LO MÁS IMPORTANTE ES FORTALECER EL TSE, QUE HOY VIVE SU HORA MÁS OSCURA
Si el Tribunal Supremo Electoral -TSE- ya venía arrastrando un deterioro paulatino y una crisis de credibilidad, la reciente suspensión de varios de sus magistrados titulares por acusaciones del Ministerio Público lo ha llevado al borde de un colapso institucional sin precedentes. La máxima autoridad electoral de Guatemala, que debería ser garante de la legalidad, de la transparencia y de la efectividad del proceso democrático, hoy se tambalea bajo el peso de su fragilidad estructural y de los errores acumulados durante los últimos años.
El problema de fondo, sin embargo, no es solo la coyuntura
actual. El gradual debilitamiento y la consecuente inestabilidad del TSE son
los síntomas más visibles de una enfermedad más profunda: su fragilidad
institucional y su falta de independencia respecto de la clase política (sobre
la que está llamado al ejercer autoridad). La forma en que actualmente se
eligen, organizan y ejercen su mandato los magistrados, permite que profesionales
con insuficiente formación técnica, influenciables políticamente y sujetos a
intereses ajenos a la democracia, lleguen a dirigir el destino electoral del
país. Esta crisis no es un accidente: es el desenlace predecible de un sistema que
se ha venido adulterando para hacerlo frágil, vulnerable y fácilmente
cooptable.
El TSE necesita una reconfiguración profunda para garantizar su independencia y eficacia
Mientras tanto, en el Congreso, las iniciativas de reforma a
la Ley Electoral y de Partidos Políticos -LEPP- avanzan, pero con un enfoque
superficial. Las reformas en discusión se centran principalmente en aspectos
procedimentales (que podrían ser resueltos por la vía administrativa o
reglamentaria si existiera un TSE fuerte y creíble) y en ajustes cosméticos,
sin tocar los problemas estructurales que realmente ponen en peligro la
democracia guatemalteca. Se discute sobre tecnicismos de financiamiento y propaganda,
pero se elude el verdadero tema de fondo: el TSE necesita una reconfiguración profunda
para garantizar su independencia y eficacia.
El fortalecimiento del TSE pasa por al menos tres reformas cruciales: (1) prolongar el período de los magistrados y establecer su renovación de forma escalonada, a fin de evitar que una sola legislatura concentre la potestad de elegir a todo el pleno; (2) separar claramente las funciones jurisdiccionales de las administrativas, de modo que los magistrados se dediquen a impartir justicia electoral sin verse absorbidos -o, incluso, tentados hacia la corrupción- por gestiones puramente operativas; y, (3) garantizar mecanismos de selección de magistrados que se basen en las capacidades, méritos y trayectoria de los postulantes, y no en negociaciones políticas entre las mismas fuerzas a las que esos futuros magistrados deben fiscalizar.
El tiempo para parches y reformas electorales tibias ya pasó. Si la democracia guatemalteca quiere sobrevivir y robustecerse, necesita un TSE con una renovada autoridad moral que esté a la altura del desafío. La pregunta es si la clase política (dentro y fuera del Congreso) y la ciudadanía organizada están dispuestos a asumir ese reto antes de que sea demasiado tarde.
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