La aprobación del Congreso para 2015 es
necesaria, aunque requiere algunos ajustes
A poco más de un mes de que venza el plazo legal para
aprobar el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para 2015, en medio de
una nueva crisis parlamentaria que amenaza con paralizar la agenda y que
incluye un posible antejuicio al presidente de la Comisión Legislativa de
Finanzas (que es la obligada a emitir el dictamen sobre el presupuesto, pero
que aún no empieza a discutirlo), circulan ya algunas opiniones técnicas sobre
dicho proyecto.
La semana anterior, el G40 –grupo de economistas y
analistas fiscales- emitió un boletín que presenta varios aspectos que el
Congreso debe atender durante el proceso de aprobación del presupuesto para 2015. El aspecto más
importante es la conveniencia de que el Congreso apruebe el referido proyecto
pues, de lo contrario, la ejecución del gasto público el próximo año sería aún
menos transparente y menos eficiente que en los periodos previos, ya que por
segundo año consecutivo el Ejecutivo carecería de un marco que oriente su
accionar financiero.
Además, la no aprobación del presupuesto conllevaría
un elevado riesgo de ingobernabilidad, no sólo porque el gobierno carecería de
la normativa que lo habilite a cumplir
con compromisos ya adquiridos en materia de mejoras salariales a maestros y
salubristas, sino que también porque se quedaría sin el monto presupuestado
para financiar el proceso electoral de 2015.
Eso sí, el G40 sugiere que dicha aprobación, aunque
necesaria, requiere algunos ajustes tomando en cuenta que, así como está
planteado el proyecto, se aprecian algunas debilidades que deben atenderse. Una
es que el incremento previsto en la deuda pública no se refleja en mejoras en
la inversión; ello debido al aumento desmesurado del gasto en funcionamiento
que, aunado a la insuficiente recaudación, conlleva un nuevo aumento del
déficit fiscal y a importantes reducciones en la inversión física, lo cual
podría ser insostenible en el mediano plazo.
El referido aumento de gastos de funcionamiento
obedece al continuado incremento de salarios derivado de pactos colectivos –no
consultados con las autoridades de finanzas públicas-, en vez de reflejar un
aumento de calidad en el gasto social basado en resultados y seguimiento.
El G40 también alerta sobre algunas normas de
ejecución contenidas en el proyecto de presupuesto que podrían contradecir a
las normas generales contenidas en la Constitución y en la Ley Orgánica del
Presupuesto (como, por ejemplo, las que prohíben tajantemente financiar el
gasto corriente con deuda pública), lo cual debe corregirse en aras de la
eficiencia y transparencia en la ejecución del gasto.
Además de reconocer que existe una rigidez estructural
en el presupuesto, se señala la necesidad de auditar los recursos destinados a
los Consejos de Desarrollo, a las municipalidades, y a otras entidades
autónomas, que suelen ser opacas e ineficientes al gastar e incumplen el mandato
Constitucional de coordinar sus políticas con las políticas de Estado.
Como es habitual en sus comunicados sobre la materia,
el G40 reitera la necesidad de mejorar los ingresos tributarios, y esta vez
hace hincapié en la necesidad de revisar la estructura organizacional y
funcional de la Superintendencia de Administración Tributaria, con especial
énfasis en la lucha contra la defraudación aduanera y el contrabando.
El argumento en favor de que se apruebe el presupuesto
del Estado para 2015 se apuntala con el reconocimiento de que el proyecto
presentado está basado en supuestos macroeconómicos sensatos, incorpora
principios necesarios en materia de una ejecución por resultados, e incluye la
obligatoria dotación de bonos hacia el Banco de Guatemala en reconocimiento al
costo de la política monetaria. En la práctica, uno de los desafíos de la
ejecución del año entrante será la de mantener esa sensatez, cumplir con el
presupuesto por resultados, y respetar sin ambages el apoyo fiscal a al banco
central.
La necesaria aprobación del presupuesto, con las modificaciones
correspondientes, requiere de un sentido de responsabilidad y de una visión de
Estado por parte no sólo de la bancada oficial, sino también por parte de la
oposición. Ambos deberán saber negociar y hacer concesiones para que se
produzca dicha aprobación, si es que de verdad piensan en el país antes que en
sus intereses partidarios.
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