sobre el tema... hay tela de donde cortar! Saludos

LA SALUD AFECTA A LA PRODUCTIVIDAD

Existe consenso en cuanto al rol fundamental que la educaión puede jugar para promover el desarrollo económico. Ese consenso, por desgracia, no es tan completo cuando se trata de la salud. Esto se debe, en parte, a que no existe una conciencia clara de los costos económicos que la falta de salud ocasiona en todos los sectores productivos. En la columna de esta semana hago un resumen de lo que, para mí, son los principales hallazgos de un foro sobre el tema que se realizó en noviembre del año pasado y que generó la publicación de un boletín informativo que fue presentado a los medios hace algunos días...

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

LA SALUD AFECTA A LA PRODUCTIVIDAD
Cada año se pierden en Guatemala más de 6 millones de días laborales por razones de enfermedad, lo que acarrea importantes costos para las empresas y para la sociedad. Lo anterior, según algunos estudios, ocasiona pérdidas equivalentes a un 7.8% del PIB, o aproximadamente US$5,668 millones, cifra 11 veces superior al presupuesto del Ministerio de Salud y 3.5 veces al gasto nacional (total) de salud. Algunos estimaciones indican que, por esa misma razón, las empresas dejan de percibir márgenes de utilidad (ganancias, intereses, regalías y rentas diversas) por US$3.4 mil millones cada año.
Lo anterior pone en evidencia que la mala salud de la población no sólo afecta el desempeño económico nacional, sino y que puede influir directamente en la productividad de las empresas, razón por la cual la inversión en salud debe ser un aspecto de interés común y de responsabilidad compartida entre los gobiernos y la empresa. Estos aspectos que se ponen de manifiesto en el boletín sobre la salud y la enfermedad de la población, publicado por el Proyecto Diálogo de la USAID, la Asociación de Gerentes de Recursos Humanos de Guatemala y la Fundación Guatemala 2020, cuyo contenido tuve el honor de presentar ante los medios de comunicación la semana anterior.
Uno de los aspectos que se enfatizó durante ese evento fue la relación recíproca que existe entre el nivel de ingreso nacional y la situación de salud-enfermedad pues, por una parte, cuanto mayor sea el nivel de ingresos, habrá mejor nutrición, más acceso a agua potable y a mejores servicios de salud; por la otra, cuanto más alto sea el nivel de salud de la población, podrá haber mejores niveles de ingreso. La salud tiene un efecto directo sobre la productividad de los trabajadores y de las empresas, pues con trabajadores más sanos se reducen los costos de las empresas. La salud contribuye a aumentar la esperanza de vida y, con ella, la cantidad de personas en edad de trabajar, lo que implica un “dividendo demográfico” que ha permitido a otros países incrementar la tasa de crecimiento potencial de su economía.
El sistema de salud en Guatemala, sin embargo, continúa siendo absolutamente disfuncional e ineficiente, Las empresas realizan gastos múltiples para el mismo propósito: pagan primas de seguros privados, financian a través de los impuestos el sistema de salud pública, pagan sus cuotas patronales al IGSS, hacen donaciones filantrópicas para temas específicos de salud y muchas contratan directamente servicios médicos para prestar en la sede de las empresas. El resultado es que existe una evidente duplicidad o triplicidad de cargas para financiar el gasto que la sociedad hace en materia de salud.Los ineludibles cambios que deben implementarse en el sistema nacional de salud implican la necesidad de un gran acuerdo nacional que identifique el modelo de atención y la política de estado que, como sociedad, estamos dispuestos a financiar e implementar. Esto, evidentemente, es un esfuerzo de largo plazo pero, para empezar, podría darse el paso esencial de obligar a las múltiples entidades que conforman el sector a coordinarse y a diseñar una política de estado en materia de salud, tal como está previsto en el proyecto de Ley Marco del Sistema Nacional de Salud que ya cuenta con dictamen favorable en el Congreso de la República.

Opinión del lector

Werner Aldana - Guatemala
Me parece bastante interesante tu artículo, muy pocas personas se ponen a pensar lo que el país pierde en ese sentido, y lo que afecta en la productividad tener a personas con poco rendimiento por problemas de salud o desnutrición.