¿Qué Pasó con el Presupuesto?

 UNA DECISIÓN CLAVE ES REDUCIR LOS GASTOS SUPERFLUOS

 Debido a que el Congreso no sancionó oportunamente el presupuesto del Estado para 2021, ha quedado vigente para el presente año el enorme y desproporcionado presupuesto de Q107 millardos con el que concluyó el año anterior, situación que genera mucha incertidumbre y confusión respecto de la senda macroeconómica del país. Por ello, el gobierno anunció desde noviembre su intención de presentar al Congreso -a inicios de enero- una iniciativa de readecuación presupuestaria.

 Hasta hoy, dicha readecuación aún no ha sido elevada al legislativo, lo cual no contribuye a atender dos preocupaciones que se agravan día tras día ante la ausencia de un presupuesto gubernamental adecuado a las realidades del año corriente. En primer lugar, existe una creciente incertidumbre entre los agentes económicos respecto de cuáles son las prioridades que guiarán el gasto público durante 2021 y sobre la capacidad del gobierno de ejecutarlos eficientemente. Esa incertidumbre ocasiona que las decisiones de inversión y de consumo carezcan de norte y se vean pospuestas, lo cual redunda en una menor producción y una menor generación de empleos.

 En segundo lugar, el enorme déficit fiscal que se producirían si no se reduce el techo presupuestario hace que aumente la desconfianza externa (particularmente por parte de las instituciones financieras internacionales y las calificadoras de riesgo-país) respecto de la sostenibilidad de las finanzas públicas guatemaltecas. Esa desconfianza impide que las condiciones crediticias (tasas de interés y pazos) que enfrentan el gobierno y las empresas nacionales puedan beneficiarse del clima favorable que hoy ofrecen los mercados mundiales.

 Por ello es clave que el gobierno concluya cuanto antes la propuesta de readecuación presupuestaria para 2021 -con un techo de gasto significativamente reducido- y que el Congreso la apruebe rápidamente (sin volverla a arruinar, como lo hizo en noviembre pasado). Hay que tener presente que al techo vigente deben deducírsele los recursos que extraordinariamente prestó el Banco de Guatemala (Q11 millardos) en 2020 -y que no estarán disponibles en 2021-, así como otros rubros (incluyendo algunos préstamos) del presupuesto del año pasado que solo se justificaban por la pandemia.

 Además, es imprescindible que se explicite el compromiso de reducir gradualmente el déficit fiscal en 2021, 2022 y 2023, hasta llevarlo a un máximo de un 2% del PIB; este mensaje es esencial para dar tranquilidad a los mercados, y no perjudicar la calificación de riesgo-país. Conviene recordar que la mejor manera en que las finanzas públicas pueden cooperar con una recuperación y un crecimiento económico sostenibles es manteniendo un clima de estabilidad y certeza. Esto requerirá, ciertamente, de valentía para reducir la miríada de gastos superfluos contenidos en el presupuesto vigente y para emprender un diálogo fiscal integral que no se centre solo los ingresos sino, principalmente, en las reformas profundas que se necesitan para mejorar la calidad del gasto público y combatir la enraizada corrupción.

MOMENTO DE SER PROACTIVOS

 NO HAY QUE ESPERAR A QUE LA AGENDA NOS LA IMPONGAN DESDE EL NORTE

 Normalmente, para los gobernantes estadounidenses los países latinoamericanos no pasan de ser su patio trasero. Sin embargo, ante las crecientes amenazas que el narcotráfico, el terrorismo y la migración ilegal masiva les representan, el Triángulo Norte de Centroamérica ha ido posicionándose como una prioridad estratégica para las principales agencias gubernamentales de ese país. Ahora, con el ascenso al poder de Joe Biden (muy familiarizado con los avatares de esta región), también pasaremos a ser una de las prioridades de la Casa Blanca.

 Desde antes de las elecciones del pasado noviembre ya había Biden revelado un plan para hacer frente a los desafíos del Triángulo Norte, bajo la lógica de que para detener la migración ilegal y neutralizar el narcoterrorismo es menester atacar la raíz de tales amenazas a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Así, el Plan Biden plantea una estrategia de cuatro años que requerirá unos cuatro millardos de dólares del presupuesto de ese país -a ser complementados con recursos de los países centroamericanos- para combatir la pobreza y la violencia en esta región.

 Dicho plan privilegia el impulso de reformas institucionales para combatir la corrupción y la participación de la inversión privada para generar empleos. Un reciente informe de la USAID sobre la migración aconseja políticas de creación de empleos en áreas urbanas, de inclusión financiera, de facilitación de acceso a la vivienda, de reducción de la conflictividad agraria y de neutralización de las pandillas extorsionistas. Ahora bien, estos planteamientos no entran a detallar qué reformas y medidas puntuales deben impulsarse para lograr los objetivos trazados. Esas reformas y medidas deberían, idealmente, ser generadas desde los propios países centroamericanos.

 De ahí la necesidad de ser proactivos, visionarios y osados: nuestro país necesita impulsar reformas y políticas en los sistemas judicial, de servicio civil, de control del gasto público y de partidos políticos (este último, fuente y origen del acelerado deterioro institucional de los últimos años) que, en gran medida, se alinean con el interés de los Estados Unidos de reducir las amenazas que nuestro país entraña para su seguridad nacional. Bien haría nuestro gobierno en priorizar la preparación de una propuesta de medidas y reformas a ser impulsadas en los próximos años. Pero deben ser políticas y reformas integrales y de alcance nacional (no superficiales y locales, como las que se plantearon en tiempos de Obama).

 El evidente interés del nuevo gobierno estadounidense en cambiar la realidad socioeconómica de Guatemala, El Salvador y Honduras puede convertirse en una oportunidad para estos países de tomar las riendas de las políticas y reformas que sienten las bases de un desarrollo sostenido y, de paso, que atiendan las preocupaciones estadounidenses respecto de la región. De no hacerlo, es probable que el gigante del Norte ejerza su musculatura para imponer soluciones diseñadas desde allá.

No Nos Ha Ido Tan Mal

 EL IMPACTO DE LA PANDEMIA ESTÁ SIENDO ENORME, PERO HA PODIDO SER PEOR

La pandemia de covid-19 ha tenido un impacto catastrófico que se manifiesta, simultáneamente, en una crisis sanitaria y una crisis económica sin precedentes. Hace un par de semanas se desató en las redes sociales una polémica en torno a una gráfica, elaborada por la consultora Diestra, en la que se evalúa el desempeño de los países ante la pandemia midiendo dos dimensiones: los decesos ocasionados por el virus (impacto sanitario) y la caída estimada del PIB (impacto económico). Ahí se evidenciaba que Guatemala era de los países menos afectados en el mundo. Algunos inmediatamente descalificaron la gráfica (arguyendo que las cifras estaban erradas), mientras que otros atribuyeron los resultados a las buenas políticas públicas adoptadas durante la crisis.

Objetivamente, la gráfica en cuestión resulta una herramienta interesante para comparar el impacto de la pandemia entre países. Incluso si las cifras para Guatemala se ajustaran (digamos que en vez de tener los 275 decesos registrados por millón de habitantes tuviéramos 400, y si en vez de una caída del PIB estimada oficialmente en -1.5% cayésemos un 3%), aun así, nuestro país sale mejor librado de la pandemia que la mayoría de países en el mundo. La pregunta relevante es si ese buen desempeño relativo se debe a las políticas públicas o es fruto del azar.

Las medidas de confinamiento observadas en Guatemala en los albores de la crisis no fueron ni tan estrictas como las medidas draconianas aplicadas, por ejemplo, en la India (que hicieron colapsar la actividad económica), ni tan relajadas como las que se aplicaron en la mayoría de los Estados Unidos (que provocaron una grave crisis sanitaria). También se adoptaron medidas efectivas en materia sanitaria: uso obligatorio de la mascarilla, distanciamiento social y lavado de manos. La resultante moderación en la tasa de contagios no es, sin embargo, completamente atribuible a las medidas oficiales, sino también al comportamiento precavido de los guatemaltecos, cuyos indicadores de movilidad se redujeron más que los de los países vecinos. Algunos sostienen que, además, la alta tasa de vacunación contra la tuberculosis que existe en el país pudo haber ayudado también a reducir la incidencia del covid-19.

En el campo económico, el impacto se moderó gracias a una rápida aprobación de programas de apoyo a las familias y empresas afectadas, así como por una política monetaria acomodaticia. Pero seguramente ayudó más el persistente flujo de remesas familiares, así como el espíritu emprendedor de los guatemaltecos, su ancestral ingenio, su capacidad de adaptación y su reconocida solidaridad.

Si bien es cierto que esas dos dimensiones -caída del PIB y número de decesos- no son las únicas medidas válidas del impacto de una tragedia humanitaria tan grave como la pandemia de covid-19, también lo es que no se puede negar que Guatemala ha salido mejor librada que muchos otros países, ni que ello se debe -en parte- al mérito de algunas de las políticas aplicadas. Pero tampoco podemos negar que hemos corrido con mucha suerte… hasta ahora.

Las Crisis Engendran Oportunidades

 PARA ADAPTARSE CON ÉXITO AL MUNDO POST PANDEMIA SE REQUIEREN MEJORES INSTITUCIONES

 La pandemia de covid-19 trastocó profundamente la sociedad y hundió la economía, no solamente en Guatemala sino en casi todo el mundo. El deseo de encontrar una nueva normalidad para nuestras interacciones sociales y de recuperar el crecimiento económico se topará con cambios acelerados en el escenario político internacional y en las tendencias que definen los intercambios comerciales y culturales: la revolución digital se ha acelerado a una velocidad inusitada, al tiempo que actividades como el turismo y los viajes han debido adaptarse a unas condiciones históricamente adversas. Mientras que la globalización se ha desacelerado, los populismos parecen proliferar.

 Ante este escenario de incertidumbre sin precedentes, nuestra pequeña economía y nuestra frágil república deben enfrentar una serie de desafíos que se vislumbran muy complicados. Empezando por la anhelada vacuna, cuya aplicación masiva debería convertirse en la política prioritaria del gobierno en los próximos meses, ya que una exitosa campaña de vacunación contra el covid-19 podría convertirse en un paso decisivo para abatir las expectativas negativas que han lastrado el consumo y la inversión durante la pandemia.

 Otro desafío clave es generar un ambiente de certeza jurídica indispensable para que las inversiones (y el empleo) florezcan y se multipliquen, a fin de que la economía incremente su productividad mientras se adapta a las nuevas condiciones post pandémicas. Ello implicará también lograr una mejora en las capacidades del Estado para proveer los servicios públicos esenciales y recuperar, al mismo tiempo, la sostenibilidad fiscal que hoy está bajo amenaza por los desequilibrios presupuestarios que, aunque ya existían solapados antes de la pandemia, se evidenciaron y recrudecieron a raíz de esta.

 Todo esto significa que Guatemala debe adoptar las reformas que le permitan adaptarse al nuevo mundo post pandemia. Para que haya inversión y empleo se necesita certeza jurídica, y para que esta exista es indispensable transformar el desastroso sistema de justicia que hoy tenemos. Para que el Estado provea de forma eficaz los servicios públicos esenciales (salud, educación, seguridad, infraestructura) es necesario cambiar los sistemas de partidos políticos, de servicio civil, de infraestructura pública y de control del gasto estatal. Y todas estas reformas deben hacerse de forma ordenada y técnica, preservando la estabilidad macroeconómica que tanto esfuerzo costó alcanzar.

 La cuestión crucial en 2021 será si los guatemaltecos podremos aprovechar la oportunidad que esta crisis nos presenta para impulsar ordenadamente los cambios institucionales que el país necesita o si, por el contrario, la incertidumbre y la miopía nos harán caer presas de la tibieza, el temor y la inacción. Se trata de una ocasión única que, ojalá, los líderes del país (especialmente los políticos) sean capaces de asumir con lucidez y valentía.

NUESTRA FRÁGIL DEMOCRACIA

LA REFORMA DE LA LEY ELECTORAL NO ES UN CAPRICHO; ES UNA NECESIDAD DE ESTADO

Revisando la evolución de los distintos índices publicados en meses recientes, para hacer balance del desempeño de Guatemala durante este aciago año, me encontré con los interesantes datos que arroja el Índice de Democracia de The Economist Intelligence Unit, que busca medir el estado de la democracia en 165 países. Este índice mide cinco categorías: el proceso electoral; el funcionamiento del gobierno; la participación ciudadana; la cultura política; y las libertades civiles. Con base en los puntajes de los varios indicadores que conforman esas categorías, cada país se clasifica en uno de cuatro tipos de régimen: “democracia plena”, “democracia defectuosa”, “régimen híbrido” o “régimen autoritario”.

Con un puntaje global de 5.26 sobre 10 posibles -para el indicador más reciente, calculado con datos de 2019-, Guatemala se ubicó en el puesto 93, más lejos del primer lugar del ranking (Noruega, 9.87 puntos) que del último (Corea del Norte, 1.08 puntos). Eso nos ubica en la categoría de “régimen híbrido”, sin caer en el autoritarismo, pero por debajo de las “democracias defectuosas”, lo que ya es una señal preocupante. En Latinoamérica solo punteamos mejor que Cuba, Venezuela, Nicaragua, Haití y Bolivia. Más preocupante aún es comprobar que hace una década nuestra democracia era más sólida (con 6.07 puntos) que hoy.

El escenario podría ser peor, de no ser porque en dos de las categorías evaluadas nuestros resultados son relativamente buenos. Con 6.92 puntos, el proceso electoral (campaña política, votaciones, conteo de votos y asignación de resultados) fue bien valorado, lo que sugiere que las nuevas autoridades electorales deberían enfocarse en no debilitar los procesos que tanto ha costado conformar. De manera similar, la categoría de libertades civiles (de expresión, de organización), con 6.47 puntos, refleja aspectos que, con ahínco, se han ido arraigando entre los valores más preciados de la sociedad, pese a estar bajo continua amenaza.

Las que lastran el desempeño de la democracia guatemalteca son las otras tres categorías. El funcionamiento del gobierno obtiene una baja calificación (4.64), debido a la elevada precepción de corrupción y la poca transparencia y rendición de cuentas de los últimos años. Asimismo, las categorías de cultura política (4.38 puntos) y de participación ciudadana (3.89 puntos), epitoman todo lo que está mal en nuestro sistema de partidos políticos y en el consecuente desempeño de los candidatos electos: cacicazgo, exigua representatividad, inexistencia de ideologías, ausencia de propuestas, cortoplacismo, opacidad y búsqueda de rentas.

La tan anhelada reforma a la Ley Electoral debe poner atención a estos aspectos. No es solamente un reclamo de la sociedad civil; es una necesidad de Estado, puesta en evidencia por indicadores objetivos como los apuntados, y de cuya solución depende evitar que nuestra joven democracia continúe debilitándose.

POTENCIAR LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA

 LA RECUPERACIÓN YA ESTÉ EN MARCHA, PERO AÚN ES FRÁGIL Y HAY QUE APUNTALARLA

Lo peor de la crisis económica inducida por la pandemia parece haber llegado a su fin. Diversos indicadores manifiestan ya un comportamiento positivo y las estimaciones para 2021 apunta a un crecimiento del PIB de alrededor de 3.5% anual. Sin embargo, esta recuperación aún es insuficiente para alcanzar los niveles de producción previos a la pandemia, lo que obliga a pensar en medidas para acelerar el aún frágil crecimiento, para lo cual deben superarse varios desafíos.

El primero es abatir la apatía que la pandemia sembró en consumidores e inversionistas que, por razones de precaución, han estado posponiendo sus decisiones de gasto hasta que se disipe la incertidumbre. Un gasto público inteligente, enfocado en una campaña masiva de vacunación contra el covid-19 y un fortalecimiento de las capacidades de atención en salud, puede ser la clave para revertir el pesimismo de los agentes económicos.

Un segundo desafío es movilizar el financiamiento al sector productivo. La referida posposición del consumo y de la inversión ha implicado que las personas y las empresas prefieran mantener niveles elevados de liquidez; al mismo tiempo, la recesión provoca que los bancos actúen con suma cautela y ralenticen la concesión de préstamos. Esto ha generado importantes excedentes de liquidez que solo podrán canalizarse hacia crédito productivo cuando las entidades financieras empiezan a percibir menores riesgos de que los préstamos caigan en mora. El gobierno podría crear fondos de garantía para provocar tal percepción y permitir que los excedentes de liquidez fluyan para financiar actividades productivas.

Otro desafío es mantener la disciplina fiscal, indispensable para preservar la estabilidad macroeconómica. La crisis supuso un gran gasto gubernamental que generó un rápido aumento de la deuda pública y una reducción de los espacios fiscales. Sin embargo, generar un crecimiento más sólido requiere que se invierta en el futuro, lo que implica fortalecer el sistema de salud y de protección social, pero también el capital humano (educación y formación para el trabajo) y las oportunidades económicas (incluyendo infraestructura). Mantener el equilibrio entre ese gasto necesario y la disciplina fiscal puede lograrse si se adoptan reglas fiscales eficientes que impongan límites razonables y guíen el gasto estatal con transparencia.

Un cuarto -y crucial- desafío es fortalecer las instituciones del Estado para crear un clima adecuado para el intercambio económico y la inversión. Sin un sistema de justicia en el que jueces independientes diriman los conflictos; sin un sistema político que provea servidores públicos con visión de largo plazo; sin presupuestos oficiales bien planteados y eficientemente ejecutados; y, sin reglas claras que den certeza jurídica a las decisiones económicas, será imposible que la recuperación económica alcance el vigor y la sostenibilidad que el país necesita para garantizar el bienestar y el progreso de la población.

¡La Vacuna!

LA VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 DEBE SER LA PRIORIDAD PRESUPUESTARIA Y LOGÍSTICA DEL GOBIERNO EN 2021

En medio de una segunda ola de contagios en el Hemisferio Norte, la gran noticia de la última semana ha sido el anuncio del alto grado de eficacia de al menos tres diferentes vacunas contra el covid-19. Gran Bretaña será el primer país en empezar a inocular a su población. Ahora es probable que, con la vacuna y las técnicas terapéuticas en continua mejora, veamos el final de la pandemia durante 2021, especialmente en los países ricos. Sin embargo, los países en vías de desarrollo no la tenemos tan clara: existen muchas dudas sobre nuestra capacidad para implementar políticas de inmunización masiva, especialmente en un entorno de fiera competencia entre países por acceder a suficientes vacunas.

La vacunación contra el covid-19 debería convertirse, por mucho, en el centro de las políticas públicas del Estado guatemalteco en 2021. Ello implica priorizar los recursos financieros y logísticos del gobierno para acceder a una cantidad adecuada de vacunas de la mejor calidad. Se sabe que las autoridades ya han efectuado una reserva inicial de una de las vacunas, pero se trata de una cantidad aún insuficiente de vacunas para alcanzar la inmunidad de grupo el año próximo. Y aún está pendiente de pagarse la mayor parte del costo de dichas vacunas.

Lo anterior implica, en primer lugar, que la vacunación debe ser una prioridad presupuestaria en 2021. Algunos expertos estiman que se necesitan unos Q1500 millones para comprar las vacunas suficientes para cubrir al 40 por ciento de la población que se necesita inmunizar para alcanzar la inmunidad de grupo. No es un monto descabellado y, ahora que se está revisando el presupuesto del Estado, resulta ser un rubro al que debe darse primacía. En segundo lugar, la vacunación deberá convertirse en una prioridad logística, lo que plantea un desafío complejo para un aparato estatal anquilosado, torpe y corrompido.

Transformar la lucha contra la pandemia en el eje del quehacer gubernamental reviste una serie de ventajas: puede convertirse en un tema unificador capaz de dar un rumbo definido y ampliamente popular al gobierno, de canalizar los esfuerzos de la sociedad civil hacia un fin indiscutiblemente noble y de apaciguar los justificados descontentos y frustraciones de la población respecto del aparato político. A estos réditos políticos derivados de una estrategia de vacunación se le sumarían sus innegables réditos económicos: el gasto público en la vacuna generaría retornos financieros enormes en la medida en que los “espíritus animales” (y con ellos la inversión y el consumo) se reaniman ante las perspectivas de un pronto retorno a la normalidad.  

Sin embargo, dedicar una buena parte del presupuesto y de los recursos logísticos del Estado a la vacuna reduce las oportunidades de hacer negocios turbios con el erario, por lo que quizá muchos funcionarios corruptos no alcancen a ver la importancia de colocar la vacunación como la prioridad uno del gobierno en 2021. Cambiar eso será otro enorme desafío para el gobierno.