ENTRE RISAS Y REZAGOS

Guatemala sonríe más de lo que progresa… y eso debería preocuparnos

En semanas anteriores, mientras el país celebraba la clasificación de la selección de fútbol a la siguiente ronda, pasaron relativamente desapercibidas dos publicaciones que nos confrontan con una realidad menos festiva. Se trata del más reciente Reporte de Felicidad Mundial y del nuevo Índice de Desarrollo Humano (IDH), que contienen datos reveladores sobre Guatemala y —más allá de su interés técnico— ofrecen pistas valiosas sobre las prioridades que deberíamos adoptar como sociedad.

El primero evalúa el nivel de satisfacción con la vida en 146 países, con base en una encuesta que se realiza a nivel global. Guatemala ocupa el puesto 44 a nivel mundial, y el noveno en América Latina, superada por países como Costa Rica, México y Uruguay. Aunque seguimos ubicados por encima de la media global, lo cierto es que en apenas cuatro años descendimos 14 posiciones, desde el lugar 30 en 2021.

Resulta llamativo que, a pesar de los bajos niveles de ingreso, seguridad o escolaridad, los guatemaltecos seguimos reportando una vida razonablemente satisfactoria. Esto se explica, en parte, por nuestras sólidas redes familiares y comunitarias: comemos juntos, ayudamos al vecino, donamos generosamente. De hecho, Guatemala aparece en el lugar 20 en el subíndice de donaciones. Pero cuando se trata de confiar en extraños, policías o instituciones, nos hundimos al fondo: puesto 127. Esa mezcla de calidez interpersonal y desconfianza estructural es, sin duda, muy chapina.

El segundo informe, el IDH, mide aspectos más tangibles: esperanza de vida, escolaridad y nivel de ingresos. Guatemala aparece en la posición 137 de 193 países, apenas dos puestos mejor que el año anterior. Estamos entre los rezagados de América Latina, por delante solo de Honduras y Haití. Aunque ha habido progreso desde los años noventa, hoy el avance está estancado. Y si se ajusta por desigualdad, nuestro índice cae una cuarta parte.

Somos felices para nuestro ingreso, pero pobres para nuestro nivel de optimismo

En resumen: somos felices para nuestro ingreso, pero pobres para nuestro nivel de optimismo. Esta paradoja chapina se sintetiza en una frase: sonreímos mucho, pero progresamos poco. Una paradoja que debería alarmarnos pues, si no hacemos algo, podríamos quedarnos atrapados en esa cómoda pero engañosa sensación de optimismo.

Ambos índices apuntan a los mismos nudos: baja inversión en capital humano, servicios públicos de mala calidad y un entorno institucional que genera mucha desconfianza. Romper esa trampa requiere más que crecimiento económico: exige que el Estado invierta mejor en su gente. Tres áreas son prioritarias. Primero, nutrición y primera infancia: se debe duplicar la inversión en los primeros mil días, pues un niño bien nutrido aprende más, gana más y vive mejor. Segundo, educación de calidad: hay que dejar de contar aulas y comenzar a medir aprendizajes, mejorar capacidades docentes, formación continua y evaluaciones serias. Tercero, confianza institucional: cuando las reglas se cumplen y la ley se aplica, florecen la economía y el bienestar.

En la columna anterior destacamos la resiliencia de nuestra economía, pero esa resiliencia no basta si el progreso no se traduce en vidas más largas, más educadas y plenas. No basta con tener amortiguadores macroeconómicos si seguimos condenando a la gente a la informalidad, la malnutrición o la desconfianza crónica. Guatemala se caracteriza porque su gente quiere salir adelante, confía en su círculo cercano, y enfrenta la adversidad con una sonrisa. Pero hace falta que esa sonrisa venga acompañada de capacidades reales y oportunidades efectivas. Solo entonces seremos, al mismo tiempo, felices y desarrollados.

LA APUESTA POR TAIWÁN

 Nuestra relación con Taiwán sigue siendo estratégica, si sabemos cómo aprovecharla

La reciente visita del presidente Bernardo Arévalo a Taiwán ha reavivado un viejo debate: ¿le sigue conviniendo a Guatemala mantener relaciones diplomáticas con Taipéi, en vez de ceder a la seducción —comercial y política— de la China continental?

Cada vez más países han abandonado a Taiwán para alinearse con Pekín. Hoy, solo doce naciones en todo el mundo reconocen a la isla como Estado soberano. Guatemala es, por mucho, la más grande y relevante entre todas ellas. Su PIB más que duplica al de Paraguay —el segundo país en importancia de los que reconocen a Taiwán— y su peso demográfico lo triplica. En ese reducido club, somos la joya de la corona.

Pero Pekín presiona. A cambio del reconocimiento diplomático, ofrece grandes obras —estadios, carreteras, puertos—, promesas de inversión, condonación de deuda, y acceso a su colosal mercado. Muchos de nuestros vecinos ya han sucumbido a esas ofertas; pero los resultados concretos, más allá de las fotos inaugurales y los titulares mediáticos, no han sido tan espectaculares como se esperaba. En algunos casos, las obras prometidas se han demorado, han sido de baja calidad, o han generado nuevas dependencias financieras.

En cambio, Guatemala ha sido un socio leal de Taiwán durante décadas. Sin embargo, no ha sabido capitalizar esa relación como debería. Mientras, por ejemplo, Lituania —que ni siquiera tiene plenas relaciones diplomáticas con Taipéi— ya recibió un fondo taiwanés de inversión por US$200 millones, Guatemala apenas si ha rascado la superficie del potencial de cooperación con la isla. Podríamos aprovechar su experiencia institucional —por ejemplo, en servicio civil, educación tecnológica, y sistemas electorales—, profundizar el comercio, o negociar un fondo de inversión bilateral, administrado con transparencia, para infraestructura productiva o innovación digital.

Y no se trata solo del evidente interés que Taiwán debería tener en mantener a Guatemala de su lado. También Estados Unidos (nuestro principal socio comercial y policía regional), que percibe con alarma la creciente presencia de China en América Latina, valora mucho que Guatemala mantenga esa alianza estratégica. En un tablero geopolítico donde se juegan las tensiones más importantes del siglo XXI —incluyendo el futuro del Indo-Pacífico, la seguridad cibernética, y el control de las cadenas de suministro tecnológicas—, nuestro país puede desempeñar un rol diplomático relevante. No por nuestro peso militar o económico, sino por nuestra ubicación estratégica, nuestra trayectoria y nuestra lealtad diplomática, que es observada con atención desde Washington.

Nuestra relación con Taiwán sigue siendo una apuesta que conviene

Algunos analistas “pragmáticos” aconsejan a Guatemala cambiar de bando y ceder a la seducción y a las amenazas -veladas o explícitas- de China. Pero ¿y si algún día Taiwán y China deciden, a su manera, reencontrarse como partes de una misma nación? Esa posibilidad, aunque quizá no tan cercana, existe. En tal caso, Guatemala no saldría perdiendo si ha jugado el papel de aliado prudente, coherente y respetuoso. China —que valora la continuidad, el honor y la palabra empeñada— sabrá apreciarlo. No sería la primera vez que la diplomacia oriental premia la paciencia y la fidelidad.

Claro que esta ruta entraña riesgos. Pero mientras Taiwán siga existiendo como actor internacional con autonomía, nuestra relación con esa isla comprometida con la democracia, tecnológicamente sofisticada y firmemente aliada de Occidente, sigue siendo una apuesta que conviene —por principios y por estrategia— mantener. Eso sí: es una apuesta que solo vale la pena jugar si la sabemos cobrar bien.

CUANDO EL CRIMEN CAPTURA EL FUTURO

El crimen organizado corroe la economía, captura al Estado y debilita la democracia

El crimen organizado no es ya solo un problema de seguridad, sino que se ha convertido en una amenaza sistémica para el desarrollo económico, la institucionalidad democrática y la convivencia social en Guatemala. Las evidencias son alarmantes. Las organizaciones criminales han extendido su control territorial en regiones sin presencia estatal efectiva, han penetrado redes de financiamiento electoral y han tejido nexos con estructuras políticas que les garantizan impunidad. Tal y como lo vienen advirtiendo diversos analistas y entidades especializadas en la materia, Guatemala corre el riesgo de seguir el camino de otros países latinoamericanos donde las redes criminales se consolidan al amparo de un Estado debilitado, una sociedad fragmentada y una economía capturada. Esta no es una amenaza abstracta: ya estamos viendo abundantes casos de políticos bajo investigación por vínculos con narcotráfico, regiones enteras del país bajo dominio criminal, y un sistema judicial que ha perdido capacidad de respuesta.

La urgencia de actuar es enorme, como lo evidencia un reciente estudio del Banco Mundial (Crimen Organizado y Violencia en América Latina y el Caribe), en el que se estima que el crimen y la violencia pueden costarle a un país hasta 8% de su PIB. La inversión se retrae, los negocios se encarecen por extorsiones y sobornos, y los costos de seguridad privada desplazan recursos productivos. Además, el crimen debilita la legitimidad de las instituciones: socava la confianza en la justicia, favorece la justicia por mano propia y erosiona el Estado de derecho. Pero el impacto más corrosivo del crimen organizado es político: infiltra partidos, financia campañas, captura gobiernos locales y distorsiona las prioridades del Estado. La debilidad institucional —reflejada en una justicia ineficiente, una policía desbordada y un sistema político disfuncional— facilita esa captura. Por eso, la lucha contra el crimen no puede limitarse al ámbito policial: requiere una estrategia nacional de reconstrucción institucional.

Combatir al crimen organizado es una prioridad de desarrollo, no solo de seguridad

¿Qué hacer? Los expertos sugieren, primero, reformar profundamente el sistema de justicia: mejorar la investigación criminal, garantizar independencia judicial y modernizar la gestión de los casos. Segundo, profesionalizar y depurar las fuerzas de seguridad, apostando por modelos de policía comunitaria y prevención basada en evidencia. Tercero, impulsar políticas activas de empleo e inversión en territorios capturados por el crimen, para recuperar el control del Estado. Sin embargo, para un país como Guatemala la estrategia clave está en el ámbito político: sin reformas al sistema de partidos y al financiamiento electoral, la puerta seguirá abierta para que las mafias sigan capturando el poder. Guatemala necesita unas reglas electorales que garanticen más participación y representatividad ciudadana, una fiscalización efectiva y un tribunal electoral independiente y competente.

Combatir al crimen organizado es una prioridad de desarrollo, no solo de seguridad. No podemos seguir actuando “como si todo estuviera normal”. Las mafias no solo trafican drogas o personas: trafican influencias, cooptan instituciones y paralizan la acción del Estado. La historia muestra que la impunidad no se vence con discursos, sino con acción coordinada. El crimen organizado no será derrotado solo por fiscales y policías: será derrotado cuando la ciudadanía y sus líderes (academia, empresarios, partidos y medios) exija y construya instituciones que funcionen. Esta batalla crucial por el futuro de Guatemala debe empezar ahora.

NAVEGAR EN AGUAS TURBULENTAS

 Guatemala debe reforzar sus amortiguadores macroeconómicos ante el nuevo entorno global incierto

El nuevo episodio de proteccionismo global, exacerbado por el gobierno de Estados Unidos, ha sumido a la economía mundial en aguas agitadas. Con aranceles que alcanzan máximos en los últimos cien años —y con reacciones negativas en los mercados de acciones, bonos y divisas—, el entorno global se ha tornado volátil y riesgoso. La OMC advierte que el volumen del comercio mundial podría contraerse este año; el Banco Mundial y el FMI han recortado sus previsiones de crecimiento global; y la inflación, lejos de disiparse, podría repuntar como efecto colateral de los aranceles. La advertencia es clara: estamos navegando un ciclo de creciente incertidumbre internacional.

Guatemala, aunque relativamente blindada y resiliente, no está exenta de riesgos ante esta turbulencia. Nuestras exportaciones hacia los Estados Unidos —que representan más del 30% del total— podrían perder competitividad frente a países como México, que quedó exento del arancel base del 10%. Ya se reportan cancelaciones de pedidos para productos agrícolas clave como frutas y vegetales. Además, un menor crecimiento en los Estados Unidos podría ralentizar el envío de remesas —nuestro principal sostén externo— y generar presiones sobre el tipo de cambio. En este contexto, la primera línea de defensa es nuestra política macroeconómica.

La buena noticia es que no partimos de cero. Contamos con amortiguadores que es menester preservar: una baja deuda pública, un déficit fiscal moderado, un tipo de cambio estable, superávit en la balanza de pagos y un nivel vigoroso de reservas monetarias internacionales. Pero estos colchones no son inmutables. Para mantenerlos, se requiere prudencia sostenida en la política fiscal y disciplina en la política monetaria. No es momento para aventuras fiscales (como la de seguirse endeudando solo para aumentar el gasto público ineficiente), ni para intervencionismos cambiarios. Los errores en estas áreas no se notan de inmediato… pero cuando lo hacen, ya suele ser tarde para corregirlos sin dolor.

La segunda acción es política: urge tomar la iniciativa y sentarse a negociar con los Estados Unidos. El gobierno norteamericano ha señalado formalmente ciertas prácticas administrativas guatemaltecas que considera "desleales". En lugar de caer en la tentación de la confrontación ideológica, convendría ofrecer mejoras regulatorias e institucionales a cambio de un trato arancelario preferencial. No sería la primera vez que corregir una deficiencia interna nos abre una puerta externa. Y en el proceso, se fortalecería nuestra institucionalidad pública.

"Requiere prudencia sostenida en la política fiscal y disciplina en la política monetaria"

Pero quizá lo más importante es mirar más allá de la tormenta coyuntural. Esta crisis debería ser el detonante para retomar una agenda de reformas estructurales que hemos postergado por demasiado tiempo. Mejorar la productividad sistémica requiere inversión en infraestructura, educación, conectividad y tecnología, pero también un Estado funcional, con instituciones confiables, reglas claras y justicia efectiva. La más reciente misión del FMI lo dejó entrever: la estabilidad económica guatemalteca es valiosa, pero necesita ser acompañada por una mejora sustancial en la calidad del gasto público y la gobernanza.

La historia lo ha demostrado: los países que emergen fortalecidos de las crisis no son los que se refugian en la inercia, sino los que las aprovechan para reformar y construir. Guatemala ha demostrado resiliencia. Pero resistir no basta. Ni se trata solo de capear el temporal: se trata de aprovechar la tormenta para corregir el rumbo, a fin de salir de ella más robustos y resilientes.

UNA ECONOMÍA RESILIENTE

La economía mundial vive tiempos turbulentos; pero nuestra economía está en posición de resistirlos

Cuando Estados Unidos estornuda, el mundo entero se resfría. Y bajo el segundo mandato de Donald Trump, la seguidilla de estornudos se está convirtiendo en una tos crónica. En particular, la imposición de nuevos aranceles a escala global está -y sin previo aviso- ya dejando sentir sus efectos: desaceleración del comercio internacional, tensiones inflacionarias y un aumento de la incertidumbre económica, tal como lo advirtieron la semana pasada los informes de la Organización Mundial del Comercio y del Banco Mundial.

Guatemala, por supuesto, no es una isla. Nuestra economía inevitablemente sentirá los coletazos de esta guerra comercial mundial. Empezando porque nuestras exportaciones se verán afectadas por el arancel del 10% impuesto por el gobierno de Trump, así como por los menores volúmenes de comercio y cambios en los precios internacionales. Además, nuestras remesas familiares —que es la principal fuente de divisas del país— podrían verse ralentizadas si el crecimiento económico de EE.UU. se desacelera; y las presiones inflacionarias podrían contagiase a Guatemala en la medida en que los costos de los bienes importados aumentan en todo el mundo. Todo ello demanda una respuesta urgente por parte del gobierno y de los exportadores guatemaltecos, incluyendo negociaciones directas con el gobierno estadounidense en el marco de los convenios comerciales existentes y, principalmente, acciones tendentes a corregir las reglas, procedimientos, prácticas y protocolos que, según dicho gobierno, nuestro país aplica deslealmente en perjuicio de sus exportaciones hacia nuestro país.

Si a Estados Unidos le da pulmonía, a Guatemala apenas le da un catarro

Pero la buena noticia es que partimos de una buena base. A diferencia de épocas pasadas, hoy Guatemala tiene mejores herramientas para resistir los embates externos. Nuestro crecimiento económico ha sido sólido y estable —un promedio cercano al 3.5% anual en los últimos veinte años—. Nuestra política fiscal, si bien perfectible, ha mantenido disciplina suficiente para evitar déficits insostenibles y niveles de endeudamiento preocupantes. Nuestra política monetaria, bajo la tutela de un banco central autónomo, ha sido ortodoxa y eficaz para mantener una inflación moderada y un tipo de cambio estable. La resiliencia de nuestra balanza de pagos —respaldada por un superávit corriente y robustas reservas monetarias internacionales— fortalece aún más nuestra capacidad de absorber choques externos. Y aunque nuestra estructura productiva sigue enfrentando los desafíos que implica una baja productividad sistémica, los fundamentos macroeconómicos siguen siendo sólidos.

No es la primera vez que Guatemala navega aguas turbulentas con relativa estabilidad. Durante la crisis financiera global de 2008 y la crisis pandémica de 2020, nuestra economía logró mantener el rumbo. Y todo apunta a que, a pesar de los riesgos actuales, lo volverá a hacer. El Fondo Monetario Internacional ha reafirmado recientemente que la resiliencia de Guatemala no es casualidad: es el resultado acumulado de décadas de prudencia macroeconómica.

Quizá haya llegado el momento de actualizar aquella vieja frase de los economistas locales que, durante buena parte del siglo XX, decían que "si a Estados Unidos le da gripe, a Guatemala le da pulmonía". Hoy, gracias a nuestra disciplina económica y resiliencia estructural, podemos decir con moderado optimismo: "si a Estados Unidos le da pulmonía, a Guatemala apenas le da un catarro". Cuidar esos fundamentos será más importante que nunca. Porque, como bien nos enseña la historia, los buenos cimientos no garantizan el éxito… pero su ausencia sí garantiza el desastre.

TERRAPLANISMO ECONÓMICO

Los aranceles pueden ser una poderosa arma política, pero no tienen ninguna justificación económica

La pregunta que con más insistencia se repite estos días en círculos académicos y financieros es: ¿Qué pretende realmente Donald Trump con sus aranceles? Si nos atenemos a su propio discurso la respuesta es: reducir los déficits comerciales de Estados Unidos y reindustrializar su economía para recuperar empleos en manufactura. Suena noble. Pero desde la perspectiva de la ciencia económica, es una narrativa tan ingenua como equivocada.

La evidencia empírica, la teoría económica y la experiencia histórica coinciden en que los aranceles rara vez logran esos objetivos. Es más, suelen generar efectos contrarios: precios más altos, distorsiones en la asignación de recursos, represalias comerciales y reducción del crecimiento económico global. Como quien pretende curar una fiebre con quimioterapia, los aranceles de Trump no atienden la raíz del problema económico estadounidense: la atacan en el lugar equivocado con la medicina errada.

No es sorprendente que existan defensores fervientes de esa estrategia arancelara (incluso aquí mismo, en nuestro país) que la justifiquen desde una perspectiva política -sin casi ningún fundamento de economía elemental-. Lo que sí resulta desconcertante es que algunos se proclamen liberales y aún así justifiquen estas políticas proteccionistas, con argumentos que parecen extraídos de un manual de economía alternativa medieval. Parece que estamos ante una forma de terraplanismo económico: una negación voluntaria de la evidencia, impulsada más por ideología y pulsiones políticas que por análisis riguroso.

La reducción del déficit comercial —objetivo fundamental de esta estrategia— no es, en sí misma, ni necesaria ni deseable. Los déficits responden a múltiples causas, entre ellas la fortaleza del dólar, el nivel de ahorro interno, o la ventaja comparativa en servicios. Y en cuanto a la reindustrialización, es preciso recordar que la pérdida de empleos en manufactura no es un mal endémico: responde, sobre todo, al avance tecnológico y a la evolución natural hacia una economía basada en servicios y más intensiva en conocimiento.

"Los aranceles trumpianos: se trata de una herramienta de negociación política"

Ahora bien, existe una explicación más verosímil de los aranceles trumpianos: se trata de una herramienta de negociación política; un instrumento geopolítico más que económico. Al imponer aranceles sin previo aviso a sus principales socios comerciales, Trump no busca tanto mejorar la balanza de pagos como reforzar su capacidad de presión. Es el garrote que antecede a la zanahoria. Eso es válido como estrategia geopolítica, pero injustificable como política económica, y menos desde la realidad guatemalteca.

Aunque nuestro país no ha sido de los más castigados por los aranceles trumpianos, no por eso está a salvo de sus consecuencias. El redireccionamiento del comercio, la volatilidad financiera internacional, y la potencial recesión mundial inducidas por esta guerra arancelaria van a afectar nuestra economía. Y aunque seamos parte de un tratado comercial con el gigante del Norte, eso no es un escudo infalible, y menos durante la presidencia de Trump.

La historia está llena de ejemplos de políticas económicas basadas en la ocurrencia y el cortoplacismo más que en la ciencia y la estrategia. Hoy, con la excusa nacionalista de recuperar los empleos perdidos, la política comercial del gobierno estadounidense esconde una peligrosa mezcla de voluntarismo y populismo económico. Lo más preocupante no es que Trump insista en su fórmula proteccionista; es que haya “analistas”—incluso algunos que se decían liberales— dispuestos a defenderla. Como si, de pronto, creyésemos de nuevo que la Tierra es plana.

CENTROAMÉRICA: EL SANTO GRIAL DE LA INVERSIÓN

Si Guatemala y El Salvador no logran generar más inversiones, su crecimiento seguirá siendo modesto

En Centroamérica la inversión —es decir, el gasto en infraestructura, planta y equipo para producir más y mejor— se ha convertido en una especie de Santo Grial: todos la buscan, la veneran, pero pocos la encuentran. Los números no mienten: ni Guatemala ni El Salvador logran generar ni atraer suficiente inversión para sostener un crecimiento robusto. Ambos países, con fortalezas evidentes —estabilidad macroeconómica en Guatemala, mejoras en seguridad e infraestructura en El Salvador— siguen exhibiendo tasas de inversión crónicamente bajas.

La inversión —la parte del PIB que no se consume, sino que se transforma en capital productivo— permanece anémica en nuestros países. En Guatemala, ronda el 15% del PIB; en El Salvador, la cifra es similar. Son porcentajes que nos condenan a un crecimiento mediocre, a una economía que no despega y a una generación de empleo insuficiente. Y mientras nosotros seguimos en el letargo, Nicaragua y Costa Rica, dos vecinos con perfiles muy distintos, sí logran atraer flujos de capital importantes. El año pasado, Guatemala atrajo apenas US$1.6 millardos de inversión extrajera directa -IED- y El Salvador apenas US$0.6 millardos. En contraste, Nicaragua y Costa Rica, con modelos radicalmente distintos, sí están logrando captar capitales. En 2024 ingresaron US$3 millardos de IED a Nicaragua, y US$4 millardos a Costa Rica. ¿Por qué ellos sí y nosotros no?

Nicaragua lo logra con un modelo de atracción de inversiones controvertible: ofrece prebendas, exenciones y tratos preferenciales a ciertos inversionistas —muchos provenientes de países “no convencionales”— a cambio de convertirse en socios del régimen de Ortega. Se trata de una inversión de alto riesgo político, que saca del país cada año casi tantos recursos como los que ingresa, con escasa sostenibilidad en el largo plazo. Costa Rica, en cambio, ofrece un modelo más convencional. Con su régimen de zonas francas, una democracia funcional, estabilidad jurídica y paz social, ha logrado posicionarse como un destino confiable para inversiones de largo plazo; y una proporción importante de las utilidades generadas por esa inversión permanece y se reinvierte en el país. Es un modelo que, con todos sus retos, ha dado frutos.

"Para atraer inversión, no basta con tener estabilidad macroeconómica"

La comparación revela que, para atraer inversión, no basta con tener estabilidad macroeconómica ni con reducir la criminalidad. Tampoco es suficiente abrir las puertas al capital extranjero sin un marco normativo sólido que garantice derechos, reglas claras y certidumbre a largo plazo. La inversión —sobre todo la inversión seria, productiva, de largo aliento— no busca únicamente incentivos fiscales. Busca institucionalidad.

En Guatemala seguimos atrapados en un círculo vicioso: escasa inversión genera bajo crecimiento, lo que a su vez impide mejorar las condiciones estructurales para atraer más inversión. La falta de certeza jurídica, la debilidad del Estado de derecho, la ineficiencia del sistema judicial, la corrupción y la ausencia de infraestructura básica son los verdaderos cuellos de botella.

No podemos aspirar a replicar el caso costarricense si nuestra institucionalidad se asemeja más a la de Nicaragua. Tampoco podemos seguir creyendo que con "marca país" o buena imagen internacional bastará. El inversionista ve más allá del eslogan: mide el riesgo, sopesa el retorno, evalúa la gobernanza. ¿La lección? La inversión no se decreta ni se maquilla. Se cultiva con paciencia institucional. Costa Rica lo entendió hace décadas. Nicaragua, aunque capta capitales, juega con fuego. Guatemala y El Salvador aún parecen no haber decidido qué modelo seguir.