189 Años Construyendo un Estado

Esta semana de "fiestas patrias", de bicentenarios en el Norte, de desfiles bufos frente al Palacio Nacional, y de balazos en Tikal Futura decidí, encendido en patrio ardimiento, escribir una columna plañidera que trata de tocar, aunque sea en al superficie, la conciencia de los líderes nacionales (en los ámbitos económico, político y social) para que, de una vez por todas, prioricen la necesidad de priorizar. Sí, de priorizar las políticas públicas, de priorizar las instituciones y de priorizar la consolidación de un estado, hasta hoy enano e ineficiente, que venimos construyendo al estilo de Sísifo desde hace 189 años.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

189 AÑOS CONSTRUYENDO UN ESTADO

Tras 189 de vida independiente, la labor de los guatemaltecos de construir un Estado funcional está, evidentemente, aún inconclusa. El conjunto de instituciones que conforman el Estado guatemalteco ha sido poco efectivo para superar dos de las características que, al día de hoy, más claramente personifican su debilidad: la inseguridad ciudadana y el subdesarrollo económico. La inseguridad y el subdesarrollo se refuerzan mutuamente en el marco de un Estado débil y contribuyen, a su vez, a debilitar al Estado.

La violencia, el conflicto y la inseguridad tienen costos y consecuencias graves sobre el proceso de desarrollo económico. Existe también una estrecha correlación, comprobada alrededor del mundo, entre bajos niveles de desarrollo y conflictividad social: los países que ocupan los puestos más bajos en el Índice de Desarrollo Humano tienden a ser los que más enfrentan situaciones de violencia, conflicto e inseguridad ciudadana.

Sin embargo, existen numerosos casos de países pobres que han logrado escapar del círculo vicio del subdesarrollo y la violencia, a través del fortalecimiento de las instituciones y de la construcción de un Estado eficiente. Dicha construcción es, sin embargo, un proceso eminentemente político que depende más de la dinámica interna de la sociedad y su relación con las estructuras del poder político, que de los diseños técnicos de las políticas públicas o de las orientaciones de la “comunidad internacional”.

El largo proceso de construcción del Estado guatemalteco ha sido poco exitoso en cuanto que no ha logrado proveer los bienes políticos básicos que toda sociedad necesita para realizarse como tal y prosperar. En materia de participación y derechos ciudadanos, nuestro Estado ha hecho sustanciales avances en las últimas décadas en materia de procesos electorales y de respeto a los derechos ciudadanos, aunque aún queda mucho por avanzar en materia de verdadera participación ciudadana en la toma de decisiones, especialmente a nivel local.

En el área de promoción de oportunidades económicas también se ha avanzado en cuanto a preservar la estabilidad macroeconómica y la integridad del sistema financiero, así como en cuanto a la apertura de relaciones comerciales, aunque se ha avanzado muy poco en materia de propiciar una creación de riqueza más acelerada e incluyente. El rol del Estado ha sido también insatisfactorio en materia de propiciar el desarrollo humano, pues los avances en materia de educación y salud no han logrado mejorar sustancialmente los índices de pobreza que presenta el país.

Pero donde más débil ha sido la construcción del Estado es en las áreas de mantenimiento de la seguridad (seguridad nacional y seguridad ciudadana) y de promoción del imperio de la ley (que incluye la existencia y respeto de las normas legales fundamentales, el funcionamiento independiente y eficiente del sistema judicial, y la minimización de la corrupción).

La provisión de todos estos bienes políticos por parte del Estado, que implicaría lograr avances claros en materia de seguridad y desarrollo económico, es una responsabilidad del sistema político del país: de su liderazgo, de sus instituciones formales e informales y de su marco legal y constitucional. El reto fundamental para ese sistema político y su liderazgo es establecer con claridad y coherencia los objetivos del Estado guatemalteco; ello implica, en esencia, determinar con lucidez las prioridades en materia de políticas públicas.

Aunque la tarea parezca difícil, existen ya múltiples estudios técnicos que han diagnosticado e identificado tales prioridades: fortalecer el capital humano (educación y salud), impulsar la infraestructura productiva (carreteras y energía), y robustecer las instituciones públicas (en seguridad, justicia y participación política). Es urgente que el liderazgo nacional reconozca, priorice e impulse esos objetivos, de manera que el bicentenario de nuestra independencia no nos sorprenda con un Estado cada vez más débil, desorientado y divorciado de su ciudadanía.

Comentarios de los lectores

Ramiro Asturias Zamora 14-09-2010 11:03:41 horas

Ese ABC si requiere de 7 prioridades: educacion, y salud; carreteras, y energia (mejor si limpia y barata); seguridad, y justicia; y mayor participacion politica, en un orden logico y necesario. Quien desea ser mas ignorante que un burro y menos sano que una mula? Y/o vivir aislado como una cabra montez y en la oscurana, como un buho? Y/o seguir siendo presa de hienas, buitres, gavilanes, chacales y quebrantahuesos? -Este humilde servidor, amante de la Libertad y la naturaleza, NO gracias! Lamberto Pocasangre de Leon 14-09-2010 11:50:47 horas He arado en el mar, dijo Simón Bolivar y Mario Monteforte Toledo escribio el siglo pasado: "la independencia la hicieron los españoles y los indios la conquista". Hoy se cosechan eso precisamente. Hemos construido sobre falsedad, la cosecha es falsedad en abundancia. Guatemala, que quiere decir "palo quemado" no existe, esta es una camioneta donde todos estamos subidos por la fuerza. Max Araujo Mario, te felicito, muy buen artículo. Claro, objetivo, honesto y responsable. Ojalà que mucha gente lo lea y lo haga suyo. Con mis saludos Max Fernando Castillo Muy buenas noches. Mi nombre es Fernando Castillo. Soy un Mexicano que vive en su país desde hace muy pocos meses, pero no puedo más que estar totalmente de acuerdo con el contenido y dirección de su columna de hoy. Construir políticas publicas con miras de mediano y largo plazo, atendiendo las problematías actuales, pasan por las opciones y recomendaciones planteadas por usted el día de hoy en materia de seguridad. Felicidades!

Recuperación sin Empleos

El valor de la producción de un país, cuando se mide por el lado de cuánto dinero se gasta comprando e invirtiendo en bienes y servicios, revela cuán dependiente es la economía de lo que consumen sus habitantes, de lo que invierten sus empresas o de lo que se le vende a los consumidores de otros países (exportaciones). Para economías basadas en el consumo, como la estadounidense y, en mayor grado, la guatemalteca, es importante que la recuperación económica vaya acompañada de una recuperación en la generación de empleos a efecto de que haya sostenibilidad y solidez en tal recuperación. Lamentablemente no podemos saber si ese es el caso en nuestra economía debido a que, por razones de conveniencia política y de debilidad institucional, el INE no produce las estadísticas de desempleo que son tan comunes (y tan necesarias) en otras latitudes.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

RECUPERACIÓN: ¿SIN EMPLEOS?

Durante más de un año la recuperación económica mundial (y, particularmente, en los Estados Unidos) no ha logrado ser percibida como firme y sostenible. Se ha hablado insistentemente de una “recuperación sin empleos” que para los optimistas implica que, aunque mucha gente no pueda encontrar trabajo, la economía se recuperará de cualquier forma. Para los pesimistas, sin embargo, la falta de empleos implica que la actual recuperación económica será insostenible, especialmente si se toma en cuenta el hecho de que el 70 por ciento de la economía estadounidense se basa en el consumo, por lo que si los consumidores no tienen empleo, no podrán gastar dinero y ello precipitará un nuevo periodo recesivo.

La buena noticia es que el Departamento de Trabajo del gobierno estadounidense publicó hace unos días sus cifras mensuales de desempleo, que muestran que en agosto la pérdida de puestos de trabajo fue mucho menor que la que se temía, lo cual supuso para muchos observadores una señal que disipa los temores de una recaída catastrófica de la economía. Estas estadísticas del empleo constituyen, claro está, un insumo valioso y oportuno para que los encargados de la política económica ajusten sus herramientas en procura de afianzar dicha recuperación.

Lo que ocurra en la economía más grande del mundo tendrá, evidentemente, repercusiones sobre la situación en Guatemala, donde los indicadores económicos disponibles muestran que durante el presente año se está produciendo también una incipiente recuperación de la actividad productiva, especialmente de aquella vinculada con la economía internacional. Las cifras del recién estrenado PIB trimestral dan cuenta de que los sectores más dinámicos en el primer trimestre de 2010 han sido, en su orden, los de gobierno, comercio, banca, y manufactura.

Lamentablemente los datos disponibles de la producción, poco nos dicen respecto de la creación de empleos. La ausencia de estadísticas sobre el desempleo en Guatemala impide saber si la recuperación económica del país está creando puestos de trabajo, lo cual es de vital importancia para aquilatar la sostenibilidad del crecimiento, especialmente si se toma en cuenta que el consumo privado representa en nuestro país el 85 por ciento del PIB y que, por ende, el bienestar de la economía nacional depende de la creación de empleos incluso más de lo que lo hace la economía estadounidense.

Casi cualquier país medianamente civilizado cuenta con información periódica sobre la situación del empleo, ya que la misma constituye una herramienta básica para el diseño e implementación de la política económica, particularmente en tiempos de crisis. Por ejemplo, en Colombia y Brasil los institutos de estadística producen información mensual sobre el empleo. En México la información es trimestral y en República Dominicana, semestral. En todos los países centroamericanos (excepto Guatemala) la oficina gubernamental de estadísticas publica información anual de la tasa de desempleo.

Resulta, pues, injustificable y hasta vergonzoso que el Instituto Nacional de Estadística –INE- no haya podido generar sistemáticamente este tipo de información: las últimas cifras confiables datan de 2004 y de nada sirven en el diseño de políticas públicas de cara a la reactivación económica. El propio Programa de Emergencia y Recuperación Económica que el actual gobierno hizo público en enero de 2009 establecía como una de sus prioridades la realización de una encuesta trimestral de situación del empleo a nivel nacional, que permitiera dar seguimiento periódico a las condiciones del mercado laboral e identificar sectores productivos y áreas geográficas que requirieran estímulos para generar puestos de trabajo.

Lejos de cumplir con ese mandato, el INE ha desviado sus escasos recursos hacia la realización de otro tipo de encuestas complementarias a los programas de cohesión social que, por más bien intencionadas que sean, lo alejan de los estándares internacionales que los institutos de estadística –autónomos política y financieramente- persiguen alrededor del mundo.

COMENTARIOS DE LOS LECTORES

Ramiro Asturias Zamora 07-09-2010 10:03:40 horas

Obama acaba de anunciar otro gran plan de invertir a lo grande en infraestructura -carreteras y ferrocarriles y aeropuertos- para devolver el campeonato mundial de EEUU en ser el territorio mas intercomunicado del mundo. Es indudable que SI habra trabajo para todo aquel que desee trabajar duro y parejo! Enhorabuena, amigo! Antonio Morales 07-09-2010 13:34:11 horas En verdad es vergonzoso que no haya cifras de desempleo. Lo que pasa en el INE es lo mismo que ocurre en la mayoría de instituciones del Estado: el programa de Coherción Social está acaparando todos los recursos y desviando todas las políticas hacia la campaña de reelección de la Señora. La próxima entidad en caer será, posiblemente, el Banguat. Dorval Carías 07-09-2010 15:08:58 horas Totalmente de acuerdo con cada punto del artículo. Luis Arriaza 07-09-2010 19:53:05 horas No solo es vergonzoso sino que además demuestra lo ineptos que son los gobernantes. El problema radica en que el INE no tiene el más mínimo apoyo del Estado y los pocos recursos que posee se desperdicián en el mal llamado programa de Cohesión Social. Un fiasco.

La Vaca

El jueves de la semana pasada tuve el honor de presenciar la premier mundial de la película La Vaca, producida por Cecilia Santamarina de Oribe, y escrita y dirigida por mi amigo Mendel Samayoa. Fue un gusto ver la Gran Sala del teatro Miguel Ángel Asturias repleta de gente disfrutando del film. La alta calidad de la película nos demuestra que en Guatemala hay talento y que, pese a los obstáculos que debemos superar cada día, es posible crear productos conforme a los más altos estándares internacionales. Les dejo mis impresiones del evento.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

LA VACA

Cuando la economía nacional y mundial están, como hoy, luchando apenas por salir del estancamiento, cuando el apoyo financiero del estado al arte y la cultura se ve cada vez más reducido, cuando la incertidumbre y la postergación son las señas de identidad del ánimo de los inversionistas, lanzarse a la aventura de producir una película comercial en un país con muy poca tradición en el tema constituye un acto de auténtica intrepidez. Y cuando el resultado de semejante atrevimiento es un producto de gran calidad técnica y artística, el acto adquiere visos de heroísmo.

La Vaca es una deliciosa comedia que, si bien ha sido completamente producida, creada y filmada en Guatemala, puede ser disfrutada por los públicos de todos los países y todas las edades. El film es una típica comedia de enredos, escrita con ingenio y delicadeza por su director, Méndel Samayoa, cuya trama se desenvuelve a caballo entre la ciudad de Guatemala y el pueblo rural de San Pedro el Bajo. Las curiosas circunstancias que dos mujeres deben atravesar para cobrar su herencia se suceden fluidamente en torno a una vaquita y a una serie de amenos personajes, lo que logra configurar una trama que mantiene al público atento y motivado. Con un desenlace quizá un poco forzado, pero con un epílogo genial, La Vaca logra el propósito de divertir y distraer a la audiencia hasta el final.

La contribución de una magnífica actuación del laureado actor español Jorge Sanz, complementa al reparto de los actores guatemaltecos, en cuyo desempeño se aprecia su profesionalidad y la mano del director, pues juntos han logrado minimizar los atisbos de teatralidad a los que nuestros connacionales (formados en las tablas) a veces tienden a recurrir. El resultado es una historia con la que los espectadores –especialmente, aunque no solamente, los guatemaltecos- pueden sentirse identificados y disfrutar un buen rato de esparcimiento.

La producción de cine comercial independiente no es una labor sencilla. No se trata del cine-arte que vive del subsidio público y de la apreciación de las élites intelectuales. Se trata más bien de un esfuerzo mercantil que persigue generar ingresos para los productores y para los distribuidores, así como para aquellos inversionistas que hayan apostado al éxito taquillero de la película y se sientan parte orgánica de una industria cinematográfica que, a pesar de la amenaza de la piratería, continúa generando ingresos crecientes en las salas alrededor del mundo.

Con La Vaca, la empresa productora guatemalteca Full Moon Angel pretende asumir el riesgo de crear una película que, sin sacrificar los valores artísticos y sin descuidar la calidad técnica, pueda convertirse en un éxito comercial. La producción de un film de esa naturaleza es un proceso complejo y difícil. Las enmarañadas etapas de conseguir el financiamiento, de conjuntar el equipo de trabajo (actores, músicos y sonidistas, directores de arte y fotografía, escenógrafos, etcétera), de filmar la película, de post-producir el resultado (con ajustes de sonido y edición final) y de promoción inicial han culminado satisfactoriamente. Ahora toca el desafío de definir los canales distribución del producto, fundamental para asegurar los retornos económicos que se persiguen.

La gente de Full Moon tiene experiencia en estos menesteres, lo que puede ayudarles a culminar con éxito su aventura: vale la pena recordar los largometrajes Donde Acaban los Caminos y Looking for Palladin, esta última una magnífica producción, financiada por inversionistas extranjeros y bellamente filmada en el marco esplendoroso de Antigua Guatemala, que debió haber estado más tiempo en cartelera y sido vista por una mayor cantidad de guatemaltecos.

Después de haber tenido el privilegio de disfrutar de La Vaca en su avant premier de gala el pasado jueves en la gran sala del Teatro Nacional, no puede uno más que sentirse orgulloso como guatemalteco y desearles a Cecilia Santamarina y a Méndel –los dos dinamos de Full Moon Angel- muchos éxitos en su emprendimiento.

COMENTARIOS DE LOS LECTORES

Ing. Carlos E., Hernandez B. 31-08-2010 11:18:58 horas

Este articulo solo sirvio para "darnos carita" con esta nueva produccion guatemalteca. Con este articulo ya son varios los comentarios positivos que he leido. Parece que esta buena. ¿Cuando la van a pasar para todo el publico en general? Solo de saber que ahi salieron Tita Mendoza y Jairo Salguero (ambos artistas del teatro) se que me voy a ir a matar de la risa. Apuerense que con esta estrategia de mercadeo, estan creando grandes espectativas. mendel samayoa Gracias marito por tus conceptos, es muy halagador viniendo de un gran columnista al que sigo aplicadamente pero mas de un amigo de toda la vida, con buen criterio y gran humildad. Te admiro mucho amigo, gracias de nuevo por tus textos y tu amistad.

OBSTÁCULOS AL DESARROLLO RURAL

La situación de pobreza, exclusión, desnutrición y baja productividad en el área rural guatemalteca es extremadamente grave. Es urgente aplicar medidas de política pública que alivien la situación. Sin embargo, muchos de quienes dicen defender a los pobres rurales obstaculizan el avance de las políticas necesarias para revertir la situación. Ya sea porque no son capaces de converger a un acuerdo que permita las reformas posibles aunque deban sacrificarse algunas reformas deseables, o sea porque realmente desean conservar el status quo que les permite obtener recursos financieros de los donantes europeos, algunos dirigentes campesinos le apuestan a la estrategia del "todo o nada", que sólo entorpece y obstaculiza el urgente desarrollo rural del país.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

OBSTÁCULOS AL DESARROLLO RURAL

El área rural de Guatemala concentra a la mayoría de la población trabajadora del país. El último censo de población estableció que el 42% de la población económicamente activa se ubica en actividades primarias (fundamentalmente del sector agropecuario). Sin embargo, según las cuentas nacionales, esas mismas actividades generan únicamente el 14% del Producto Interno Bruto.

Existe, pues, una gran diferencia entre la cantidad de personas que trabajan en actividades agropecuarias y el ingreso que ellas perciben lo cual, evidentemente, se traduce en los altos índices de pobreza que se registran en el área rural. Otra forma de leer estas cifras es que una gran cantidad de personas empleadas en el área rural genera muy poca producción. De manera que la baja productividad de los factores de producción y la alta incidencia de la pobreza son las dos caras de la misma moneda del desarrollo rural.

Más allá de las múltiples opiniones subjetivas que existen sobre la materia, se dispone de varios estudios científicos, rigurosamente elaborados (como por ejemplo, uno realizado por el Instituto de Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Rafael Landívar en 2006), que identifican los principales cuellos de botella que deben superarse para corregir el círculo vicioso de improductividad y pobreza en el área rural.

Dichos cuellos de botella tienen que ver, por un lado, con la ausencia de un conjunto de políticas de largo plazo enfocadas a aumentar la productividad, a generar excedentes en las economías campesinas y a propiciar la participación de la población en las decisiones económicas y en la vida política y social del país. Por el otro, se relacionan con que no existe una institucionalidad coordinada y bien fiscalizada a cargo de tales políticas.

De las múltiples iniciativas de ley que se han estado impulsando para promover el desarrollo rural del país, muy pocas se basan en los diagnósticos científicos disponibles y, por lo tanto, no acometen con propiedad la tarea de facilitar políticas públicas pertinentes y de fortalecer la institucionalidad del estado. La más reciente de ellas, elaborada conjuntamente por el Ejecutivo y algunas organizaciones campesinas y que se tradujo en la iniciativa 4084 (Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral), también fracasa en el intento.

Tal iniciativa, pecando de poco realista y demasiado detallista, plantea políticas de forma incierta o contradictoria respecto de los aspectos que, según los estudios técnicos, deberían privilegiarse (la productividad, la excedentariedad y la participación). No sólo omite priorizar políticas clave (como la de Mipymes o las de enfoque territorial –que toman en cuenta la vocación de los territorios-), sino que plantea obligaciones deliberadamente ambiguas respecto de temas tan polémicos como la reforma del régimen de tenencia de la tierra, la definición de tierras comunales o la revisión de los tratados de libre comercio vigentes.

Además, la referida iniciativa debilita la institucionalidad del estado pues, por una parte, despoja a los Consejos de Desarrollo de su función de mecanismo formulación participativa de las políticas y, por otra, también dispone la creación de un nuevo ministerio con duplicidad de funciones y sin presupuesto, además de minar al Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional al plantear nuevo sistema paralelo al mismo.

Por eso llama la atención y despierta suspicacias que algunas agrupaciones creadas, supuestamente, para promover el desarrollo de la población rural insistan en empujar a toda costa una ley técnicamente deficiente y políticamente inviable. ¿Por qué insistir en una ley tan compleja con un contenido tan controversial? ¿Por qué no converger hacia una ley más simple, quizá menos ambiciosa, pero más viable? Lamentablemente pereciera que esta vez, como en tantas ocasiones en la historia, los radicales de ambos extremos del espectro político coinciden en que, en el fondo, lo que quieren es que no se apruebe ninguna ley que favorezca el desarrollo rural: que nada cambie para que todo siga igual, incluyendo su modus vivendi.

Comentarios de los lectores

GIL ZU 24-08-2010 10:12:47 horas

En 1954 los invasores crearon EL INSTITUTO DE TRANSFORMACION AGRARIA pero lo unico que transformó fue la economia de terratenientes y seguidores de Castillo Armas. Este Domingo el escritor Jaime Barrios Carrillo denuncia que cada taza de cafe en USA que les exportamos la venden a $ 3.oo, pero a los Productores solo les dan 0.15 y los productores le pagan a los Jornaleros TRES CENTAVOS POR CADA TAZA DE CAFE.HAY QUE CAMBIAR EL ESTADO. virgilio reyes 24-08-2010 12:41:55 horas Todo depende desde que lado se mire la propuesta. Los abogados del Estado y de las organizaciones sociales hablaron al respecto y no vieron que la propuesta de ley afectara el funcionamiento de los Consejos. Lo lamentable es que la metodologia del congreso utiliza concesos de artículo por artículo de la cita ley, donde es evidente que por parte del sector empresarial, no los habrá. Tristemente dejaron pasar una oportunidad historica para quitarse la presión por acceso al desarrollo en el campo.

Movilidad Social

La mejor manera de asegurarse que la reducción de la pobreza es permanente, es logrando que El éxito de las políticas de combate a la pobreza no radica en que se enfoquen en "enseñar a pescar" o en "regalar los pescados", sino en contribuir efectivamente a que la clase media sea cada vez una proporción mayor de la población. Combatir la pobreza, sí. Pero no a la loca y sin propósitos claros. Destrabar la difícil movilidad social en Guatemala debería ser uno de tales propósitos.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

MOVILIDAD SOCIAL

En un país como Guatemala, con indicadores sociales tan precarios, el combate a la pobreza debe ser, sin duda, el principal propósito de las políticas económicas y sociales. Dicho combate puede adoptar varias formas, desde aquellas que solamente alivian temporalmente las privaciones materiales que sufren los pobres, hasta aquellas que procuran dotarlos de las herramientas necesarias para salir de esa condición.

Por más loables que puedan ser las medidas del primer tipo (ayudas en especie o monetarias, por ejemplo), son las del segundo grupo (educación, formación técnica o apoyo a la microempresa, por ejemplo) las que son capaces de promover la movilidad social requerida para crear una clase media pujante y numerosa. Por desgracia, en comparación con otros países de similar nivel de desarrollo, la movilidad social en nuestro país es muy escasa.

Al respecto, vale la pena releer el ensayo que hace algunos años publicara Edelberto Torres, en el que asemejaba la sociedad guatemalteca a una casa de cinco pisos donde, dramáticamente, los dos oscuros e insalubres pisos inferiores (la pobreza y la extrema pobreza) carecían de puertas y ventanas que los comunicaran con el piso inmediato superior (la clase media) y les dieran alguna luz de esperanza respecto de un bienestar futuro.

El fomento de una clase media dinámica y creciente puede generar un círculo virtuoso de crecimiento económico y desarrollo social. Según la experiencia de los países industrializados hace ciento cincuenta años, o en las economías emergentes hace quince, el crecimiento de la clase media es un motor de la economía porque genera un importante aumento del consumo. Mientras que los pobres destinan la totalidad de sus ingresos a subsistir, la clase media puede gastar hasta la tercera parte de sus ingresos en bienes y servicios adicionales a los de subsistencia.

Una clase media amplia implica un mayor mercado: más ventas de perfumes, computadoras, televisores o amburguesas. Lo anterior, a su vez, genera un proceso que va lanzando señales a los productores e inversionistas sobre las tendencias y los gustos de los consumidores, que se traduce en más inversiones, empleos e ingresos.

En la clase media, además, suelen encontrarse los incentivos que configuran una actitud más proclive al emprendimiento de nuevas empresas que la que existe en la clase alta y, en consecuencia, un mayor compromiso con la libre competencia y, por ende, con una economía más dinámica. Asimismo, las familias de clase media tienden a invertir una proporción importante de sus ingresos en formación educativa y técnica, lo cual contribuye adicionalmente al crecimiento económico puesto que la inversión en capital humano es, demostradamente, un factor clave de tal proceso.

En la medida que las personas van avanzando en la escalera social, serán más proclives a involucrarse en actividades culturales, tanto como a planificar mejor su futuro y el de sus familias. Por si lo anterior fuera poco, una clase media que ve su progreso material continuado como una realidad palpable, tiene los incentivos que se necesitan para constituirse en un grupo de opinión pública que apoye políticas económicas adecuadas, que respalde las instituciones democráticas y que desconfíe de las promesas insostenibles del populismo.

De manera que las políticas de combate a la pobreza no deben ser diseñadas y evaluadas únicamente bajo el lente de la justicia social que las mira como algo moralmente correcto o como una ruta necesaria para reducir la inequidad social. También, y cada vez con más énfasis, deben ser impulsadas como una fórmula efectiva de reducir sosteniblemente el porcentaje de población en pobreza a través de la movilidad social, y como una manera de generar un círculo virtuoso de crecimiento y progreso social.

Puede que el éxito de la economía no esté tanto en el “goteo” o “derrame” económico (de arriba hacia abajo) o en el “crecimiento incluyente” (de abajo hacia arriba), sino en el fomento de una clase media que sea un motor para el desarrollo del país.

COMENTARIOS DE LOS LECTORES

sergio licardie V 17-08-2010 09:54:02 horas

Interesante pensar en clases medias económicas pero integradas en el CHAMBITALISMO empleados masivos de gobierno que consumen presupuesto pero que no producen su salario. Ese concepto hay que cambiarlo. El presupuesto debe orientarse hacia superar la dinámica del mercado favoreciendo el consumo como generador de riqueza, de allí las dinámicas sociales para combatir la pobreza solucionando las necesidades sociales con otras estructuraras mas efectivas menos caras. ROBERTO LOPEZ PORRAS 17-08-2010 10:20:47 horas Totalmente de acuerdo con el enfoque. La Clase Media ha sido olvidada, siendo esta el motor a través del cual puede hacerse una sociedad más equilibrada, más ecuánime, con mayor movilidad económica. Los programas sociales del Gobierno son del tipo apaga incendios, pero ellos deben combinarse con programas de largo plazo que den sostenibilidad al proceso de movilidad social hacia arriba. La educación técnica, la salud y la promoción humana deben acoplarse en un proyecto nacional e institucional. Antonio Morales 17-08-2010 14:04:43 horas El grave problema es que no sólo el Gobierno, sino que también la oligarquía guatemalteca son ignorantes de lo útil que sería para ellos mismos si tuviéramos una clase media más grande. Los grandes empresarios deberían estar más conscientes de que un mercado potencial de 12 millones de consumidores está allí para comprar sus productos, pero que no lo harán mientras no suba su nivel de ingreso y, para eso, necesitamos un Estado más fuerte y eficiente. Cristina Velasquez 17-08-2010 16:20:02 horas En este país es un delito ser de la clase media y exigir que los impuestos que uno paga sean usados con transparencia para brindar seguridad y no para andar haciendo trueque de bolsas solidarias por votos. Con solo seguridad que se tuviera en este país, habría mayor inversión, un descenso importante en la tasa de desempleo y de manera lenta pero segura se disminuiría también la pobreza.

Vale la Pena Revivirlas

Dos acciones que el gobierno había estado impulsando, y que contaban con el respaldo y participación de importantes sectores ciudadano, se han quedado en el olvido. Una se enfocaba a mejorar la calificación del país en los mercados internacionales. La otra, a tratar de domar los demonios de la corrupción en el gasto público. Ojalá pudieran revivirse.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

VALE LA PENA REVIVIRLAS

En cualquier gobierno existen ideas, proyectos y políticas que nacen con buena intención pero que van perdiendo momento y se desvanecen de la escena pública. Algunas políticas llegan incluso a ponerse en práctica exitosamente, para luego caer en el olvido. Otras mueren incluso antes de ver la luz. Por ejemplo, la gestión de Juan Alberto Fuentes al frente del Ministerio de Finanzas Públicas vivió dos claros casos de este tipo de políticas truncadas.

El primero es el caso de la Mesa para la Calificación del País, un esfuerzo que el ministro Fuentes heredó de la administración anterior y al que decidió (con mucho tino y visión de Estado) darle seguimiento desde el inicio de su gestión, pero que con el tiempo se fue enfriando hasta caer en la inanición, especialmente cuando lo urgente acabó por engullir a lo importante.

La Mesa se conformó en 2005 como un foro para coordinar a las distintas entidades del gobierno y del sector privado relacionadas con la calificación que nuestro país recibe por parte de las agencias evaluadoras de riesgo. Se pretendía lograr un abordaje sistemático de los esfuerzos para mejorar la referida calificación, tomando en cuenta que (tras años de descuido del tema por parte de los sectores público y privado) era evidente la inconsistencia que había entre las calificaciones recibidas y la realidad objetiva de los indicadores económicos de Guatemala.

La Mesa emprendió, desde entonces, diversas acciones para concienciar a los actores y opinión pública nacionales sobre la importancia del tema y, a la vez, estructuró una relación sistemática con las calificadoras internacionales, como nunca antes se había realizado. Durante los primeros dos años del actual gobierno la Mesa logró un abordaje institucional de la temática e impulsó una agenda de trabajo en la que se identificaron las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que debían atenderse para mejorar la calificación del país. También se sistematizó la relación con las agencias calificadoras de riesgo, con la OCDE y con el Banco Mundial, a la vez que se identificó una agenda de reformas para mejorar la calificación y se emprendieron acciones de comunicación hacia actores clave en el país.

Los resultados fueron muy favorables: las tres calificadoras de riesgo soberano (Standard & Poor’s, Fitch Ratings y Moody’s) reconocieron que no habían estado evaluando adecuadamente los sólidos fundamentos macroeconómicos del país y –sin dejar de reconocer sus debilidades institucionales y su frágil gobernabilidad-- elevaron firmemente la nota del país, incluso en medio de la peor crisis económica mundial de los últimos años. No obstante ello, con el pasar de los meses el Ministerio de Finanzas se vio desbordado por asuntos coyunturales y dejó de convocar a la Mesa, hasta el punto que ésta dejó prácticamente de funcionar.

El otro caso de un esfuerzo frustrado es el del Observatorio Ciudadano del Gasto que, luego de un larguísimo periodo de gestación, falleció pocas semanas después de su parto en febrero de este año. El Observatorio se gestó como una respuesta conjunta entre el gobierno y el sector privado ante las dramáticas deficiencias del Estado en materia de transparencia, probidad y eficacia del gasto público. Se trataba de integrar una instancia de vigilancia ciudadana capaz de monitorear la calidad y probidad de dicho gasto.

Al Ministerio de Finanzas y a su viceministro de Transparencia Fiscal y Evaluación se les asignó, mediante acuerdo gubernativo, la responsabilidad de coordinar y apoyar las actuaciones del Observatorio. En la práctica, lamentablemente, éste no contó con el suficiente apoyo, claridad de mandato y herramientas para operar conforme lo requerían las dramáticas condiciones de falta de transparencia y calidad del gasto público. El esfuerzo falleció de inanición.

Aunque ambas iniciativas están actualmente sin vida, su razón de ser tiene hoy más vigencia que ayer, por lo que bien vale la pena que las nuevas autoridades de Finanzas las revivan urgentemente.

Cada Mico en su Columpio

El desastre institucional que está viviendo el RENAP o el daño que está sufriendo la reputación del Organismo Judicial son sólo dos ejemplos de lo que ocurre cuando las entidades públicas se administran de manera rudimentaria, empírica e improvisada. Existen principios elementales de gestión pública --relacionados con lo que se conoce como "buen gobierno corporativo"-- que deberían ser de aplicación rutinaria y de conocimiento general por parte de cualquier funcionario público de alto nivel. El más básico de tales principios establece que quien administra es el gerente (no la Junta Directiva); quien establece la estrategia es la Directiva (no el gerente); y, quien un auditor debe ejercer el control de riesgos. Si cada uno de estos actores se circunscribiera a hacer bien su papel y no invadiera el campo del otro, se evitarían situaciones como las indicadas al principio.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

CADA MICO EN SU COLUMPIO

Cuando un miembro de una junta directiva se pone a ejercer funciones administrativas propias del gerente o administrador, existe una alta probabilidad de que la organización de que se trate cometa graves errores que perjudicarán gravemente su funcionamiento. Esto es cierto tanto para corporaciones privadas como para entidades estatales. En ambos casos, el resultado inevitable será que ocurrirán daños económicos y reputacionales para la empresa o entidad.

En nuestro medio existe poco conocimiento y conciencia sobre la importancia de que las entidades (públicas y privadas) tengan un buen sistema de gobierno corporativo, es decir, un sistema por medio del cual se dirijan las organizaciones y se implementan controles sobre su funcionamiento, dentro de un marco donde se relacionen metódicamente la gerencia, los empleados, los socios, la directiva, los clientes y el público en general.

Los propietarios, los directivos, los gerentes y los auditores son quienes están llamados a configurar un buen gobierno corporativo. Si estos cuatro actores cumplen sus respectivos roles, la entidad de que se trate no sólo tendrá un mejor desempeño y rendirá mejores resultados, sino que también se protegerán los intereses de tales actores y del la comunidad. Si ello es importante en el caso de empresas privadas, lo es mucho más cuando se trata de entidades del sector público que manejan los dineros e inciden sobre el bienestar de la ciudadanía.

En efecto, los dueños de las entidades del estado somos todos los ciudadanos y, como tales, debería considerársenos como el cuerpo de más alta decisión corporativa, aunque sea por medio de la representación de los organismos del estado. Por su parte, en el caso de las entidades autónomas y en el de muchas descentralizadas, la Junta Directiva es la responsable de establecer los objetivos y estrategias organizacionales, así como de ejercer el seguimiento y control de sus actividades. Por su parte, los gerentes (o directores ejecutivos) tienen a su cargo la administración rutinaria de la entidad, conforme a su mandato legal y los lineamientos estratégicos establecidos por la junta directiva. Finalmente, la auditoría interna y la Contraloría de Cuentas deben escrutar el trabajo de la directiva y de los gerentes para coadyuvar al adecuado control operativo y financiero de la entidad.

Cuando este esquema de pesos y contrapesos no se tiene claro, ocurren desastres institucionales como el que aqueja al Registro Nacional de las Personas donde, según lo reportado por los medios de comunicación, un miembro de la junta directiva estuvo, durante largo tiempo, tomando decisiones administrativas (que competían exclusivamente al Director Ejecutivo), imponiendo opiniones personales como criterios estratégicos (cuya definición competía a la junta directiva como cuerpo colegiado), o fungiendo de vocero oficial (lo que, evidentemente, excedía de sus atribuciones).

La misma falta de claridad respecto de los roles corporativos pudo verse también en el Organismo Judicial donde, en palabras atribuidas a su vocera, “las plazas administrativas las define el Presidente de la Corte; …no necesitan convocatoria ni concurso”, lo cual evidencia una terrible confusión de roles que no sólo pone un una situación vulnerable a dicho presidente (que, claro está, no tiene por qué tener experticia en contratar personal), sino que, como se vio con la contratación de una señorita a quien se vincula con amistades mafiosas, daña la integridad e imagen de dicho organismo.

Otro caso, pero a la inversa, se está dando en el Congreso, donde muy atinadamente se decidió hace más de un año segregar las funciones administrativas de las estratégicas mediante el nombramiento de un director administrativo, decisión que ahora se está poniendo en tela de duda por parte de algunos interesados en que la confusión de roles vuelva a instaurarse en el Legislativo.

La buena gestión pública requiere que estas lecciones se aprendan. No es gran ciencia, sino cuestión de sentido común para que cada mico se quede en su columpio.

COMENTARIOS DE LOS LECTORES

Luis Aragón 03-08-2010 10:04:00 horas

LOs auditores carecemos de apoyo de las autoridades que dirigen los entes, y por el otro lado el acoso de la Contraloría, que sanciona con multas hasta por parpadear. Pero no sanciona donde se derrocha el pisto como en los mentados "programas sociales" de la esposa del presidente que es la que manda. Hay malversación con fines electoreros de una campaña anticipada para la mentada señora. Ahí, para la Contraloría, todo ha estado bien. Y las movidas en las municipalidades empezando por tu Muni.. Ramiro Asturias Zamora 03-08-2010 10:44:44 horas Imagínense, si confunden tanto los roles (o el respectivo calibre de estos) ¿cómo van a funcionar bien los cojinetes? No hay forma de integrar una maquinaria funcional. Así ni a mameyasos... van a encajar los tales micos en columpios que no les sean los mas indicados. Ahora bien, si la maquinaria ya da indicios de querer irse acomodando sobre la marcha, es porque en el camino se arreglan algunas sobrecargas (cuando parte de ellas vaya quedando botada por el camino, tal y como suele sucederles). Arturo Villagrán Lic. Mario García Lara: Leí con interés su columna del Martes 3 de Agosto en Siglo 21 titulada “Cada mico en su columpio” (*) Por medio de una parábola con la iniciativa privada, Ud. se refiere al desbarajuste existente en el RENAP. Estoy totalmente de acuerdo con lo que Ud. ha escrito y por lo mismo surge mi pregunta: Y donde esta el INAP? Se supone que el Instituto Nacional de la Administración Pública se creó para mejorar el recurso humano y los procesos del Gobierno y para que no ocurrieran situaciones como las del RENAP. Pero del INAP no se sabe nada, ni se pronuncia en nada. Asi pues, le invito a escribir en una futura columna sobre la invisibilidad del INAP. Atentamente, J. Arturo Villagran V. Lector de su columna semanal (*) La frase es atribuida a Miguel Ydígoras Fuentes quien decía “Lo mejor es que cada mico esté en su rama”