VALORES ECONÓMICOS QUE SE ESTÁN PERDIENDO

 El libre comercio y la disciplina fiscal están bajo amenaza de los populismos de izquierda y derecha

Hasta hace pocos años existía un sentir -relativamente generalizado entre los hacedores de políticas económicas e, incluso, entre la clase política- en cuanto al rol crucial que el libre comercio entre países y el mantenimiento de la disciplina fiscal a nivel doméstico jugaban para el progreso de las naciones. Sin embargo, ese consenso (que surgió a raíz de las múltiples crisis económicas que el proteccionismo comercial y el despilfarro fiscal generaron el siglo pasado) parece estar retrocediendo a pasos agigantados, lo que podría tener ingratas consecuencias económicas para Guatemala.

En efecto, el libre comercio ha sido una fuerza impulsora del progreso global desde hace más de cien años: con el acceso a nuevos mercados se logran economías de escala, mayor especialización y eficiencia, mejor tecnología y más opciones para los consumidores, lo que genera crecimiento económico y bienestar. Pero, en años recientes, una ola mundial de nacionalismos a nivel político se ha manifestado en medidas proteccionistas (aranceles, cuotas y otras barreras al comercio). Esta preocupante tendencia amenaza con reducir los flujos comerciales, obstaculizar la innovación, atrofiar las cadenas de suministros y aumentar los precios, lo que puede entrañar consecuencias severas para países como Guatemala, que dependen del acceso a los mercados globales para exportar y para abastecer el aparato productivo.

De manera similar, los países que han sido fiscalmente responsables -con bajos déficits fiscales y niveles de deuda sostenibles- han experimentado un mejor desempeño económico en términos de estabilidad y crecimiento. Pero el surgimiento de varios gobiernos populistas (de izquierdas y derechas) alrededor del planeta en años recientes está poniendo “de moda” políticas contrarias a la disciplina fiscal. Muy probablemente esas políticas acarrearán un aumento del costo de la deuda, un encarecimiento del crédito para toda la economía y un deterioro en la calificación de riesgo-país. Resulta preocupante que esa tendencia hacia una menor disciplina fiscal esté empezando a cobrar ímpetu en Guatemala -como lo sugiere el recién aprobado Presupuesto del Estado para 2025-.

El peligro es real y próximo. Los partidos políticos, conservadores y progresistas, aunque separados en aspectos ideológicos, están convergiendo perversamente cuando se trata de aplicar medidas que restringen el comercio y aumentan el déficit fiscal. La simpatía de los propios votantes favorece cada vez más las ideas proteccionistas y de expansión del gasto público. El libre comercio y la responsabilidad fiscal, pese a sus demostrados beneficios, están perdiendo la batalla de la opinión pública.

Es necesario que se recobre la conciencia de que, en un mundo interconectado, las barreras al comercio pueden conducir a un menor crecimiento, a un menor bienestar de los consumidores y mayores tensiones geopolíticas. Es necesario también recobrar la conciencia de que la indisciplina fiscal populista puede conducir a inestabilidad, menor crecimiento y, en casos graves, crisis económicas.

Las crecientes barreras al comercio y déficits fiscales en todo el mundo deben ser contrarrestados con mayor apertura económica y mayor prudencia fiscal, pero ello requiere que las fuerzas políticas ya no sigan avanzando en la dirección opuesta. Los académicos, los hacedores de políticas pública, los líderes sociales y los votantes deben converger hacia estrategias viables que permitan posicionar la apertura comercial y la sostenibilidad fiscal en el centro del debate público, en un entorno cada vez más adverso a esos valores.

LOS PELIGROS DEL PRESUPUESTO

 En vez de ser herramienta de política económica se ha convertido en un bolsón para repartir favores

En el Congreso hay una inusual ansiedad por aprobar el Presupuesto del Estado para 2025. En medio de las prisas, el proyecto que envió el Ejecutivo (que ya tenía varias falencias importantes) sufrió un preocupante deterioro en el proceso de dictaminación a cargo de la Comisión de Finanzas. Esa ansiedad se puede explicar por el interés de muchos diputados de beneficiarse del masivo reparto de recursos hacia las municipalidades, consejos de desarrollo y otros destinos clientelares. Si ya el proyecto original del Ejecutivo entrañaba peligros, ahora se le agregaron otros peores.

En efecto, el proyecto enviado por el Ejecutivo incluía un techo de gasto y un déficit fiscal que significan un desvío respecto de la senda de sostenibilidad fiscal que el país había mantenido en los últimos lustros, lo que, a mediano plazo, amenaza la preciada estabilidad económica del país; y, pese al sustancial incremento en los gastos, estos reflejan una continuidad inercial en el destino de los recursos, sin que se aprecien novedades significativas en cuanto a proyectos o servicios públicos  que -salvo un leve incremento en la inversión pública- lo diferencien de la estructura de gastos observada en presupuestos anteriores.

Además, el proyecto no cumplía con preceptos legales básicos, particularmente en cuanto a la prohibición de usar recursos de deuda pública para financiar gastos de funcionamiento. Por su parte, las normas presupuestarias incluidas en el proyecto son prácticamente las mismas de presupuestos anteriores, que en poco han contribuido a combatir la corrupción o a mejorar la calidad de la ejecución presupuestaria.

Lejos de corregir estas falencias, el dictamen emitido la semana pasada por la Comisión de Finanzas opta por aumentar aún más el gasto (y el consiguiente déficit fiscal) y por hacerlo aún más opaco. Peor aún, el temerario aumento del techo de gasto se perpetra a través de una figura exótica, un “plan extraordinario para mantenimiento y rehabilitación de puentes y carreteras” por Q3.5 millardos: un plan improvisado del que no existe ningún desglose, no se identifica ningún proyecto y no forma parte de los planes habituales del Ministerio de Comunicaciones.

El dictamen emitido por la Comisión la semana pasada opta por aumentar aún más el gasto

Por otro lado, y por si lo anterior fuera poco, la Comisión realizó una serie de readecuaciones (quitándole recursos a varias entidades y proyectos) para aumentar la asignación de los Consejos de Desarrollo por ¡más de Q5 millardos!, asignación extraordinaria que no cuenta con un desglose del destino y para cuya ejecución “ se faculta” a la Contraloría de Cuentas a que la fiscalice, lo cual (por ser una obligación inherente del ente fiscalizador) resulta innecesario y absurdo, sino que distrae del hecho de que es el propio Congreso quien ha fallado reiteradamente en su papel de velar porque la Contraloría cumpla sus obligaciones legales y constitucionales.

Con esta asignación extraordinaria, los Consejos suman fondos frescos por casi Q10 millardos (sin contar lo que no se gasten este año y que, por virtud de otra ocurrente ley aprobada hace pocos días, no estarán obligados a devolver al fondo común a fin de año). Si a eso sumamos los más de Q13 millardos asignados a las municipalidades, nos topamos con un multimillonario bolsón de recursos destinados a rubros que no solo no responden a ninguna política de Estado, sino que tradicionalmente han sido gastados de manera opaca e ineficiente.

Quienes esperábamos que el Presupuesto del Estado para 2025 iba a ser mejor que los de años anteriores (o que, al menos, sería fiscalmente prudente), tenemos derecho a sentirnos profundamente defraudados.

POR QUÉ LOS MINISTROS SE NOMBRAN DESPUÉS DE LAS ELECCIONES

POR RAZONES ESTRATÉGICAS Y POLÍTICAS

Sería bueno que tomaran nota muchos periodistas y analistas que tienden a preguntar a los candidatos presidenciales durante la campaña: “díganos, si resulta electo, ¿quiénes van a ser sus ministros?”. El recién electo presidente Donald Trump (al igual que lo hacen todos los presidentes electos en democracias maduras) está anunciado poco a poco a sus nominados para ministros, días después de haber sido electo. ¿Por qué creen que ningún candidato presidencial inteligente anuncia (ni siquiera tiene armado) su gabinete antes de ser electo?

Ocurre, simplemente, que es más conveniente para un político que corre en una elección presidencial no anunciar su gabinete (ministros y secretarios) antes de ser electo por varias razones estratégicas y políticas; entre ellas: 

1. Para evitar compromisos prematuros, pues anunciar un gabinete previo a ganar la elección puede obligar al candidato a cumplir con compromisos que aún no ha validado con los votantes. Los miembros del gabinete deben ser seleccionados cuidadosamente para implementar el programa del candidato, lo cual es más efectivo una vez que se tiene el mandato del pueblo.

2.        2. Para tener flexibilidad para negociar: La conformación de un gabinete implica negociaciones políticas y alianzas con diversos actores del sistema político, incluidos partidos, grupos de poder y sectores clave de la sociedad. Si el candidato anuncia su gabinete prematuramente, pierde una parte importante de esa flexibilidad y puede enfrentar presiones externas para excluir a sus preferidos o para incluir a personas no idóneas en posiciones específicas.

3.        3. Para evitar confrontaciones internas: Los partidos políticos o las coaliciones pueden tener diferencias internas sobre quién debe ocupar ciertos cargos, por lo que hacer un anuncio prematuro podría generar conflictos y fricciones dentro del equipo o del partido, debilitando de entrada al nuevo presidente.

4.        4. Para tener mejor impacto en la percepción del electorado: Un anuncio prematuro del gabinete influye en la percepción del votante; si un candidato da a conocer su equipo antes de la elección y algunos de los nombres no son bien recibidos por la opinión pública, podría perder apoyo. Además, podría ser percibido como si estuviera tomando decisiones antes de contar con el mandato del pueblo.

5.        5. Para aprovechar el “momentum” ideal: El proceso de elegir un gabinete implica un análisis más profundo de los resultados de las elecciones: después de la victoria, el presidente electo tiene más claridad sobre el tipo de mandato que tiene (por ejemplo, si tiene una mayoría absoluta o necesita negociar más con otras fuerzas). Esto permite una mejor y más estratégica selección de los miembros del gabinete. Y,

6.        6. Para construir confianza: Al anunciar el gabinete solo después de ser electo, se da la sensación de que las decisiones son tomadas con responsabilidad y libertad, en lugar de estar sometidas a intereses previos: así, los votantes pueden confiar más en que el presidente electo tomará decisiones en función de las necesidades del país y no con base en compromisos previos o presiones externas.

TRUMP Y NUESTRA ECONOMÍA

 El cambio de rumbo en el Norte tendrá implicaciones que demandan acciones de política pública en Guatemala

Lo que ocurra con las políticas de gobierno en Estados Unidos a raíz de un cambio de administración es de gran relevancia para una economía como la de Guatemala, que puede verse impactada por diversos canales. Las remesas familiares, las exportaciones, la inversión privada y la asistencia gubernamental son los canales de transmisión directos. Pero también las políticas que buscan impulsar en crecimiento de la economía estadounidense o reformar su gobierno pueden afectarnos indirectamente.

Ahora bien, no todas las promesas de campaña van a cumplirse ni rápida ni completamente. Por ejemplo, la tarea de desregular y reducir el Estado se vislumbra llena de obstáculos y, si logran tener éxito, solo podrá dar frutos positivos -aumentos de la productividad y del crecimiento- a mediano plazo. Lo mismo puede decirse de la apuesta de fomentar el crecimiento económico mediante una masiva reducción de impuestos. De manera que los efectos indirectos sobre la economía guatemalteca derivados de las políticas fiscales o de reforma del gobierno en los Estados Unidos no serán demasiado relevantes, al menos a corto plazo.

En cambio, son otras dos políticas -que el presidente Trump sí podrá ejecutar desde el día de toma de posesión- las que tendrán un impacto inmediato sobre nuestra economía. En primer lugar, la política de combate a la migración ilegal impactará el flujo de remesas familiares hacia Guatemala, uno de los países más dependientes de estos flujos, que constituyen aproximadamente el 20% del PIB del país. Si el gobierno de Trump implementa políticas migratorias más estrictas o dificulta la permanencia de los migrantes, esto podría afectar una fuente de ingresos (las remesas) fundamental para el consumo y el ahorro de millones de familias guatemaltecas. En el corto plazo, sin embargo, podría producirse (como ya ha ocurrido en el pasado) un aumento repentino de los flujos de remesas hacia el país, incluso antes de la toma de posesión de Trump, como una reacción precautoria de los migrantes chapines ante el riesgo creciente de su eventual deportación.

En segundo lugar, la política de protección a la industria estadounidense mediante la aplicación de aranceles y otras barreras al comercio puede afectar nuestra economía. Estados Unidos es el principal socio comercial de Guatemala y cualquier cambio en las políticas comerciales (aranceles, tratados comerciales o restricciones de mercado) podría afectar el acceso de los productos guatemaltecos a ese mercado y, en consecuencia, impactar en el empleo y crecimiento de sectores clave en nuestro país. Sin embargo, si Trump concentra su guerra comercial en sus rivales relevantes (China, Europa o México), podría terminar favoreciendo (al menos a corto plazo) a nuestro sector exportador.

Los efectos de las políticas del nuevo gobierno de Trump dependerán de cuán agresiva sea su aplicación, lo cual es incierto. Lo que es sí es cierto es que debemos empezar a prepararnos desde ya. Como es de esperarse un retorno masivo de migrantes, hay que pensar en nuevos programas que fomenten el empleo y favorezcan a los pequeños empresarios, además de un programa de atención a los migrantes (tanto a los repatriados como a quienes queden retenidos allá). Habrá también que fortalecer las políticas de comercio exterior y de atracción de inversiones, así como la capacidad del país para negociar en esos frentes. Y habrá que mejorar la coordinación entre la política monetarias y la fiscal ante una previsible mayor fluctuación del tipo de cambio y de la demanda doméstica. Lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados.

¿Y CUÁNTA GENTE TRABAJA AQUÍ?

 Es necesario contar con información fidedigna sobre el número de los empleados que laboran en el Estado

Aunque existe un consenso generalizado respecto a la necesidad de reformar el sistema de servicio civil en Guatemala, lo que no existe es una idea clara respecto de cuántos empleados laboran en el Estado, ni bajo qué renglón se encuentran nominalmente, ni en qué entidad prestan sus servicios físicamente, ni si existen plazas fantasmas dentro del aparato estatal: ninguna entidad ni funcionario parecen saber a ciencia cierta estos datos, que resultan esenciales para emprender cualquier reforma al sistema.

Dado que ni siquiera el presidente de la República sabe cuántos funcionarios existen, durante el gobierno de Jimmy Morales tuvieron la ocurrencia de encomendarle al INE hacer un “Censo Nacional del Recurso Humano 2017-2018”, en el que se estableció que entonces había 292,753 servidores públicos; sin embargo, el entonces presidente desaprobó ese “censo” porque dejó gran cantidad de funcionarios sin censar. En cualquier caso, dicho “censo” era un sinsentido: un censo solo proporciona información correspondiente a un momento determinado, cuando lo correcto y conveniente sería mantener actualizada dicha información de manera permanente (imaginemos lo absurdo que sería, por ejemplo, que el presidente de la General Motors tuviera que hacer un censo de sus empleados para saber el número y características del recurso humano a su cargo).

Resulta injustificable, pues, que ningún gobierno haya tenido la curiosidad -ya no digamos la capacidad- de saber cuántos burócratas hay y a qué se dedican, pese a que es uno de los rubros que más costos financieros representan para el fisco. En el proyecto de presupuesto del Estado para 2025, que se discute en estos días en el Congreso, el costo del recurso humano representa más de la cuarta parte del total del gasto gubernamental previsto para el próximo año (hablamos de ¡más de Q40 mil millones!). El gasto en salarios del gobierno ha mostrado, además, una tendencia creciente durante años, lo cual genera presión sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. Los ministerios que más han impulsado el gasto salarial son los de educación y salud, merced a los incrementos acordados en los opacos pactos colectivos que se siguen negociando.

El recurso humano representa más de la cuarta partedel total del gasto gubernamental

La solución de esta injustificable situación no pasa por hacer “censos” de empleados públicos, sino por poner en marcha sistemas modernos de control del recurso humano en el Estado. El Ministerio de Finanzas -que es el que termina pagando la cuenta- tiene a su disposición la información financiera necesaria para empezar a poner orden. Además, se debería establecer la obligatoriedad de que todas las entidades del sector público utilicen el sistema GUATENOMINAS para procesar su nómina y que dicho sistema sea de acceso público en formato de datos abiertos. También los entes de control (unidades de auditoría interna, Contraloría y Congreso) deberían exigir que todas las entidades estatales tengan sistemas actualizados con la información de sus empleados, salarios y honorarios.

Cuenta la anécdota que, en cierta ocasión, le preguntaron al primer ministro británico Winston Churchill cuántos empleados públicos trabajaban en su gobierno, a lo que respondió -con su característico humor mordaz-: "la mitad de ellos". Si hoy le preguntasen lo mismo al presidente Arévalo, quizá tendría que responder en términos similares. Pero si se decide a impulsar sistemas modernos para registrar y controlar la plantilla de empleados públicos, quizá al final de su mandato logre dar una respuesta más concreta y, además, dejar como legado una gestión más eficiente de los recursos humanos del gobierno.

ELECCIÓN DE CORTES: SABOR A POCO

 El sistema de comisiones postuladoras muestra que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones

El desarrollo del país no solo depende de políticas económicas acertadas, inversiones extranjeras o infraestructuras modernas. Un pilar fundamental para el progreso es un sistema de justicia eficiente, compuesto por jueces probos, calificados e independientes que garantice la seguridad jurídica, clave para atraer inversiones y fomentar el emprendimiento. Las empresas y los inversionistas necesitan saber que sus derechos serán respetados, que los contratos se cumplirán y que, en caso de conflicto, podrán recurrir a un tribunal justo. En ausencia de jueces independientes, el temor a decisiones arbitrarias o corruptas ahuyenta el capital y limita el crecimiento económico. Un país donde los contratos no se respetan o la corrupción prevalece no puede sostener una economía robusta y sostenible.

En ese sentido, el recientemente concluido proceso de elección de magistrados de las cortes Suprema y de apelaciones ha dejado una sensación extraña, en la que se mezcla un cierto alivio con una profunda insatisfacción. Alivio, porque esta vez, al menos, se logró cumplir con el mandato de renovar las cortes en los plazos constitucionales y evitar el fiasco de hace cinco años cuando se produjo una aberrante e ilegal prórroga del mandato de los magistrados. Insatisfacción, porque el sistema de elección, basado en las cada vez más fallidas comisiones de postulación, dejó sembradas muchas dudas sobre la capacidad, probidad e independencia de los jueces electos.

Quizá sea momento de reflexionar sobre el error de origen del sistema de comisiones de postulación: la elección de magistrados no puede dejar de ser un proceso eminentemente político. Los redactores de la Constitución Política, al contrario, creyeron que se podía “despolitizar” dicha elección y se inventaron al sistema de comisiones postuladoras. Aunque al principio pareció funcionar, el resultado ha ido de mal a peor a lo largo de los años. En vez de despolitizar la elección, se politizaron y contaminaron profundamente la academia y el gremio. La proliferación de universidades y de egresados es proporcional a la caída en su calidad. Los mejores abogados del foro nacional ni siquiera se plantean postularse. Muchos de quienes resultan electos son representantes de grupos de interés (algunos muy oscuros) y hasta se incluyen parientes de políticos influyentes. Y, lo peor de todo, nadie rinde cuentas a la sociedad de los resultados de tan tortuosa elección.

La solución pasa por una reforma desde lo político

Reconozcamos que en cualquier democracia liberal la elección de magistrados es un acto político que debe estar a cargo de los políticos electos por el pueblo, a quien deben rendir cuenta de sus decisiones. La solución a nuestro disfuncional sistema de comisiones de postulación pasa por una reforma desde lo político que debe incluir como mínimo: que los magistrados no sean electos “en masa”, sino uno por uno, escalonadamente en el tiempo, de manera que el foco y escrutinio de la opinión pública no se disipe como ahora; que se devuelva a los políticos electos por el pueblo la responsabilidad de elegir con consciencia y transparencia a los magistrados; que el plazo de las magistraturas sea más amplio (y también escalonado en el tiempo) para afianzar su independencia respecto de sus electores; que el mandato de los altos magistrados sea eminentemente jurisdiccional y no administrativo para evitar “tentaciones” indebidas. Sin esas reformas jamás tendremos un sistema judicial independiente, que no es solo un requisito para el correcto funcionamiento de la democracia, sino una condición indispensable para el desarrollo económico y social de la nación.

LAS PRIORIDADES DEL GOBIERNO EN 2025

 Es difícil mejorar la calidad del gasto público con los actuales mecanismos de ejecución y control´

El presupuesto de ingresos y gastos del Estado es, en cualquier país, una guía central para la implementación de políticas públicas y la gestión de la política económica. En Guatemala, el proyecto de presupuesto para 2025 que el Ejecutivo envió al Congreso para su aprobación es, además, una verdadera declaración de intenciones. Siendo el proyecto con el incremento  más grande de los últimos 15 años -respecto al presupuesto del año previo- y planteando un déficit fiscal sin precedente en décadas, indica la convicción del gobierno de contar con un enorme espacio para aumentar su gasto y su fe en que va a poder ejecutarlo de forma transparente y eficiente, a pesar de que los ineficaces sistemas institucionales (administrativos, de control, de servicio civil o de compras y contrataciones) permanecen incólumes (y deteriorándose) desde hace lustros.

Aunque el gobierno solo dispone del 18% de sus ingresos para impulsar políticas públicas (ya que el resto ya está comprometido para gastos rígidos, como salarios y transferencias), es posible inferir -de los destinos institucionales solicitados en el proyecto de presupuesto- cuáles son las prioridades de política pública del gobierno para el año próximo. Así, está claro que el Ministerio de Educación es el que se lleva la mayor tajada del gasto, en su mayoría para el pago de salarios, incluyendo los que se deriven del muy opaco pacto colectivo que se está negociando con el sindicato ministerial, por lo que se colige que no solo la educación per se, sino también el apaciguamiento de su relación con el líder magisterial Joviel Acevedo son una clara prioridad del gobierno.

Asimismo, si vemos el crecimiento respecto del año anterior, se revela como prioridad el monto asignado al Ministerio de Comunicaciones, lo cual es una muy buena noticia luego de cuatro gobiernos en los que la infraestructura pública estuvo relegada. Pero si vemos los crecimientos relativos respecto del presupuesto 2024, el que se revela como mayor prioridad es el Ministerio de Economía, donde se incluyó un millonario programa de asistencia crediticia a través del CHN, que tiene grandes probabilidades de resultar en un despilfarro tan lastimoso como los vistos en programas similares que se aplicaron durante la pandemia.

Además de las prioridades, el proyecto de presupuesto también permite vislumbrar cuáles son los asuntos que revisten poca importancia para el gobierno: los aportes que por mandato legal debe hacer el Estado a la seguridad social o al apoyo a la política monetaria brillan por su ausencia, así como tampoco se aprecian cambios significativos en las normas presupuestarias orientadas a mejorar la transparencia del gasto o a respetar la sana práctica (también mandato legal) de no financiar gasto corriente con deuda pública. Extraña, en particular, que el proyecto de presupuesto no se haya hecho acompañar de la correspondiente opinión técnica (también mandato legal) de la Junta Monetaria.

Eso sí, el rubro a donde va a parar la mayor parte del presupuesto (más de la tercera parte del techo solicitado) es el de Obligaciones de Tesoro, que incluye conspicuamente los aportes a las municipalidades y consejos de desarrollo: es imposible no sospechar que -independientemente de las buenas intenciones del gobierno en cuanto a elevar la inversión física y social- la real intención del presupuesto planteado es la de comprar gobernabilidad y paz política manteniendo contentos a los alcaldes y diputados distritales que se habrán de beneficiar políticamente del enorme bolsón de recursos presupuestarios que se les asigna.