"Sueldos de Príncipes"

Es muy común y popular opinar que los sueldos de los funcionarios públicos son muy elevados y que sería una buena idea reducirlos. Por más común y popular que sea esta opinión, está equivocada y plantear la reducción de salarios de los funcionarios públicos es muy mala política pública. El Cardenal Quezada Toruño emitió su opinión, común y popular, al respecto. Me ha parecido pertinente plantear mi opinión contraria y dar las razones por las cuales, al contrario, debería de tenerse cuidado de remunerar adecuadamente a los servidores públicos: un servicio civil de carrera y bien pagado es antídoto contra la corrupción y el despilfarro.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS
“SUELDOS DE PRÍNCIPES”
Hace un par de domingos el Arzobispo Metropolitano, Rodolfo Quezada, dedicó parte de su homilía a hacer un llamado en contra del mal uso, la ineficiencia y el desperdicio de los recursos financieros del Estado. Entre sus argumentos el prelado mencionó los (supuestamente) excesivos salarios de los altos funcionarios públicos que, según su criterio, se asemejan a “sueldos de príncipes”. Aunque no es fácil calcular los emolumentos de la nobleza (de eso sabe más, quizá, un príncipe de la Iglesia), y por más que uno esté absolutamente de acuerdo en criticar el derroche y la malversación del erario, el dirigir los reproches hacia los sueldos de los funcionarios puede resultar no sólo inapropiado, sino contraproducente a lo que realmente se desea, que es combatir la corrupción y el despilfarro.
Cuando los sueldos de los funcionarios públicos no son competitivos en relación con lo que se paga en el sector privado –en puestos de similar responsabilidad-, existe el riesgo de que surjan incentivos perversos para que tales funcionarios busquen complementar sus ingresos acudiendo a fuentes poco transparentes o incluso ilegales que comprometen su independencia de criterio y su honorabilidad, a menos que se trate de personas que ya acumularon suficiente riqueza antes de convertirse en servidores públicos, o de jubilados que ya tienen una pensión que complementa su sueldo, o de jóvenes solteros que no tienen compromisos familiares y que pueden vivir decorosamente con ingresos menores que un padre de familia.
Es un error creer que los salarios de los altos funcionarios pueden mantenerse bajos sin que ello influya sobre las decisiones de personas talentosas que, de otra manera, podrían estar considerando iniciar una carrera como servidores públicos o como políticos profesionales. El sueldo actual de un ministro o de un diputado está alrededor de los Q30 mil mensuales, lo que tal vez le pueda parecer al Arzobispo y a muchas otras personas un pago generoso si se compara, digamos, con el salario mínimo legal. Sin embargo, ese no es el caso si se le compara con los ingresos de US$5 mil que, de acuerdo con algunas firmas consultoras internacionales, recibe un gerente de recursos humanos en el país, o los US$6 mil de un gerente financiero, o los US$10 mil de un gerente general.Seguramente que sueldos de esa magnitud le parecerán demasiado a la mayoría de los contribuyentes, pero conviene recordar que normalmente el consumidor obtiene la calidad de producto que está dispuesto o puede pagar. Si los sueldos de los diputados o de los ministros son mediocres, existe una alta probabilidad de que el Congreso y el Gabinete estarán poblados por mediocres. Si realmente se quiere combatir la corrupción y el dispendio de los recursos fiscales, antes que ensañarse con los sueldos de los funcionarios (que son, o deben ser, de conocimiento público, transparentes y fiscalizables), la opinión pública debería ser más acuciosa y combatir con más ahínco las coimas, los sobresueldos ocultos, las artimañas, el tráfico de influencias, la falta de controles sobre la obra pública y la precariedad de los sistemas de compras y contrataciones del gobierno. Es allí, y no en los sueldos, donde está el verdadero desperdicio y el trágico desangramiento de los escasos recursos de un Estado famélico.