En una democracia, y en un régimen
republicano, los atajos suelen ser contraproducentes
La vida en democracia y el funcionamiento del régimen
republicano no son siempre fáciles. Frecuentemente surgen problemas cuya
solución requiere elegir el menor entre dos males, lo cual requiere de
decisiones deben fundamentarse en una visión de largo plazo, en el respeto a
las instituciones, en la consecución del bien común, y en la ética. Cuatro
ejemplos de la realidad actual –dos internacionales y dos locales- ilustran
este tipo de decisiones.
El reciente golpe de estado contra el presidente Morsi
de Egipto es, por mucho que lo mereciera, un indeseable golpe contra la
democracia, contra un mandatario legítimamente electo, y contra un proceso que
había roto con 30 años de dictadura. Es cierto que fueron los propios errores e
ineptitud de Morsi los que ocasionaron las multitudinarias manifestaciones que
desembocaron en su destitución: llevó a la economía al borde de la crisis
(inflación, devaluación, desempleo, escasez), se elevaron los niveles de
criminalidad, debilitó las instituciones independientes (cortes, servicio
civil, policía, prensa), y favoreció a la radical y antidemocrática Hermandad
Islámica.
Pero la solución a ello no debió ser un golpe de
estado, que no fue sino un atajo para evadir un largo proceso democrático. El
golpe establece un nefasto precedente para otras débiles democracias en el
mundo, pues anima a los desafectos a querer sacar al gobierno del poder, no mediante
elecciones, sino rompiendo el orden legal, y crea un incentivo para que los
opositores de los gobiernos electos persigan sus objetivos en la
manifestaciones callejeras, no en el Congreso de la República.
Otro dilema similar ha surgido por el confuso caso de
Edward Snowden, que ha puesto de manifiesto cuán difícil resulta equilibrar las
medidas de seguridad pública, con las medidas de libertad y privacidad
necesarias para la democracia. Es cierto que el gobierno estadounidense
necesita estar bien informado y aplicar al máximo sus instrumentos de
inteligencia para prevenir cualquier acto terrorista, pero también es cierto
que los medios de espionaje ciudadano que han adoptado rebasan los límites de
la privacidad.
Tanto los programas de inteligencia informática del
gobierno, como la propia actitud radical y escandalosa de Snowden son atajos
que pretenden evadir las trabas, procesos y trámites legales (necesarios en un
sistema democrático) que debieron seguirse para acceder a la información
privada de los ciudadanos (por parte del gobierno) y para denunciar los abusos
de la autoridad en este campo (por parte de Snowden).
A nivel local, un Congreso paralizado casi seis meses
por una grotesca interpelación de un ministro es algo que reclama una solución.
El camino elegido por el Presidente (del Legislativo) Muadi de recurrir a las
cortes para darle salida al entrampamiento fue, aunque lento y desesperante, el
correcto. En contraste, la “prohibición” girada por el Presidente (del
Ejecutivo) Pérez a sus ministros para que no acudan a las citaciones del
Congreso es un atajo inadecuado para enfrentar el problema, no sólo porque
contraviene el espíritu del mandato constitucional para que los ministros se
sujeten a la fiscalización del Congreso.
También es inadecuada porque, independientemente de
que sea o no legal, la prohibición presidencial debilita las instituciones
democráticas, pues constituye un ataque, un menosprecio y un irrespeto hacia un
Organismo del Estado que puede tener consecuencias negativas para la
democracia.
Por último, otro ejemplo de este tipo de dilemas, a
nivel local, lo plantea la necesidad de corregir la excesiva lentitud y
burocracia con la que se ejecuta el gasto público, especialmente en materia de
obras públicas. Pero ello no justifica que durante años se haya recurrido al
atajo de contratar obra pública sin el correspondiente respaldo presupuestario.
Esa práctica nefasta ha dado lugar a la acumulación de una “deuda de arrastre”
que ahora se pretende pagar mediante la emisión de bonos.
Lo apropiado en este caso es contar con una auditoría independiente que
verifique qué obras se contrataron legalmente y que verifique el estado real de
las obras supuestamente realizadas. Sólo con base en esa auditoría procedería,
sin precipitaciones, emitir bonos y realizar los pagos respectivos de forma gradual.
Los atajos suelen ser contraproducentes.
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