Pequeñas Grandes Decisiones

Un estadista se define por las pequeñas decisiones que toma día con día. En particular, se define por el legado que puede dejarle a su país en forma de instituciones que funcionen y contribuyan al progreso de su pueblo. Una de esas instituciones es la administración tributaria. Una administración tributaria efectiva es una condición sine qua non para la exitosa movilización de recursos y, por lo tanto, para la efectividad de las políticas públicas en cualquier país.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

PEQUEÑAS GRANDES DECISIONES

Una de las principales responsabilidades de los mandatarios es tomar decisiones (aunque algunos de los que hemos tenido en años recientes parecieron rehuirlas). Las decisiones que cada día adopta un presidente, van configurando gradualmente un estilo de gobierno y definiendo las probabilidades de éxito de su administración. Decisiones que, en apariencia, son pequeñas, pueden tener consecuencias trascendentales para el Estado: tal es el caso del nombramiento del Superintendente de Administración Tributaria que el presidente habrá de definir en los próximos días.

Pocas áreas de política pública son tan importantes para impulsar el desarrollo económico y social como el fortalecimiento de las instituciones. Una cultura cívica basada en el imperio de la ley, junto con gobiernos que gocen de credibilidad ante la ciudadanía y un marco legal-judicial vigoroso, son las piezas calves de la institucionalidad que cualquier país debe priorizar para proporcionar a sus ciudadanos niveles adecuados de progreso y bienestar.

También debe ser prioritario el establecimiento y consolidación de las instituciones económicas que posibiliten mantener la estabilidad macroeconómica, el acceso y defensa de los derechos de propiedad, así como el funcionamiento competitivo de los mercados. Entre estas instituciones que permiten crear mercados (como el registro catastral), regular los mercados (como la supervisión de entidades financieras), estabilizarlos (como el banco central) o legitimarlos (como el seguro social), se encuentran las instituciones que administran los ingresos y los gastos del gobierno.

Hoy más que nunca, cuando el gobierno recién consiguió la aprobación de su propuesta de actualización tributaria, es necesario enfatizar que la existencia de leyes tributarias no es suficiente, en sí misma, para garantizar del éxito de la recaudación fiscal: es un hecho mundialmente aceptado que la existencia de una administración tributaria efectiva es una condición sine qua non para la exitosa movilización de recursos fiscales. Una gestión diligente en la recaudación de los impuestos existentes puede hacer innecesaria, o al menos reducir, la multiplicación futuras reformas tributarias.

El modelo institucional de administración tributaria que ha sido adoptado en Guatemala es el de establecer una autoridad fiscal semi-independiente: la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-. Este enfoque se basa en el modelo de “agencia ejecutiva”, ampliamente adoptado en el Reino Unido y en muchos otros países, como una forma de mejorar el desempeño de ciertas funciones gubernamentales. Las razones para adoptar dicho modelo tienen que ver con la efectividad y la eficacia: primero, porque una agencia especializada puede focalizar sus esfuerzos en su único mandato; segundo, porque una institución autónoma puede manejar sus asuntos ordinarios sin contaminarse de las presiones y motivaciones políticas; y, tercero, porque con un sistema de recursos humanos independiente puede reclutar, retener (o despedir) y motivar a sus empleados hacia niveles superiores de desempeño.

Para que la SAT esté en posibilidad de cumplir con sus objetivos, es imprescindible que los candidatos a superintendente reúnan una serie de cualidades y requisitos mínimos para el desempeño de tan alto cargo. Debe tratarse, claro está, de expertos en materias fiscales o tributarias, preferiblemente con experiencia técnica en el área. Pero, además, debe tratarse de personas de comprobada probidad, con liderazgo y capacidad de gestión, independencia de criterio vis à vis intereses políticos, gremiales o empresariales y, al mismo tiempo, con buena cintura política y amplio conocimiento del funcionamiento del gobierno y sus instituciones. En pocas palabras, un profesional de altísimo nivel.

La decisión del presidente de la República respecto del futuro Superintendente de la SAT será trascendental: de ella dependerá, en gran medida, no sólo el éxito de la reciente reforma tributaria sino también –y más importante aún- el éxito de la gestión de gobierno en materia de fortalecimiento institucional que, a su vez, es una pieza central para definir las posibilidades de desarrollo del país. Se trata pues, de una pequeña gran decisión, de esas que diferencian a un estadista de un gobernante del montón.