Infraestructura: los Bueyes Antes que la Carreta

La infraestructura pública es crucial (y, ahora mismo, urgente) para lograr el desarrollo el país. Pero antes de asignar carretadas de nuevos de recursos financieros para ese fin, es indispensable reformar (sanear de corrupción y de ineficiencia) las instituciones (especialmente del Ministerio de Comunicaciones) a cargo de ejecutar dicho gasto

Pocas políticas públicas son tan cruciales para el crecimiento económico de un país como la inversión en infraestructura, en especial para un país como Guatemala cuyo gasto gubernamental en infraestructura no representa siquiera el 1% del PIB, lo que lo convierte en de los estados del mundo que menos recursos públicos dedica a construir carreteras, edificios e instalaciones necesarias para mejorar la productividad, la eficiencia de la economía y el bienestar material de sus ciudadanos.

Un estudio reciente (publicado el 28 de febrero) del Fondo Monetario Internacional –FMI- resalta que la precaria infraestructura no solo es uno de los mayores obstáculos al desarrollo de Guatemala, sino que además perjudica el comercio y la integración centroamericana y, por si fuera poco, provoca cuellos de botella en el abastecimiento de alimentos que se manifiestan en una elevada inflación de sus precios. Según este estudio, si la inversión en infraestructura creciera un 1% del PIB encima de su nivel actual, la producción del país aumentaría un 1.2% cada año y la proporción de población en pobreza extrema se reduciría del actual 23% a un 18% en cinco años.

La obvia conclusión que el FMI resalta de lo anterior es que los beneficios derivados de un aumento sustancial y bien enfocado de la inversión pública en infraestructura serían claramente superiores a los costos financieros que tal aumento requiere; por ende, un rápido y fuerte incremento del gasto en infraestructura física es indispensable para promover el desarrollo económico y social de Guatemala.

Algunos analistas han visto en la conclusión del FMI un respaldo a su largamente sostenida aserción de que es imprescindible aumentar la recaudación tributaria del Estado para poder financiar la inversión pública y otros gastos del gobierno. Otros analistas, más proclives a las elucubraciones financieras, ven en este llamado de atención una invitación a aprovechar las aún benignas condiciones en los mercados internacionales para incrementar significativamente el endeudamiento público para destinar dicho financiamiento a la infraestructura.

Lo que parecen pasar por alto estas opiniones es que los resultados positivos que se derivarían de una mayor inversión física del Estado solo se podrán materializar si tal gasto es cuidadosamente dirigido a las áreas donde sea realmente efectivo y si se realiza de forma transparente y proba. Una selección inadecuada de proyectos o una ejecución de los mismos plagada de corrupción y arbitrariedad (como suele ser el caso en muchos proyectos actualmente) impediría que el gasto gubernamental tenga los efectos deseados y equivaldría a tirar el dinero al drenaje.

De manera que aumentar el gasto público en infraestructura (financiado ya sea con impuestos o con endeudamiento) sin antes mejorar la institucionalidad encargada de administrar dicho gasto sería como poner la carreta delante de los bueyes. El propio estudio del FMI se cura en salud al hacer hincapié en que para aprovechar los beneficios de la inversión pública, antes se necesita asegurar la transparencia y una buena gobernanza de las instituciones a cargo de la planificación, asignación, implementación y fiscalización de las obras de infraestructura pública.

Lo que más urge, pues, es una evaluación concienzuda y, consecuentemente, una restructuración profunda de las instituciones estatales relacionadas con la inversión en infraestructura, empezando por el Ministerio de Comunicaciones y sus dependencias, e incluyendo a la Secretaría de Planificación y la Contraloría General de Cuentas. Solo así tendrá sentido (y sustento moral) el necesario aumento del gasto en infraestructura pública.