RIESGOS POLÍTICOS EN EL AÑO ELECTORAL

UN ENTORNO DE INCERTIDUMBRE, VOLATILIDAD Y ELECCIONES REQUIERE DE UNA ADECUADA GESTIÓN DE LOS RIESGOS

Recientemente, el Centro de Estudios Internacionales UC publicó un análisis sobre los riesgos políticos de Latinoamérica, donde se vislumbra un cuadro regional crecientemente complejo, el cual puede servir de marco para contrastar cuáles de esos riesgos aplican para el caso guatemalteco en este año electoral y representan un desafío para las instituciones estatales, las empresas y la sociedad civil. Según la encuesta utilizada para dicho análisis, estos son los diez principales riesgos políticos en Latinoamérica:

(1 ) El crimen organizado, que debilita el Estado de Derecho y genera mayor inseguridad, corrupción e impunidad, es un riesgo evidente para Guatemala, donde indicadores como la creciente tasa de homicidios o el elevado índice de percepción de corrupción lo ponen como un desafío clave en 2023. (2) El deterioro de la democracia, junto con la amenaza del populismo y del autoritarismo se manifiesta en nuestro país en una baja satisfacción ciudadana con la democracia y un índice de democracia débil (según The Economist), que se agrava con una tendencia al debilitamiento institucional que, por ejemplo, se evidencia en el inexplicable impasse para elegir magistrados de las altas cortes.

(3) La incapacidad creciente de los gobiernos de cumplir con las expectativas y demandas ciudadanas, en medio de una fragmentación política que dificulta llegar a acuerdos y de un creciente endeudamiento público, es un riesgo también latente en Guatemala, donde las encuestas revelan poca confianza en las instituciones y en las elecciones mismas. (4) El riesgo de estallidos sociales por el alto costo de la vida, el bajo crecimiento económico, y el aumento del desempleo no es tan grave en Guatemala como en el resto de la región, pero el deteriorado entorno económico internacional no permite descartarlo del todo en este año electoral.

(5) La crisis migratoria también entraña un riesgo, no solo porque nuestro país exporta miles de migrantes ilegales hacia los Estados Unidos anualmente, sino porque también se ha convertido en puente para otros miles de ilegales de otras nacionalidades. (6) La inseguridad alimentaria es una vergonzosa realidad en Guatemala, cuyo riesgo de agravamiento crece ante la escasez de insumos críticos exacerbada por los efectos de la guerra en Ucrania. (7) La hiperpolarización y la propagación de noticias falsas y campañas de contaminación informativa como herramienta política es generalizada en casi todo el mundo: difícilmente el próximo proceso electoral guatemalteco podrá escapar de este riesgo.

(8) La pérdida de competitividad en el desarrollo de los recursos naturales y de las energías limpias, en comparación con otras regiones, se agrava en Latinoamérica ante los escasos incentivos para la inversión extranjera y falta de certeza jurídica. Guatemala no es ajena a esa realidad, debido a la falta de claridad en los marcos regulatorios y a la discrecionalidad de la burocracia, lo que incide en nuestro bajo nivel en el ranking de competitividad regional. (9) El riesgo de ataques cibernéticos genera vulnerabilidad de los servicios del Estado y en la infraestructura crítica y los servicios financieros, y es una amenaza creciente para nuestro. Y (10) el debilitamiento de la integración regional, que ha pasado a ocupar una baja prioridad en las agendas gubernamentales y amenaza con aumentar irrelevancia de Centroamérica a nivel global.

Todos estos riesgos son reales. No es que inevitablemente se vayan a agravar en 2023, pero sí que es necesario que los gobiernos y las empresas estén en capacidad de mapearlos y gestionarlos, a fin de que el país esté mejor preparado para enfrentar los desafíos de un entorno de incertidumbre, volatilidad y riesgo político en 2023.

Civilización, Cultura y Generosidad

 

¿Una Generación Perdida?

 LA FALTA DE CLASES PRESENCIALES POR MÁS DE DOS AÑOS PUEDE DEJAR GRAVES SECUELAS

Desde 2020 hasta hoy se ha desatado una lluvia de shocks externos que afectan el desempeño económico de Guatemala: la pandemia de Covid-19, estrangulamientos en las cadenas de suministros, el impacto de la guerra en Ucrania, la débil recuperación del empleo, las enormes presiones inflacionarias, el encarecimiento del crédito y la desaceleración del crecimiento económico configuran un escenario preocupante. Encima de todo eso, nuestro país (y toda Latinoamérica) está enfrentando también una crisis silenciosa en materia de educación, que afectará el futuro de las nuevas generaciones, según advirtió hace algunas semanas la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) al presentar su análisis sobre el “apagón educativo” en la Región.

En efecto, la prolongada interrupción de las clases presenciales que se produjo a raíz de la pandemia puede estar dejando secuelas irreparables en la educación de los niños y adolescentes del país. El daño causado por la inasistencia a clases afectará negativamente las capacidades intelectuales y laborales de nuestros niños. Después de más de dos años de clases virtuales (cuya efectividad fue muy baja por las limitaciones en conectividad, equipamiento y habilidades digitales), las clases presenciales al cien por ciento no se reanudarán en Guatemala sino hasta mediados de febrero de 2023. Los más afectados han sido los niños y jóvenes de menores recursos económicos cuya única opción es la educación pública.

Lo peor es que ya antes de la pandemia Guatemala presentaba altos déficits educativos: una tasa de analfabetismo secularmente más elevada que las de los países vecinos, altísimas tasas de deserción estudiantil (especialmente en secundaria), o pobres niveles de desempeño en matemática (especialmente en primaria), todos ellos síntomas de un deficiente sistema educativo que inexorablemente decayó más a partir de la pandemia. Y -similar al caso de la infraestructura pública que comentamos la semana pasada- el presupuesto estatal destinado a educación parece un barril sin fondo en el que el incremento del gasto se destina casi exclusivamente a pagar salarios sin que, a cambio, se produzca una mejora en la calidad educativa.

Para minimizar los daños del “apagón educativo” y empezar a revertir los precarios indicadores del país en ese rubro, es esencial emprender una transformación del sistema educativo que implique una mayor inversión en escuelas, un rediseño de los mecanismos de aprendizaje, un enfoque hacia la promoción de las competencias, mejores sistemas para formar, calificar y promover docentes, y una apuesta decidida por la transformación digital de la educación. Todo ello sin descuidar la coordinación de las políticas de educación con las de nutrición, salud, empleo y previsión social. Si no se profundizan esas acciones, las consecuencias del “apagón educativo” podrían significar la pérdida intelectual y productiva de toda una generación de niños y jóvenes guatemaltecos.

EL MITO DE LA FALTA DE RECURSOS

LA POCA INFRAESTRUCTURA SE DEBE MÁS A INEFICIENCIA INSTITUCIONAL QUE A LA FALTA DE FINANCIAMIENTO

Es bien sabido que uno de los principales obstáculos para el desarrollo de nuestro país es el precario estado de su infraestructura física. Las calificadoras de riesgo-país nos recuerdan cada año que, a pesar de las fortalezas macroeconómicas, una de las debilidades que impiden que la calificación de Guatemala alcance el grado de inversión es su bajísima oferta de infraestructura, además de el bajo nivel ingresos per cápita y la debilidad de las instituciones (aspectos estos que, a su vez, se relacionan estrechamente con la falta de infraestructura). Un estudio reciente del Fondo Monetario Internacional indica que, debido a la mala infraestructura, en Guatemala la velocidad de circulación estimada en las carreteras es de las más bajas del mundo, lo que impone un enorme lastre a la competitividad del país.

Hasta hace pocos años era generalizada la creencia de que la falta de infraestructura se explicaba porque los recursos presupuestarios no alcanzaban para financiar la inversión pública. Ese mito, sin embargo, parece no sostenerse luego del precipitado aumento que el presupuesto estatal ha experimentado desde 2020. En ese año hubo una ampliación presupuestaria de Q20 mil millones, de los cuales solo se ejecutó poco más de la mitad: el resto pudo haberse destinado a infraestructura… pero no se hizo. En 2021 hubo nuevamente ampliaciones presupuestarias por Q13.4 mil millones. Y en 2022, otra vez, hubo ampliaciones presupuestarias por Q6.6 mil millones, de las cuales la mitad (teóricamente) se dirigieron a infraestructura.

En la práctica, la inversión física en infraestructura parece haber sido nula. El problema, evidentemente, no es de falta de recursos, sino de falta de capacidad de ejecución. Y esa incapacidad se debe a la extrema debilidad de las instituciones a cargo de las tres etapas del ciclo de inversión pública: la de planificación de inversiones públicas sostenibles; la de asignación de inversiones a los sectores y proyectos correctos; y, la de implementación de proyectos para generar activos públicos productivos y duraderos. Es cierto que reformar esas instituciones conlleva tiempo (que apremia) y -especialmente- voluntad política (que escasea). ¿Existe alguna solución a corto plazo? Sí, aunque tampoco es sencilla (pero sí factible).

Es muy posible que, debido a la lenta ejecución presupuestaria y a un flujo de ingresos tributarios mayor a lo previsto, el gobierno termine este año con varios millardos de quetzales “ahorrados” en su caja fiscal. En lugar de mal repartirlos a las municipalidades y consejos departamentales de desarrollo, bien podría pensarse en conformar un fondo destinado a infraestructura. Dicho fondo podría estructurarse en un fideicomiso específico y focalizado para ciertas obras de infraestructura, con una gobernanza y reglas de manejo que garanticen su uso transparente y efectivo. Con ello, podrían empezarse a construir obras estratégicas y, al mismo tiempo, servir de puente-piloto para transitar del actual sistema (disfuncional, opaco e ineficiente) a un nuevo sistema (funcional, transparente y eficiente) para la construcción de infraestructura pública en el país. Para luego, es tarde.

NO HAY QUE DESENTENDERSE

DE FORTALECER LA DEMOCRACIA Y MANTENERNOS INSERTOS EN LA ECONOMÍA GLOBAL

La semana pasada participé como panelista en un conversatorio sobre las perspectivas económicas y políticas del país, organizado por la Cámara Guatemalteca de la Construcción. En el intercambio de opiniones que sostuvimos con Diego Marroquín y Paul Boteo -los otros panelistas, se puso de manifiesto que 2023 plantea importantes desafíos para el país. En el ámbito económico, la amenaza real y clara de una eventual recesión en los países industrializados se agrava con la posibilidad de una inflación mundial inesperadamente persistente. En el ámbito político, las incertidumbres existentes respecto del año electoral en el país se complican con un presupuesto fiscal desbocado y con las crecientes tensiones geopolíticas en el hemisferio norte.

En ese entorno tan complejo es necesario reconocer, por un lado, que la economía guatemalteca tiene una reconocida fortaleza en su demostrada resiliencia ante shocks externos y en sus características políticas fiscal y monetaria ortodoxas. Pero, por otro lado, también hay que reconocer que nuestra velocidad de crecimiento económico ha sido muy lenta durante décadas y que nuestros indicadores socioeconómicos están muy rezagados con relación a otros países de similar nivel de ingreso. Estas dos realidades deben conjugarse equilibradamente.

Para hacerlo, es fundamental que todos aquellos involucrados en procurar la buena marcha del país -no sólo los líderes gubernamentales y los políticos, sino también las demás fuerzas vivas: empresarios, academia, sociedad civil- no se desentiendan de su compromiso con el modelo democrático que escogimos hace cuarenta años ni con el esfuerzo de insertar al país en la economía mundial y en el concierto de las naciones civilizadas. En efecto, el sistema electoral que con sabiduría y esmero se empezó a construir en la década de los ochenta y que ha permitido la sucesión de gobiernos civiles democráticamente electos, muestra ahora unos preocupantes signos de agotamiento que deben ser reparados con sabiduría y urgencia. Hacerlo requiere del involucramiento de todos. Los ciudadanos no debemos desentendernos de la continua vigilancia sobre el quehacer de los políticos y de la responsabilidad de defender y fortalecer nuestra incipiente democracia.

Igualmente, ante las tendencias nacionalistas y proteccionistas que están cobrando auge alrededor del mundo (tanto como han cobrado auge las políticas de excesivo gasto público e irresponsable manejo fiscal), lo peor que podríamos hacer es pretender -en nombre de una delusoria soberanía- regresar a la autarquía económica y al aislamiento político. En los últimos siglos, ninguna nación se ha desarrollado ni prosperado sin un intercambio vigoroso -económico y cultural- con otras naciones. Los países que están abiertos a estos intercambios tienden a crecer más rápido, innovar, mejorar la productividad y brindar mayores ingresos y más oportunidades a su gente. De manera que, ante un 2023 que se vislumbra complejo y desafiante, desentendernos de nuestro compromiso con el sistema democrático y con la apertura al mundo puede ser una receta para el fracaso.

LA ESPERANZA DE LAS MICROFINANZAS

SIGUEN SIENDO UNA VÍA PROMETEDORA PARA TRANSFORMAR LA VIDA DE LAS PERSONAS DE BAJOS INGRESOS

Las instituciones de microfinanzas están llamadas a llevar servicios financieros a poblaciones desatendidas por el sistema financiero tradicional. Con variado grado de éxito, a lo largo de los años, las microfinanzas han logrado elevar el nivel de vida y empoderar socialmente a colectivos tradicionalmente excluidos (mujeres, microempresas o campesinos). Aun así, se estima que en el mundo hay dos mil millones de personas excluidas de los mercados financieros. La semana pasada asistí a la Semana Europea de Microfinanzas, en Luxemburgo, donde se identificaron y discutieron las tendencias y desafíos que para las microfinanzas plantea un mundo post pandemia y que definirán las posibilidades de que en el futuro estas puedan cumplir su promesa de incluir financieramente y empoderar socialmente a quienes hoy están excluidos.

Los confinamientos provocados por la pandemia exigieron una rápida transformación digital (especialmente en el mundo de las finanzas), mientras que la inflación mundial actual está mermando el poder adquisitivo (especialmente de los más pobres). Estas realidades desafían la intención de las microfinancieras de llevar financiamiento a las micro empresas, empoderar a las mujeres y acercar los servicios financieros a las personas de menores ingresos. Este escenario plantea retos que, tanto las autoridades gubernamentales como las propias entidades de microfinanzas y los demás agentes de inclusión financiera, deberán enfrentar en los próximos años.

Por el lado de la oferta de micro créditos, la digitalización puede ser la vía clave para acelerar la innovación, pero es una vía que no está exenta de riesgos. Las entidades microfinancieras deben esforzarse en transformar sus métodos de operación, por ejemplo, digitalizando el envío y recepción de remesas familiares desde el exterior, o habilitando las operaciones con sus clientes las 24 horas del día mediante herramientas tecnológicas adecuadas. Por el lado de la demanda, los potenciales usuarios de micro créditos deben poseer cada vez mejor educación financiera para hacer el mejor uso posible de todos los productos que están ahora a su alcance.

Pero la incertidumbre y las amenazas mundiales están en aumento. La pandemia ya fue duro golpe que tuvo repercusiones sobre la capacidad productiva de los usuarios, la privacidad de los datos de los clientes, la fluidez de las cadenas de suministro, el endeudamiento de las familias, y la inflación de precios de los alimentos y combustibles. Las crecientes externalidades negativas afectan el crecimiento económico, las expectativas y la confianza de los mercados. En este entorno incierto las microfinanzas siguen siendo una vía prometedora para transformar la vida de las personas de bajos ingresos, empoderándolos para salir adelante mediante sus propios emprendimientos; pero ello requiere no solo del esfuerzo e innovación de las propias entidades de microfinanzas, sino también del apoyo de un marco regulatorio y de políticas públicas que facilite el acceso de los más pobres a un financiamiento responsable, sostenible y de calidad.

¿ALGUIEN SABE CUÁNTOS SON?

NADIE SABE A CIENCIA CIERTA CUÁNTOS EMPLEADOS PÚBLICOS HAY EN GUATEMALA

Según el proyecto de presupuesto del Estado para 2023, más de Q33 mil millones se destinarán al pago de remuneraciones, lo que equivale a más del 28% del total del gasto gubernamental. El mayor componente del gasto público es la masa salarial, la cual ha mostrado una tendencia creciente y genera una gran presión sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. Se sabe que los sectores que han impulsado el gasto salarial del gobierno son los de educación y salud. Y se sabe que buena parte del aumento continuo de la masa salarial se debe a incrementos salariales que no tienen relación con mejoras en los resultados y que responde a la suscripción de diversos pactos colectivos Lo que nadie sabe, sorprendentemente, es el número de empleados públicos que laboran en el Estado, ni bajo qué renglón se encuentran nominalmente, ni en qué entidad prestan sus servicios físicamente.

Como nadie en el aparato estatal sabe a ciencia cierta esos datos, la gestión del recurso humano en el gobierno es un caos -desde el punto de vista administrativo- y una bomba de tiempo -desde el punto de vista financiero-. Antes de la pandemia, en noviembre de 2019, el INE dio a conocer los resultados de un llamado Censo Nacional del Recurso Humano 2017-2018, en el que se estableció que, en un momento dado, había 292,753 servidores públicos. Según se publicó en algunos medios de comunicación, el entonces presidente Jimmy Morales desaprobó ese “censo”, ya que la cantidad de funcionarios sin censar y la tardanza en publicar el informe generaron serias dudas.

Pero, en todo caso, dicho “censo” era un sinsentido: un censo solo proporciona información correspondiente a un momento determinado, cuando lo correcto y conveniente sería mantener actualizada dicha información de manera permanente. Si es inexplicable que el Ejecutivo no cuente con la información precisa del número y características de su plantilla de empleados, también lo es que la Contraloría de Cuentas y el Congreso de la República -entidades que por antonomasia deben ejercer una función de fiscalización- no hayan, desde hace años, puesto el grito en el cielo por esta situación ni estén velando porque se cuente con información fidedigna sobre el número de los empleados que laboran en el Estado

La solución de esta injustificable situación no pasa por hacer “censos” de empleados públicos, sino por poner en marcha sistemas modernos de control del recurso humano en el Estado. Para empezar, se debería establecer la obligatoriedad de que todas las entidades del sector público utilicen el sistema GUATENÓMINAS y que dicho sistema sea de acceso público en formato de datos abiertos, adoptando estándares internacionales para garantizar la calidad de la información sobre la nómina de empleados públicos. Por su parte, los entes de control (unidades de auditoría interna, Contraloría y Congreso) deberían exigir que todas las entidades estatales tengan sistemas actualizados con la información de sus empleados, salarios y honorarios. De lo contrario, la gestión de recursos humanos en el Estado seguirá siendo caótica.