LITUANIA, GUATEMALA… Y TAIWÁN

GUATEMALA PODRÍA APROVECHAR CON PRAGMATISMO SU RELACIÓN ESPECIAL CON TAIWÁN

Lituania es uno de los países más pequeños de Europa, con menos de 2.8 millones de habitantes que producen anualmente unos US$ 55 millardos, en un territorio de 65.3 mil kilómetros cuadrados. Guatemala tiene mayor tamaño (el más grande de Centroamérica), con casi 18 millones de habitantes que producen unos US$77 millardos en 109 mil kilómetros cuadrados de territorio. Los lituanos (con un ingreso per cápita de unos US$19 mil anuales) son más ricos que los guatemaltecos (US$4.6 mil anuales). Se trata, evidentemente, de dos países muy distintos, pero que tienen un punto en común: son dos de los apenas 14 países que mantienen algún tipo de lazos diplomáticos con Taipei (aunque el gobierno Lituania aún no los establece plenamente).

Hace cinco años eran 21 los países que reconocían a Taiwán pero, desde entonces, Panamá, República Dominicana, Burkina Faso, El Salvador, Kiribati, las Islas Salomón y, ahora, Nicaragua han cambiado su lealtad hacia a la República Popular China. El embate diplomático que sufre Taiwán por parte de China hace muy relevante el papel que sus pocos aliados puedan jugar en el concierto de las naciones. En la reciente batalla entre las Chinas por ganarse el reconocimiento de Lituania, Taiwán ha desplegado todo su arsenal diplomático y financiero: creará un fondo de US$200 millones de inversión estratégica que será financiado por el fondo de desarrollo nacional de Taiwán y contará con el respaldo del banco central taiwanés. El Fondo invertirá en industrias lituanas, especialmente en alta tecnología. Simultáneamente, Taiwán acelerará su proceso de aprobación de exportaciones lituanas y buscará vincular las empresas lituanas con las cadenas de suministro taiwanesas.

Guatemala, por su parte, es la economía más grande de todas con quienes Taiwán tiene relaciones y, por ello, deberíamos posicionarnos como uno de los principales socios estratégicos de la isla, máxime en la coyuntura geopolítica actual en la que en el Sudeste de Asia se libra una batalla por la hegemonía económica entre China y Estados Unidos, mientras que en Centroamérica China Popular está en plena ofensiva para aumentar sus activos (políticos y económicos) en la Región, ante la manifiesta incomodidad estadounidense por la creciente influencia china en su patio trasero.

En lugar de estar considerando cambiarnos de bando (lo que le ha traído resultados muy por debajo de los esperados a nuestros vecinos que ya lo han hecho), Guatemala debería abrazar a Taiwán -junto con Singapur, Japón y Corea del Sur- como un socio estratégico en Asia. Debemos sacarle mucho más provecho a nuestra relación especial con Taiwán, pero no a cambio de estadios de fútbol ni de carreteras que nunca terminan de construirse sino, como Lituania, mediante inversiones estratégicas de largo plazo. Un fondo bien organizado, como el lituano, enfocado quizá a infraestructura (con una gobernanza que lo blinde contra la corrupción) y una ampliación del tratado de libre comercio deberían ser la ruta estratégica de las relaciones entre ambos países en este momento crítico.

UNA RESPUESTA ADECUADA ANTE LA CUARTA OLA

ÓMICRON ES DIFERENTE: NO ES PRUDENTE FIJARSE SOLAMENTE EN EL NÚMERO DE CONTAGIOS

La llegada de ómicron a Guatemala está causando la cuarta ola de infecciones desde que empezó la pandemia de covid-19. Sin embargo, aunque ómicron es más contagiosa que delta -la cepa dominante anterior-, es menos grave. Se está extendiendo rápidamente en todo el mundo, pero ahora más gente ya está vacunada o se ha contagiado previamente de covid, por lo que muchas personas tienen ya mayor protección contra el covid severo.

En este escenario resulta absolutamente injustificable -incluso irresponsable- el énfasis que los medios de comunicación y las propias autoridades ponen en el número de infectados, en vez de focalizarse en el número de hospitalizados y defunciones, cifras estas que son mucho más relevante no solo para evaluar la gravedad de esta ola, sino para aplicar las medidas adecuadas. De hecho, el número de contagios nunca fue del todo útil para calibrar las políticas a adoptar, pese a lo cual se insiste en destacar esta casi irrelevante figura y ello, siendo ómicron una variante más contagiosa pero mucho menos letal que sus predecesoras, se presta a desorientar a la opinión pública, a generar una falsa sensación de pánico y a precipitar medidas inefectivas para enfrentar la pandemia.

Es contraproducente para el bienestar mental y material de la ciudadanía que cada ola de contagios genere tensión, incertidumbre y frustración. Las autoridades están llamadas a evitar que esto ocurra, sin descuidar la atención debida a la pandemia. Como sociedad debemos aprender a convivir con este virus, sabiendo que este es hoy mismo muy diferente al que vimos al principio de la pandemia: el riesgo actual para la mayoría de las personas vacunadas es muy bajo, por lo que el acento debe ponerse en la vacunación, en el fortalecimiento del sistema de salud pública y en las medidas que han probado ser efectivas y socialmente menos dolorosas, en vez de pensar en encerronas, toques de queda o prohibiciones de viaje que solo elevan innecesariamente el costo social y económico de la pandemia.

No se trata de menospreciar la ola de ómicron, que está provocando que los hospitales se estén llenando de pacientes (aunque ahora la mayoría de ellos son personas no vacunada y los casos tienden a concentrarse en las áreas de atención primaria). La amenaza de que esta ola desborde nuestros precarios servicios de salud sigue siendo preocupante. Lo que importa es que las acciones para enfrentar esta cuarta ola sean las adecuadas. Las políticas públicas y el comportamiento social que deben reforzarse son aquellas que han probado ser más efectivas y que evitan el pánico y la incertidumbre. El gobierno debe facilitar pruebas rápidas, fáciles y económicas; incentivar la vacunación masiva (incluyendo menores de edad para retornar pronto a las clases presenciales); y, obligar al uso de mascarillas en interiores. A la sociedad le toca administrar un sano distanciamiento social (especialmente en interiores) y aprender que la ventilación es la medida no farmacológica más eficaz contra esta infeliz pandemia.

2022, DESAFÍOS ECONÓMICOS (Parte II)

ESTRUCTURALMENTE, EL DESAFÍO MÁS GRANDE ES MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD SISTÉMICA DE LA ECONOMÍA

La semana pasada decíamos que, coyunturalmente, el principal desafío macroeconómico en 2022 será preservar la estabilidad y resiliencia, que son un activo invaluable para el país. Sin embargo, el problema de fondo de nuestra economía continúa siendo el secularmente lento ritmo de crecimiento, que dificulta mejorar los niveles de bienestar de la población. Detrás de este problema subyace el desafío estructural más grande que enfrentamos: mejorar la productividad sistémica de nuestra economía.

A pesar de la estabilidad macroeconómica (aunque, claro está, no a causa de ella), en los últimos cuarenta años el PIB por habitante de Guatemala ha sido el que menos ha crecido de todos los países centroamericanos, y en Latinoamérica solo Argentina y Venezuela han tenido un desempeño peor que el nuestro. Dos causas explican, principalmente, el mediocre crecimiento de la producción nacional. Por un lado, la escasísima inversión en infraestructura: la formación de capital en Guatemala es menos del 15 por ciento del PIB, cuando el promedio mundial es de casi un 25 por ciento. Y, por otro lado, la exigua productividad de los factores de producción: la productividad laboral en Guatemala es de las más bajas de Latinoamérica (solo en Bolivia y Venezuela es más baja) y ha permanecido casi estancada durante treinta años.

Una condición imprescindible para aumentar la productividad y la inversión es que impere un estado de derecho en el que se garanticen los derechos individuales y la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. La certeza jurídica es un requisito indispensable para satisfacer las necesidades operativas y las interacciones de mercado en la economía, de manera que estas se basen en reglas (formales e informales) que sean, a la vez, estables y adaptativas. Esas reglas conforman las instituciones que, como custodios de la certeza jurídica, permiten que surja entorno predecible y estable que genere confianza, desencadene la inversión y asegure que los intercambios económicos se produzcan de manera eficiente, todo lo cual permitiría elevar la productividad sistémica y, con ella, el crecimiento económico y el bienestar material.

La existencia de instituciones sólidas y eficaces es indispensable para lograr el ambiente de paz social y gobernabilidad necesario para la adopción de nuevas tecnologías, para promover la inversión (en personas y en infraestructura) y para lograr un buen clima de negocios. Desde una perspectiva económica es, pues, necesario reformar y fortalecer las principales instituciones del Estado (sistemas de justicia, de servicio civil, de partidos políticos, de regulación de mercados, etcétera) para mejorar la productividad sistémica y habilitar a la sociedad para compartir riesgos, proveer redes de protección social y crear oportunidades para todos. Estas reformas no son fáciles de implementar, ni dan resultados inmediatos, pero son imprescindibles pues sin ellas ninguna otra política pública, ni ningún crecimiento económico, podrán sostenerse en el tiempo.

2022, DESAFÍOS ECONÓMICOS (Parte I)

 COYUNTURALMENTE, EL PRINCIPAL DESAFÍO SERÁ PRESERVAR LA ESTABILIDAD Y RESILIENCIA DE LA ECONOMÍA

 Las dos características más destacadas y contrastantes de la economía guatemalteca son, por un lado, su sólida estabilidad macroeconómica y, por el otro, su marcadamente lento ritmo de crecimiento. Estas plantean, a su vez, dos desafíos fundamentales para 2022: preservar la estabilidad (que apoya la notable resiliencia de nuestra economía) y acelerar el crecimiento de la economía (que apoya el bienestar material de la población). Hoy nos centraremos en el primero de tales desafíos, que conlleva la tradición de mantener unas políticas monetaria y fiscal cautas que contribuyan a sustentar unos fundamentos macroeconómicos robustos.

 En efecto, además de la rápida recuperación de la producción nacional -luego de la recesión de 2020-, las principales variables macro financieras resaltan las muy buenas condiciones de estabilidad y resiliencia económica en 2021. La inflación está, de momento, controlada; el tipo de cambio ha sido mantenido casi sin movimiento, apuntalado por el ingreso de remesas familiares y el consecuente superávit de la balanza de pagos; las tasas de interés permanecen competitivas; y, el déficit fiscal ha retornado a niveles sostenibles. Sin embargo, para 2022 se ciernen dos amenazas.

 El crecimiento inusitado de la deuda pública en 2020 y la creciente inflación alrededor del mundo -en un entorno con nuevas mutaciones del virus del Covid-19-, exigen un manejo cauto y estratégico de la política macroeconómica. Si bien es cierto que el fuerte aumento de la deuda pública estuvo justificado por la necesidad de proteger la vida y el empleo de las personas, también lo es que el incremento de la deuda genera vulnerabilidades, especialmente ahora que las condiciones de financiamiento internacional se vuelven más restrictivas, lo cual limita la capacidad del gobierno para seguir apoyando la recuperación.

 Por otro lado, la política monetaria, que se relajó oportunamente durante la pandemia, debe ahora ajustarse a un entorno inflacionario en el ámbito internacional. En muchos mercados emergentes los bancos centrales ya han subido las tasas de interés, y se espera que pronto lo hagan los países desarrollados, lo cual tendrá implicaciones para la recuperación económica y la política fiscal. Esta deberá restringirse conforme suban las tasas de interés, lo cual implicará la imposibilidad de aplicar medidas expansivas -como la de elevar al infinito las transferencias de efectivo a las personas- pues, de lo contrario, se agudizará el riesgo de insostenibilidad de la deuda.

 Por su parte, la amenaza de la inflación importada obligará a la política monetaria a aplicar con mucho tacto, pero con agilidad y firmeza, las medidas precautorias para evitar un alza generalizada de precios a nivel doméstico. Para lograrlo será muy útil que la credibilidad del banco central y de sus instrumentos de política (incluyendo la propia credibilidad del Índice de Precios al Consumidor) se fortalezcan. El rol de la política fiscal y de la política monetaria en 2022 será crucial para preservar la estabilidad macro y la confianza de los mercados en nuestro país.

RECUPERACIÓN ECONÓMICA EN 2021

SE RECUPERÓ EN NIVEL DE PRODUCCIÓN QUE HUBIESE HABIDO EN AUSENCIA DE LA PANDEMIA

Según el Banco de Guatemala, la producción de bienes y servicios en el país este año será un 7.5 por ciento mayor a la registrada en 2020, inusual tasa de crecimiento que resulta ser la más rápida de las última cuatro décadas. De los cuatro motores que impulsaron esta recuperación (el consumo de las familias, la inversión en capital fijo, las exportaciones y el consumo del gobierno), el más importante, por mucho, ha sido el crecimiento que registra el consumo de los hogares, que contribuye con más del 85 por ciento del PIB y que, en buena medida, se sustentó en el ingreso récord de remesas familiares que este año rondará los 15 millardos de dólares.

Es preciso evaluar la recuperación económica de 2021 con ecuanimidad y ponerla en perspectiva. El año pasado la economía nacional sufrió un fuerte frenazo (el peor en más de treinta años) debido a los efectos negativos que la pandemia de Covid-19 tuvo sobre el aparato productivo: medido en quetzales (a precios de 2013) el PIB de 2020 fue de Q506 millardos; eso es un 1.5 por ciento menos que el año previo. Si no hubiese habido pandemia el PIB habría alcanzado unos Q531 millardos (o sea, 3.2 por ciento más que en 2019). Este 2021, el PIB llegará a Q544 millardos (con el mencionado 7.5 por ciento de crecimiento); pero si no hubiese habido pandemia (es decir, si hubiese crecido por segundo año consecutivo en 3.2 por ciento) habría llegado a Q548 millardos. De manera que la excelente tasa de crecimiento del presenta año apenas sirve para que el país vuelva a generar la misma cantidad de bienes y servicios que se hubiesen producido en ausencia de la pandemia.

Ahora bien, aunque es cierto que el ritmo de recuperación económica de 2021 no es tan espectacular como para quemar cohetillos ni hacer grandes alharacas, es de justicia reconocer que algo se ha hecho bien en nuestra economía: las oportunas medidas anticíclicas que se adoptaron el año pasado en lo monetario y en lo fiscal, aunadas a la capacidad de adaptación de las empresas y consumidores guatemaltecos, permitieron que la recesión del año pasado fuera menos drástica acá que en la mayoría de países del Hemisferio, y que la recuperación de este año fuese más rápida. Es menester valorar que, de nuevo, la economía nacional, aunque no sea de las más dinámicas, sí es una de las más resilientes del mundo.

Esa resilencia es un activo que debemos preservar pero, al mismo tiempo, tenemos que ver, como país, qué debemos hacer para no seguir basando el crecimiento económico casi exclusivamente en el consumo de los hogares (y en las remesas familiares que, en buena medida, lo sustentan). De manera que los desafíos que para 2022 debe afrontar la política económica tienen que ver, en primer lugar, con recobrar y mantener los equilibrios macroeconómicos que apuntalan esa resilencia y estabilidad que caracterizan a Guatemala y que son bien apreciadas en los mercados financieros; y, en segundo lugar, con crear y fomentar un clima favorable para la inversión y los intercambios económicos que propicie una mayor productividad sistémica. A esos desafíos espero referirme en las próximas columnas.

¿IGNORANCIA O IRRESPONSABILIDAD?

LA IMPRUDENTE PROPUESTA DE REGALAR MILES DE MILLONES DE QUETZALES DEL ERARIO

Hace pocos días, se presentó en el Congreso una iniciativa de Ley Bono de la Esperanza para entregar transferencias de dinero a familias en pobreza y pobreza extrema. Para el efecto, se propone un Bono Salud de Q200 mensuales para todos los alumnos de preprimaria, primaria y básicos; otro Bono Educación de Q200 a esos mismos alumnos; y, un Bono de Nutrición de Q400 mensuales a los menores de cinco años en pobreza. Incluso si las intenciones de la iniciativa fueran nobles, tiene tres defectos fundamentales.

El primero es el gigantesco daño que causaría a las finanzas públicas. Los recursos para dichas transferencias provendrían del presupuesto del Estado por un monto no menor al 7.5 por ciento de los ingresos corrientes. Eso, como mínimo, significaría un Q5 millardos de gasto adicional. Pero si tomamos en cuenta el número de alumnos inscritos en preprimaria, primaria y básicos (2.9 millones) y todos los niños de cero a cinco años en situación de pobreza (unos 1.33 millones), el gasto mensual por tales bonos sería de Q1.7 millardos, cifra que aumentará cada año -junto con la población-. Eso sumaría casi Q18 millardos anuales, cifra equivalente al 17 por ciento del total del presupuesto del Estado aprobado para 2022. El déficit fiscal que esto generaría, aunado al ya previsto en el presupuesto, haría que el desequilibrio de las finanzas públicas superara el 5.4 por ciento del PIB, creando un desajuste que podría generar una crisis macroeconómica que, al final de cuentas, dañaría mucho más a las familias pobres que -supuestamente- son a las que se quiere ayudar con esas transferencias.

El segundo defecto es que este tipo de leyes que asignan un fin específico a los ingresos estatales le agregaría aún más rigidez al presupuesto, del cual ya el 83 por ciento está comprometido (por mandatos constitucionales y legales) para gastos específicos. Si el tal Bono se aprobase, el monto a gastar el año próximo sería superior a los presupuestos de todos los ministerios, de forma individual, con excepción del Ministerio de Educación. El tercer defecto es que el Estado no ha sido capaz de asegurar que las transferencias de efectivo estén bien gastadas y cumplan con los objetivos que supuestamente persiguen: no existe información estadística y líneas basales que permitan evaluar este tipo de gasto (ni siquiera se cuenta con bases de datos auditables de sus beneficiarios). Impulsar esa ley en estas condiciones equivale a un despilfarro de recursos que solo generará una mayor pérdida de confianza de la ciudadanía en el Estado que, de nuevo, dañará más a los más pobres.

El único beneficio posible de este tipo de iniciativas son las efímeras simpatías electorales que generan entre algunos sectores de la población necesitada (populismo, que le dicen). Por lo demás, sus efectos económicos y políticos son tan perversos que ni siquiera deberían de considerarse para una discusión seria en el Congreso. Lo que realmente preocupa es que existan personas que, sea por ignorancia o por irresponsabilidad, aún crean en la viabilidad de tales propuestas.

¿QUÉ PAÍS QUEREMOS?

ELEMENTOS PARA UN EVENTUAL DIÁLOGO NACIONAL SOBRE LAS ACCIONES QUE EL PAÍS REQUIERE

La semana pasada el Consejo Económico y Social -CES- hizo público su informe “Guatemala: ¿Qué país queremos?”, que es el resultado de un ejercicio de diálogo social que, durante varios meses, logró identificar una serie de propuestas (planteadas desde la perspectiva de los objetivos de desarrollo sostenible) cuya intención última es nutrir con elementos que estructuren un eventual diálogo nacional amplio sobre las acciones de política pública que el país requiere.

Esos elementos se concretan en acciones ordenadas en cuatro ámbitos fundamentales. El primero se refiere a las reformas institucionales del Estado que propicien certeza jurídica en un verdadero estado de derecho. El segundo es el ámbito económico, en el que se esbozan acciones para aumentar la productividad sistémica y el ritmo de crecimiento de la producción, a fin de generar mayores niveles de prosperidad y bienestar. El tercero trata sobre los aspectos ambientales y urbanos (incluyendo los flujos de personas y mercancías) que permitan la sostenibilidad del desarrollo. Y el cuarto es el ámbito social, donde se plantean acciones para fortalecer el tejido social, tomando en cuenta aspectos socioculturales que construyan una cultura de paz.

El impulso de estas acciones, evidentemente, no es tarea sencilla y requiere de un diálogo efectivo y profundo. Eso quedó claro en el panel de comentaristas que, con la participación de José Alejandro Arévalo y Richard Aitkenhead (dos destacados vecinos de estas páginas de elPeriódico), resaltó los hallazgos y desafíos derivados del informe. Los panelistas valoraron positivamente que en el ejercicio de diálogo que produjo el informe se hayan identificado y acordado los principales aspectos en los que Guatemala necesita mejorar y que, sobre eso, se hayan estructurado propuestas en los cuatro ámbitos identificados. Señalaron, sin embargo, que los desafíos para implementarlas son enormes e incluyen, por un lado, lograr una perseverancia que, por desgracia, no caracteriza a las políticas públicas en el país y, por otro, vencer la resistencia al cambio que tiende a prevalecer en el país.

Cualquier diálogo en torno a esta agenda debe también priorizar las medidas más importantes, como podrían ser la necesaria restructuración del sistema electoral y de partidos políticos -cuya desnaturalización se asocia a la ineficiencia en el uso de los recursos fiscales- o combate a la desnutrición -que es un fenómeno multidimensional cuyas raíces yacen en la falta de oportunidades de educación, de empleo y de inversión-. El esfuerzo del CES es loable, pero el ejercicio de diálogo que implica debe ser armonizado con otros esfuerzos en marcha, como el programa Guatemala No Se Detiene, o el propio ejercicio de diálogo al que convocó hace poco la Presidencia de la República. El reto no es sencillo, pero no puede posponerse. El tiempo para un diálogo en torno a una agenda de nación se agota en la medida en que nos quedemos cada día más rezagados respecto a otros países que, no hace mucho, solían tener los mismos indicadores de bienestar y progreso que nosotros.