CORRUPCIÓN, DE NUEVO

NO SE COMBATE CON BIENINTENCIONADOS ESFUERZOS AISLADOS, SINO CON UNA INSTITUCIONALIDAD FUERTE Y EFECTIVA

En el más reciente Índice de Percepción de Corrupción, la mayoría de países obtiene muy malas calificaciones. El índice, que califica de 0 a 100 puntos, mide los niveles percibidos de soborno en el sector público mediante el acopio de encuestas independientes de todo el mundo. Guatemala obtuvo una puntuación de 25 sobre 100, quedando en el puesto 150 de 180 países, habiendo declinado 8 puntos en los últimos 10 años, y bajado una casilla en comparación con el año previo.

Los países ricos tienden a tener menos corrupción, lo cual es lógico si se comprende que la corrupción y la pobreza se refuerzan mutuamente: el uso de cargos públicos para beneficio privado es una práctica que favorece a unos pocos al tiempo que impone costos a grandes sectores de la sociedad. Existen, además, numerosos estudios que demuestran la perversa correlación que existe mayores niveles de corrupción y menores niveles de desarrollo humano. El cáncer de la corrupción es tan perverso que puede provocar el colapso mismo del Estado -tal como recientemente ha sucedido en Afganistán o en Líbano-.

Pero, siendo un fenómeno complejo y fultifacético, la corrupción no se puede combatir con buenas intenciones ni con esfuerzos aislados. No es cierto lo que afirma el Presidente de México -y que mucha gente cree- que los pueblos son intrínsecamente honestos y que la corrupción ocurre “desde arriba, no de abajo hacia arriba”. Es doloroso reconocer que nuestras sociedades -la mexicana, pero también la guatemalteca- son muy permisivas hacia la corrupción (“es normal”, dijo un nuestro ex Presidente). Por eso AMLO prefiere soluciones basadas en medidas discrecionales y en sus propios actos heroicos, en vez de basarse en reglas e instituciones fuertes.

Tampoco es eficiente combatir la corrupción, como lo intentó en años recientes la CICIG en Guatemala, a pura persecución penal. Eso fue como querer combatir un cáncer extirpando los tumores a machetazos. Esos enfoques que no se basan en una institucionalidad fuerte equivalen, como dijo Denise Dresser, a encender fuegos artificiales para proporcionar iluminación en lugar de construir una red eléctrica.

Combatir la corrupción se trata, en efecto, de un esfuerzo nacional para construir un sistema institucionalizado, con un enfoque preventivo, para la fiscalización y control de los recursos públicos. Esto conlleva implementar mecanismos transparentes y eficaces para las compras, un marco adecuado de probidad de los funcionarios (incluyendo declaraciones de conflictos de interés), una red coordinada de Unidades de Aditoría Interna en todas las dependencias gubernamentales y, ante todo, una Contraloría de Cuentas proba, eficaz y bien gobernada para fiscalizar el gasto público, además de jueces y fiscales probos e independientes para cuando los casos, por excepción, trasciendan al ámbito penal. Solo así, por medio de una institucionalidad fuerte, será posible generar el cambio cultural necesario para sacarnos permanentemente del fondo de la lista de los países con mayor percepción de corrupción.