Tres Dimensiones de la Corrupción

En la lucha contra la corrupción, la persecución penal es importante; pero de poco o nada servirá si no se avanza simultáneamente en la reforma institucional del Estado y en la instauración de una cultura ciudadana de la integridad.

La corrupción acarrea nefastas consecuencias políticas, económicas y sociales que ponen en grave riesgo la viabilidad futura del país. Su grado de peligrosidad depende de la forma en que evolucionen la tres dimensiones que la determinan: la dimensión punitiva (es decir, la manera en que se persigue y se castiga la corrupción), la dimensión cultural (la manera en la que la sociedad percibe y tolera la corrupción) y la dimensión operacional (la manera en que las instituciones se ordenan para que opere –o no- la corrupción).

Durante muchos años, la dimensión punitiva estuvo tan desdeñada y menospreciada que Guatemala llegó a ser uno de los países más corruptos del Hemisferio. Afortunadamente en abril de 2015 la CICIG y el Ministerio Público salieron de su letargo y emprendieron una meritoria lucha contra el cáncer de la corrupción, que podría haber sido más efectiva si la Contraloría de Cuentas se hubiese sumado para detectar oportunamente las irregularidades, para aportar elementos y pruebas en los diversos casos e, idealmente, para contener muchos de esos casos en el campo administrativo y minimizar el desgastante proceso judicial. De cualquier modo, por meritorios que sean los avances en la dimensión punitiva, de nada van a servir si no se producen al mismo tiempo avances significativos en las otras dos dimensiones.

Transformar la dimensión cultural es mucho más complicado cuando, como en el caso de Guatemala, la sociedad involucionó progresivamente hasta llegar a tolerar la  corrupción como algo normal. El Premio Nobel de Economía de 2017, Richard Thaler, indica que la corrupción es “contagiosa”: un acto de corrupción que parece normal o que no es sancionado provoca un efecto de imitación o de repetición por parte de otros miembros de la sociedad, lo cual genera una cadena de comportamientos repetitivos. Para romper ese círculo vicioso se requiere que en el discurso público y en el imaginario colectivo deje de considerarse la corrupción como algo esperado, habitual y normal. Esta transformación cultural es lenta per se y porque requiere de acciones y programas de cultura ciudadana impulsados desde el gobierno (nacional o municipal), lo cual implica una previa renovación de la clase política.

Por su parte, la transformación de la dimensión operacional quizá pueda ser más rápida si se enfoca en una indispensable reforma institucional que altere el nefasto andamiaje de entidades estatales que hoy se ordenan para favorecer la corrupción e impedir su oportuna detección y prevención. Tales reformas incluyen la del sistema de servicio civil, a fin de que las plazas en la administración gubernamental dejen de ser un botín político o una fuente de coimas y tráfico de influencias. El sistema estatal de infraestructura vial también debe reformarse, junto con el de compras de insumos, para hacerlos competitivos, transparentes y bien supervisados.

El sistema de contraloría y fiscalización del gasto público debe reformarse para hacerlo no solo más objetivo, eficaz y oportuno, sino para hacerlo parte de una perdurable cultura de probidad. Asimismo, el sistema judicial debe reformarse para asegurar que los jueces de todas las instancias sean independientes y capaces. Y, lo más importante, el sistema electoral y de partidos políticos debe reformarse profundamente para facilitar la participación ciudadana, mejorar la representación de los electores y fortalecer la autoridad electoral. Estas reformas institucionales son imprescindibles para darle sentido y sostenibilidad a la lucha contra la corrupción. Y requieren de perseverancia, adecuada propuesta técnica, participación ciudadana y voluntad política. La tarea no es fácil, nadie dijo que lo sería; pero es impostergable.

Tiempos Conflictivos

La sociedad guatemalteca está peligrosamente dividida. En el umbral del enfrentamiento, es necesario recapacitar y enfocarse en los temas de fondo, lo cual implica un acuerdo nacional sobre la reforma institucional: sistemas de partidos políticos, de justicia, de servicio civil, de compras gubernamentales y de infraestructura pública. Sin esa reforma, no habrá desarrollo.

La semana pasada fui invitado por la Asociación de Gerentes de Guatemala a impartir una conferencia sobre la situación del país, en el marco de su programa Líderes en Contacto. El ambiente prevaleciente entre el público participante -que, sin duda, es un reflejo del sentir de las élites dirigenciales del país- era de una patente incertidumbre respecto de la situación económica, así como de un cierto temor respecto del clima de conflicto que parece haberse instalado en quehacer político nacional.

En cuanto a la situación política, es evidente que la problemática que estamos viviendo, aunque compleja, puede entenderse -y atenderse- mejor si reconocemos que  Guatemala está viviendo (desde abril de 2015) un típico periodo de transición política desde un antiguo régimen (donde las leyes y normas no eran obligatorias, donde el patrimonialismo definía el juego político-partidista y donde la corrupción y la impunidad eran una cotidianeidad socialmente tolerada) hacia un nuevo régimen (donde se aspira a contar con instituciones fuertes que hagan prevalecer el Estado de Derecho).

Las transiciones, a lo largo de la historia y alrededor del mundo, son procesos más o menos prolongados que generan una serie de tensiones sociales y de reacomodos políticos que en el largo plazo, si son bien conducidos, generan beneficios al país, pero que en el corto plazo ocasionan conflictos y enfrentamientos entre tres bandos: el que se resiste al cambio, el que anhela un cambio gradual y ordenado, y el que aspira a un cambio radical e inmediato.

En cuanto a la situación económica, a pesar de contar con un ambiente externo propicio (la economía mundial está en un periodo de auge) y de condiciones macroeconómicas estables (merced a nuestras políticas fiscal y monetaria ortodoxas), la muy baja -y malamente atendida- productividad del aparato económico, aunada a la conflictividad política, nos conduce a una permanente mediocridad del crecimiento económico y a muy escasos avances en materia de bienestar material.

Para superar la difícil coyuntura en los dos ámbitos (político y económico) se requiere de una agenda priorizada y de un liderazgo definido que den un aliento de esperanza ante la incertidumbre prevaleciente. Dicha agenda y dicho liderazgo deben enfocarse fundamentalmente en la reforma institucional: solo con instituciones más fuertes será posible darle sustento a la transición política (hasta ahora circunscrita al combate a la corrupción) y, simultáneamente, elevar la productividad del aparato económico (condición indispensable para lograr el desarrollo del país).

La buena noticia es que la agenda de reforma institucional está bastante bien identificada: sistema de justicia, sistema de servicio civil, sistemas de contratación e infraestructura pública, y sistema electoral y de partidos políticos. Si bien el contenido en detalle de las reformas puede y debe ser objeto de debate y discusión, la esencia y necesidad de las mismas debiese ser, más bien, motivo de unidad y consensos entre los distintos sectores organizados de la ciudadanía.

El reciente llamado al optimismo y al diálogo por parte del sector privado organizado en torno a una agenda mínima de país, o la apelación a la sensatez política por parte de las autoridades del banco central para minimizar la incertidumbre económica, o la exhortativa del a Conferencia Episcopal a procurar la cohesión y articulación de los sectores sociales empresariales, académicos y religiosos, son llamados que  ponen una luz de esperanza en la penumbra de conflictividad que se cierne sobre Guatemala. Sensatez política, madurez ciudadana y amor a la patria son los elementos esenciales para lograr acuerdos respecto de las reformas que el país reclama.

Falta Hacer los Deberes

Las condiciones económica y políticas internacionales exigen a Guatemala tomar acciones precisas y decididas que abonen a la certeza jurídica y a que prevalezca el Estado de Derecho. La próxima elección de Fiscal General y la imprescindible reforma del sistema electoral son, para empezar, los principales desafíos que al respecto se presentan en 2018

El ambiente internacional en 2018, en cuanto a lo económico, luce favorable: la economía de los Estados Unidos–nuestro principal socio comercial- apunta a una consolidación de sus niveles de crecimiento y de empleo, fuente principal de las remesas familiares que sustentan el consumo de los hogares guatemaltecos, principal motor de nuestra economía. En contraste, en el ámbito político las cosas no pintan tan positivas, en la medida en que, por un lado, el establishment político guatemalteco no se acople a las exigencias estadounidenses en materia de lucha contra la corrupción y, por otro, las políticas proteccionistas y anti-migración de Donald Trump afecten los flujos comerciales y financieros entre ambos países.

El desempeño económico y político de Guatemala está inextricablemente vinculado al de los Estados Unidos, por lo que conviene cobrar conciencia de lo que el país necesita hacer para aprovechar de mejor manera el periodo de bonanza económica del gran vecino del Norte, y para minimizar los efectos de un eventual empeoramiento de las relaciones políticas con esa nación.

Ciertamente, ningún país democrático aliado de los Estados Unidos merece que el presidente de ese país lo llame “país pocilga” –según pueden traducirse las desafortunadas expresiones de la semana pasada de Trump, que ofendieron directamente a El Salvador y Haití pero también, indirectamente, a países exportadores de migrantes como Guatemala y México-.  Pero, denunciada la ofensa, debemos reconocer que muchos de los riesgos y falencias de nuestra relación con el gran vecino del Norte son atribuibles a nuestra propia culpa.

Para empezar, no nos haría ningún daño dar señales más firmes de un compromiso del país con el combate a la corrupción y al tráfico de drogas, así como con la reducción de la migración ilegal, todas estas prioridades de la agenda exterior estadounidense. Por otro lado, deberíamos esforzarnos en preservar lo bueno que tenemos, por mucho que lo malo sea más abundante y conspicuo. Así, la estabilidad macroeconómica, los bajos déficits fiscal y de balanza de pagos, la continua reducción de los indicadores de homicidios o la resiliencia del sistema financiero nacional son factores que deben mantenerse y resguardarse.

Por encima de eso, el problema central de Guatemala –que hemos evadido por demasiado tiempo- es la creciente debilidad institucional del Estado, que se manifiesta en una muy precaria gobernanza y en una creciente falta de certeza jurídica. Estas carencias se manifiestan en unas entidades gubernamentales extremadamente débiles y disfuncionales que derivan en taras tan patéticamente tercermundistas como la falta de pasaportes, la inexistencia de un sistema nacional de correos, la ignorancia de cuántos empleados públicos existen, la inoperancia del sistema de compras del Estado, el deterioro de la red vial, o la falta de pupitres (y de maestros) en las escuelas.

Para que tal disfuncionalidad no siga perjudicando el desarrollo del país, es menester reformar las instituciones necesarias para que prevalezca el Estado de Derecho. Dos acciones de política pública se tornan indispensables este año que recién empieza. Primero, el proceso de nombramiento de Fiscal General debe asegurar que el elegido sea un profesional genuinamente independiente y comprometido con la lucha contra la impunidad; este es el primer paso para la necesaria reforma del sector justicia. Y, segundo, debe recuperarse la casi extinta legitimidad de las instituciones republicanas (incluyendo el Congreso de la República), lo cual conlleva una profunda renovación del sistema político. Entre todos los deberes que nos quedan por hacer, estos son los que debiésemos priorizar en 2018.

¿Ricos o Pobres?

Quizá no seamos tan pobres como creemos... ni tan ricos

Ser pobre o ser rico es, objetivamente hablando, una situación relativa. Cualquier guatemalteco cuyas posesiones materiales valgan unos Q16,500 (sumando sus depósitos bancarios, inversiones financieras y otras propiedades muebles e inmuebles, menos el monto de sus deudas) podría creerse poco afortunado; pero, en realidad, sería más rico que la mitad de la población mundial. Esto de acuerdo con un estudio reciente, el Global Wealth Report –GWR-, publicado por el Credit Suisse Research Institute a finales del año pasado.

Un guatemalteco que, por ejemplo, posea un apartamento en la zona 21 de la capital, un sedán coreano de diez años de antigüedad y una cuenta monetaria de Q3 mil, estará ubicado entre el 25% de las personas más ricas del mundo. Y el dueño de una riqueza neta superior a Q750 mil (dueño de, digamos, una casa en la zona 7, un rancho en la playa, cuentas bancarias por Q15 mil y un carro alemán modelo 2014) será un privilegiado más rico que el 92% de los humanos.

El GWR, a diferencia de otros estudios sobre prosperidad y desigualdad, calcula los activos netos de los hogares, en vez de centrarse en los ingresos. El estudio revela que existen diferencias de riqueza entre individuos y entre países que se explican por muchas razones. Aquellos individuos con poca riqueza se encuentran desproporcionadamente entre los más jóvenes (que han tenido pocas posibilidades de acumular activos) o entre quienes han sufrido pérdidas, o viven en regiones donde las perspectivas de creación de riqueza son limitadas, o pertenecen a alguna minoría. En el otro extremo del espectro, hay muchas personas con enormes fortunas adquiridas mediante una combinación de talento, trabajo duro o buena suerte.

La pirámide de riqueza presentada en el GWR tiene una gran base ocupada por unos 3,500 millones de personas (el 70% de todos los adultos del mundo) con una riqueza individual inferior a Q75 mil en 2017. Otros 1,100 millones de adultos (21% del total) caen en el rango de Q75 mil a Q750 mil. Estos dos conjuntos (el 91% del total de adultos), aunque tengan una modesta riqueza, en conjunto acumulan activos netos por casi Q300 millardos, lo que subraya el potencial económico de este grupo cuya importancia a menudo se pasa por alto.

En el tope de la pirámide están los millonarios (literalmente, los individuos cuya riqueza supera el millón de dólares). Son unos 36 millones de personas en el mundo (menos del 1% del total), cuya riqueza supera los US$128 billones (46% de la riqueza mundial). Esos millonarios residen principalmente en los Estados Unidos (43% del total de millonarios), aunque también habitan en países capitalistas como Japón (7% del total) y Gran Bretaña (6%), en países más igualitarios como Alemania (5%) o Francia (5%), y hasta en países socialistas como China (5%). En contraste, Latinoamérica –una de las regiones reputadamente más desiguales - no llega a cobijar ni el 1% de los millonarios del planeta.

Aunque las estimaciones del GWR tienen sus debilidades, resultan útiles para hacer comparaciones; por ejemplo, la riqueza promedio de un guatemalteco (de unos Q55 mil) resulta superior a la del ciudadano promedio de India (aproximadamente Q43 mil), pero muy inferior a la del estadounidense promedio (unos Q2.8 millones). Las cifras también ayudan a reflexionar que muchos de quienes se consideran adalides de la igualdad, y no pocos de quienes critican a los ricos, a la globalización y al libre mercado, pueden ser ellos mismos parte de la élite que tanto denostan. Y que, en contraposición, muchos de quienes en nuestro medio se consideran ricos, están muy lejos de formar parte del club de magnates del mundo.

El Ensueño de la Renta Básica Universal

Recurrentemente surgen propuestas de política pública que prometen atajos hacia el progreso y el bienestar. Del flanco derecho se aspira a que con rebajas impositivas, zonas económicas con privilegios especiales, o megaproyectos de inversión se logren efectos espectaculares de creación de empleos. Ahora, del flanco izquierdo, nos viene la promesa de la Renta Básica Universal, como la piedra filosofal que solucionará los problemas de pobreza y desigualdad. Siempre está presente la resistencia a reconocer que para lograr el desarrollo económico integral no existen atajos.

El concepto de renta básica universal –RBU- se refiere a un pago que el gobierno haría a todos los ciudadanos, sin ninguna condición de por medio, de un monto suficiente para cubrir las necesidades mínimas de cada uno. La idea no es nueva, pues desde el siglo XVI empezó a discutirse la aplicación de algo similar a la RBU y, desde entonces, han sido varios los pensadores, filósofos, académicos y políticos que han desarrollado propuestas al respecto, sin que sus impulsores puedan encasillarse en una corriente ideológica determinada, pues entre ellos se cuentan desde pensadores de izquierda, hasta libertarios, humanistas y populistas.

Últimamente, ONGs como Oxfam y Greenpeace han estado impulsando la idea en varios países europeos, y en Guatemala el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales –ICEFI- se les ha unido con entusiasmo proponiendo que se aplique una RBU universal como la política pública idónea para eliminar rápidamente la extrema pobreza y reducir la desigualdad, mostrando para el efecto una serie de asombrosos cálculos (que diversos analistas han puesto inmediatamente en duda) sobre los efectos positivos de tal medida.

En la práctica, la RBU no ha sido aplicada como tal en ningún país, aunque sí ha habido experimentos a nivel regional o municipal en varios países, con resultados ambiguos. Actualmente hay en marcha varios de estos experimentos en algunas ciudades o regiones de países como Canadá, Holanda, Italia, Kenya, o Uganda, pero en ninguno se trata de una RBU propiamente dicha, ya que o bien no se cubre a la totalidad de la población (en cuyo caso no es universal), o el monto otorgado no alcanza para cubrir las necesidades mínimas del individuo (en cuyo caso no es básica).

A nivel académico, la RBU tiene partidarios y detractores, así como aspectos en positivos y negativos pero, en todo caso, para que sea aplicable en el mundo real el factor crucial requerido es su financiamiento. Para el caso de Guatemala, una RBU implicaría el pago de unos Q600 mensuales a cada uno de los 16 millones de guatemaltecos (un monto menor no cubriría las necesidades alimentarias básicas), lo que generaría un costo presupuestario de más de Q116 millardos por año, lo que representaría más del 20% del PIB y más del 200% de los ingresos tributarios. Algo sencillamente impagable.

Por ello los proponentes de la idea en Guatemala han planteado reducir el monto y la cobertura, pero al hacerlo ya no estaríamos hablando de una RBU sino de una transferencia condicionada de efectivo glorificada. El problema es que las transferencias condicionadas (que en teoría son una magnífica idea) mostraron en el pasado reciente ser extremadamente vulnerables al clientelismo político, a la manipulación y a la corrupción, convirtiéndose lamentablemente en un sonoro fracaso de política pública en el país.

Dado que el Estado para cumplir sus funciones se enfrenta a restricciones financieras, la priorización del uso de sus limitados recursos reclama seriedad y responsabilidad. Para buscar la eficiencia y apoyar el crecimiento económico y desarrollo del país, el Estado debe priorizar su gasto en la realización de inversión social y económica básica (fundamentalmente educación, nutrición y salud), así como el financiamiento de la infraestructura, la provisión de servicios públicos de seguridad y justicia, y el fortalecimiento institucional. La RBU –por muy sexy que luzca como oferta de campaña electoral- no podría ir antes de cubrir esos rubros básicos. Por el contrario, mientras tengamos un Estado débil, con una institucionalidad porosa, politizada y alineada con el sistema político patrimonialista, el planteamiento de una RBU no será más que ensueño fantasioso.

La Esquiva Reactivación Económica

Las medidas de estímulo monetario o de estímulo fiscal no serán efectivas, en parte por las dificultades que les impone el entorno, y en parte porque los que se requiere en el fondo para que nuestra economía crezca sosteniblemente son políticas estructurales y de reforma institucional

Por fin, hace un par de semanas, la Junta Monetaria decidió bajar en un cuarto de punto porcentual la tasa de interés líder de política monetaria, reduciéndola a un nivel de 2.75%. Esta reducción era largamente deseada por los exportadores y por gran cantidad de analistas a la luz de las condiciones de estabilidad de precios y de la evidente tendencia a la apreciación del quetzal registradas a lo largo del año. Cabe indicar que no se registraba un descenso en la tasa líder desde mediados de 2015 y que, ahora, la tasa se ubica en su nivel más bajo de los últimos diez años.

Siendo realistas, el efecto de dicha reducción quizá nunca se llegue a manifestar en una depreciación cambiaria ni en una aceleración del crédito bancario (ni tampoco, por ende, en una reactivación de la economía), por varias razones. Primero, porque las condiciones monetarias alrededor del mundo empiezan -lenta pero consistentemente- a restringirse, con lo cual concluye el largo período de tasas de interés muy bajas a nivel mundial, situación que, aunada a las restricciones prudenciales y legales que las autoridades estadounidenses están imponiendo a sus bancos para operar en plazas riesgosas (como la guatemalteca), se traducirán en un encarecimiento del costo del financiamiento hacia nuestro país.

Si a esto agregamos la reciente rebaja en la calificación de riesgo-país que nos impuso la calificadora Estándar & Poor’s, se vislumbra el inicio de un ciclo de financiamiento externo a Guatemala con tasas de interés más elevadas. Ante ello, la rebaja en la tasa líder del Banguat servirá solamente para morigerar el efecto de dicha alza en el costo del crédito externo, que ya ha empezado a sentirse en el ambiente financiero nacional.

Tampoco pueden ponerse muchas esperanzas en una reactivación económica por la vía del gasto gubernamental, no solo porque el Congreso improbó el presupuesto solicitado por el Ejecutivo para 2018 (que, en la mejor tradición keynesiana, pretendía expandir el gasto público en salarios e infraestructura), sino también porque (incluso si el presupuesto hubiese sido aprobado) el tamaño del gobierno en la economía guatemalteca (menos del 11% de la producción nacional) limita cualquier efecto expansivo de la política fiscal.

Además, ambas políticas -reducción de tasas de interés y expansión del gasto público- son políticas de estímulo de la demanda agregada que, para ser efectivas, tienen que ir acompañadas de un cambio en las percepciones de los agentes económicos, hoy sumidos en un clima de incertidumbre y en una sensación de que no hay un norte claro que oriente las políticas públicas del país. Si no se da ese cambio en los “espíritus animales” –como les decía Keynes-, es poco lo que las políticas de demanda agregada pueden hacer para estimular la economía pues -como también Keynes escribió- “se puede llevar el caballo al agua, pero no se le puede obligar a beber”.

La salida a esta situación, aunque no es fácil de lograr y sus resultados son lentos en llegar, está en las políticas que estimulen la oferta; es decir, políticas que fortalezcan el potencial de producir más y de crear más y mejores empleos. Para ello se necesita mejorar la productividad sistémica de la economía mediante políticas de reforma estructural (que son aquellas en las que los expertos nacionales y extranjeros han venido insistiendo durante años). Por desgracia, esas políticas son exactamente las que los líderes de la vieja política se resisten a impulsar: reformas a la seguridad y justicia; combate a la corrupción; reforma al sistema político; modernización del servicio civil; y, gasto público eficiente y focalizado en nutrición, salud, educación e infraestructura. Y no hay atajos que valgan.

¿ES INMORAL QUE LOS BANCOS PRESTEN DINERO AL GOBIERNO?

LAS CRÍTICAS RECIENTES

Últimamente se han expresado severas críticas a las inversiones que los bancos privados hacen en bonos del gobierno, es decir, al concepto mismo de que los bancos puedan otorgarle dinero en préstamo al Estado. Algunas de estas críticas, aparentemente técnicas, llegan a cuestionar incluso la prohibición contenida en el artículo 133 de la Constitución que prohíbe al Banco de Guatemala (banco central) otorgarle financiamiento al gobierno, aduciendo que tal prohibición hace que los bancos privados llenen el vacío que deja el banco central y perciban por ello grandes ganancias.

Otras críticas, evidentemente emocionales, califican de “inmorales” las inversiones bancarias en bonos estatales, no solo por los rendimientos que las mismas generan, sino porque, además, están exentas de impuestos. El riesgo de este tipo de críticas, por muy bienintencionadas que parezcan, es que pueden inducir a cambios de políticas o de leyes que resultarían más caros y perniciosos que el supuesto problema que pretenden atacar. Todo porque, en su afán de criticar un síntoma (las utilidades que perciben los bancos por invertir en títulos estatales), no alcanzan a ver el problema de fondo que no es otro que la debilidad estructural de las finanzas públicas guatemaltecas.

QUÉ ES UN BANCO

Para analizar el tema conviene tener clara la naturaleza de la banca privada, cuya función en la economía es la de ser intermediarios financieros: los bancos obtienen recursos (recibiendo depósitos o préstamos) de personas que poseen un superávit financiero (ahorrantes, inversionistas u otros bancos) y los canalizan (concediendo préstamos o haciendo inversiones) hacia personas que tienen un déficit financiero (individuos, empresas, proyectos o gobiernos); a las primeras les paga una tasa de interés (pasiva) y a las segundas les cobra otra (tasa activa), de cuyo diferencial cubren sus costos y obtienen sus utilidades. Ese proceso de intermediación financiera le imprime eficiencia a la asignación de los recursos financieros en el país y contribuye a crear una economía más productiva.

POR QUÉ LOS BANCOS INVIERTEN EN BONOS

Se colige entonces que resulta normal (como lo es en casi cualquier país) que, además del otorgamiento de crédito al sector privado, los bancos incluyan entre sus operaciones activas la inversión en títulos gubernamentales, que no son otra cosa que un préstamo bancario a un sector financieramente deficitario (el gobierno). Claro está que para la economía en su conjunto resultaría ideal que los bancos destinaran sus recursos mayoritariamente a financiar nuevos emprendimientos e inversiones, en lugar de financiar el déficit fiscal. En Guatemala, a octubre pasado solo el 55% de los activos bancarios en Guatemala correspondían a créditos concedidos. Sin embargo, existen razones que explican el apetito de los bancos nacionales por los títulos públicos, como lo es el caso de su fácil negociación, que permite hacerlos líquidos en el mercado secundario, cuando requieren de liquidez para sus operaciones.

La primera y principal razón es que el gobierno tiene un déficit fiscal estructural que lo obliga constantemente a buscar financiamiento externo e interno, para lo cual, entre otros mecanismos, coloca bonos en el mercado que los bancos suelen estar dispuestos a comprar, especialmente cuando existe una baja demanda de créditos por parte de los  sectores productivos de la economía (que es un poco lo que viene sucediendo en Guatemala en los últimos tres años, en que la incertidumbre política ha incidido en una posposición de las decisiones de inversión privada).

Otra razón que inclina a los bancos a invertir en bonos del gobierno es que los intereses que estos instrumentos generan, por decisión gubernamental, están exentos de pagar el Impuesto Sobre la Renta y, además, tienen un plazo de vencimiento promedio de 15 años y una tasa de rendimiento promedio  de 7.1% que, aunque inferior a la tasa de interés promedio en el otorgamiento de créditos (8.8%), requiere de muchos menos costos para obtenerla.  Además, los bonos del Estado son considerados, para efectos regulatorios, como activos de bajo riesgo, por lo que los bancos tienen que aprovisionar menos capital para tales activos que para los préstamos al sector privado. Asimismo, la tasa de interés que paga el gobierno por sus bonos incorpora un factor de riesgo (riesgo-país), el cual depende de la calificación (grado y perspectiva) que hacen las calificadoras internacionales. En el caso de Guatemala, dicha calificación se ve perjudicada por el lento ritmo de crecimiento económico, como por la debilidad institucional y la existencia de un problema de fiscal estructural, lo cual hace que la tasa de interés deba ser más elevada para atraer a los inversionistas. Todo esto hace que los títulos gubernamentales sean atractivos para los bancos, por lo que resulta plenamente normal y racional que los bancos busquen ese tipo de inversiones como destino para sus recursos financieros.

LA TENTACIÓN DE REGRESAR AL PASADO

Claro está que el hecho de dedicar ese superávit financiero de la sociedad a pagar el agujero fiscal, en vez de destinarlo a financiar actividades privadas, es una señal de que el país está invirtiendo menos de lo que debería en nuevos proyectos productivos que le permitirían crecer más y generar más empleos. Algunos periodistas achacan esta situación a la prohibición constitucional que impide al banco central financiar al gobierno y, con base en tal premisa, sugieren que deberíamos regresar a la situación anterior en la que los bancos no tenían ningún incentivo de invertir en bonos del gobierno porque estos los compraba el Banco de Guatemala pagando intereses extremadamente bajos.

En realidad, regresar al pasado permitiendo que el banco central le diera crédito concesional al gobierno sería una pésima noticia para la economía ya que este tipo de financiamiento se hacía mediante la emisión masiva de dinero sin respaldo que --como lo demuestra la experiencia internacional y la historia nacional- ocasiona nocivas consecuencias macroeconómicas al generar inflación y ocasionar pérdidas al banco central que dejan permanentemente lisiada a la política monetaria.

En efecto, existen tres argumentos sólidos que desaconsejan el crédito de banca central al gobierno causante de pérdidas en el balance del instituto emisor. En primer lugar, que actuar como agente cuasifiscal puede afectar la capacidad del banco central para cumplir con su mandato de preservar la estabilidad macroeconómica; en segundo lugar, que dicha actuación disfraza las debilidades fiscales del gobierno, oscurece su responsabilidad e impide la debida rendición de cuentas; y, en tercer término, que las experiencias de hiperinflación registrada en los últimos cien años alrededor del mundo se originan en la emisión monetaria derivada del financiamiento de banca central al gobierno.

EL TEMA DE FONDO

El tema de fondo no es si los bancos obtienen demasiadas utilidades por otorgarle crédito al gobierno mediante la inversión en bonos, sino que es identificar por qué el gobierno tiene una sempiterna necesidad de recurrir a ese financiamiento o, en el peor de los casos, a financiamiento subsidiado por parte del banco central. La debilidad fiscal estructural del Estado guatemalteco (evidente tanto por el lado de los ingresos, como por el lado de la calidad del gasto) es la enfermedad detrás de los síntomas del incesante endeudamiento gubernamental.

El asunto es de suma trascendencia para el futuro del país, puesto que la debilidad estructural de las finanzas públicas (caracterizada por los bajos ingresos, la ineficiencia en el gasto y la corrupción enquistada en las estructuras gubernamentales) impide satisfacer las necesidades sociales, de seguridad y de infraestructura críticas y para apoyar el crecimiento a largo plazo. El desafío real es mejorar la administración y la estructura tributaria, dentro de una estrategia de reforma fiscal integral que asegure el apoyo del público, lo cual pasa por profundizar las medidas de mejora en la transparencia fiscal, en la eficiencia del gasto y en el combate a la corrupción que permitan aumentar la credibilidad del gobierno.

Las críticas al crédito de los bancos al gobierno no solo no se sustentan técnicamente (y no hay que olvidar que es una práctica común en la gran mayoría de países), sino que confunden los síntomas con la enfermedad, con lo cual distraen la atención de la opinión pública y los esfuerzos de política pública que deberían centrarse en solucionar el desafío de fondo que plantea la debilidad estructural de las finanzas públicas del país.