Repartiendo el Presupuesto

Si los políticos siguen emitiendo leyes (o reformas constitucionales) en las que se reparte a pedazos el presupuesto de gastos del Estado, no quedará nada para salud, educación ni infraestructura, que son gastos básicos para el desarrollo.

Ante la incapacidad histórica del Estado de asignar sus recursos presupuestarios con base en una adecuada planificación y en función de objetivos de largo plazo, una salida fácil ha sido asignar porcentajes fijos del presupuesto a supuestos gastos prioritarios. Así, en las últimas décadas, se han repartido –cual si fuese un pastel inagotable- los gastos del presupuesto a través de asignaciones establecidas en leyes o en la propia Constitución. Puestos a repartir el presupuesto del Estado, puede resultar interesante hacer un ejercicio de asignación de porcentajes según las prioridades de moda.

El Organismo Judicial tiene asignado actualmente, por disposición constitucional, un 2% del presupuesto del Estado; las reformas constitucionales planteadas por el Organismo Ejecutivo duplican dicho porcentaje; empero, siendo tan fundamental la aplicación de la justicia para el funcionamiento de la República, supongamos que el Congreso deciden elevar dicho presupuesto, ¿por qué no?, al 5% y, así, hacer un aporte políticamente redituable al  atribulado sistema de justicia.

El Tribunal Supremo Electoral, por su parte, tiene actualmente asignado el 0.5% del presupuesto del Estado, y las reformas a la Ley Electoral que se están planteando en el Congreso proponen duplicar dicho porcentaje; pero, dado el rol trascendental del TSE para la sobrevivencia de la democracia y la conveniencia de que el financiamiento de las campañas electorales sea con dineros públicos, bien podría subírsele quizá a 2%.

La educación pública superior, personificada por la Universidad de San Carlos, tiene el 5% del presupuesto estatal asignado en la Constitución; ante los próximos cambios al texto constitucional, quizá resulte políticamente rentable seguir apoyando la prolífica producción científica, técnica y profesional a que nos tiene acostumbrados la USAC y se aumente dicho porcentaje a, digamos, 7%.

El deporte es otra prioridad política de primer orden, que tiene para sí el 3% del presupuesto del Estado; en los 25 años de vigencia de esta asignación constitucional hemos ganado una medalla olímpica, por lo que las próximas reformas constitucionales podrían duplicar a 6% dicho aporte a fin de reducir a 12 años la obtención de nuestra próxima medalla plateada.

Hasta aquí llevamos repartido apenas el 20% del presupuesto, así que podemos continuar, tal como lo está proponiendo el Ejecutivo en su propuesta de reformas constitucionales, al subir de 10% a 11% el aporte del presupuesto a las municipalidades lo cual, como no tiene más intención que seguir apoyando la transparente ejecución del gasto municipal, bien podría elevar el Congreso, ¿por qué no? a un 15%.

El Gobierno también propone en sus reformas constitucionales asignar un 1% del presupuesto a la Contraloría; vamos, subámosle a 2% para poder combatir mejor la corrupción. También plantea el Ejecutivo asignarle constitucionalmente un 2% del presupuesto al Ministerio Público; quizá el Congreso estime que para combatir el crimen organizado se pueda duplicar dicho porcentaje: 4%.

Con estos cambios habríamos asignado sólo el 41% del presupuesto, de manera que podemos proseguir. La actual asignación constitucional del 1% del presupuesto para alfabetización, bien podría elevarse a un 3% --¿qué más importante que eliminar el analfabetismo?-. Y a la Escuela Nacional Central de Agricultura, que tan crucial ha sido para el desarrollo rural del país, podría subírsele su actual asignación constitucional y dotarla del 1% del presupuesto nacional.

Todavía quedaría un 55% del presupuesto por repartir, lo cual podría hacerse a nivel constitucional aprovechando las próximas reformas: 5% para promover la identidad de los pueblos indígenas; 5% para subsidiar a los adultos mayores; 5% para combatir la desnutrición; 5% para fortalecer los Consejos de Desarrollo; 5% para fomentar el turismo; 5% para el arte; y, un 10% para complementar el altruismo de la sociedad civil (bomberos, fundaciones, hogares de ancianos, etcétera). ¿Quién se puede oponer a tan loables fines?

El restante 15% del presupuesto habrá de usarse para pagar salarios de la burocracia y para servir la deuda pública. Ya no quedaría nada para salud, educación ni infraestructura; pero estos gastos básicos para el desarrollo no parecen ser parte de las prioridades de moda.