LAS INSTITUCIONES DEL 44

FUERON CREADAS EN UN ENTORNO CON UN SISTEMA POLÍTICO FRAGMENTADO, UNOS PARTIDOS POLÍTICOS DÉBILES, UN APARATO ESTATAL INEFICIENTE, UN SERVICIO CIVIL PRECARIO Y UNA FRAGILÍSIMA DIVISIÓN DE PODERES. MUY PARECIDO AL ENTORNO ACTUAL

El legado de las reformas engendradas por la Revolución del 20 de octubre es extenso y profundo: democracia y elecciones libres; división republicana de poderes; Código de Trabajo y fomento de la negociación colectiva; reforma educativa y de la salud pública, y un largo etcétera. Entre tales reformas sobresale, y aún perdura, la creación e inserción dentro de la institucionalidad del Estado de entidades autónomas encargadas de administrar aspectos clave de la esfera pública. Sobresalen los casos de la Universidad de San Carlos, cuya ley orgánica emitida en 1944 (e impulsada por la Junta Revolucionaria) le otorgó plena autonomía, libertad de cátedra y rectoría sobre la educación superior del país; o del Banco de Guatemala, cuya ley orgánica emitida en 1946 (e impulsada por el presidente Juan José Arévalo) le encomendó la dirección de la política monetaria, la regulación de la banca y la administración de las reservas monetarias internacionales; o, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-, cuya ley emitida también en 1946 (y también impulsada por Arévalo) puso a su cargo velar por el derecho de la seguridad social para beneficio de los habitantes de la nación.

La instauración de estas agencias independientes dentro de la administración del Estado fue uno de los más destacados avances hacia la modernidad de aquellos tiempos revolucionarios. Las entidades autónomas (como el seguro social o el banco central) surgen, no solo en Guatemala sino en muchas administraciones públicas en el mundo, para desempeñar un papel claveen la gobernanza moderna al gestionar áreas específicas de los asuntos públicos de manera descentralizada, técnica y especializada. El nivel de importancia y eficacia de estas entidades para garantizar la ausencia de interferencias e influencias políticas de grupos de interés puede variar dependiendo de varios factores, incluido el mandato, la estructura y el contexto político más amplio de la agencia.

Entre los aspectos clave a considerar para evaluar la importancia y eficacia de los entes autónomos surgidos en la Revolución del 44 puede mencionarse que dichas agencias independientes deben contar con expertos en sus respectivos campos, a fin de poder tomar decisiones con base en conocimientos técnicos y mejores prácticas en lugar de consideraciones políticas, lo cual permite que produzcan políticas y regulaciones bien informadas y efectivas. Las agencias independientes también pueden proporcionar un mayor grado de estabilidad y coherencia a las políticas y regulaciones, ya que están menos sujetas a las prioridades cambiantes de las administraciones políticas; esto puede ser crucial en áreas -como la política monetaria o la seguridad social- que requieren planificación e implementación a largo plazo.

Si bien las entidades autónomas fueron concebidas para estar aisladas de la interferencia política, no deben ser inmunes a la supervisión: siguen siendo responsables ante la ley y la ciudadanía, y sus acciones deberían ser revisadas por los órganos de control y por el Legislativo para garantizar la debida rendición de cuentas. En todo caso, las entidades autónomas están llamadas a proteger la toma de decisiones técnicas de las motivaciones políticas de corto plazo, permitiendo así políticas más sostenibles y eficaces, basadas en evidencia dura y no en conveniencias de corto plazo. Así, las agencias independientes pueden mejorar la confianza pública en el gobierno cuando demuestran un compromiso con la imparcialidad y la experiencia y logran que sus decisiones se perciban como tomadas en función del interés público y no para obtener réditos políticos.

Es importante mencionar que, para que las entidades autónomas puedan cumplir adecuadamente con los fines para los cuales fueron creadas, resulta crucial el buen diseño de su estructura interna de gobierno, incluyendo sus controles y contrapesos. De esto estaba muy consciente el presidente Arévalo cuando propuso y respaldó el diseño institucional del Banguat y del IGSS, incluyendo la composición de sus juntas directivas, que incorporan representantes de la sociedad civil, el sector empresarial y el sector académico.

La experiencia de las agencias independientes (bien diseñadas) alrededor del mundo demuestra que incluir miembros de diferentes sectores en sus cuerpos directivos entraña diversas virtudes. En primer lugar, esa diversidad puede aportar distintas perspectivas al proceso de toma de decisiones, lo que puede conducir a decisiones más equilibradas e informadas. En segundo lugar, los representantes de la sociedad civil pueden actuar como guardianes, fortaleciendo los controles y asegurando que la entidad autónoma sea responsable y transparente; además, los representantes empresariales y académicos pueden ofrecer información valiosa y evitar posibles sesgos o captura regulatoria. En tercer término, involucrar a las partes interesadas puede mejorar la legitimidad de las decisiones de la agencia y generar confianza pública; también ayuda a garantizar que el ente autónomo considere los intereses de varios grupos afectados por sus acciones.

Sin embargo, también existen desafíos potenciales con este enfoque. Si no se gestiona cuidadosamente, la representación de grupos de interés puede llevar a la captura regulatoria, donde la agencia se alinea demasiado con los intereses que se supone debe regular. El nombramiento de personas de sectores específicos también puede introducir sesgos o conflictos de interés, lo que puede socavar la credibilidad de la entidad autónoma. Incluir representantes diversos puede, asimismo, hacer que la toma de decisiones sea más compleja y potencialmente lenta, ya que puede ser más difícil alcanzar el consenso.

Al final del día, la eficacia de las entidades autónomas para garantizar la ausencia de interferencias por parte de políticos y grupos de interés depende en gran medida de su diseño, mandato y los controles y equilibrios establecidos. La estructura interna de gobernanza de una agencia autónoma debe lograr un equilibrio entre experiencia, representación pública y rendición de cuentas. Haciendo un balance histórico, el desempeño de los entes autónomos heredados de la Revolución del 44 ha sido -con sus altibajos, luces y sombras- notablemente mejor que el de otros entes autónomos que (como el INDE o el INFOM) fueron creados posteriormente y diseñados con menos cuidado o con fines menos loables.

La creación de entidades autónomas especializadas, con un diseño institucional moderno y adelantado para su época, sigue siendo uno de los legados más importantes de la Revolución del 44. Las memorias de los autores de aquellas reformas (incluyendo las del Dr. Arévalo) revelan que la idea de establecer agencias gubernamentales independientes para encargarse de tareas especializadas (como la educación superior, la moneda, o la seguridad social) fue una respuesta para eficientizar la provisión de servicios públicos, en un entorno en el que el sistema político estaba fragmentado, los partidos políticos eran débiles, el aparato estatal era ineficiente, el servicio civil era precario y la división de poderes republicanos, muy frágil. Un entorno, curiosamente, muy parecido al que prevalece hoy en Guatemala.

Por eso, quienes hoy vociferan en contra de la participación de empresarios, académicos o sindicalistas en los directorios de las entidades autónomas deben tener mucho cuidado con lo que proponen. Las condiciones políticas de hoy, al igual que las prevalecientes en 1944, aconsejan que ciertas facetas de la cosa pública estén en manos de agencias gubernamentales independientes, bien diseñadas y acuerpadas en su gestión por representantes de las fuerzas vivas del país. Proponer que se excluyan algunas de esas fuerzas del gobierno corporativo de las entidades autónomas sería un enorme retroceso que no solo equivaldría -como reza el dicho gringo- a arrojar el agua de la tina con todo y bebé, sino que traicionaría el espíritu del 44 que dio vida a tales entidades y que el Dr. Arévalos interpretó tan adecuadamente en su momento.

ELECCIONES Y RIESGO-PAÍS

 Más que el signo ideológico del gobierno electo, lo que afecta la calificación del país es el innecesario ruido e incertidumbre que meten las inoportunas acciones de judicialización que han manchado el proceso electoral

A una semana de finalizada la segunda vuelta electoral, pocas dudas quedan de que el sistema que diseñaron los padres fundadores en los años ochenta continúa siendo sólido y confiable, pese a la creciente mediocridad y deterioro que en los últimos lustros ha sufrido la institucionalidad a cargo. La ciudadanía participó en libertad y con entusiasmo, tanto en su calidad de votantes como en su heroica calidad de voluntarios (en las mesas y juntas electorales), para asegurar el cumplimiento de la sagrada voluntad popular. Fue una participación cívica, pacífica y esperanzada, cuyos resultados no dejan lugar a dudas (excepto para los peores ciegos que, como se sabe, son aquellos que se niegan a ver).

La existencia de un régimen democrático basado en elecciones libres -con todo y sus evidentes debilidades- que segura la alternancia en el poder, es un factor clave para generar una buena imagen internacional para Guatemala, no solo a nivel político, sino también en los mercados financieros internacionales, especialmente en estos tiempos en los que el autoritarismo y el espejismo del “hombre fuerte” parecen haber seducido a los votantes latinoamericanos, hastiados de sus precarias democracias que no han conseguido mejoras sustanciales en los niveles de bienestar ni, mucho menos, reducir el crecimiento de la rampante corrupción en toda la Región.

Para las calificadoras de riesgo-país, los riesgos sociopolíticos se han vuelto cada vez más prominentes, lo que las ha llevado a que, cuando evalúan periódicamente a cada país latinoamericano, se le asigne una ponderación importante a los síntomas de descontento social o lascrecientes tensiones políticas internas. Los mayores riesgos sociopolíticos hacen que aumenten los riesgos crediticios para los gobiernos emisores cuando se mide su grado de gobernabilidad, los constantes cambios de políticas públicas (incluidos cambios regulatorios y de intervención gubernamental), los canales de desempeño económico y la volatilidad financiera. La calificación de riesgo-país de Guatemala (que es un factor crucial para definir los flujos financieros oficiales y privados que requiere nuestra economía desde el exterior) siempre ha estado afectada por ese tipo de consideraciones, pero ahora lo está mucho más.

Hace un par de días, la agencia calificadora Fitch Ratings dio su opinión sobre el impacto de las elecciones en la calificación de Guatemala: por un lado, consideró muy poco probable que el resultado electoral modifique sustancialmente la configuración de las políticas macroeconómicas, pues estas están ancladas en un historial de conservadurismo fiscal y un banco central independiente; pero, por otro lado, Fitch considera que existen evidentes debilidades en la gobernanza del país, que son una limitación fundamental para la calificación soberana de Guatemala. 

La comunidad financiera internacional resiente que los indicadores de gobernabilidad del país estén en continua disminución (los indicadores de gobernanza del Banco Mundial han caído del percentil 31 en 2010 al 26 en 2022), principalmente aquellos relacionados con el control de la corrupción y el estado de derecho. A esa preocupación se agrega el notable hecho de que las elecciones de 2023 han estado repletas de incertidumbres, lamentablemente generadas por las propias autoridades electorales y judiciales, que han judicializado y ensuciado innecesariamente el proceso electoral mediante la descalificación de varios candidatos por “cuestiones técnicas”, la impugnación -débilmente fundamentada- de los resultados de la primera vuelta, o los intentos de suspender el estatus legal de varios partidos (incluyendo el del candidato presidencial ganador) en pleno período eleccionario.

Por ello, las calificadoras de riesgo-país, como Fitch, afirman que si bien es cierto que la débil gobernanza de Guatemala no ha tenido -hasta ahora- efectos macroeconómicos sensibles, también lo es que dicha debilidad constituye un obstáculo importante para mejorar nuestra calificación en el futuro. La alternabilidad en el poder es, normalmente, un signo de fortaleza democrática que es bien apreciado por la comunidad financiera internacional; la incertidumbre jurídica y la inestabilidad política, por el contrario, son señales que afectan muy negativamente la imagen del país en los mercados.

El signo ideológico de un nuevo grupo gobernante no es lo importante a la hora de evaluar los riesgos macroeconómicos y financieros del país después de las elecciones, especialmente si se trata de autoridades electas legítimamente, que están comprometidas con respetar el marco legal y constitucional, y que no tienen intenciones de perpetuarse en el poder. En cambio, lo que sí puede dañar la imagen y la calificación del país es la enorme incertidumbre que introducen las inoportunas acciones de judicialización y persecución penal que amenazan con descarrilar lo que ya es una tradición de nuestra (frágil) democracia: la alternabilidad y la transición ordenada y pacífica del poder.

PRIMERA VUELTA ELECTORAL: 5 PARADOJAS Y 5 LECCIONES

 La primera vuelta electoral se desarrolló pacífica, transparente y legítimamente, pero sus resultados aún no se oficializan. De ella surgen varias paradojas, pero también varias lecciones a aprender para no volver a cometer los mismos errores en el futuro

1. EL MUNDO DE LA POLÍTICA QUE CONOCÍAMOS, YA NO EXISTE. Poco a poco, quienes dedicamos algo de tiempo a analizar el mundo de la política, hemos tenido que reconocer -ante el fracaso predictivo de las encuestas- que la forma en la que los candidatos acceden a la psiquis y al corazón de los votantes ha cambiado respecto de lo que conocíamos: la eficacia de las redes sociales telemáticas y el rápido declive de la televisión abierta como vehículos para conquistar votantes son la nueva realidad. Como una consecuencia de ella, la forma de diseñar los muestreos y hacer el levantamiento de las encuestas ya no resultan efectivos Para advertir y pronosticar acertadamente las intenciones del electorado. Es una paradoja que, ante tales evidencias, ni las empresas encuestadoras ni los analistas hayamos aún logrado descifrar lo ocurrido. Lo que está claro es que ya cambió la forma en que los políticos acceden al poder, ojalá que ahora logren cambiar también la forma en que dicho poder se ejerce, dándole más prioridad a lo que el joven electorado demanda: eficacia, probidad y transparencia en la provisión de los servicios públicos básicos.
   
   
   

EL MERCADO POLÍTICO

LA DISFUNCIONAL LEY ELECTORAL HA DEGRADADO EL MERCADO POLÍTICO, CON UNA OFERTA POLÍTICA CADA VEZ MÁS MEDIOCRE Y UN ELECTORADO QUE, EN VEZ DE SOLUCIONES, DEMANDA ENTRETENIMIENTO

La campaña electoral que está a pocos días de concluir ha puesto en evidencia una de las más graves fallas de la ley electoral vigente: la prohibición que existe para que los políticos puedan expresar sus opiniones y propuestas antes del inicio oficial de la campaña. Esta absurda prohibición, exacerbada por la miope interpretación de la ley por parte de los magistrados del TSE que consideran cualquier pronunciamiento público de un político constituye “propaganda anticipada”, impide a los políticos hacer política, mutilando así, flagrantemente, uno de los órganos vitales de cualquier democracia: la libre expresión del pensamiento. Una de las consecuencias más graves de tan absurda regulación es que la campaña política ha degenerado en un circo mediocre carente de propuestas, nulo en debates y desprovisto de calidad.

A esto se agrega un cambio estructural en el que los nuevos medios y plataformas de comunicación están teniendo un impacto significativo en la forma en que los políticos llevan a cabo sus campañas electorales. Estas plataformas, como Twitter, Instagram y TikTok, han introducido nuevas vías para la comunicación, el compromiso y la divulgación, ofreciendo a los políticos oportunidades que, desafortunadamente y salvo escasas excepciones, no han sido aprovechadas para bien.

En vez de aprovechar las redes sociales para compartir contenido de calidad, con propuestas atractivas, compartibles y virales, los videos de esta campaña que han ganado mayor visibilidad son aquellos que destacan por lo chusco y por su capacidad de satisfacer, con el auxilio de los influencers y de las noticias fabricadas, las demandas más sórdidas de entretenimiento de los usuarios de estos medios, exponiendo las miserias humanas de los candidatos que, a falta de propuestas de solución a los problemas nacionales, se presentan con bailecitos y chabacanerías a la espera de lograr algún “me gusta” en las redes sociales.

Es posible establecer ciertos paralelismos entre un proceso electoral en una democracia y una economía de mercado. Ambos involucran el concepto de ofrecer bienes o servicios para satisfacer ciertas necesidades o preferencias. Entonces, en la actual campaña electoral, la combinación de una legislación inadecuada, un TSE miope y un cambio estructural en los medios de comunicación política da como resultado un mercado político en que la oferta y la demanda se han degradado simultáneamente. El problema es que, en esta campaña que está por finalizar, los satisfactores ofertados han tenido muy escasa calidad, mientras que las preferencias de los demandantes se han inclinado más por el entretenimiento y el chisme que por la búsqueda de estadistas. En el mercado electoral, una oferta mediocre y anodina se ha acomodado a satisfacer una demanda ramplona y ávida de soluciones demagógicas para evadir la compleja realidad cotidiana.

Esta situación atenta gravemente contra la salud de nuestra endeble democracia. Los líderes políticos deberían estar pensado cómo después de estas elecciones -cuanto más pronto, mejor- arreglan la disfuncional Ley Electoral y de Partidos Políticos para lograr, al menos, dos propósitos fundamentales. Por un lado, recuperar la posibilidad de poder cumplir lo que les corresponde hacer como oferentes: ofertar las soluciones de política pública que permitan resolver los problemas económicos, políticos y sociales del país. Y, por otro, promover una mejor participación ciudadana y una mayor representatividad de los funcionarios electos. En tanto no lo hagan, y mientras sigan acomodados rehuyendo el debate y delegando sus obligaciones en los influencers y en los tiktokers, el mercado político continuará degradándose irremediablemente.

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APRENDER DE LA EXPERIENCIA CHINA

"EL DESARROLLO DE UN PAÍS ESTÁ LIGADO A LA CALIDAD DE SUS INSTITUCIONES": EN SU RUTA A CONVERTIRSE EN UNA POTENCIA MUNDIAL, LA ESTRATEGIA DE CHINA HA SIDO PRAGMÁTICA, PERO ENFOCADA EN FORTALECER GRADUALMENTE SU MARCO INSTITUCIONAL

Ahora que los políticos, en plena campaña, están tentados a tomar a China como ejemplo para lograr un desarrollo económico y social pronto y efectivo, conviene comentar el libro "Cómo China escapó de la trampa de la pobreza", de Yuen Yuen Ang, donde la autora explica cómo ese país, partiendo de sus debilidades institucionales -como la corrupción y la inestabilidad de los derechos de propiedad- aprovechó para construir mercados florecientes que, a su vez, ayudaron a fortalecer las instituciones que, a su vez, desarrollaron aún más los mercados y ayudaron a sacar a millones de personas de la pobreza.

Si bien es muy cierto que la experiencia de desarrollo de un país es difícilmente trasplantable a otro, también lo es que siempre es factible derivar algunas lecciones aplicables a otros países en vías de desarrollo que padecen de debilidades institucionales, como la corrupción, la incompetencia de los jueces y de las cortes, y la ineficacia del gobierno para proveer servicios públicos esenciales de salud, educación, seguridad e infraestructura. He aquí hay algunas lecciones del libro que podrían aplicarse a otros países que enfrentan desafíos institucionales similares:

1. No apostar al todo o nada, lo que implica aprovechar las oportunidades para un cambio gradual. En lugar de esperar las condiciones ideales, pueden realizarse mejoras graduales aprovechando los recursos y las capacidades existentes.

2. Fomentar la gobernanza adaptativa; es decir favorecer la capacidad de las instituciones para aprender, evolucionar y responder a las circunstancias cambiantes. Esto implica construir mecanismos que fomenten la adaptación, la flexibilidad y la capacidad de respuesta a los desafíos puntuales. La gobernanza adaptativa permite la identificación e implementación de políticas efectivas a pesar de las debilidades institucionales.

3. Abordar el combate a la corrupción mediante incentivos y transparencia (más que mediante la persecución penal). La corrupción socava la eficacia de las instituciones y obstaculiza los esfuerzos de desarrollo. Para combatirla, pueden implementarse sistemas de incentivos que recompensen la integridad y castiguen las malas prácticas. Las iniciativas de transparencia, como las políticas de datos abiertos y la fiscalización continua, pueden mejorar la rendición de cuentas y reducir las oportunidades de corrupción.

4. Fortalecer los derechos de propiedad, que proporcionan la base para las transacciones económicas, la inversión y el desarrollo del mercado. Se debe trabajar para establecer derechos de propiedad claros y exigibles, asegurando que las personas y las empresas tengan derechos seguros de propiedad y uso. El fortalecimiento de los derechos de propiedad fomenta el espíritu empresarial, la inversión y el crecimiento económico.

5. Mejorar la eficacia judicial. La incompetencia dentro del poder judicial y los tribunales puede socavar el estado de derecho e impedir el desarrollo. Para abordar esto, se debe invertir en capacitación y desarrollo de capacidades para jueces, fiscales y profesionales del derecho. Además, el establecimiento de mecanismos de supervisión independientes, la mejora de los sistemas de gestión de casos y la garantía de procesos de resolución de disputas justos y eficientes pueden mejorar la eficacia judicial.

6. Buscar inversiones específicas en servicios públicos esenciales. A pesar de la escasez de recursos fiscales y de las debilidades institucionales, es fundamental priorizar las inversiones en servicios públicos esenciales, como salud, educación, seguridad e infraestructura. Al abordar los desafíos institucionales, los gobiernos deben asignar recursos estratégicamente para satisfacer las necesidades inmediatas y sentar las bases para el desarrollo a largo plazo.

7. Fomentar las alianzas público-privadas puede ayudar a superar las debilidades institucionales y brindar servicios esenciales de manera más efectiva. Las alianzas público-privadas (APP) pueden aprovechar la eficiencia, la experiencia y los recursos del sector privado al tiempo que garantizan la responsabilidad y la supervisión del sector público. Las APP pueden ser especialmente valiosas en el desarrollo de infraestructuras y la prestación de servicios. Y,

8. Promover la innovación y el aprendizaje, incluso dentro de las instituciones. Esto implica crear espacios para la experimentación, el intercambio de conocimientos y la colaboración. Los gobiernos pueden apoyar la investigación y el desarrollo, establecer centros de innovación y fomentar redes que faciliten el intercambio de conocimientos entre diferentes actores. 

Evidentemente, es importante adaptar estas lecciones al contexto específico de Guatemala, ya que los desafíos institucionales son distintos a los de China. Además, si bien explotar las debilidades institucionales como punto de partida para crear mercados pudo ser efectivo bajo las particulares circunstancias de China, el objetivo a largo plazo siempre debe ser -tanto para China como para Guatemala- fortalecer las instituciones, mejorar la gobernabilidad y abordar las causas subyacentes de esas debilidades.

Shanghai 1990 / Shanghai 2010

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Agradezco a elPeriódico por haber permitido expresarme en sus páginas todos estos años. Mi (mini) columna de despedida: la libertad de expresión es un elemento esencial para el desarrollo de un país civilizado.

https://elperiodico.com.gt/opiniones/opinion/2023/05/15/libertad-de-expresion-2/

RUTAS PARA EL DESARROLLO

CONVIENE APRENDER DE LOS QUE SABEN Y NO PRETENDER INVENTAR EL AGUA AZUCARADA

La clave del desarrollo económico de Guatemala pasa por revertir los bajos indicadores de productividad y los altos indicadores de pobreza (ambos, caras de la misma medalla). Los planes de gobierno de quienes aspiran a ganar las próximas elecciones deberían tener alguna claridad al respecto. Aunque al nacional-populismo (tan de moda en estos tiempos) le disgustan la ciencia y las estadísticas, un consejo razonable para los candidatos es que vean qué aconsejan los expertos y cuál es la experiencia de los países que han logrado desarrollarse. Un buen comienzo, por ejemplo, es que consulten el libro "El desarrollo como libertad”, de Amartya Sen -premio Nobel de economía-.

Para Guatemala el libro ofrece información valiosa para diseñar políticas públicas para reducir la pobreza y mejorar la provisión de servicios públicos esenciales. Aquí, algunas lecciones clave: (1) Centrarse en ampliar las capacidades de las personas para llevar vidas dignas significa brindar oportunidades para adquirir educación, atención médica y otros servicios esenciales, que les permitan participar plenamente en la sociedad y perseguir sus objetivos. (2) Invertir en capital humano ayuda a mejorar las capacidades de las personas, mejorar la productividad y promover el progreso social; ello implica priorizar la asignación de recursos públicos (y combatir la corrupción en el gasto gubernamental) para construir instituciones educativas sólidas y sistemas de salud accesibles.

(3) La generación de un entorno que brinde oportunidades sociales y económicas puede lograrse mediante políticas económicas incluyentes, la promoción del espíritu empresarial, la creación de oportunidades laborales y la reducción de las desigualdades sociales. Las redes de protección social, como la seguridad social o los programas de asistencia social específicos, también pueden apoyar a las poblaciones vulnerables. (4) El fortalecimiento de la institucionalidad y la gobernabilidad, mediante la creación de instituciones responsables y transparentes, mejorar la administración pública y combatir la corrupción, ayuda a garantizar la asignación eficiente de los recursos, la prestación eficaz de servicios y el estado de derecho.

(5) Priorizar el desarrollo de infraestructura es una base fundamental para el crecimiento económico, mejorar el acceso a los servicios básicos, facilitar el comercio y la conectividad y atraer inversiones. (6) Mejorar el acceso a la justicia es esencial para proteger los derechos de los ciudadanos y fomentar la cohesión social; esto requiere la construcción de un marco legal eficaz, con jueces independientes, que permita abordar las barreras legales que obstaculizan la capacidad de los ciudadanos para ejercer sus derechos y participar en la sociedad. Y, (7) enfatizar la participación de los individuos y las comunidades en la formulación de políticas que los afectan requiere de una limpieza y restructuración del Sistema de Consejos de Desarrollo para involucrar activamente a los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades locales en los procesos de toma de decisiones.

Para seguir las rutas que nos conduzcan al desarrollo económico y social no es necesario inventar el agua azucarada; basta con seguir el consejo de los que saben y la experiencia de los países exitosos.