Las prisas excesivas de unos (los que quieren reformas rápidas y radicales) y la resistencia reaccionaria de otros (los que quieren la impunidad para restaurar el Estado patrimonialista-depredador) están poniendo en riesgo la necesaria reforma de las instituciones públicas
El proceso de reforma institucional del Estado,
indispensable para impulsar el desarrollo del país y reclamado por la mayoría
de ciudadanos (a partir de la ola de indignación provocada por los actos
masivos de corrupción revelados hace casi dos años y que culminó con la
expulsión del poder del binomio Pérez-Baldetti) ha venido avanzando de forma
gradual y sostenida, aunque quizá algo desordenada (tal como lo comentamos la
semana pasada en este espacio). Sin embargo, el casi nulo avance que ha tenido
en el Congreso la discusión de la reforma constitucional al sector justicia
parece denotar que las fuerzas oscuras de la vieja política, que favorecen la
impunidad y el sistema patrimonialista-depredador del erario público, amenazan
con descarrilar dicho proceso.
Quienes quiera que hayan tenido la infeliz ocurrencia
de introducir en la reforma constitucional el tema del antejuicio y el del
reconocimiento del derecho indígena deben estar hoy arrepentidos pues, quizá
sin proponérselo, les sirvieron en bandeja de plata a esas fuerzas oscuras la
excusa perfecta para detener la necesaria reforma funcional y de gobernanza del
Organismo Judicial. Ambos temas (el antejuicio y el derecho indígena), aunque
son muy importantes, podían (y deben) haberse resuelto mediante reformas a
leyes ordinarias sin tocar la Constitución Política de la República. La
insistencia en meterlos en el paquete de reformas constitucionales fue un error
político que hoy pone en riesgo no solo la reforma al sector justicia, sino las
demás reformas institucionales que el país requiere.
Aunque varias mejoras a la justicia pueden hacerse vía
legislación ordinaria, existen aspectos que necesariamente pasan por una reforma
constitucional: la forma de elección de los magistrados de las cortes; la
ampliación del período de funciones de los magistrados; la renovación
escalonada del pleno de magistrados; la ampliación de los grados que se
incluyen en la carrera judicial; la forma de elección y período de funciones
del Jefe del Ministerio Público; y (aunque no sea estrictamente necesario a
nivel constitucional), la disgregación de las funciones jurisdiccionales de las
administrativas dentro de la estructura orgánica del poder judicial.
Estas reformas necesarias, que cuentan con un
importante grado de consenso social, están ahora en peligro por las maniobras
de un grupúsculo de diputados y políticos que prefieren que nada cambie para
que el sistema corrupto y patrimonialista recobre impunemente el poder. No es
casualidad que, al mismo tiempo que en el Congreso se manejaban tácticas
dilatorias para abortar las reformas al sector justicia, se plantearon, de
forma precipitada y subrepticia, algunas iniciativas de ley que buscaban, por
una parte, excarcelar a los principales acusados de actos de corrupción y, por
otra, brindar amnistía anticipada a los actos que legislaturas anteriores
pudieron haber aprobado de manera anómala.
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