Soberana Deuda

Antes de mis vacaciones de fin de año escribí esta columna que, debo admitir, me quedó con un tono bastante lúgubre, incluso para mis estándares. El asunto es que la mayoría de gobiernos se está endeudando para financiar sus políticas anti-recesivas, pero se está corriendo el riesgo de que tales deudas (llamadas "soberanas") alcancen niveles que pongan en riesgo su estatus de "libres de riesgo". Resulta preocupante, además, que nuestro propio gobierno esté aumentando aceleradamente la deuda pública. Para el nuevo año 2010 la evolución de las deudas soberanas será un tema a vigilar pues pueden producirse sorpresas desagradables. Ya veremos...

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Soberana deuda

Ésta surge cuando un país emite bonos de deuda que luego “vende” en el mercado para obtener recursos financieros.

El gran factor detonante de la crisis económica mundial –que recién parece terminar- fue la deuda privada: el aumento exponencial del número de morosos que dejaron de pagar la hipoteca de sus casas y de consumidores que ya no pagaron sus tarjetas de crédito llevó al sistema financiero mundial al borde de de la bancarrota en 2008 y a un doloroso saneamiento en 2009. Si algo similar se produjera con la deuda pública (de los gobiernos o “soberana”) las consecuencias para la economía mundial, y su incipiente recuperación, serían catastróficas. De manera preocupante, muchos inversionistas y las propias empresas calificadoras de riesgo parecen empezar a temer que para algunos países será difícil pagar sus deudas.

La deuda soberana surge cuando un país emite bonos o cualquier título de reconocimiento de deuda que luego “vende” en el mercado para obtener recursos financieros que utilizará para sus programas y obras públicas. En teoría, la deuda soberana tiene menos riesgo de no ser pagada que la deuda privada, pues los gobiernos (también en teoría) pueden recurrir a aumentar los impuestos y obtener así recursos para pagar su deuda. En la práctica, sin embargo, el mundo ha visto numerosos episodios de moratoria (o cese de pagos) de deuda soberana, desde la deuda española del siglo XVII, pasando por la crisis mexicana de los años 80 y la moratoria argentina de 2002. Incluso Guatemala (uno de los países con mejor historial en el manejo de su deuda) sufrió durante más de 50 años con la carga la famosa Deuda Inglesa que sólo se resolvió hasta a mediados del siglo pasado.

Las agencias que a nivel mundial califican el riesgo de impago de las deudas soberanas han estado enviando señales de preocupación en las últimas semanas. Las calificaciones de nuestros vecinos (México y El Salvador) han sido degradadas porque su principal fuente de obtención de divisas (petróleo y remesas, respectivamente) podrían eventualmente resultar insuficientes para asegurar que el fisco pueda pagar sus deudas. Y no sólo en el Tercer Mundo está aumentando el riesgo de que los gobiernos caigan en mora; en Europa, Grecia y España han visto cómo en el último mes las calificadoras sonaron las alarmas respecto de la debilidad de sus finanzas públicas y el elevado monto de su deuda.

Para medir la capacidad de pago de un país, las calificadoras miden la deuda pública como porcentaje del PIB y de los ingresos fiscales, lo cual tiene todo el sentido del mundo, ya que en la medida en que la deuda de un país se aproxima al tamaño los ingresos que produce, más difícil le resultará pagar a sus acreedores, igual que cuando un individuo endeudado empieza a usar todo su salario para pagar sus deudas. Afortunadamente, Guatemala tiene aún un tamaño de deuda manejable (aproximadamente un 27% de su PIB); sin embargo, si tomamos en cuenta que hace muy pocos años ese porcentaje era de solamente 20%, empiezan también a verse señales de alerta que no hay que ignorar en un entorno mundial como el que se vislumbra para 2010. Al respecto, la agencia Moody’s recién publicó un reporte sobre deuda soberana que tituló “Abróchense los cinturones de seguridad: se acercan tiempos turbulentos”. Bonita manera de desear un feliz Año Nuevo.

Frágil Democracia

Para quienes, como Churchill, creemos que la democracia "es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás" que conocemos, es motivo de preocupación el enorme desencanto que existe entre los Guatemaltecos respecto del sistema democrático. La más reciente encuesta de Latinobarómetro nos coloca como el país cuya opinión pública menos apoya la democracia en el Continente. Eso es peligroso, pues abre las puertas a los aprendices de mesías y de dictadorzuelos para que aspiren a ejercer el poder. Nuestro sistema democrático, por más frágil e imperfecto que sea, es la base sobre la que debemos construir y por cuya mejora debemos luchar continuamente si es que aspiramos a ser, algún día, un país próspero y respetable en el concierto de las naciones. Aprovecho para desear a todos una navidad muy feliz!

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FRÁGIL DEMOCRACIA

Guatemala puede ser el país latinoamericano donde la democracia goza de menos apoyo entre la población. Según los resultados de la más reciente encuesta de Latinobarómetro, solamente el 41% de los guatemaltecos prefiere la democracia a cualquier otra forma de gobierno, lo cual coloca a nuestro país en el último lugar de todo el subcontinente, superado por México (42%) y Ecuador (43%), y muy por detrás de Costa Rica (74%), Uruguay (82%) y Venezuela (84%) donde la democracia goza de la mayor simpatía popular. Lo que es peor, si se promedian los resultados que dicha encuesta ha arrojado desde 1995, el apoyo que los guatemaltecos muestran a la democracia, a lo largo de los últimos años, es el más bajo de todos los países latinoamericanos. La publicación de Latinobarómetro 2009 destaca que Guatemala es, además, el país que más se auto clasifica como vulnerable a un rompimiento del orden constitucional, de acuerdo a las respuestas a tres preguntas específicas: un tercio de la población cree probable un golpe, apoya el golpe en Honduras, y una holgada mayoría apoyaría un gobierno militar según las circunstancias.

Lo anterior, sin embargo, no quiere decir que los guatemaltecos no crean en la democracia, pues el 72% de los encuestados afirma que, pese a sus problemas, es el mejor régimen que existe (más o menos en línea con el promedio latinoamericano). El problema es que este apoyo a la democracia como concepto teórico no se refleja en un apoyo a la manera en que el régimen se practica en el país (sólo un 11% de los encuestados cree que hay plena democracia). Guatemala es también el país donde menos se cree en los partidos políticos: solamente el 40% cree que dichas instituciones son esenciales para que exista democracia (el promedio latinoamericano es 60%).

La debilidad de nuestra democracia, de sus instituciones y del apoyo popular hacia la misma es muy preocupante, entre otras razones, porque puede tener implicaciones negativas sobre el desempeño de los mercados y de las políticas públicas conducentes al desarrollo. En efecto, los procesos de debate, negociación, aprobación y ejecución de las políticas son tan importantes para el progreso de país como el contenido específico de las propias políticas. Si esos procesos se dan en un ambiente de ingobernabilidad, de confrontación o de irrespeto a los derechos ciudadanos, las políticas públicas serán un fracaso aunque estén teóricamente bien formuladas.

Si, además, la precaria confianza que la población tiene en la democracia se mina por la confrontación, real o inventada, entre ricos y pobres, mayas y ladinos, o capitalinos y provincianos, más riesgo existe de que las medidas de política pública sean ineficaces. Las políticas guiadas por, o que buscan fomentar, la lucha de clases suelen generar desaciertos económicos a medida que el estado se distorsiona, el gasto público se hace más ineficiente y los inversionistas, nerviosos, reducen sus inversiones. Ojalá que el espíritu de reflexión y de paz de las fiestas navideñas inspire a los líderes nacionales a trabajar porque el próximo año dejen de aumentar las divisiones sociales, las suspicacias mutuas se disipen y el contrato social que debe regir nuestra convivencia se fortalezca.

El Profesor Moderado

El sostener posiciones intelectuales moderadas (en el sentido de que son equidistantes entre dos o más posiciones extremas) no significa defenderlas con tibieza. Las opiniones moderadas puden ser defendidas, predicadas y difundidas con ahínco y firmeza. Esta es una de las muchas lecciones que el economista Paul Samuelson nos legó. Rindo hoy un pequeño homenaje a este gran maestro (autor del libro me inicié en el conocimiento de la Economía), en reconocimiento a su trascendental obra por la que Kenneth Arrow, otro Nobel de Economía, le consideró "el mejor economista de la Historia".

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EL PROFESOR MODERADO

Noventa y cuatro años debe ser una buena edad para morir, especialmente si se hace con lucidez, elegancia y habiendo dejado un rico legado intelectual que incluye la obtención de un premio Nobel y la educación de muchas generaciones de estudiantes que, como yo, aprendieron el a-b-c de la Economía en sus libros. Paul Samuelson publicó la primera edición de su texto de introducción en la Economía en 1948; yo tuve la fortuna de adquirir en mi primer año universitario la sexta reimpresión (1979) de la de la novena edición del libro, traducido por el economista español (hoy también nonagenario) José Luis Sampedro y publicado por la editorial Aguilar, que hizo las veces de mi biblia referencial durante los primeros años carrera.
Samuelson, fallecido este domingo, fue profesor en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos) y representó lo más granado de la escuela keynesiana que sostiene que el libre mercado es la manera más eficiente de asignar los recursos de una economía, pero que ocasionalmente sufre de fallas que generan desempleo y que requieren del estímulo del gobierno mediante la política fiscal (no la monetaria). Calificado a sí mismo como un moderado incurable, Samuelson buscó mantenerse equidistante entre el estatismo y el liberalismo, lo que le ganó la animadversión de los unos –que tildaron de “bastarda” su síntesis keynesiano-neoclálsica- y de los otros –que no le perdonaron sus duras críticas a las teorías de Friedman y de Hayeck-.
Participó de forma influyente en muchos de los grandes debates de políticas públicas de los últimos 60 años. Fue asesor económico del presidente Kennedy, a quien convenció de la utópica idea de que mediante la adecuada combinación de estímulos fiscales se podría alcanzar el pleno empleo, la tasa de inversión y el grado de distribución del ingreso que la sociedad deseara. Para escándalo de los keynesianos radicales, también recomendó reducciones temporales de impuestos. Luego de ganar el Nobel de Economía en 1970 "por el trabajo científico a través del cual ha desarrollado la teoría económica estática y dinámica, y contribuido activamente a elevar el nivel de análisis en la ciencia económica", Samuelson continuó influyendo durante años en las políticas de gobierno en su país: en 2000 advirtió sobre los riesgos de un gobierno irresponsablemente dispendioso y belicista como el de George W. Busch; hace pocos meses recomendó al presidente Obama posicionarse como un centrista para contrarrestar los efectos de la crisis financiera mundial.Con la humildad que dan la sabiduría y los años, Samuelson reconoció sus propias limitaciones y errores. En uno de sus últimos escritos indicaba que “muchas veces, a lo largo de siete décadas de enseñanza de la economía y de creación de libros de texto, me he equivocado. Aún así, recuerden dónde leyeron todo esto antes. Como decían los griegos clásicos, no maten al mensajero que les trae malas noticias”. Se refería a su visión de un futuro en que el poder emergente de China hará tambalear la economía estadounidense mediante un ataque masivo contra el dólar. En los próximos años veremos si su última predicción estuvo, como muchas otras, acertada.

"Sueldos de Príncipes"

Es muy común y popular opinar que los sueldos de los funcionarios públicos son muy elevados y que sería una buena idea reducirlos. Por más común y popular que sea esta opinión, está equivocada y plantear la reducción de salarios de los funcionarios públicos es muy mala política pública. El Cardenal Quezada Toruño emitió su opinión, común y popular, al respecto. Me ha parecido pertinente plantear mi opinión contraria y dar las razones por las cuales, al contrario, debería de tenerse cuidado de remunerar adecuadamente a los servidores públicos: un servicio civil de carrera y bien pagado es antídoto contra la corrupción y el despilfarro.

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“SUELDOS DE PRÍNCIPES”
Hace un par de domingos el Arzobispo Metropolitano, Rodolfo Quezada, dedicó parte de su homilía a hacer un llamado en contra del mal uso, la ineficiencia y el desperdicio de los recursos financieros del Estado. Entre sus argumentos el prelado mencionó los (supuestamente) excesivos salarios de los altos funcionarios públicos que, según su criterio, se asemejan a “sueldos de príncipes”. Aunque no es fácil calcular los emolumentos de la nobleza (de eso sabe más, quizá, un príncipe de la Iglesia), y por más que uno esté absolutamente de acuerdo en criticar el derroche y la malversación del erario, el dirigir los reproches hacia los sueldos de los funcionarios puede resultar no sólo inapropiado, sino contraproducente a lo que realmente se desea, que es combatir la corrupción y el despilfarro.
Cuando los sueldos de los funcionarios públicos no son competitivos en relación con lo que se paga en el sector privado –en puestos de similar responsabilidad-, existe el riesgo de que surjan incentivos perversos para que tales funcionarios busquen complementar sus ingresos acudiendo a fuentes poco transparentes o incluso ilegales que comprometen su independencia de criterio y su honorabilidad, a menos que se trate de personas que ya acumularon suficiente riqueza antes de convertirse en servidores públicos, o de jubilados que ya tienen una pensión que complementa su sueldo, o de jóvenes solteros que no tienen compromisos familiares y que pueden vivir decorosamente con ingresos menores que un padre de familia.
Es un error creer que los salarios de los altos funcionarios pueden mantenerse bajos sin que ello influya sobre las decisiones de personas talentosas que, de otra manera, podrían estar considerando iniciar una carrera como servidores públicos o como políticos profesionales. El sueldo actual de un ministro o de un diputado está alrededor de los Q30 mil mensuales, lo que tal vez le pueda parecer al Arzobispo y a muchas otras personas un pago generoso si se compara, digamos, con el salario mínimo legal. Sin embargo, ese no es el caso si se le compara con los ingresos de US$5 mil que, de acuerdo con algunas firmas consultoras internacionales, recibe un gerente de recursos humanos en el país, o los US$6 mil de un gerente financiero, o los US$10 mil de un gerente general.Seguramente que sueldos de esa magnitud le parecerán demasiado a la mayoría de los contribuyentes, pero conviene recordar que normalmente el consumidor obtiene la calidad de producto que está dispuesto o puede pagar. Si los sueldos de los diputados o de los ministros son mediocres, existe una alta probabilidad de que el Congreso y el Gabinete estarán poblados por mediocres. Si realmente se quiere combatir la corrupción y el dispendio de los recursos fiscales, antes que ensañarse con los sueldos de los funcionarios (que son, o deben ser, de conocimiento público, transparentes y fiscalizables), la opinión pública debería ser más acuciosa y combatir con más ahínco las coimas, los sobresueldos ocultos, las artimañas, el tráfico de influencias, la falta de controles sobre la obra pública y la precariedad de los sistemas de compras y contrataciones del gobierno. Es allí, y no en los sueldos, donde está el verdadero desperdicio y el trágico desangramiento de los escasos recursos de un Estado famélico.

Noticias Celulares

Por pura ley de probabilidades yo sabía que habría de llegarme el día en quesería asaltado en algún lugar de esta ciudad, una de las más violentas (e impunes) del planeta. Afortunadamente, el robo de teléfono celular del que fui víctima la semana pasada se efectuó siguiendo el protocolo establecido para tales hechos, de manera que no hubo daños físicos que lamentar. En el pasado he escrito varia columnas relativas al tema de (in) seguridad, pero desde una perspectiva de políticas públicas; esta semana escribo sobre el tema pero desde un punto de vista vivencial. La lección más clara que saco de los acontecido, es que todos nos hemos acomodado a vivir en medio de la delincuencia y a nadie (ni a las autoridades) parece importarle.

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NOTICIAS CELULARES

La semana pasada trajo malas y buenas noticias relacionadas con el teléfono celular. La primera mala noticia es que dos individuos en una moto me robaron el mío; el tripulante de atrás tocó con su pistola la ventanilla de mi vehículo exigiéndome que le diera el aparato. La buena noticia es que, de tanto leer y comentar sobre el procedimiento a seguir en estos casos, y en virtud de que me encontraba en un embotellamiento al final de la calle Montúfar (territorio libre de los roba-celulares), seguí al pie de la letra las instrucciones que recién había leído en internet y el atraco se perpetró con fluidez, casi civilizadamente. La única ofensa fue que el ladrón, luego de haberme quitado también mi bolígrafo, me lo despreció y devolvió de forma descortés.

La buena noticia es que los conductores y transeúntes que atestaban la calle a la hora del crimen, lo presenciaron con absoluta naturalidad y calma, por lo que no se alteró el orden público. La mala noticia es que tanto la policía de tránsito como la nacional también parecen considerar como algo normal y cotidiano este tipo de hurtos, pues los unos ni siquiera se inmutan ante la continua (pero ilegal) circulación de motocicletas con dos tripulantes, mientras que los otros deciden ignorar lo que casi todos los capitalinos saben: que el sector Montúfar-Liberación es un escenario donde habitualmente se asalta a peatones y vehículos a plena luz del día y en total impunidad.

La buena noticia es que acudí de inmediato a la agencia de la compañía telefónica a tramitar el bloqueo de la línea, lo cual se realizó prontamente pues existe un servicio al cliente dedicado a este tipo de operaciones, dada su recurrencia. La mala noticia es que, para desactivar completamente el aparato robado y poder recuperar la línea en uno nuevo, era necesario hacer la denuncia correspondiente ante al Ministerio Público. La buena noticia es que me encontré con que la Oficina de Atención Permanente del MP es muy amplia y ordenada, y brinda al público una atención rápida y cortés, siguiendo procedimientos específicos para el robo de celulares, dado lo habitual del hecho. La mala noticia es que la denuncia no tiene el propósito de iniciar ninguna acción de investigación penal (pues no preguntan ningún detalle del asalto), sino un simple trámite para “dejar constancia de lo ocurrido” (según reza el formulario correspondiente) y para liberar de responsabilidad a la empresa telefónica durante el trámite de reposición.

La mala noticia es que, después de cumplidos los trámites y el papeleo, la empresa telefónica no tenía existencias (ni intención de tenerlas) del modelo que me fue robado, pese a tenerlo conspicuamente en exhibición, presumiblemente con el propósito de atraer a ingenuos consumidores (como yo), para luego salir con el consabido “fíjese que se nos agotó”. La buena noticia es que, después de verter varios mililitros de bilis, y alguna que otra lágrima, la compañía tuvo la graciosa magnanimidad de concederme un aparato sustituto (de menor calidad) a precio especial, a cambio de prolongar el contrato que me amarra con la empresa otros dieciocho meses. La mala noticia es que, ahora que he recuperado mi móvil, existe la probabilidad de que tenga que pagar más impuestos por llamada. La buena notica es que, con la sicosis de que me vuelvan a asaltar, reduciré al mínimo su uso; al menos en público.

Una Agencia Anticorrupción

En los países civilizados, los actos de corrupción se combaten, se previene y se desincentivan mediante la operación de las instituciones que velan por la integridad la transparencia de los actos de gobierno: un servicio civil motivado y basado en el mérito, una Contraloría de Cuentas profesional y autónoma, unos tribunales eficaces, etcétera. En los países donde lo anterior no existe, requiere de esfuerzos extraordinarios para combatir el cáncer de la corrupción que está carcomiendo las estructuras del Estado y, con ello, socavando los fundamentos de la convivencia social. Uno tales esfuerzos extraordinarios puede ser la creación de una oficina específica encargada de las labores anticorrupción.

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UNA AGENCIA ANTICORRUPCIÓN

Si tuviésemos que hacer un ranking de los obstáculos que enfrenta Guatemala para alcanzar un mayor nivel de desarrollo económico, una democracia más plena y un mejor nivel de vida para todos los ciudadanos, la corrupción seguramente ocuparía uno de los primeros lugares. La necesidad de combatir ese flagelo es tan evidente que los tres últimos gobiernos han intentado hacerlo (o al menos han buscado dar la impresión de que tienen la intención de hacerlo) mediante la creación de comisiones específicas (por ejemplo, la que en el actual gobierno coordina el Vicepresidente), sin que hasta ahora se hayan visto resultados dignos de mencionarse.

La sociedad civil tampoco ha sido muy exitosa en vigilar ni en prevenir el uso ilegal de los recursos públicos. Ni siquiera las ONGs nacionales que tienen el respaldo y experticia de entidades como Transparencia Internacional han logrado plantear apropiadamente mecanismos para evaluar la transparencia de negocios gubernamentales de gran magnitud (como, por ejemplo, la concesión de la construcción de la Franja Transversal del Norte); tampoco ha logrado integrarse a esfuerzos prometedores (pero finalmente frustrados) como el reiteradamente anunciado y nunca instalado Observatorio del Gasto Público.

Las instituciones que tienen el mandato legal de ejercer la vigilancia y fiscalización del gasto público (es decir, la Contraloría y el Congreso) están rebasadas por la creciente cantidad y grado de sofisticación de los actos corruptos y, con un sistema de justicia sumamente débil, son cada vez menos capaces de detectar y perseguir complejos casos de corrupción. Es más, en un sistema donde la coima y el cohecho son endémicos, los mecanismos convencionales de fiscalización pueden estar ellos mismos infectados del germen de la corrupción.

Lo anterior evidencia la complejidad que entraña el diseño de programas anticorrupción que sean efectivos. La experiencia exitosa de otros países incluye medidas que van desde la reforma del Organismo Judicial hasta el control y reingeniería de los procesos de compras y adquisiciones. Pero la medida concreta que más resultados inmediatos reporta es la creación de un agencia anticorrupción independiente. En una situación como la que enfrenta el país actualmente valdría la pena considerar la posibilidad de establecer urgentemente tal agencia.

Para que la misma dé resultados, es necesario contar con la voluntad y el apoyo político de las autoridades ejecutivas y legislativas, que la doten de los recursos necesarios (que más que un gasto serían una inversión por los ahorros que la agencia podría generarle al fisco) y de un marco legal que la proteja de cualquier interferencia política a fin de poder investigar a cualquier funcionario, sin importar su jerarquía. Evidentemente la agencia también debe contar con personal profesional, íntegro, adecuadamente remunerado y bien dirigido.

Por supuesto que no debe esperarse que una agencia anticorrupción pueda, por sí misma, acabar con ese flagelo: debe contar con el soporte de las demás autoridades de fiscalización y de justicia (la Contraloría, el Ministerio Público, las cortes), así como el apoyo de la sociedad civil y la confianza de la ciudadanía. Tal agencia no es panacea contra la corrupción, pero puede ser un importante primer paso.

Gobernabilidad y Prosperidad

El desorden social, la violencia, la delincuencia, la corrupción, el saqueo del erario público, el irrespeto a la autoridad, son todos síntomas de un proceso de ingobernabilidad. En un entorno así, resulta imposible propiciar la inversión y la generación de empleos lo cual, a su vez, contribuye al desorden social, a la violencia, a la delincuencia, a la corrupción, etcétera, configurando un círculo vicioso en el que la falta de prosperidad y la ingobernabilidad se refuerzan mutuamente. Es menester romper ese círculo vicioso fortaleciendo el capital humano y el capital social del país, tomando en cuenta, especialmente, que la crisis económica mundial puede esta llegando a su fin y no puede encontrarnos, otra vez, sin estar preparados para aprovechar los frutos de la recuperación económica.

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GOBERNABILIDAD Y PROSPERIDAD

Durante más de un año la crisis financiera mundial ha sido el tópico central de los debates sobre políticas públicas. Hoy, a medida que la recuperación económica empieza a vislumbrarse, vale la pena trasladar el foco de la discusión hacia un tema que para Guatemala parece tener cada vez mayor pertinencia: la relación entre la gobernabilidad y la prosperidad económica. La existencia de un mínimo de gobernabilidad en el país es necesaria para que, una vez superada la crisis mundial, los negocios florezcan, el crecimiento económico tome lugar y, en consecuencia, la prosperidad material se produzca. De manera recíproca, cuando existe prosperidad económica resulta mucho más fácil mantener la gobernabilidad del país.

El espectro de una gran depresión mundial, que amenazaba hace algunos meses con convertirse en una pavorosa realidad, parece estar descartado, en gran medida gracias a las agresivas decisiones que en materia de estímulos fiscales y monetarios adoptaron los gobiernos en las economías avanzadas. En el caso nuestro, hemos logrado capear el temporal de mejor manera que en crisis anteriores, merced a los esfuerzos que se vienen realizando desde hace varios años en materia de mejora en los fundamentos macroeconómicos: el tipo de cambio flexible puede estar sirviendo como un amortiguador de la crisis; la disciplina fiscal ha mantenido (al menos hasta hace algunos meses) la deuda pública en montos manejables; y, el sistema bancario ha logrado financiarse con recursos líquidos del mercado doméstico.

No obstante lo anterior, aún existen riesgos que pueden dar al traste con la incipiente recuperación. Uno de ellos es la tentación en la que pueden caer los políticos de abandonar las políticas macroeconómicas prudentes (como mantener bajo control el déficit fiscal y el endeudamiento público), lo cual puede derivar en inestabilidad económica y ésta, a su vez, en ingobernabilidad. Por ello resulta crucial, por ejemplo, que el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para 2010 sea aprobado con los montos reducidos que sugiere el Ministerio de Finanzas Públicas, en vez de pretender simplemente repetir durante el próximo año el presupuesto aprobado para 2009; ello constituiría una enorme irresponsabilidad de insospechadas consecuencias en términos de ingobernabilidad y, por ende, de falta de prosperidad económica.

Este es el momento de insistir en que las políticas públicas no deben desenfocarse. Para que la recuperación económica nos encuentre en una posición tal que podamos beneficiarnos de ella, es menester recalcar que las claves de la prosperidad continúan siendo las mismas que antes de la crisis: capital humano y capital social. El primero demanda invertir cada vez más, y mejor, en educación, servicios de salud, conocimiento científico y oportunidades para las mujeres. Por su parte, el capital social requiere que se mantenga la gobernabilidad, que se garanticen los derechos de propiedad y el imperio de la ley a fin de favorecer la inversión y el empleo. El futuro del país está en una encrucijada histórica y, querámoslo o no, la elección del derrotero está en gran medida en manos de los políticos. Que Dios los ilumine.