Las reformas que el país necesita no pueden
salir adelante sin un acuerdo entre las principales fuerzas políticas
Para un país agobiado por el narcotráfico, por sus
índices de pobreza y por su insatisfactoria tasa de crecimiento económico,
resulta reconfortante que los principales partidos políticos hayan firmado un
acuerdo político, económico y social para
impulsar el crecimiento económico,
crear empleos de calidad, y construir una sociedad de derechos y no de
privilegios que genere bienestar y disminuya la pobreza y la desigualdad
social. Dadas las recientes tensiones políticas, resulta reconfortante la
madurez mostrada por los dirigentes al reconocer que ninguna fuerza política
puede por sí sola imponer su propia agenda, y que las reformas que el país
necesita no pueden salir adelante sin un acuerdo entre las principales fuerzas
políticas.
Y dada la secular ausencia de políticas públicas de
largo plazo, es loable que el referido Pacto político haya incluido acuerdos de
Estado en cinco áreas clave para el desarrollo integral, que se concretan en 95
compromisos específicos, con plazos para su cumplimiento, un método de trabajo
para llevarlos a cabo, así como una estructura de gobernanza, responsabilidades
y reglas de procedimiento. Para la implementación del Pacto los políticos
estuvieron de acuerdo en al necesidad de una reforma fiscal enfocada a mejorar
tanto la eficiencia recaudatoria (simplificando el cobro de impuestos y
ampliando la base de contribuyentes) como la eficiencia del gasto público y su
transparencia.
El primer acuerdo del Pacto es sobre una sociedad de
derechos y libertades, en el que destacan acciones para mejorar la deplorable
calidad de la educación pública, ampliar la cobertura de la seguridad social, y
eliminar el uso electoral de los programas sociales, todo en el marco del
respecto a los derechos humanos y de los pueblos indígenas. Llama la atención
especialmente, tratándose de un país con una enorme diversidad cultural, que se
enfatice la importancia de la cultura como elemento de cohesión social, de
generación de empleo y de bienestar ciudadano.
El segundo acuerdo es para el crecimiento, empleo y
competitividad, en el que destacan las acciones para fortalecer la competencia
en los mercados, procurar el acceso a telecomunicaciones de clase mundial,
invertir en ciencia y tecnología, transformar los sectores energético y minero
(incluyendo mayor exploración y explotación de los recursos disponibles) en un
marco de respeto a la sostenibilidad ambiental (con una adecuada regulación de
los recursos hídricos),y facilitar el acceso al crédito productivo. Llama la
atención el compromiso de impulsar el desarrollo rural a través de la
productividad y el acceso al mercado de los pequeños productores.
El tercer acuerdo es en el campo de la seguridad y la
justicia, donde sobresalen los compromisos de reformar los cuerpos policiales,
revisar la Ley de Amparo y transformar el corrupto sistema penitenciario. El
quinto es el acuerdo por la transparencia y combate a la corrupción, con los
compromisos de fortalecer y dar plena autonomía a la máxima autoridad
contralora de cuentas y crear un sistema nacional contra la corrupción.
Y el quinto es el acuerdo de gobernabilidad
democrática, que incluye compromisos para lograr coaliciones transparentes en
el Congreso y, sobre todo, para reformar profundamente el sistema electoral y
de partidos políticos para una mayor representatividad y participación
ciudadana.
Para aplicar las medidas contenidas en el Pacto,
firmado por el presidente de la República y los líderes del partido oficial y
los dos principales partidos de oposición, se acordó modificar al menos 13
leyes y, además, emprender cinco (¡sólo cinco!) reformas constitucionales a
redactarse mediante un proceso de consensos políticos, y no de improvisación o
imposición autoritaria.
Aunque el referido Pacto político encajaría perfectamente como una
lúcida y meritoria decisión de Estado para el caso de Guatemala, en realidad se
trata del Pacto por México firmado hace algunos días por el nuevo presidente y
los partidos PRI, PAN y PRD del vecino del Norte. Aparte de congratularnos (y,
por qué no, sentir sana envidia) por la visión de largo plazo de los políticos
mexicanos, sólo nos queda la lejana ilusión de que, algún día, los líderes
guatemaltecos puedan acordar un pacto que nos devuelva la esperanza en el futro
de nuestro país.
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