Una Agencia Anticorrupción

En los países civilizados, los actos de corrupción se combaten, se previene y se desincentivan mediante la operación de las instituciones que velan por la integridad la transparencia de los actos de gobierno: un servicio civil motivado y basado en el mérito, una Contraloría de Cuentas profesional y autónoma, unos tribunales eficaces, etcétera. En los países donde lo anterior no existe, requiere de esfuerzos extraordinarios para combatir el cáncer de la corrupción que está carcomiendo las estructuras del Estado y, con ello, socavando los fundamentos de la convivencia social. Uno tales esfuerzos extraordinarios puede ser la creación de una oficina específica encargada de las labores anticorrupción.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

UNA AGENCIA ANTICORRUPCIÓN

Si tuviésemos que hacer un ranking de los obstáculos que enfrenta Guatemala para alcanzar un mayor nivel de desarrollo económico, una democracia más plena y un mejor nivel de vida para todos los ciudadanos, la corrupción seguramente ocuparía uno de los primeros lugares. La necesidad de combatir ese flagelo es tan evidente que los tres últimos gobiernos han intentado hacerlo (o al menos han buscado dar la impresión de que tienen la intención de hacerlo) mediante la creación de comisiones específicas (por ejemplo, la que en el actual gobierno coordina el Vicepresidente), sin que hasta ahora se hayan visto resultados dignos de mencionarse.

La sociedad civil tampoco ha sido muy exitosa en vigilar ni en prevenir el uso ilegal de los recursos públicos. Ni siquiera las ONGs nacionales que tienen el respaldo y experticia de entidades como Transparencia Internacional han logrado plantear apropiadamente mecanismos para evaluar la transparencia de negocios gubernamentales de gran magnitud (como, por ejemplo, la concesión de la construcción de la Franja Transversal del Norte); tampoco ha logrado integrarse a esfuerzos prometedores (pero finalmente frustrados) como el reiteradamente anunciado y nunca instalado Observatorio del Gasto Público.

Las instituciones que tienen el mandato legal de ejercer la vigilancia y fiscalización del gasto público (es decir, la Contraloría y el Congreso) están rebasadas por la creciente cantidad y grado de sofisticación de los actos corruptos y, con un sistema de justicia sumamente débil, son cada vez menos capaces de detectar y perseguir complejos casos de corrupción. Es más, en un sistema donde la coima y el cohecho son endémicos, los mecanismos convencionales de fiscalización pueden estar ellos mismos infectados del germen de la corrupción.

Lo anterior evidencia la complejidad que entraña el diseño de programas anticorrupción que sean efectivos. La experiencia exitosa de otros países incluye medidas que van desde la reforma del Organismo Judicial hasta el control y reingeniería de los procesos de compras y adquisiciones. Pero la medida concreta que más resultados inmediatos reporta es la creación de un agencia anticorrupción independiente. En una situación como la que enfrenta el país actualmente valdría la pena considerar la posibilidad de establecer urgentemente tal agencia.

Para que la misma dé resultados, es necesario contar con la voluntad y el apoyo político de las autoridades ejecutivas y legislativas, que la doten de los recursos necesarios (que más que un gasto serían una inversión por los ahorros que la agencia podría generarle al fisco) y de un marco legal que la proteja de cualquier interferencia política a fin de poder investigar a cualquier funcionario, sin importar su jerarquía. Evidentemente la agencia también debe contar con personal profesional, íntegro, adecuadamente remunerado y bien dirigido.

Por supuesto que no debe esperarse que una agencia anticorrupción pueda, por sí misma, acabar con ese flagelo: debe contar con el soporte de las demás autoridades de fiscalización y de justicia (la Contraloría, el Ministerio Público, las cortes), así como el apoyo de la sociedad civil y la confianza de la ciudadanía. Tal agencia no es panacea contra la corrupción, pero puede ser un importante primer paso.