Transparencia en Entidades Autónomas

Se me ocurrió calcular un "ranking" de transparencia en las entidades autónomas y descentralizadas del Estado, ello a raíz de los líos que provocó doña Anabella De León al no querer permitir la fiscalización del Registro de la Propiedad por parte de la Contraloría. El cuadrito refleja el método utilizado. La entidad menos transparente resultó ser, precisamente, el Registro General de la Propiedad, con cero puntos. Cabe mencionar que el Banguat no obtuvo los 100 puntos porque el método de cálculo es injusto: si bien el Banguat no se sujeta a auditoría de la Contraloría, sí lo hace por parte de la Superintendencia de Bancos.  Primero los comparto el cuadrito y a continuación el texto comentándolo.

TRANSPARENCIA FINANCIERA EN ENTIDADES AUTÓNOMAS

Entidad	Publicación de su Presupuesto	Estados Financieros	Informe de Auditoría Externa	Informe de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas		Calificación
				En la entidad	En la CGC
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGSS	SI, último 2012	SI, en Informe de Labores y de la CGC, último a 2010	SI, último a 2010	SI, último a 2009	SI, último a 2010	100.0
Instituto de Fomento Municipal, INFOM	SI, último 2012	SI, en informe de auditoría externa y de CGC, último a 2010	SI, último a 2010	NO	SI, último a 2010	87.5
Banco de Guatemala, BANGUAT	SI, último 2012	SI, último a 2011	SI, último a 2010	NO	NO	75.0
Superintendencia de Bancos, SIB	SI, último 2011	SI, último a 2010	SI, último a 2010	NO	NO	75.0
Contraloría General de Cuentas, CGC	SI, último 2012	NO	SI, último a 2008	NO	NO	50.0
Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT	SI, último 2012	NO, sólo en el Informe de CGC, último a 2010	NO	SI, sólo el link a CGC	SI, último a 2010	50.0
Ministerio Público, MP	SI, último 2012	NO, sólo en el Informe de CGC, último a 2010	NO	SI, último a 2007	SI, último a 2010	50.0
Procuraduría de los Derechos Humanos, PDH	SI, último 2011 en su Plan Operativo Anual	NO, sólo en el Informe de CGC, último a 2010	NO	SI, sin anexos, último a 2010	SI, último a 2010	50.0
Superintendencia de Telecomunicaciones, SIT	SI, último 2011	NO	SI, sólo de Activos Fijos	NO	NO	50.0
Corte de Constitucionalidad, CC	SI, último 2011	NO, sólo en el Informe de CGC, último a 2010	NO	NO	SI, último a 2010	37.5
Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, EMPORNAC	SI, último 2011	NO, sólo en el Informe de CGC, último a 2010	NO	NO	SI, último a 2010	37.5
Empresa Portuaria Quetzal	SI, último 2011	NO, sólo en el Informe de CGC, último a 2010	NO	NO	SI, último a 2010	37.5
Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, INTECAP	SI, último 2012	NO, sólo en el Informe de CGC, último a 2010	NO	NO	SI, último a 2010	37.5
Instituto Nacional de Electrificación, INDE	NO	SI, último a 2010 y en Informe de CGC a 2010	NO	NO	SI, último a 2010	37.5
Municipalidad de Villa Nueva	SI, último 2009, en su Memoria de Labores	NO	NO	NO	SI, último a 2010	37.5
Organismo Judicial, OJ	Si, último 2012	NO, sólo en el Informe de CGC, último a 2010	NO	NO	SI, último a 2010	37.5
Superintendencia de Administración Tributaria, SAT	SI, último 2011	NO, sólo en el Informe de CGC, último a 2010	NO	NO	SI, último a 2010, en ejecución y recaudación	37.5
Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC	SI, último 2011	NO, sólo en el Informe de CGC, último a 2010	NO	NO	SI, último a 2010	37.5
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, CDAG	NO	NO, sólo en el Informe de CGC, último a 2010	NO	NO	SI, último a 2010	12.5
Municipalidad de Guatemala	NO, sólo en las oficinas de la Unidad de Información	NO	NO	NO	SI, último a 2010	12.5
Municipalidad de Mixco	NO	NO	NO	NO	SI, último a 2010	12.5
Registro de Información Catastral, RIC	NO	NO, sólo en Informe CGC, último a 2010	NO	NO	SI, último a 2010	12.5
Registro General de la Propiedad, RGP	NO	NO	NO	NO	NO	0.0

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

TRANSPARENCIA EN ENTIDADES AUTÓNOMAS

Las entidades descentralizadas y las autónomas son parte integral del Estado (aunque no necesariamente lo sean del gobierno central), por lo que se deben estar al servicio de la ciudadanía. En consecuencia, tienen la obligación de rendir cuentas a la sociedad e informarle ampliamente de sus actividades y de la forma en que utilizan los recursos a su disposición. Como mínimo, las entidades autónomas y descentralizadas del Estado deberían hacer público su presupuesto de ingresos y gastos, sus estados financieros y los informes de las auditorías que les debe practicar la Contraloría General de Cuentas –CGC-; idealmente, también deberían someterse a una auditoría externa independiente, al menos cada año.

Por curiosidad, he tomado una muestra de 20 entidades autónomas o descentralizadas para evaluar su grado de transparencia y hacer un pequeño ranking respecto de  los siguientes aspectos: por publicar su presupuesto se les asigna 25 puntos; si publican sus estados financieros, se les dan otros 25 puntos; si se publican los resultados de las auditorías de la CGC, otros 25 (en este caso, 12.5 puntos si el informe lo publica la Contraloría y otros 12.5 si también los publica la propia entidad calificada); y, por último, si además se someten a una auditoría externa, se le dan otros 25 puntos, para un total de 100.

Con base en una rápida inspección de la disponibilidad de esta información en los sitios de internet de las 20 entidades consideradas, se detectó que la entidad menos transparente es el Registro General de la Propiedad, con cero puntos: no publica su presupuesto ni sus estados financieros, no se somete a auditoría externa y ni siquiera a supervisión de la Contraloría. Completan el trío de instituciones más opacas  el Registro de Información Catastral –RIC- y la Confederación Deportiva –CDAG-, para las cuales no encontré ninguna información de sus finanzas (solamente la Contraloría publica, por su cuenta, los resultados de las auditorías que anualmente les realiza, con lo que suman sólo 12.5 puntos cada una).

Hay un segundo bloque de entidades descentralizadas o autónomas que, sin ser tan obscuras como el trío anterior, muestran una alarmante falta de transparencia: la Universidad de San Carlos, la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-, el Instituto de Técnico de Capacitación y Productividad –INTECAP-, las empresas portuarias Quetzal y Santo Tomás, así como el Organismo Judicial y la Corte de Constitucionalidad solamente publican su presupuesto anual, y la Contraloría publica sus respectivas auditorías anuales, por lo que suman 37.5 puntos cada una. Igualmente opaco es el Instituto Nacional de Electrificación, del que solamente encontré publicados sus estados financieros (pero no su presupuesto) y la Contraloría le publica su auditoría anual.

Otras cinco entidades se califican como de mediana transparencia financiera (con 50 puntos cada una). El Instituto de Turismo –INGUAT-, el Ministerio Público y la Procuraduría de Derechos Humanos, por un lado, hacen público su presupuesto y los resultados de la auditoría anual de la CGC (quien también los publica por aparte). Por el otro, la Superintendencia de Telecomunicaciones –SIT- y la propia Contraloría publican su presupuesto y un informe de auditoría externa (aunque el de la CGC es del año 2008 y el de la SIT sólo corresponde a sus activos fijos).

En un escalón superior de transparencia están el Banco de Guatemala y la Superintendencia de Bancos: si bien estas dos entidades publican sus presupuestos y estados financieros, y se someten auditorías externas, por ser parte sector público financiero no están sujetas a supervisión de la CGC, lo cual impide que saquen más de 75 puntos. Por último, las entidades más transparentes son el IGSS (100 puntos) y el INFOM (87.5 puntos), que publican sus presupuestos, estados financieros, auditoría externa y auditoría de la CGC (esta última no aparece en el sitio web del INFOM, por lo que pierde 12.5 puntos respecto del IGSS).

Resulta interesante replicar este análisis a las municipalidades del país, y encontrarse con que, por ejemplo, la municipalidad de Guatemala no publica ninguna información de sus finanzas en su sitio web, lo cual tampoco hacen otras municipalidades importantes, como la de Mixco que, hasta hoy, es igual de opaca.

Esperanza Santa

La sociedad de hoy está confundida, desorientada y sin valores. Quizá la Semana Santa sea un momento propicio para reflexionar respecto de los principios que pueden ayudarnos a superar esta situación.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

 ESPERANZA SANTA

Este Viernes Santo, por primera vez después de muchos años, habrá asueto oficial en Cuba, como una concesión extraordinaria de Raúl Castro a la petición directa del Papa Benedicto XVI en su reciente visita a la isla; quizá un signo de esperanza de que –con la debida paciencia, la adecuada disposición de ánimo y la confluencia apropiada de circunstancias- es posible construir la concordia y el progreso social incluso en presencia de posiciones aparentemente irreconciliables (en este caso el castro-leninismo cubano y el catolicismo romano).

El mensaje del Papa en México y Cuba se enfocó a insuflar esperanza en dos naciones afligidas por problemas que, en gran medida, se replican a lo largo de Latinoamérica. El pontífice expresó en México sus sentimientos encontrados de alegría y esperanza, a la vez que de luto y angustia, como los que sentimos diariamente los habitantes de esta región rica en recursos humanos y naturales, pero violenta e injusta al mismo tiempo.

El Papa explicó que uno de los propósitos principales de su viaje (y una misión de la Iglesia en el mundo moderno) era educar las conciencias, desde una perspectiva de responsabilidad moral, a fin de combatir los males de la violencia y la injusticia. Desde su perspectiva, la falta de conciencia moral es lo que hace que sociedades como la mexicana (o, por extensión, la guatemalteca) sucumban ante la idolatría del dinero fácil y las falsas promesas de la corrupción y el narcotráfico.

En contraste con su predecesor, el carismático Juan Pablo II, el papa Benedicto recurre más a la razón que a la emoción en su intento de ganar almas para la causa: si Dios no está presente en la vida cotidiana, el vacío lo llena el mundo moderno con sus propios paraísos; por ende, la Iglesia tiene por misión evidenciar lo falso de tales paraísos y hacer presente la verdad de Dios que da esperanza en medio de una realidad cotidiana difícil de soportar.

Plantea el Papa que la Iglesia no es un poder político, sino un poder moral cuya función es educar las conciencias, pero debe hacerlo tanto en el ámbito de la ética individual, como en el de la ética pública, ya que muchos de los líderes sociales (políticos, empresarios, comunitarios y religiosos) son creyentes cristianos en su vida privada, pero en el ámbito público practican la confrontación, la avaricia, o la búsqueda de gloria personal. El reto que Benedicto XVI le plantea a su propia Iglesia es el de formar conciencias no sólo con base en una moral individual, sino también en una moral pública que sea razonable para que pueda ser compartida y practicada tanto por creyentes como por no creyentes y, por ello, debe tratarse de una moral basada en la razón.

Este reto está en línea con pensamiento del Papa desde sus tiempos de cardenal Ratzinger: la razón puede fortalecer la fe y ésta, a su vez, iluminar la razón. La creciente secularización del mundo moderno es una de razones por las que, en opinión del Papa, la sociedad de hoy está confundida, desorientada y sin valores; por ello, el anuncio de Dios a través de la razón puede infundir esperanza en una sociedad que, a través de ese anuncio, puede redescubrir los valores esenciales que la guíen en su progreso.

Lo paradójico es que, según lo atestiguan el recibimiento y las celebraciones populares que desató la visita papal a México, en Latinoamérica el cristianismo es aún un asunto muy emotivo, lo que complica el desafío de la Iglesia pues debe mantener un equilibrio entre la intuición del corazón y la racionalidad de la fe, a fin de que razón y corazón se complementen en la educación de las conciencias para la construcción de una sociedad más solidaria y justa, más próspera y segura.

La Semana Santa en Guatemala –repleta de manifestaciones de emotividad religiosa, pero también de costumbres y tradiciones seculares- puede ser una ocasión propicia para reflexionar sobre los valores que la mayoría de guatemaltecos (creyentes o no) compartimos con líderes religiosos como el Papa: el respeto a la familia, a la libertad, a la justicia y a la dignidad de la persona. Esos valores no sólo contribuyen a evitar que los jóvenes caigan en la ambición del dinero fácil a través de caminos falsos y violentos, sino también a superar la desesperanza y desconsuelo que muchas veces amenaza con envolvernos.

Pequeñas Grandes Decisiones

Un estadista se define por las pequeñas decisiones que toma día con día. En particular, se define por el legado que puede dejarle a su país en forma de instituciones que funcionen y contribuyan al progreso de su pueblo. Una de esas instituciones es la administración tributaria. Una administración tributaria efectiva es una condición sine qua non para la exitosa movilización de recursos y, por lo tanto, para la efectividad de las políticas públicas en cualquier país.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

PEQUEÑAS GRANDES DECISIONES

Una de las principales responsabilidades de los mandatarios es tomar decisiones (aunque algunos de los que hemos tenido en años recientes parecieron rehuirlas). Las decisiones que cada día adopta un presidente, van configurando gradualmente un estilo de gobierno y definiendo las probabilidades de éxito de su administración. Decisiones que, en apariencia, son pequeñas, pueden tener consecuencias trascendentales para el Estado: tal es el caso del nombramiento del Superintendente de Administración Tributaria que el presidente habrá de definir en los próximos días.

Pocas áreas de política pública son tan importantes para impulsar el desarrollo económico y social como el fortalecimiento de las instituciones. Una cultura cívica basada en el imperio de la ley, junto con gobiernos que gocen de credibilidad ante la ciudadanía y un marco legal-judicial vigoroso, son las piezas calves de la institucionalidad que cualquier país debe priorizar para proporcionar a sus ciudadanos niveles adecuados de progreso y bienestar.

También debe ser prioritario el establecimiento y consolidación de las instituciones económicas que posibiliten mantener la estabilidad macroeconómica, el acceso y defensa de los derechos de propiedad, así como el funcionamiento competitivo de los mercados. Entre estas instituciones que permiten crear mercados (como el registro catastral), regular los mercados (como la supervisión de entidades financieras), estabilizarlos (como el banco central) o legitimarlos (como el seguro social), se encuentran las instituciones que administran los ingresos y los gastos del gobierno.

Hoy más que nunca, cuando el gobierno recién consiguió la aprobación de su propuesta de actualización tributaria, es necesario enfatizar que la existencia de leyes tributarias no es suficiente, en sí misma, para garantizar del éxito de la recaudación fiscal: es un hecho mundialmente aceptado que la existencia de una administración tributaria efectiva es una condición sine qua non para la exitosa movilización de recursos fiscales. Una gestión diligente en la recaudación de los impuestos existentes puede hacer innecesaria, o al menos reducir, la multiplicación futuras reformas tributarias.

El modelo institucional de administración tributaria que ha sido adoptado en Guatemala es el de establecer una autoridad fiscal semi-independiente: la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-. Este enfoque se basa en el modelo de “agencia ejecutiva”, ampliamente adoptado en el Reino Unido y en muchos otros países, como una forma de mejorar el desempeño de ciertas funciones gubernamentales. Las razones para adoptar dicho modelo tienen que ver con la efectividad y la eficacia: primero, porque una agencia especializada puede focalizar sus esfuerzos en su único mandato; segundo, porque una institución autónoma puede manejar sus asuntos ordinarios sin contaminarse de las presiones y motivaciones políticas; y, tercero, porque con un sistema de recursos humanos independiente puede reclutar, retener (o despedir) y motivar a sus empleados hacia niveles superiores de desempeño.

Para que la SAT esté en posibilidad de cumplir con sus objetivos, es imprescindible que los candidatos a superintendente reúnan una serie de cualidades y requisitos mínimos para el desempeño de tan alto cargo. Debe tratarse, claro está, de expertos en materias fiscales o tributarias, preferiblemente con experiencia técnica en el área. Pero, además, debe tratarse de personas de comprobada probidad, con liderazgo y capacidad de gestión, independencia de criterio vis à vis intereses políticos, gremiales o empresariales y, al mismo tiempo, con buena cintura política y amplio conocimiento del funcionamiento del gobierno y sus instituciones. En pocas palabras, un profesional de altísimo nivel.

La decisión del presidente de la República respecto del futuro Superintendente de la SAT será trascendental: de ella dependerá, en gran medida, no sólo el éxito de la reciente reforma tributaria sino también –y más importante aún- el éxito de la gestión de gobierno en materia de fortalecimiento institucional que, a su vez, es una pieza central para definir las posibilidades de desarrollo del país. Se trata pues, de una pequeña gran decisión, de esas que diferencian a un estadista de un gobernante del montón.