LA MADRE DE LAS REFORMAS ELECTORALES

 LO MÁS IMPORTANTE ES FORTALECER EL TSE, QUE HOY VIVE SU HORA MÁS OSCURA

Si el Tribunal Supremo Electoral -TSE- ya venía arrastrando un deterioro paulatino y una crisis de credibilidad, la reciente suspensión de varios de sus magistrados titulares por acusaciones del Ministerio Público lo ha llevado al borde de un colapso institucional sin precedentes. La máxima autoridad electoral de Guatemala, que debería ser garante de la legalidad, de la transparencia y de la efectividad del proceso democrático, hoy se tambalea bajo el peso de su fragilidad estructural y de los errores acumulados durante los últimos años.

El problema de fondo, sin embargo, no es solo la coyuntura actual. El gradual debilitamiento y la consecuente inestabilidad del TSE son los síntomas más visibles de una enfermedad más profunda: su fragilidad institucional y su falta de independencia respecto de la clase política (sobre la que está llamado al ejercer autoridad). La forma en que actualmente se eligen, organizan y ejercen su mandato los magistrados, permite que profesionales con insuficiente formación técnica, influenciables políticamente y sujetos a intereses ajenos a la democracia, lleguen a dirigir el destino electoral del país. Esta crisis no es un accidente: es el desenlace predecible de un sistema que se ha venido adulterando para hacerlo frágil, vulnerable y fácilmente cooptable.

El TSE necesita una reconfiguración profunda para garantizar su independencia y eficacia

Mientras tanto, en el Congreso, las iniciativas de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos -LEPP- avanzan, pero con un enfoque superficial. Las reformas en discusión se centran principalmente en aspectos procedimentales (que podrían ser resueltos por la vía administrativa o reglamentaria si existiera un TSE fuerte y creíble) y en ajustes cosméticos, sin tocar los problemas estructurales que realmente ponen en peligro la democracia guatemalteca. Se discute sobre tecnicismos de financiamiento y propaganda, pero se elude el verdadero tema de fondo: el TSE necesita una reconfiguración profunda para garantizar su independencia y eficacia.

El fortalecimiento del TSE pasa por al menos tres reformas cruciales: (1) prolongar el período de los magistrados y establecer su renovación de forma escalonada, a fin de evitar que una sola legislatura concentre la potestad de elegir a todo el pleno; (2) separar claramente las funciones jurisdiccionales de las administrativas, de modo que los magistrados se dediquen a impartir justicia electoral sin verse absorbidos -o, incluso, tentados hacia la corrupción- por gestiones puramente operativas; y, (3) garantizar mecanismos de selección de magistrados que se basen en las capacidades, méritos y trayectoria de los postulantes, y no en negociaciones políticas entre las mismas fuerzas a las que esos futuros magistrados deben fiscalizar.

El colapso del sistema de partidos es una crisis paralela que preocupa y amerita atención, pero el colapso de la autoridad electoral es una amenaza aún más grave. Sin un TSE fortalecido, independiente y profesional, Guatemala corre el riesgo de perder lo que aún queda de su frágil democracia. La clase política debe entender que no se trata de preservar privilegios o de seguir administrando la crisis, sino de evitar que el país entre en una espiral de desconfianza institucional de la que difícilmente podrá salir.

El tiempo para parches y reformas electorales tibias ya pasó. Si la democracia guatemalteca quiere sobrevivir y robustecerse, necesita un TSE con una renovada autoridad moral que esté a la altura del desafío. La pregunta es si la clase política (dentro y fuera del Congreso) y la ciudadanía organizada están dispuestos a asumir ese reto antes de que sea demasiado tarde.

LA “AMENAZA” DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

 HAY QUIEN CREE QUE LA IA HARÁ INNECESARIOS MUCHOS EMPLEOS. LO MÁS PROBABLE ES QUE CREARÁ MUCHOS MÁS

Un creciente número de profesionales ve con preocupación cómo el futuro de sus empleos parece amenazado por la irrupción de la Inteligencia Artificial -IA-. Abogados, médicos, auditores, oficinistas y -¡oh, no!- economistas temen por sus ingresos. Las profesiones que se basan en conocimientos, en procesar información y en determinar cursos de acción a partir de esos conocimientos y análisis, ven cómo muchas de estas funciones las realiza ahora casi cualquier persona con acceso a una aplicación (gratuita) de IA.

Que no cunda el pánico. La IA genera también fuerzas en el sentido contrario: reduce barreras de entrada al mercado y eleva las remuneraciones. Ciertamente la IA hará más difícil que unos pocos privilegiados acaparen la información; eso, sin embargo, abrirá oportunidades para que más personas puedan acceder al conocimiento, procesar la información y determinar cursos de acción. El resultado previsible será una mayor competencia y el surgimiento de más profesionales especializados que competirán, ya no en función de quién tiene más información privilegiada, sino de quién agrega más valor a sus servicios.

Y lo más importante de la IA es que reduce el costo de obtener, procesar y transmitir información, aumentando así la productividad de la economía como un todo, incrementando el nivel de ingresos y el valor del tiempo de los profesionales. La teoría económica sugiere que, ante esto, las personas responderán del mismo modo que lo han hecho durante siglos: demandando más servicios a los profesionales.

Eso sí, el desafío de los profesionales y de las organizaciones es el de adaptarse pronto al cambio:  desarrollar habilidades complementarias utilizando la IA para mejorar su productividad; especializarse en áreas que requieran creatividad y juicio humano; e incursionar en nuevos roles asociados a la profesión. Y las organizaciones (empresariales o sociales, pequeñas o grandes) deben innovar sus procesos productivos y administrativos para capturar plenamente los beneficios que ofrece la IA. 

"La IA no reemplaza, sino que potencia a los profesionales"

Es inevitable que la IA deje sin trabajo a algunos profesionales (los que no se adapten a ella), pero seguramente generará más trabajo y empleos para los demás, no solo para quienes con ella mejoren la calidad de sus servicios, sino para una nueva estirpe que haga de la IA su principal herramienta. La IA no es un peligro absoluto para el empleo, sino más bien un factor de evolución en el mercado laboral: históricamente, la tecnología ha creado más empleo del que ha destruido; toda revolución tecnológica desplaza ciertos tipos de empleo, pero genera muchas más oportunidades laborales nuevas. De manera que la IA no reemplaza, sino que potencia a los profesionales. Además, las habilidades humanas (como la empatía, el pensamiento crítico, la creatividad) seguirán siendo insustituibles… por ahora.

Ante la irrupción de la IA, el rol de las políticas públicas es el de adoptar, facilitar, fomentar y acelerar su uso para aprovechar su potencial en materia de productividad, crecimiento económico y bienestar material. La adopción de la IA puede tener un impacto crucial tanto en la calidad de los servicios públicos, como en la economía nacional. Aunque eventualmente habrá necesidad de alguna regulación estatal respecto de la IA, esta debe mantenerse en un mínimo que no afecte los beneficios que ofrece la nueva tecnología. El Estado debe más bien potenciar esos beneficios para mejorar la productividad, las instituciones públicas, la solidez macro-fiscal y la gestión de riesgos (naturales, políticos, económicos y sociales), y apoyar así el desarrollo del país.

GARROTE Y ZANAHORIA

 LA INCONVENIENTE Y PELIGROSA MODA DE USAR LOS ARANCELES COMO ARMA POLÍTICA

Donald Trump ha comenzado su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos en un modo mucho más agresivo que el de su primero. Las amenazas de aplicar aranceles como herramienta de política pueden resultar más o menos preocupantes -para el resto del mundo- dependiendo de si su finalidad es la de proteger su industria doméstica, o si es la de elevar sus ingresos fiscales, o si solamente se trata de un recurso transaccional para negociar otros objetivos políticos.

Si el objetivo fuese proteccionista, los aranceles buscarían reducir el déficit comercial de Estados Unidos y defender su industria de la supuesta competencia desleal de otros países (especialmente China): así, Trump vería los aranceles como una forma de incentivar la inversión e impulsar la producción. Si el objetivo fuera más bien fiscal, Trump estaría aplicando aranceles con el fin de aumentar los ingresos del gobierno a costa de los proveedores extranjeros, lo que le permitiría reducir los impuestos internos.

Sin embargo, cualquier estudiante de economía, o cualquier historiador aficionado, podrían decirles a los políticos pro-aranceles que ninguno de esos objetivos tiene demasiado sentido. Aranceles más altos implican productos importados más caros, lo cual ocasionaría que se reduzca la demanda de dólares y se aprecie la moneda estadounidense, encareciendo así las exportaciones gringas: los aranceles acabarían siendo un impuesto no solo sobre sus importaciones, sino también sobre sus exportaciones. Este efecto se exacerbaría aún más si otros países decidieran tomar represalias subiendo sus propios aranceles. Adicionalmente, los aranceles encarecerían los productos importados, empobreciendo a los consumidores estadounidenses. Todo un suicidio económico que sería incluso más doloroso porque los pocos empleos creados gracias a los aranceles se concentrarían solo en aquellas industrias (las menos eficientes, que necesitan ser protegidas para sobrevivir a la competencia internacional) y perjudicarían al resto de industrias al incrementarles el costo de sus insumos.

 La única justificación de recurrir a los aranceles es como una herramienta de negociación

Los aranceles tampoco significarían un gran aumento en los ingresos del gobierno estadounidense, ya que (incluso aumentándolos) representan una mínima fracción de su gigantesco presupuesto. Así que la única justificación lógica de recurrir a los aranceles es como una herramienta de negociación (el garrote) para extraer concesiones de sus socios comerciales a cambio de mantener la buena voluntad de los Estados Unidos (la zanahoria). Es muy probable que esto lo sepan bien los gobiernos de China y Europa (y México y Canadá), por lo que -esperemos- no deberían tomas represalias arancelarias agresivas, sino más bien responder quirúrgicamente a las medidas de Trump (con un bisturí, no con un machete) y así evitar una guerra comercial de la que nadie puede salir ganando.

En este contexto, lo que no podemos hacer quienes creemos en el libre comercio (y en los colosales beneficios que este le ha traído al progreso material de la humanidad en las últimas décadas) es resignarnos ante la ola de proteccionismo que amenaza con regresarnos un siglo en la historia. La ciencia económica y la historia demuestran con claridad que los aranceles siempre han sido contraproducentes: restringen la competitividad y la innovación, protegen a las industrias más ineficientes, aumentan el costo de vida y reducen el crecimiento económico. Conviene recordar que fueron precisamente las políticas económicas netamente nacionalistas (proteccionistas) las que hace cien años ocasionaron el colapso monetario y comercial más grande de la historia.

POCA AMBICIÓN EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 2025

TANTO EN EL CONGRESO COMO EN EL EJECUTIVO PARECEN DECANTARSE POR OBTENER VICTORIAS FÁCILES

La semana pasada se revelaron las que podrían ser las agendas prioritarias del Congreso y del Ejecutivo para 2025. En el Legislativo trascendió que, por ahora, las principales bancadas acordaron una agenda mínima que incluye la Ley de Alianzas Público-Privadas, la Ley de Cooperativas, una ley de incendios forestales, y las reformas a le Ley de Tarjetas de Crédito. Además, el presidente del Congreso agregó algunas iniciativas cuya inclusión en la agenda está avanzando: una ley de medicamentos, una ley para la portabilidad numérica de los teléfonos celulares, la Ley de Cine, una ley contra la violencia en el sistema educativo, una ley para sancionar la trata de personas en el sistema penitenciario y una ley de acceso a la tecnología educativa. 

Aunque esta agenda incluye alguna ley interesante, la misma dista mucho de ser ambiciosa. Las iniciativas incluidas parecen buscar “quick wins” políticos que signifiquen (o aparenten) logros legislativos a la vista de los votantes; pero no deja de decepcionar que no se estén considerando reformas orientadas a mejorar la eficiencia del Estado y de sus instituciones. La ausencia de propuestas para reformar el sistema de justicia, el sistema de control del gasto público, el sistema de servicio civil, el proceso presupuestario o el propio sistema electoral deja un vacío en la agenda legislativa y muestra una falta de conciencia sobre las transformaciones estructurales que el país necesita.

Por su parte, el Ejecutivo también hizo públicas sus prioridades de política pública al incluir en su informe anual al Congreso un capítulo que describe “la futura cosecha” que pretende impulsar en 2025. En educación, prioriza el mantenimiento de la infraestructura escolar, la contratación de docentes y el programa de alimentación escolar. En salud, ampliar la cobertura de servicios y aplicar un modelo eficiente de abastecimiento de medicamentos. Ofrece profundizar la iniciativa "Mano a Mano" (empleo temporal, vivienda, distribución de alimentos) y fortalecer la agricultura familiar, así como mantener las transferencias monetarias condicionadas.

En política económica ofrece fortalecer la estabilidad macroeconómica y mejorar la calificación de riesgo-país, al tiempo que se optimiza el gasto público. Asimismo, prioriza el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la modernización del sistema penitenciario. Busca mejorar la eficiencia en la administración pública mediante plataformas tecnológicas e impulsar medidas ambientales centradas en la gestión del agua y la conservación de cuencas. Y en el campo internacional se enfoca en la protección a los migrantes.

Así, también en el caso del Ejecutivo se vislumbra una agenda relativamente poco ambiciosa. En particular, brillan por su ausencia dos cuestiones cruciales en las prioridades de políticas públicas que deberían ser los “buques insignia” del gobierno para 2025: el combate a la desnutrición infantil y una estrategia integral de lucha contra la corrupción. La desnutrición infantil es el elefante en la cristalería del que nadie quiere hablar y que ha sido injustificadamente ninguneado durante décadas por los distintos gobiernos; eso debería cambiar radicalmente. Y el combate a la corrupción es la bandera con la que el actual gobierno hizo campaña y, presumiblemente, la razón por la cual los votantes lo eligieron para gobernar. Los avances en este campo son aún muy pocos. Se necesita una política integral de fomento a la transparencia que no se base solo en la buena voluntad y la ética de los funcionarios públicos, ni solo en la veleidosa apuesta de la persecución penal.

 

REVITALIZAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

PARA QUE NO SIGAN DISPERSAS Y POSTERGADAS, ES NECESARIO FOCALIZARLAS Y PRIORIZARLAS

Al empezar un nuevo año conviene reflexionar sobre la necesidad de focalizar y priorizar las políticas públicas que son indispensables para impulsar el desarrollo y el bienestar, pero que tradicionalmente suelen encontrarse dispersas y postergadas en la agenda gubernamental. En primer lugar, habría que empezar por aquellas políticas centradas en mejorar el ingreso de los más pobres: el elefante en la cristalería (sobre el que pareciera que nos da vergüenza hablar) son los indicadores de pobreza en el país, incluyendo -especialmente- los relacionados con la desnutrición.

El foco aquí pasa tanto por evitar (mediante políticas monetarias y fiscales disciplinadas) que la inflación carcoma los escasos ingresos de los pobres, como por erradicar la desnutrición infantil. Parece mentira que a ningún gobierno se le haya ocurrido establecer un fondo específico (transparente y eficientemente gestionado) contra la desnutrición. Ello sería más eficaz que el manido recurso populista de repartir subsidios y transferencias (que no necesariamente llegan a los más pobres) sin percatarse de que la pobreza no puede combatirse sosteniblemente regalando recursos públicos, sino propiciando las condiciones adecuadas para generar empleo y riqueza.

En segundo lugar, las políticas públicas deberían concentrarse en mejorar los servicios públicos básicos: seguridad y justicia, educación básica, salud preventiva y primaria, e infraestructura pública. Los recursos estatales son escasos y, por lo tanto, no pueden destinarse a satisfacer las infinitas necesidades de la sociedad (ni a los infinitos caprichos de los políticos), sino que deben focalizarse prioritariamente en la provisión eficaz de dichos servicios públicos básicos.

En tercer lugar, las políticas públicas deberían focalizarse en aumentar la productividad sistémica del país; la productividad es la piedra fundamental para lograr un crecimiento económico más acelerado, sostenible y conducente a una mejora en las condiciones de vida de todos los guatemaltecos. Y la base para aumentar la productividad es lograr un orden económico en el que el imperio de la ley dé la certeza necesaria para que las interacciones (económicas, sociales y culturales) se desarrollen con eficiencia.

Lo anterior requiere, a su vez, de gobiernos eficientes (tanto a nivel local como nacional), de manera que, en cuarto lugar, las políticas públicas deberían priorizar la eficacia, transparencia y rendición de cuentas de esos gobiernos, empezando por luchar decididamente contra la corrupción. Para ello no basta con lindos discursos o buenas intenciones; ni siquiera basta con poner a funcionarios probos a cargo de las entidades estatales. El cáncer de la corrupción es tan insidioso, que combatirlo requiere, ante todo, de reformas institucionales (de la Contraloría de Cuentas, de presupuesto, del Servicio Civil, del proceso legislativo, del sector justicia y del sistema electoral) que implican difíciles batallas políticas que deben acometerse con valentía y perseverancia.

Finalmente, las políticas públicas deben mantener un enfoque de apertura y agilidad de cara al resto del mundo, especialmente ahora que a nivel mundial están avanzando de forma amenazadora propuestas proteccionistas, xenófobas, nacionalistas y aislacionistas que pueden repercutir negativamente en nuestra economía. Es menester prepararse para contrarrestarlas y resistirlas, tanto mediante una política exterior audaz y firme, como mediante políticas internas prudentes que preserven la resiliencia y estabilidad que nuestra economía ha logrado construir en las últimas décadas.

¿TODO TIEMPO PASADO FUE MEJOR?

El futuro puede ser, incluso, superior (una reflexión para el fin de año)

Parece inevitable que, al llegar a cierta edad, el ser humano y sus coetáneos nos inclinemos a creer que “todo tiempo pasado fue mejor”. Puede ser que la tendencia de las personas a romantizar el pasado tenga que ver con factores emocionales o culturales: tendemos, con el tiempo a recordar especialmente las experiencias positivas y a enterrar en el subconsciente las negativas; tendemos, también con la edad, a volvernos menos receptivos a las nuevas tendencias, tecnologías o cambios culturales. La música, la moda, las películas, las normas sociales de nuestros años de formación suelen moldear nuestra identidad y por eso solemos a apreciarlos más.

Pero las normas y valores sociales van evolucionando, inevitablemente, y ello lleva a creer a muchos -en medio del torbellino de rápidos cambios tecnológicos y culturales que pueden resultar abrumadores- que la sociedad se está deteriorando en comparación con los "viejos tiempos". Y no; en realidad no todo tiempo pasado fue mejor. Aunque el pasado tenga innegables aspectos positivos (como los vínculos comunitarios más fuertes o una menor degradación ambiental), es importante reconocer que cada época tiene sus desafíos y logros únicos. Si romantizamos el pasado podemos cegarnos ante los evidentes avances que nuestro mundo ha experimentado en muchos campos como la tecnología, el bienestar material o la salud. Comprender esta realidad es esencial para que, sin dejar de apreciar el pasado, podamos al mismo tiempo mantener el compromiso con el presente y la esperanza en el futuro.

Los últimos 60 años han sido testigos de trascendentales avances para la humanidad que nos llaman a perseverar para que esa tendencia continúe por mucho tiempo: la esperanza de vida ha aumentado a nivel mundial; muchas enfermedades que antes eran mortales ahora se pueden prevenir o curar; la pobreza extrema en el mundo ha disminuido del 42% en 1981 a menos del 10% hoy, pese al crecimiento de la población; la proporción de personas con acceso a la electricidad ha aumentado de un 50% en 1970 a casi 90% en 2020; y, el acceso al agua potable también se ha ampliado enormemente.

La tecnología informática no solo nos permite ahora mantenernos en contacto con los seres queridos, sino que nos da la posibilidad de acceder e intercambiar conocimientos de forma gratuita, inmediata y casi ilimitada. Las tasas de alfabetización a nivel mundial han aumentado del 70 % en 1970 a más del 86 % en 2021 y más personas que nunca asisten a la universidad, particularmente las mujeres, que han ganado acceso a oportunidades profesionales que antes eran limitadas.

Las sociedades evolucionan, casi siempre para bien. Si apreciemos lo que hemos avanzado, el recuerdo del pasado no debería ser una añoranza, sino una inspiración para seguir progresando. Si el mundo redujo la pobreza extrema en los últimos 60 años, podrá seguir lo haciendo con las nuevas tecnologías que crean oportunidades para todos. La tecnología seguirá nivelando el campo de juego y la próxima generación estará más informada y empoderada que nunca, permitiendo que más persona en más lugares, aprendan, innoven y triunfen.

Si el tiempo pasado fue bueno, el presente y el futuro pueden ser mucho mejores. Nuestro desafío es el de potenciar el ímpetu y creatividad de nuestros hijos y nietos, no solo mediante nuestro ejemplo, consejo y mentoría, sino mediante el rescate y fortalecimiento de los principios e instituciones de la democracia liberal y del libre comercio, que propiciaron el progreso del último siglo y sobre cuya base puede erigirse una era de progreso en las próximas décadas. ¡Feliz 2025!

VALORES ECONÓMICOS QUE SE ESTÁN PERDIENDO

 El libre comercio y la disciplina fiscal están bajo amenaza de los populismos de izquierda y derecha

Hasta hace pocos años existía un sentir -relativamente generalizado entre los hacedores de políticas económicas e, incluso, entre la clase política- en cuanto al rol crucial que el libre comercio entre países y el mantenimiento de la disciplina fiscal a nivel doméstico jugaban para el progreso de las naciones. Sin embargo, ese consenso (que surgió a raíz de las múltiples crisis económicas que el proteccionismo comercial y el despilfarro fiscal generaron el siglo pasado) parece estar retrocediendo a pasos agigantados, lo que podría tener ingratas consecuencias económicas para Guatemala.

En efecto, el libre comercio ha sido una fuerza impulsora del progreso global desde hace más de cien años: con el acceso a nuevos mercados se logran economías de escala, mayor especialización y eficiencia, mejor tecnología y más opciones para los consumidores, lo que genera crecimiento económico y bienestar. Pero, en años recientes, una ola mundial de nacionalismos a nivel político se ha manifestado en medidas proteccionistas (aranceles, cuotas y otras barreras al comercio). Esta preocupante tendencia amenaza con reducir los flujos comerciales, obstaculizar la innovación, atrofiar las cadenas de suministros y aumentar los precios, lo que puede entrañar consecuencias severas para países como Guatemala, que dependen del acceso a los mercados globales para exportar y para abastecer el aparato productivo.

De manera similar, los países que han sido fiscalmente responsables -con bajos déficits fiscales y niveles de deuda sostenibles- han experimentado un mejor desempeño económico en términos de estabilidad y crecimiento. Pero el surgimiento de varios gobiernos populistas (de izquierdas y derechas) alrededor del planeta en años recientes está poniendo “de moda” políticas contrarias a la disciplina fiscal. Muy probablemente esas políticas acarrearán un aumento del costo de la deuda, un encarecimiento del crédito para toda la economía y un deterioro en la calificación de riesgo-país. Resulta preocupante que esa tendencia hacia una menor disciplina fiscal esté empezando a cobrar ímpetu en Guatemala -como lo sugiere el recién aprobado Presupuesto del Estado para 2025-.

El peligro es real y próximo. Los partidos políticos, conservadores y progresistas, aunque separados en aspectos ideológicos, están convergiendo perversamente cuando se trata de aplicar medidas que restringen el comercio y aumentan el déficit fiscal. La simpatía de los propios votantes favorece cada vez más las ideas proteccionistas y de expansión del gasto público. El libre comercio y la responsabilidad fiscal, pese a sus demostrados beneficios, están perdiendo la batalla de la opinión pública.

Es necesario que se recobre la conciencia de que, en un mundo interconectado, las barreras al comercio pueden conducir a un menor crecimiento, a un menor bienestar de los consumidores y mayores tensiones geopolíticas. Es necesario también recobrar la conciencia de que la indisciplina fiscal populista puede conducir a inestabilidad, menor crecimiento y, en casos graves, crisis económicas.

Las crecientes barreras al comercio y déficits fiscales en todo el mundo deben ser contrarrestados con mayor apertura económica y mayor prudencia fiscal, pero ello requiere que las fuerzas políticas ya no sigan avanzando en la dirección opuesta. Los académicos, los hacedores de políticas pública, los líderes sociales y los votantes deben converger hacia estrategias viables que permitan posicionar la apertura comercial y la sostenibilidad fiscal en el centro del debate público, en un entorno cada vez más adverso a esos valores.