TAIWÁN, HONDURAS, GUATEMALA

EXISTEN MEJORES MANERAS PARA APROVECHAR NUESTRA RELACIÓN ESPECIAL CON TAIWÁN

La importancia geoestratégica de Taiwán es inversamente proporcional al tamaño de su territorio. Está latente el riesgo de que la República Popular China (que reclama la isla como territorio propio) esté tentada -ante su desaceleración económica y un mayor desempleo- a lanzar una ofensiva militar para suscitar apoyo popular, ante lo cual los Estados Unidos se vería compelido a apoyar a los taiwaneses. La posibilidad de un conflicto grave está ahí. En ese contexto, hay un país socio de Taiwán que -por tamaño económico y de población- es el más grande de todos los que mantienen relaciones diplomáticas con la isla. Ese es Guatemala.

Hace seis años solamente 21 países, en todo el mundo, reconocían a Taiwán (los demás, reconocen a la República Popular); hoy ya solo 14 lo hacen (y pronto, cuando Honduras cambie de bando, quedaremos solamente 13). Guatemala es el que más destaca de estos. El PIB de Guatemala es más del doble (y la población, el triple) que el de Paraguay -que es el segundo país más grande del mundo con relaciones diplomáticas con Taipei-. De manera que somos un aliado estratégico clave de uno de los países geopolíticamente más importantes de la actualidad. Y parece que no somos capaces de aquilatar esa realidad.

Recientemente, el gobierno de Honduras (uno de los 14) anunció la decisión de cambiar su lealtad hacia China Popular (a pesar de que hacerlo ha rendido resultados muy por debajo de lo esperado en otros países vecinos que lo han hecho antes). Previo al anuncio, funcionarios hondureños le propusieron a Taiwán que, para revertir tal decisión, le diera US$2.5 millardos a Honduras para refinanciar su deuda externa (incluyendo US$600 millones que le deben a Taiwán). El gobierno taiwanés no accedió a la extorsiva petición.

Evidentemente, existen maneras más elegantes de sacar mejor provecho de nuestra sociedad estratégica con Taiwán, distintas de pedir que nos construyan un estadio de fútbol o una carretera que tarda siglos en construirse, o que nos paguen una firma de cabilderos en Washington. La defección de Honduras genera una nueva oportunidad para Guatemala, al liberar más de US$500 millones de asistencia taiwanesa al exterior. Nuestro país podría aprovechar al menos una parte de esos recursos para establecer un fondo soberano (destinado, digamos, a infraestructura) o una línea de crédito de inversión con una gobernanza transparente y eficaz; o podría pedir a la isla que, si lo prefiere, lo haga a nivel regional con el BCIE (si se logra reorganizar y despolitizar ese organismo financiero). O podría pensarse en profundizar el comercio bilateral mediante un tratado integral de libre intercambio. O, incluso, podríamos aprovechar la solidez institucional de Taiwán (su sistema de servicio civil, por ejemplo; o su sistema electoral, ambos reconocidos por su eficiencia y efectividad) para brindarnos asistencia técnica. Lo importante es cobrar conciencia de nuestra relación especial con Taiwán, revalorarla, reinventarla y sacarle provecho a largo plazo.

Los Mensajes del FMI

LA MISIÓN DEL FMI DEJÓ IMPORTANTES MENSAJES PARA LAS AUTORIDADRES ECONÓMICAS (ACTUALES Y FUTURAS)

La misión del Fondo Monetario Internacional -FMI- que visitó al país hace algunos días emitió una declaración sobre la situación económica de Guatemala. El lenguaje de ese tipo de declaraciones refleja un esfuerzo por balancear lo técnico con lo diplomático, por lo que es menester hacer una interpretación (incluso una traducción) adecuada del mismo para extraer lecciones útiles en materia de política económica. Destaco cuatro mensajes clave que intento “traducir”.

Primero, el FMI reconoce la resiliencia del crecimiento y la estabilidad macroeconómica del país ante un entorno internacional adverso, lo que se refleja en los sólidos indicadores que han sido ampliamente reconocidos por los mercados internacionales con una mejor calificación crediticia para el país. El FMI resalta que esa resiliencia y estabilidad son el producto de un historial largo de políticas macroeconómicas (fiscal y monetaria) prudentes. La traducción de este mensaje es que la reconocida solidez macroeconómica de nuestro país no es resultado de una coyuntura ni de un gobierno en particular, sino que se debe a un conjunto de reglas e instituciones -construidas con esfuerzo durante años- que han permitido blindar la política económica de los avatares de la politiquería local y de los choques económicos externos (mensaje relevante especialmente en un año electoral).

Segundo, que la política monetaria, aunque ortodoxa y bien ejecutada, debe seguir afinando el sistema de metas inflacionarias y sus prácticas, particularmente en cuanto a trasladarle al sector privado la gestión de los riesgos de mercado en materia de tipo de cambio. La traducción aquí es que el Banguat debe ponerse menos nervioso ante las normales fluctuaciones cambiarias y bajarle el impulso a sus continuas compra-ventas de dólares, y fomentar el uso de instrumentos (como las coberturas cambiarias) que permitan que sean los agentes económicos privados quienes asuman los riesgos.

Tercero, que son loables los logros recientes de la administración tributaria, pero que queda mucho campo para mejorar las finanzas públicas, específicamente en cuanto a la calidad del gasto público -particularmente en materia de planificación y ejecución de la infraestructura pública-, para lo cual el FMI anuncia que pronto estará evaluando la agenda de inversiones del país para identificar “brechas en el marco de gobernanza”. La traducción de este mensaje es que es imprescindible reformar la gobernanza e institucionalidad del gasto en infraestructura.

Y cuarto, que es necesario retomar las reformas estructurales, fortalecer las instituciones y continuar mejorando el clima de inversión para poder acelerar sosteniblemente el crecimiento económico. El mensaje aquí -que no necesita traducción- es que deben aumentarse los esfuerzos para mejorar la gobernanza y la certeza jurídica, y para garantizar instituciones anticorrupción responsables e independientes, lo cual resulta esencial para mejorar el clima de inversiones. Quien tenga oídos para oír, que oiga.

MEDIDAS ECONÓMICAS ELECTORERAS

INFLACIÓN Y ELECCIONES: INOPORTUNA COMBINACIÓN

La economía, en Guatemala y en el resto del mundo, está inmersa en una crisis inflacionaria que, inevitablemente, impacta sobre el poder adquisitivo de la población -y, especialmente, de los más pobres-. Este ambiente de carestía no podía ser más inoportuno: coincide con un año electoral y un estamento político proclive a ofrecer propuestas “ingeniosas” o “heterodoxas” para combatir los efectos de la inflación y paliar el descontento que la inflación provoca en sus potenciales electores.

La inflación y las elecciones son una mala combinación, no tanto por las disparatadas ofertas electorales que surjan en la campaña electoral, sino por el riesgo de que muchas de esas ocurrencias se conviertan ya mismo en políticas públicas. De hecho, entre las pocas leyes que se han aprobado en el Congreso este año destacan la ampliación del aporte social de la tarifa eléctrica (subsidio que le costará al fisco Q197 millones) y el subsidio a los consumidores de gas propano (que costará otros Q150 millones); además, en días recientes un candidato presidencial presentó -a través de su bancada en el Congreso- una iniciativa para derogar los impuestos a los combustibles. Todas estas iniciativas se han propuesto bajo el argumento de que servirán para reducir el impacto que la inflación mundial está teniendo sobre los bolsillos de los guatemaltecos.

Por muy bien intencionadas que sean, esas medidas son puramente electoreras, no están respaldadas por ningún estudio técnico y, en la práctica, no solo no resuelven el problema de fondo (la inflación importada) sino que causarán más daño que bien a la economía de los hogares guatemaltecos. En primer lugar, porque generan una distorsión en el mecanismo de precios que impide que las fuerzas del mercado actúen para volver a equilibrar la oferta y la demanda de los bienes cuyos precios se elevaron, y ello causa ineficiencias que a la postre reducen el bienestar general. En segundo lugar, porque tienen un costo fiscal que pagamos todos los contribuyentes, incluyendo aquellos a quienes supuestamente se quiere beneficiar con esas medidas populistas. En tercer lugar, porque establece un peligroso precedente para que, cada vez que suba el precio de un producto sensible, el gobierno intervenga para compensar a quienes lo consumen. Y, por último, porque ese tipo de medidas es asimétrico: nadie va a aceptar que cuando el precio de un producto sensible baje, entonces se suban los impuestos sobre su consumo.

Los políticos deberían comprender que ya existen los mecanismos institucionales idóneos para combatir la inflación: la política monetaria a cargo del banco central y la política fiscal a cargo del Ministerio de Finanzas Públicas. Y todos deberíamos aceptar que, como lo enseña la experiencia no solo en Guatemala sino en todo el mundo, el insidioso mal de la inflación (que afecta más a los más pobres) requiere de la dolorosa, pero efectiva, medicina que combina una restricción de las condiciones monetarias y una austeridad en el gasto público. Pero, por desgracia, se trata de una medicina que sabe demasiado amarga como para tragarla en pleno proceso electoral, cuando es más fácil recetar placebos populistas.

GESTIÓN DEL RIESGO DE CATÁSTROFES

CONVIENE UN SEGURO CONTRA DESASTRES Y UNA REVISIÓN DE LA LEY DE ORDEN PÚBLICO

Es bien sabido que Guatemala es un país altamente expuesto y vulnerable a la ocurrencia de desastres naturales y eventos de salud pública. Además, a medida que se intensifiquen los efectos del cambio climático, aumenta el riesgo permanente de nuevas tormentas tropicales e inundaciones o, por el contrario, de sequías y sus secuelas tanto en el ámbito social como en el crecimiento económico. En el mismo sentido, existe un riesgo, quizá más elevado, de la posibilidad de que la actividad volcánica o telúrica se salga de su normalidad ocasionando una catástrofe de gran magnitud.

Esos riesgos latentes -que, de materializarse, tendrían un enorme impacto sobre la economía y el bienestar material de los guatemaltecos- implican la necesidad de comprender la mejor forma de gestionarlos y reducirlos en un mundo cada vez más incierto: la mejor defensa contra tales impactos consiste en fortalecer y modernizar los sistemas de atención a los desastres y en aumentar la resiliencia de la economía reduciendo su vulnerabilidad, su grado de exposición y las disrupciones sociales generadas por los desastres.

Esto viene a cuenta porque hace un par de semanas trascendió la noticia de que Chile -un país particularmente propenso a movimientos telúricos- está finalizando un acuerdo con el Banco Mundial para contratar un seguro contra terremotos de alta intensidad que puedan afectar la política fiscal, la deuda pública y la estabilidad macroeconómica de ese país. Tal seguro permitiría a Chile recibir indemnizaciones preestablecidas, en caso de ciertos eventos sísmicos de alta intensidad que causen daños materiales al país y a sus finanzas públicas.

Para Guatemala, donde los desastres son uno de los principales obstáculos al desarrollo, un seguro como el que Chile está a punto de contratar podría permitir a nuestro país tener una mayor resiliencia financiera y fortalecer su capacidad de respuesta a través del acceso a un financiamiento contingente eficiente y de rápido acceso para cubrir gastos públicos extraordinarios para la atención de la población afectada por emergencias de desastres naturales.

Ese sería un uso eficiente de los recursos fiscales, mucho más razonable que el creciente monto de subsidios que el fisco está regalando para disfrazar y distorsionar el impacto del creciente costo de la energía y los combustibles a nivel mundial. Por otra parte, ese mejor uso de los recursos fiscales para la atención de desastres debería reforzarse con una modernización de la Ley de Orden Público, particularmente en lo que se refiere a la gestión de los estados de emergencia y a los mecanismos de urgencia para la adquisición de bienes y servicios y su necesaria fiscalización.

PRODUCIR MÁS

 MEJORAR LOS NIVELES DE VIDA REQUIERE DE UN AUMENTO EN LA PRODUCTIVIDAD

La política fiscal y la política monetaria sirven para influir sobre la demanda agregada de la economía (el consumo de los hogares, el gasto público, la inversión), lograr que la producción nacional (el PIB) se acerque a su potencial y evitar la inflación y el desempleo. Pero el reto más importante para la economía es incrementar el PIB potencial, que es la fuente principal para mejorar los ingresos y el bienestar de la población. Si bien las variaciones en la demanda agregada pueden explicar las fluctuaciones del PIB a corto plazo, el crecimiento a largo plazo está determinado por el aumento sostenido en la oferta de bienes y servicios en la economía. La clave para aumentar el PIB potencial de un país radica en mejorar su productividad, es decir, aumentar la eficiencia con la que opera es sistema económico.

En general, el nivel de vida de un país depende de una amplia gama de elementos supra-económicos que incluyen la cultura, la calidad de la vida familiar, la ausencia de delincuencia, etcétera; pero desde el punto de vista económico lo que puede medirse es el bienestar material de la sociedad. Desde esa perspectiva estrecha, los avances en el nivel de vida de la población pueden medirse por la cantidad de bienes y servicios que la economía proporciona a cada uno de sus ciudadanos. La clave es lograr que los trabajadores puedan proporcionarse un flujo creciente de bienes y servicios; es decir, que cada trabajador pueda aumentar su producción y sus ingresos.

Por desgracia, la productividad laboral en Guatemala -es decir, la cantidad de producto que genera en promedio cada trabajador guatemalteco- no solo es de las más bajas del continente, sino que se ha mantenido estancada en los últimos cuarenta años. Eso explica por qué los indicadores sociales del país se comparan desfavorablemente con relación a otros países de similares dimensiones económicas. Por eso es que -a pesar de sus debilidades y de las crecientes críticas de las que es objeto- el PIB y su crecimiento son variables clave a seguir: cada quetzal producido genera un quetzal de ingreso; y, cuando el producto generado en promedio por cada trabajador aumenta, también aumenta el ingreso promedio de los trabajadores.

Un ritmo saludable de crecimiento económico no solo aumenta los ingresos promedio, sino que también alivia enormemente la suerte de los pobres y de aquellos que, de lo contrario, podrían verse gravemente afectados por las fluctuaciones económicas. Cualquier sociedad en estos tiempos está marcada por el cambio, y ese cambio genera, inevitablemente, que una minoría de empresas, trabajadores y comunidades sufran a medida que los gustos y preferencias cambian y las tecnologías se transforman, tal vez dejándolos rezagados. Pero cuando el crecimiento de la productividad y de los ingresos es suficientemente rápido, la mayoría de tales "perdedores", después de un breve período de ajuste, terminan recuperando sus niveles previos de bienestar. Procurar el aumento de la producción y de la productividad no debe quedarse como una mera abstracción académica, sino que debe ocupar un lugar central como meta de las políticas públicas del país.

EL DR. JEKYLL Y EL SR. HYDE

LA ECONOMÍA GUATEMALTECA PADECE UN TRASTORNO DISOCIATIVO DE IDENTIDAD

La semana pasada, la calificadora Fitch mejoró la nota de Guatemala, reconociendo la resiliencia y capacidad de recuperación de nuestra economía ante los shocks provocados por la pandemia. Es una buena noticia para el país ¡enhorabuena! Sin embargo, al leer cuidadosamente el reporte de Fitch se evidencia que la economía guatemalteca tiene dos caras, como si padeciera de una doble personalidad que recuerda el Extraño Caso del doctor Jekyll y el señor Hyde. La célebre novela de R.L. Stevenson describe las infames consecuencias de padecer (por decisión propia) de un trastorno psiquiátrico que hace que una misma persona tenga dos identidades opuestas entre sí: Jekyll es un amable científico que, cuando bebe su pócima maligna, se convierte en Hyde, un salvaje capaz de las peores atrocidades.

El reporte de Fitch revela con claridad que la macroeconomía guatemalteca es una verdadera fortaleza… es, digamos, nuestro Dr. Jekyll. La mejora en la calificación de riesgo-país refleja la sólida recuperación de la producción del país y de sus cuentas fiscales. Esa resiliencia se ve apoyada por el creciente flujo de remesas familiares y por una política monetaria ortodoxa, dirigida por un banco central autónomo (esperemos que se mantenga así siempre) que no solo ha logrado mantener un nivel robusto de liquidez externa (reservas internacionales), sino que ha resistido relativamente bien las enormes presiones de la inflación mundial. Y, por si esto fuera poco, los déficits fiscales, aunque en aumento, aún son relativamente bajos y, por lo tanto, permiten que la deuda pública sea muy sostenible.

Pero está también, por desgracia, nuestro Sr. Hyde. Fitch subraya dos características de la personalidad más obscura de nuestra economía: por un lado, el crecimiento potencial del PIB no supera el 3.5% anual, que no solo es absolutamente insuficiente para mejorar los pobres indicadores sociales del país, sino que sus perspectivas de mejora son bajas debido a la pobre calidad del capital humano y de la infraestructura; por el otro, las probabilidades de que la calificación del país mejore se frustran por la cada vez más débil gobernanza, afectada por el deterioro en el control de la corrupción y en el imperio de la ley. La debilidad institucional de Guatemala es una pócima que envenena su desarrollo a largo plazo.

En la novela de Stevenson las dos personalidades conviven hasta que, fatalmente, una llega a dominar a la otra. Otras economías con doble personalidad -pensemos, por ejemplo, en Chile, Colombia o Perú- han sucumbido ante los hechizos de los populistas cuando su Hyde finalmente avasalla a su Jekyll. La lección principal de Dr. Jekyll y Mr. Hyde es que nunca es buena idea pretender negar partes de uno mismo. La novela sugiere que hay un lado oscuro en la personalidad de cada persona (como la hay de cada economía) que necesita ser aceptado y confrontado. Al tratar de negar y reprimir las partes más oscuras de sí mismo, el Dr. Jekyll desata una fuerza que no puede controlar. Esta es una lección -válida también a nivel de la economía - sobre la importancia de aceptar nuestras debilidades y luchar contra ellas desde nuestras fortalezas. El riesgo de no hacerlo es el de sucumbir ante los cantos de sirenas populistas.

Inflación, desaceleración y proteccionismo

 EL ENTORNO INTERNACIONAL PLANTEA SERIOS DESAFÍOS PARA LA POLÍTICA ECONÓMICA

El próximo evento electoral no es el único desafío que enfrenta la economía guatemalteca en 2023. Este año, además, nos encontramos ante una economía internacional repleta de incertidumbres. La actividad económica y el empleo están sufriendo una rápida desaceleración a nivel global y, aunque el crecimiento de la producción aún es positivo, para millones de consumidores en el mundo la desaceleración se sentirá como una recesión debido a los precios altos y los consiguientes menores ingresos reales generados por la inflación generalizada. Todo ello exacerbado por un ambiente geopolítico tenso -cuando no abiertamente confrontativo- que separa a los países en bloques rivales y perjudica el libre flujo de bienes, servicios y capitales.

En Guatemala, la prioridad uno de la política económica a corto plazo debe ser el combate a la inflación. Si bien es cierto que, en su mayor parte, la inflación que aqueja a la economía guatemalteca es de origen importado, también lo es que este fenómeno insidioso ya está contagiándose hacia la inflación doméstica, lo cual ha requerido (y seguirá requiriendo) una respuesta proporcionada de la política monetaria mediante el endurecimiento de las condiciones financieras. Una segunda prioridad debe ser aplicar una política fiscal responsable. Esto es particularmente complicado en un año electoral, que suele invitar a aumentar el gasto gubernamental (que es exactamente lo contrario de lo que se necesita en un ambiente inflacionario). En particular, la política fiscal debería resistirse a la tentación de otorgar subsidios generalizados y sin control (como los que, precisamente, el Congreso ha estado aprobando para quedar bien con los consumidores de gasolina y gas propano). La política fiscal debería apoyar a la política monetaria en su intención de combatir la inflación.

Una tercera prioridad, quizá menos evidente pero no por ello menos importante, radica en la necesidad de resistir las presiones proteccionistas que hoy se esparcen por doquier. El libre flujo de comercio, de migrantes, de capitales, de tecnología y de conocimientos -que han sido las fuerzas más influyentes en el progreso de la humanidad durante siglos- están hoy amenazadas por las tensiones geopolíticas y un renacido nacional-populismo que se ha puesto de moda entre los políticos en muchos países. Las autoridades económicas del país deben preservar y defender las políticas de apertura y de libre intercambio con el resto del mundo, tanto a nivel de las políticas comerciales del país, como a nivel de los foros regionales y multilaterales para exigirle a los países avanzados que no permitan que el proteccionismo siga avanzando.

Aunque la globalización ha estado bajo ataque desde hace años, la historia demuestra que el libre flujo de bienes, servicios, personas, capitales e ideas es inequívocamente bueno para el desarrollo de los países. Además, ese libre flujo ha sido también importante como un antídoto contra espirales inflacionarias en el pasado; por ejemplo, las generadas por las hambrunas a mediados del siglo XIX o la crisis del petróleo de los años 70 del siglo pasado, se moderaron cuando se esparcieron nuevas tecnologías que mejoraron los sistemas de suministro y se amplió la oferta de bienes globalmente. Conviene tener aprendidas estas lecciones a lo largo de este desafiante 2023.