REFORMAS AL SISTEMA ELECTORAL

 LA INICIATIVA DEL TSE, AUNQUE PERFECTIBLE, TIENE VARIAS PROPUESTAS POSITIVAS

Tras el accidentado proceso electoral de 2019, resulta evidente que el sistema electoral necesita reformas aborden, al menos, tres temas fundamentales. Primero, la falta de representatividad (es decir, que el ciudadano no se siente representado por los candidatos electos). Segundo, el debilitamiento institucional (de los partidos y del propio Tribunal Supremo Electoral -TSE-). Y, tercero, la falta de certeza generada por varias normas aprobadas precipitadamente en la reforma de 2016.

Pese a la mala prensa que ha tenido la iniciativa de reforma presentada recientemente por el TSE (debido al poco feliz tratamiento que en ella se da al tema del transfuguismo), es de justicia reconocer que contiene varias propuestas que van en la vía correcta y que deberían preservarse durante el proceso de aprobación legislativa. Estas incluyen mejoras en la regulación de la campaña electoral (que aclaran la diferencia entre campaña y proselitismo e introducen mejoras a la regulación de la propaganda electoral); también incorpora importantes precisiones para separar las distintas fases del proceso político-electoral y para definir los distintos tipos de aportes que pueden recibir los partidos políticos.

Una de las mejoras más importantes es la de incluir el voto preferente para la elección de diputados: con esta reforma el votante podrá elegir individualmente a su candidato preferido de entre el listado que presente el partido político de su elección. Este cambio -de mucho fondo- acercará al votante con su diputado y hará que este rinda cuentas ante sus electores. Ojalá que el Congreso no enrarezca ni debilite esta reforma.

Por supuesto que otras propuestas del TSE deben ser mejoradas y corregidas, como la mencionada norma sobre el transfuguismo, o la limitación que se pretende introducir al alcance de la fiscalización de los partidos políticos por parte de la Contraloría de Cuentas, o los peligrosos, subjetivos e innecesarios requisitos que se proponen para integrar las Juntas Electorales, así como otros aspectos que, lejos de mejorar, podrían menoscabar la efectividad de nuestro sistema electoral.

En todo caso, la iniciativa del TSE, aunque perfectible, en un buen paso en el camino correcto para reformar el sistema. Sabemos que este tipo de reformas forman parte de un proceso continuo y gradual (la propia ley electoral contempla la obligación de revisarse periódicamente), por lo que para futuras ocasiones deben incluirse cambios en, al menos, cuatro áreas esenciales: el fortalecimiento del TSE; la recuperación de la proporcionalidad en la asignación de escaños para los distritos electorales; la facilitación de la participación ciudadana en la vida política; y, la creación de circunscripciones territoriales que acerquen a los electores con sus representantes.

GUATEMALA FELIZ (2021)

El guatemalteco es feliz riéndose de la vida y haciendo lo que quiere

El mes pasado se publicó el noveno Reporte Mundial de Felicidad (World Happiness Report) que anualmente publica el Banco Mundial con base en encuestas que se realizan en 149 países. Este reporte estuvo marcado por las sensaciones de inseguridad económica, de ansiedad, y de daño a salud física y mental provocados por el Covid-10. Sin embargo, aunque en la mayoría de países se detectó un sube y baja de emociones, el nivel de satisfacción con la vida durante la pandemia solo empeoró en la etapa del confinamiento, para recuperarse rápidamente después.

El ranking de felicidad no varió mucho y Guatemala (aunque sin datos actualizados para el año pasado) sigue siendo un país particularmente feliz, ocupando el puesto 30 en el mundo. Esta buena calificación es, en cierto modo, una anomalía, ya que suele observarse una correlación positiva entre el nivel de ingreso y la sensación de felicidad en la mayoría de países, lo cual no es de extrañar porque el dinero, aunque (como bien lo han dicho desde Aristóteles hasta los Beatles) no compra la felicidad, seguramente ayuda a reducir la sensación de inseguridad y angustia que genera la pobreza material.

De hecho, de los componentes que integran el índice publicado, nuestro país ocupa un puesto muy malo tanto en el indicador de ingreso (puesto 96), como en los indicadores de apoyo social (89), de vida sana (86), de generosidad -tendencia a ser caritativos- (83), y de percepción de corrupción (74). Los dos indicadores que nos salvan (y que, de hecho, nos ubican entre los países felices) son los que miden la tendencia a tener emociones positivas -reír, disfrutar de la vida, estar contentos- (puesto 3) y el de libertad de tomar decisiones de vida (26). Podríamos decir que el guatemalteco es feliz riéndose de la vida y haciendo lo que quiere, dentro de sus posibilidades.

Este reporte mundial de felicidad demuestra es que, en un ambiente de crisis extrema como el generado por la pandemia, la confianza y la capacidad de contar con los demás son los factores clave para sentir satisfacción con la vida: confiar en que su billetera extraviada será devuelta si la encuentra un policía, un vecino o un extraño, resulta ser más importante para la felicidad que los ingresos, el desempleo y las amenazas a la salud. Es más, aquellos países con mayor sensación de confianza social han tenido un mejor desempeño frente a los embates del Covid-19: las instituciones públicas confiables tienen más probabilidades de elegir la estrategia correcta y de que sus ciudadanos las apoyen.

Resulta interesante que tanto la confianza social, como la capacidad de generar mejores ingresos, dependen crucialmente de la calidad de las instituciones públicas. Si Guatemala tuviera mejores instituciones estatales, podríamos ser el país más feliz del planeta.

EL ESLABÓN MÁS DÉBIL

SI NO INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y DE INSTITUCIONES, EL PLAN BIDEN NO TENDRÁ ÉXITO

La lluvia de declaraciones de funcionarios estadounidense (incluido el Presidente Biden) durante las últimas semanas sobre la situación del Triángulo Norte de Centroamérica, marca una clara diferencia respecto del enfoque que tenía la administración Trump para enfrentar la problemática de las migraciones masivas: mientras que el gobierno de Trump se centraba en acciones directas contra los migrantes, la administración Biden afirma que se enfocará en combatir las causas primigenias que impulsan a los centroamericanos a migrar ilegalmente hacia loa Estados Unidos.

En conferencia de prensa, la embajadora Roberta Jacobson (Asistente Especial del Presidente Biden y Coordinadora de la Frontera Sur) identificó las áreas en las que se centrarían las políticas para atajar esas causas primigenias: la mejora de la gobernanza (incluyendo el combate a la corrupción); la creación de una base para la inversión y las oportunidades económicas; el fortalecimiento de la seguridad civil; y, el fortalecimiento del estado de derecho. Es importante hacer notar que todas esas áreas implican, necesariamente, esfuerzos para apuntalar, vigorizar o reformar las instituciones del Estado que deben estar a cargo de tales mejoras en cada uno de los países de la Región.

Por eso resulta muy curioso (por no decir inconsistente) que los funcionarios estadounidenses enfaticen que, en cuanto a los recursos financieros del Plan Biden para Centroamérica, los fondos no se destinarán a los gobiernos, sino que irán a las comunidades y a las ONGs a fin de que estas los destinen a capacitación, mitigación del clima, prevención de la violencia y programas antipandillas para que, con la participación decidida del sector privado (al que los funcionarios estadounidenses desafían, con duras palabras, a contribuir más decididamente a solucionar los problemas estructurales de sus países), logren reducir las migraciones ilegales.

Excluir a los gobiernos de temas de política pública (como la capacitación, la mitigación de clima o la prevención de la violencia) que son de su absoluta responsabilidad, es un grave error que -aunque entendible- pone en evidencia que el eslabón más débil de la cadena de factores que conduce a las migraciones masivas es la debilidad de las instituciones estatales. Sin un fortalecimiento de esas instituciones (que requiere de la participación de los tres poderes del Estado), cualquier gasto que se haga tendrá pocas probabilidades de tener resultados duraderos. El desafío clave del Plan Biden es el de equilibrar los apoyos económicos con el apoyo técnico y el músculo político que se necesitan para construir capacidades gubernamentales y reformar instituciones en los países del Triángulo Norte.

UNA ESTRATEGIA DE REACTIVACIÓN

 EL CES PODRÍA JUGAR UN ROL FUNDAMENTAL PARA IMPULSARLA

 La semana pasada el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- publicó un informe económico sobre Centroamérica en el que aborda cómo enfrentar, desde las políticas públicas, los problemas de desigualdad y descontento social generados por la pandemia. El informe del BID enfatiza, para el caso de Guatemala, la necesidad de implementar una estrategia de reactivación económica que mejore la dinámica socioeconómica en el mediano plazo. Resulta muy oportuno, entonces, que el Consejo Económico y Social de Guatemala -CES- haya publicado (también hace pocos días) una propuesta de Plan de Reactivación Económica y Social -PRES-.

 La propuesta del CES, además de oportuna, tiene la virtud de complementar una serie de políticas puntuales que ya han sido discutidas y recomendadas en otros foros (como una política nacional de competitividad, medidas para el desarrollo rural, acciones para mejorar la conectividad, o políticas de empleo digno y de descentralización) con un planteamiento de componentes estructurales (que incluyen un sistema nacional de información, la reforma del servicio civil, la mejora en la transparencia y calidad del gasto público, y la sostenibilidad de las finanzas públicas) sin los cuales cualquier intento de reactivar la economía tendría resultados efímeros.

 Si bien el planteamiento del CES es un buen punto de partida para estructurar la estrategia de reactivación que el país necesita, también lo es que dicho PRES está planteado aún en términos muy generales que requieren de un esfuerzo adicional de priorización y de definición de detalles al nivel medidas de política pública más concretas: es necesario explicitar y priorizar las reformas de fortalecimiento institucional que permitan revertir la enorme ineficiencia del Estado para ejecutar sus funciones de una manera medianamente eficiente. El propio informe del BID hace hincapié en el imperativo de fortalecer la institucionalidad y la rendición de cuentas de las instituciones públicas y reformar su marco regulatorio, a fin de generar un clima favorable para hacer negocios y reducir los obstáculos que impiden la inversión, la competencia y la adecuada provisión de bienes públicos esenciales, lo que contribuiría a disminuir los niveles de pobreza y de insatisfacción social existentes.

 Para que los componentes del plan propuesto por el CES sean viables, deben incluir explícitamente propuestas de reforma institucional: un sistema nacional de información requiere reformar el INE; el sistema de servicio civil implica reformar la ONSEC; mejorar la calidad del gasto requiere reformar la Contraloría de Cuentas; las políticas económicas, de conectividad, de descentralización o de empleo necesitan de un marco de certeza jurídica que implica reformar los sistemas judicial y de partidos políticos. El desafío que tiene ante sí el CES es no solo el de concitar, en torno a su PRES, un diálogo que incluya la reforma funcional del Estado, sino que conducirlo en el entorno de confrontación y desconfianza que hoy enrarece el clima de gobernabilidad. Por su conformación y mandato, quizá sea el CES uno de los pocos entes que quedan en el país con posibilidades de liderar tal esfuerzo.

CC: UN PROBLEMA DE DISEÑO

 LA DEBILIDAD FUNDAMENTAL DE LA CC (Y DE OTRAS ALTAS CORTES) ES EL DISEÑO DE SU GOBERNANZA

La vorágine de las últimas semanas en torno a la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad -CC-, en uno de los procesos más salpicados de dudas, disputas y denuncias de la historia, no solo socava la credibilidad de esa altísima corte (con los efectos perversos que ello ejerce sobre la certeza jurídica en el país), sino que revela un problema de fondo que -pese a lo evidente- suele escapar de los debates políticos sobre el tema: el inadecuado conjunto de principios y normas que regulan el diseño, integración y funcionamiento de las cortes de justicia en el país (es decir, su deficiente estructura de gobierno corporativo).

Muchas de las debilidades del proceso de elección de magistrados de la CC tienen que ver con su gobernanza institucional: el despropósito de cambiar a todos los magistrados simultáneamente; los periodos muy cortos de ejercicio en el cargo; la falta de claridad respecto la acreditación de méritos de los aspirantes; y, la falta de claridad sobre sus funciones. Al corregir estos defectos de diseño sería posible mejorar sustancialmente la independencia y la excelencia (las dos características fundamentales) de los magistrados, sin evadir el hecho inevitable de que su elección y nombramiento es un acto eminentemente político.

En efecto, en virtud de la naturaleza inevitablemente política de los nombramientos, los magistrados no deberían ser electos simultáneamente, sino que en forma escalonada para garantizar que los entes (políticos) que participen en el proceso tengan ascendente sobre solo uno de los electos, ya que una elección focalizada (escalonada) potenciaría los frenos y contrapesos internos en cada cuerpo elector e impediría las dinámicas de repartición de cuotas que suelen darse cuando se eligen todos los magistrados a la vez. Por otra parte, ampliar los plazos de cada magistratura (como es común en la mayoría de países civilizados) permitiría distanciar a los jueces respecto de quienes los nombraron, potenciando su independencia.

Simultáneamente debe establecerse un método de elección de magistrados en que se califique su capacidad, experiencia y mérito profesional, de forma que solo pueda nombrarse a los mejor calificados. Igual de importante es restringir el mandato de los magistrados al campo jurisdiccional y específicamente constitucional: deben administrar justicia y no recursos, de manera que los temas administrativos y de gestión institucional deberían estar a cargo de instancias técnico-gerenciales que impidan caer a los magistrados en distracciones -y tentaciones- indebidas. Este es el tipo de reformas que deben discutirse y consensuarse para evitar que en futuro se repitan los bochornos de las últimas semanas.

INDUSTRIAS CREATIVAS: UN MOTOR DE LA ECONOMÍA

 

LAS ACTIVIDADES CULTURALES GENERAN MÁS DEL 7 POR CIENTO DEL PIB

Las industrias creativas representan una fuerza económica en la que confluyen talento, propiedad intelectual, conectividad y herencia cultural. Hace algunos años, un estudio del Ministerio de Cultura reveló que las industrias culturales en Guatemala eran un sector que generaba el equivalente al 7.3 por ciento del PIB y que, además, no solo crecía más rápidamente (a 7 por ciento anual) que el resto de sectores económicos, sino también generaba numerosas fuentes de empleo y gozaba de una elevada productividad.

La economía creativa no se circunscribe al mundo tradicional de las artes, sino que incluye toda actividad cuyo valor agregado se base en la propiedad intelectual: arquitectura, artes visuales y escénicas, artesanía, cine, diseño, editorial, investigación y desarrollo, moda, música, publicidad, software, radio-televisión, juguetes, y -crecientemente- videojuegos. Es altamente probable que muchas de estas actividades creativas hayan aumentado su aporte a la economía en años recientes, tendencia que seguramente se aceleró durante la pandemia: el comercio de servicios creativos ha encontrado en las nuevas formas de intercambio y comunicación un ambiente propicio para prosperar.

Actividades creativas -como los videojuegos- prometen convertirse en un pujante motor de la economía cultural, aunque muchos tradicionalistas se resisten a aceptarlas como manifestaciones artísticas. Pese a esa resistencia, varios videojuegos ya han aparecido en prestigiosas colecciones de museos y han sido definidos como piezas creativas valiosas. Es cuestión de tiempo: no hay que olvidar que el cine también enfrentó una resistencia similar antes de llegar a convertirse en el (hoy aceptado) “séptimo arte”. Hoy, expresiones creativas como los videojuegos conjuntan la narrativa, la música y el arte visual, y las estructuran mediante la tecnología para lograr -utilizando luz, sonido, lenguaje- una creación que es capaz de expresar, transmitir y provocar emociones y experiencias de una manera única. Es decir, son un arte.

Los cambios sociales y culturales que ha traído consigo la pandemia presentan una oportunidad para poner en valor nuevamente el potencial económico y social de las industrias creativas y, en consecuencia, para diseñar e impulsar políticas culturales eficientes que permitan la conservación y el desarrollo de condiciones para la creación y promoción de la creatividad y la cultura. Estas políticas deben incluir el resguardo de los derechos de propiedad intelectual y el acceso masivo a la internet, elementos fundamentales de las nuevas actividades creativas. De lo contrario, el trabajo de muchos creadores y artistas que se están adaptando -contra toda adversidad- a las nuevas realidades sociales y tecnológicas surgidas con la pandemia, quedará sin incentivos para florecer y expandirse en el inmenso campo de las industrias creativas.

La Mejor Política de Reactivación

UN PROGRAMA DE VACUNACIÓN RÁPIDA Y GLOBAL ES EL ESTÍMULO MÁS FUERTE QUE PODEMOS PROPORCIONAR A LA ECONOMÍA

El impacto de la pandemia en el mercado laboral de Guatemala ocasionó el año pasado la pérdida de casi 61 mil puestos de trabajo formal (según la caída registrada de trabajadores afiliados al seguro social) y, presumiblemente, el aumento de unos 200 mil subempleados en el país. Eso entraña un golpe duro para el principal motor de nuestra economía -el consumo de los hogares- que, a pesar del impulso continuo que recibe de las remesas familiares y del apoyo (temporal e insostenible) que provino de las transferencias de emergencia que el gobierno concedió a muchas familias, dificultará la reactivación de la economía nacional.

De manera similar, otro motor clave de la actividad económica -la inversión en capital fijo- sufrió una fuerte caída en 2020. De hecho, de los cuatro motores de la demanda agregada -el consumo de los hogares, el gasto gubernamental, las exportaciones y la inversión- fue este el más afectado por la pandemia. La caída de la inversión, que ya venía manifestando niveles alarmantemente bajos en las últimas décadas, compromete gravemente las posibilidades de expansión de la actividad productiva en el mediano y largo plazos.

Tanto para dinamizar el consumo, como para multiplicar la inversión, resulta fundamental recuperar la confianza de los agentes económicos (recuperar, como diría Keynes, los espíritus animales). Sin embargo, recobrar la confianza resultará muy difícil si el país continúa hundiéndose en un clima de confrontación y de falta de certeza jurídica. Uno de los aspectos que más encapota con nubarrones de incertidumbre el horizonte económico del país es la vacilante evolución de la pandemia y, vinculada con ella, la falta de claridad respecto de la vacunación.

La vacunación, en efecto, debería ser la principal estrategia nacional para recuperar la confianza: es una acción unificadora (en medio de un entorno de confrontación), es inspiradora (en un entorno de pesimismo), es capaz de impulsar tanto el consumo como la inversión, y es una carta políticamente ganadora. Incluso si los líderes políticos y gubernamentales encargados de impulsar tal estrategia fuesen negacionistas o temerosos de la efectividad de las vacunas, no deberían despreciar las innumerables virtudes políticas de una bien diseñada (y mejor comunicada) política nacional de vacunación masiva.

La vacunación es tan crucial que la propia nueva secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, en una carta enviada la semana pasada a los líderes de los países más ricos, los instó a aumentar su apoyo para satisfacer las grandes necesidades insatisfechas de las iniciativas de vacunación para los países en vías de desarrollo, indicándoles que “un programa de vacunación rápida y verdaderamente global es el estímulo más fuerte que podemos proporcionar a la economía global”. En el mismo tono, podemos afirmar que un programa de vacunación, urgente y efectivo, a nivel nacional es la mejor política de reactivación económica de corto plazo que podremos encontrar.