LA CONFIANZA TAMBIÉN PRODUCE

La credibilidad monetaria y la disciplina fiscal influyen en lo que consumimos e invertimos hoy

El reciente Premio Nobel de Economía concedido a Robert Hall, de Stanford, y Michael Woodford, de Columbia, ofrece una oportunidad para examinar dos decisiones cruciales para Guatemala: quién debe conducir el Banco de Guatemala y qué presupuesto debe aprobar el Congreso para 2027. Aunque parezcan asuntos distintos, ambos afectan un mismo activo económico: la confianza. Los aportes de los laureados ayudan a comprender cómo las decisiones de las familias y las empresas determinan los resultados de la política económica. Hall mostró la importancia de las expectativas sobre los ingresos futuros para explicar el consumo presente. Woodford desarrolló un marco para entender cómo la política monetaria influye en la economía mediante las tasas de interés y las expectativas sobre su trayectoria. Las personas actúan según lo que creen que ocurrirá mañana.

Lo anterior tiene consecuencias concretas: una familia que teme perder ingresos puede posponer una compra importante. Una empresa que anticipa mayores costos financieros puede aplazar una ampliación. Por eso, las autoridades necesitan que sus decisiones permitan formar expectativas razonablemente confiables sobre el futuro.

La primera lección para Guatemala concierne al banco central. Su capacidad para preservar la estabilidad de precios depende de que el público confíe en su compromiso de hacerlo. Cuando esa confianza existe, resulta más fácil contener las expectativas de inflación. Cuando se debilita, recuperar la estabilidad puede exigir medidas más costosas para la producción y el empleo. La innecesariamente azarosa designación de presidente del Banco de Guatemala, debería servir para revisar los criterios de selección de las autoridades monetarias. Más allá de la controversia jurídica, trasladar dirigentes políticos a la presidencia del Banguat plantea dudas sobre la distancia entre las prioridades gubernamentales y las responsabilidades del banco central. La capacidad técnica es indispensable; también la independencia de criterio y una trayectoria que inspire confianza.

La segunda lección se refiere a las finanzas públicas. El proyecto de presupuesto 2027 propone aumentar el gasto a una velocidad vertiginosa y elevar el déficit a niveles inusuales. Preocupa especialmente el endeudamiento destinado a cubrir gastos recurrentes. A ello se añade su efecto sobre las expectativas: las deudas de hoy comprometen ingresos de mañana. Aumentar gastos permanentes sin ingresos sostenibles ni resultados verificables genera dudas sobre cómo se pagarán. Esas dudas pueden traducirse en mayores costos de financiamiento y decisiones de consumo e inversión más cautelosas. El impulso inmediato del gasto debe evaluarse junto con sus consecuencias futuras.

Las investigaciones premiadas no constituyen una receta de austeridad para cualquier circunstancia. Sí permiten entender por qué una política económica debe considerar las reacciones de quienes consumen, ahorran e invierten. Para Guatemala, recuperar la disciplina fiscal exige depurar gastos injustificados, priorizar inversiones útiles y establecer una trayectoria creíble de déficit y deuda. El Ejecutivo tiene la responsabilidad de fortalecer la credibilidad del Banguat mediante una designación técnicamente solvente e independiente de intereses partidarios. El Congreso debe demostrar, al revisar el presupuesto, que comprende el valor de la prudencia fiscal. Ambas decisiones pueden contribuir a que las familias planifiquen mejor y a que las empresas se decidan a invertir. La confianza también produce; deteriorarla tiene costos que terminan pagando los ciudadanos.

PRESUPUESTO: UNA ALERTA COMPARTIDA

Centros de distintas ideologías coinciden en los riesgos del presupuesto; el Congreso debe escuchar

La semana pasada moderé un foro sobre el proyecto de Presupuesto del Estado para 2027, con analistas de ASIES, CIEN, Fundación Libertad y Desarrollo e ICEFI. Lo más significativo del evento fue que centros de pensamiento con distintas visiones sobre el papel del Estado coincidieran en advertir sobre los riesgos de un presupuesto mal planteado. En un país acostumbrado a descalificar argumentos por su procedencia ideológica, esa convergencia merece atención.

Las preocupaciones inmediatas pueden resumirse en tres puntos: aumentos importantes del gasto sin objetivos claros de desarrollo; riesgo de que los recursos adicionales alimenten el clientelismo electoral; y, disposiciones cuestionadas por contravenir normas legales. Aunque cada participante puso énfasis distintos, el diagnóstico compartido fue suficientemente claro como para exigir una respuesta del Congreso.

Consecuentemente, la Red de Centros de Pensamiento, de la cual forman parte los participantes en el coloquio y otros think tanks, emitió un comunicado que concreta las alertas: el gasto propuesto para 2027 supera en 14% al presupuesto vigente de 2026 y supone un inusualmente elevado déficit del 4.4% del PIB. Del endeudamiento que se necesita para cubrir dicho déficit, más de la mitad del que se obtendría mediante bonos estaría destinado a financiar gastos de funcionamiento, algo que no solo contraviene explícitamente lo que dispone la Ley Orgánica del Presupuesto, sino que resulta muy irresponsable pues endeudarse para cubrir obligaciones recurrentes compromete ingresos futuros sin garantizar una mayor capacidad productiva.

Guatemala necesita invertir más en infraestructura y mejorar sus servicios públicos. Un déficit temporal puede justificarse si financia inversiones eficaces, transparentes y con impacto en el desarrollo. Pero expandir gastos permanentes sin evaluar sus resultados deja obligaciones que deberán pagarse cuando los beneficios políticos inmediatos ya se hayan agotado.

Los aportes extraordinarios a los consejos departamentales de desarrollo y las nuevas contrataciones en dependencias del Ejecutivo merecen especial escrutinio. La combinación de recursos crecientes, baja ejecución y opacidad abre espacios para el uso electoral del presupuesto. La coincidencia entre distintas ideologías debería encender las alarmas del Congreso.

A largo plazo, el riesgo tiene dos caras: deteriorar la sostenibilidad fiscal y consolidar un Estado que gasta cada vez más sin atender mejor a la población. Si las asignaciones siguen desvinculadas de resultados, podremos terminar con más deuda y las mismas carencias en salud, educación, seguridad o justicia. La estabilidad macroeconómica pierde fuerza cuando descansa sobre instituciones incapaces de transformar impuestos en servicios.

Por eso, el llamado al Congreso es concreto: cada aumento debe explicar qué objetivo persigue y cómo se verificará su cumplimiento; deben respetarse los mandatos de evaluación de la Ley Orgánica del Presupuesto y la obligación constitucional de identificar las fuentes de financiamiento; y, las enmiendas deben discutirse públicamente, con tiempo para conocer sus consecuencias, sin negociaciones oscuras de última hora. Antes del 30 de noviembre, los diputados tienen la oportunidad de corregir el proyecto. Recobrar la técnica y observar la ley exige resistir la tentación de convertir el presupuesto en un reparto de favores. Los centros de pensamiento han mostrado que es posible coincidir por encima de las diferencias. Corresponde al Congreso demostrar que también puede hacerlo cuando está en juego el futuro del país.

EL IMPERATIVO DE INVERTIR

 Invertir más y mejor es indispensable para el bienestar y la gobernabilidad

Guatemala lleva décadas cumpliendo una parte de la tarea económica: preservar la estabilidad; pero sigue postergando otra igualmente indispensable: invertir lo suficiente para que esa estabilidad se traduzca en prosperidad. El reciente informe del Fondo Monetario Internacional sobre el país permite entender por qué esa postergación resulta cada vez más costosa. El diagnóstico es conocido: la prudencia macroeconómica coexiste con infraestructura deficiente, servicios públicos precarios y elevada informalidad. La inversión total apenas equivaldrá al 16.6% del PIB en 2026, demasiado poco para cerrar las brechas que separan a millones de guatemaltecos de una vida digna.

Paradójicamente, en un país con enormes necesidades insatisfechas, el ahorro nacional supera a la inversión. Las remesas sostienen el consumo y alivian la pobreza, pero también generan presiones de apreciación cambiaria que dificultan competir a nuestros productores. El superávit externo refleja, en parte, nuestra incapacidad para convertir recursos disponibles en capacidad productiva. El FMI propone aumentar la inversión en infraestructura para elevar la productividad, atraer inversión privada y reducir la dependencia de las remesas. Una carretera transitable o un puerto eficiente reducen costos y vuelven viables negocios que hoy no lo son. Cuando la infraestructura pública funciona, el capital privado encuentra mejores razones para arriesgarse.

La urgencia también es social y política. Sin mayor productividad, los salarios y el empleo formal seguirán siendo insuficientes. Y si las familias no perciben oportunidades ni servicios que respondan a sus necesidades, se desgasta su confianza en las instituciones y se abona el campo para que surjan propuestas populistas. Invertir bien es, por tanto, una condición para sostener la gobernabilidad.

El primer paso es entender que asignar presupuesto no equivale a crear infraestructura. El FMI recomienda incorporar al presupuesto solo proyectos con evaluación favorable de Segeplan, fortalecer su preparación y supervisión, y coordinar mejor a las instituciones responsables. También modernizar las contrataciones públicas y medir la ejecución por las obras útiles que entrega. La advertencia alcanza a los Consejos Departamentales de Desarrollo: hay que contener y focalizar mejor sus asignaciones extraordinarias, reforzar la fiscalización y asegurar la continuidad de proyectos mediante programación multianual. 

Un segundo paso es abrir espacio a la inversión privada. El FMI plantea hacer operativas las reformas de infraestructura vial y de alianzas público-privadas, avanzar en los marcos portuario y aeroportuario, simplificar trámites y desarrollar mercados financieros que movilicen el ahorro, al tiempo que se combate la corrupción y se reduce la incertidumbre judicial. La certeza jurídica forma parte de la política de inversión.

El tercer paso es fiscal: aumentar la inversión exige preservar la solvencia del Estado, lo que implica moderar el déficit fiscal, con mejores ingresos y mayor calidad del gasto. Esto requiere fortalecer la administración tributaria y evitar exenciones y otros tratamientos que erosionen la recaudación. El endeudamiento no puede compensar indefinidamente la ineficiencia. La agenda, pues, queda clara. Lo difícil será construir los acuerdos y capacidades para ejecutarla. Guatemala necesita que su reconocida prudencia económica produzca resultados que la población pueda ver en su vida cotidiana, pues una estabilidad que no amplía oportunidades termina perdiendo respaldo. Y ese es un riesgo que tampoco podemos permitirnos.

JUSTICIA QUE TAMBIÉN PRODUCE

Seguridad y justicia eficientes son condiciones indispensables para invertir, producir y crecer

La semana pasada participé en un foro organizado por FUNDESA, dedicado a la agenda legislativa para fortalecer la seguridad y la justicia en Guatemala. Como economista, señalé que ambos sistemas no solo cumplen una función jurídica y social: son parte esencial de la infraestructura económica de un país. Así como una carretera deficiente encarece transportar mercancías o un puerto ineficiente retrasa exportaciones, un sistema de justicia lento, impredecible o incapaz de hacer cumplir contratos eleva el costo de producir, invertir y hacer negocios.

La inseguridad opera de manera similar: extorsiones, robos, violencia y crimen organizado obligan a empresas y familias a destinar a protección recursos que podrían invertir, contratar trabajadores o innovar. Pero ese costo visible es apenas una parte. Más importante puede ser el que no observamos: la empresa que decidió no abrir, la inversión que nunca llegó, el pequeño negocio que prefirió permanecer informal o el empresario que dejó de expandirse para no aumentar su exposición al crimen. Un país próspero requiere derechos de propiedad bien definidos, contratos exigibles, reglas previsibles y mecanismos confiables para resolver controversias. Cuando esas instituciones fallan, aumentan los costos de transacción, cae la confianza y se reduce la inversión. En la práctica, una justicia ineficiente funciona como un impuesto sobre la actividad económica.

 Mejorar seguridad y justicia exige mucho más que aumentar penas o aprobar leyes. Requiere policías capaces, fiscales profesionales, jueces independientes, tecnología, gestión eficiente, coordinación institucional y rendición de cuentas. El presupuesto importa, pero también cómo se administra; y las leyes importan, pero solo cuando están bien diseñadas y correctamente ejecutadas.

En el foro comentamos tres reformas que podrían contribuir en esa dirección. Una busca ordenar y fortalecer el sistema de recompensas por información útil sobre delitos complejos. Puede reducir asimetrías de información e incentivar la denuncia, siempre que proteja al denunciante y se inserte en una política criminal coherente. Otra son las reformas al Código Procesal Penal que buscan devolver a la prisión preventiva su carácter excepcional. Exigir que se justifique el riesgo de fuga u obstaculización, ampliar medidas sustitutivas y fortalecer controles judiciales no debilita la lucha contra el crimen: racionaliza una de las facultades más severas del Estado. Una justicia eficaz no es la que encarcela más, sino la que investiga mejor, procesa con rapidez y sanciona correctamente.

La tercera, quizá de mayor impacto institucional, es la reforma a la Ley de Arbitraje. Guatemala necesita mecanismos modernos, rápidos y previsibles para resolver controversias. Fortalecer el arbitraje, la mediación y otros métodos alternativos puede reducir la carga de los tribunales, disminuir la mora judicial y brindar mayor certeza a inversionistas y empresas. Alinear la legislación con estándares internacionales también reduce maniobras dilatorias y limita la intervención judicial a los casos estrictamente necesarios. Muchos conflictos podrían así resolverse voluntariamente sin consumir recursos judiciales escasos.

Estas reformas, que mejoran incentivos, reducen incertidumbre y utilizan mejor la capacidad institucional del Estado, deben avanzar en el Congreso. El desarrollo económico no depende solo de carreteras, electricidad, capital humano o estabilidad macroeconómica. También necesita instituciones capaces de proteger al ciudadano, hacer cumplir las reglas y resolver conflictos oportunamente.

EL PRECIO DE LAS “BUENAS INTENCIONES”

Combatir abusos no exige destruir los mecanismos que hacen funcionar al mercado

Hay pocas ofertas políticas más atractivas que prometer bajar precios por decreto. Y si la promesa se presenta como una cruzada contra la “usura”, la tentación resulta todavía mayor. El problema es que las leyes económicas suelen ser menos complacientes que los discursos políticos. El Congreso estudia la iniciativa 6614, Ley contra la Usura, cuyo propósito declarado es atendible: proteger a los deudores de prácticas abusivas que, sí, deben perseguirse y sancionarse, pues algunas empresas de cobranza han recurrido al hostigamiento, amenazas y métodos que el Estado no debe tolerar. Pero de ahí no se sigue que deba intervenirse el precio del crédito.

La iniciativa pretende fijar una tasa de interés “máxima”. El problema empieza por una elemental lección de economía: la tasa de interés es un precio. Como tal, incorpora el costo del dinero, los gastos de operación, el plazo y, especialmente, el riesgo de que el préstamo no sea pagado. Un préstamo respaldado por una garantía sólida no cuesta lo mismo que prestar una pequeña cantidad, sin garantía, a alguien sin historial crediticio. Pretender que ambos riesgos se acomoden dentro de un límite legal no elimina el riesgo: solamente impide reflejarlo en el precio. ¿Y qué hace un oferente cuando no puede cobrar un precio compatible con el riesgo? Deja de ofrecer. Así, el crédito aparentemente se abarata, pero también se vuelve más escaso. Los primeros excluidos serán previsiblemente quienes presentan mayor riesgo: pequeños empresarios, trabajadores informales y personas sin garantías; precisamente aquellos a quienes la ley pretende proteger. 

Y hay otra paradoja peor: quien queda expulsado del mercado formal no deja necesariamente de necesitar dinero, sino que terminará recurriendo al prestamista informal, con menos transparencia, menos protección jurídica y, en algunos casos, métodos de cobranza más intimidantes. La medicina empeorará la enfermedad. La iniciativa contiene otros problemas: restricciones sobre costos y comisiones, trámites onerosos, conceptos jurídicos ambiguos e incompatibilidad con normas existentes. Todo ello puede elevar el costo de prestar y cobrar legítimamente y generar inseguridad jurídica.

Esto no significa tolerar abusos bajo el pretexto de defender el mercado. Una economía de mercado requiere reglas y autoridades capaces de hacerlas cumplir. Pero la buena regulación debe corregir conductas dañinas o fallas identificables; no sustituir arbitrariamente el mecanismo de precios. Hay alternativas: normas estrictas contra el hostigamiento y las amenazas, sanciones efectivas contra cobros ilegales, transparencia sobre el costo del crédito y mecanismos eficaces para denunciar abusos. Lo importante es atacar la conducta que se desea corregir, sin destruir las señales que permiten funcionar al mercado. El criterio para cualquier regulación debe ser: identificar el problema, demostrar que la intervención es necesaria y escoger el instrumento menos distorsionante. Regular bien exige bisturí, no machete.

Los controles de precios son políticamente atractivos: sus beneficios se anuncian hoy y sus costos aparecen mañana, dispersos entre personas que nunca sabrán que aquel crédito que necesitaban dejó de existir como consecuencia de una ley que pretendía protegerlas. En vísperas de un año electoral, conviene estar particularmente atentos a esas soluciones seductoras. El populismo económico suele utilizar problemas reales para plantear soluciones engañosamente sencillas. De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno; y, en economía, también el camino hacia la escasez.

CIBERSEGURIDAD: NI CERROJO NI COLADERO

La vida digital exige reglas inteligentes: seguridad, derechos, técnica y prudencia legislativa

Hace no tantos años parecía que la ciberseguridad era un asunto reservado a especialistas en informática, bancos o agencias de inteligencia. Ese ya no es el caso: una falla o un ataque digital puede impedir una transferencia bancaria, paralizar un hospital, interrumpir un servicio público, comprometer datos personales o afectar el suministro de electricidad. En una economía cada vez más digitalizada, la ciberseguridad no es ya solo un problema técnico, sino un asunto estratégico que afecta la vida económica, institucional y ciudadana.

Por eso cobra relevancia la discusión que actualmente tiene lugar en el Congreso sobre cómo regularla. Guatemala necesita un marco jurídico moderno que permita prevenir ataques, gestionar riesgos, proteger infraestructuras críticas, coordinar respuestas y perseguir eficazmente la ciberdelincuencia. Pero, como ocurre con casi toda buena regulación, el problema no consiste simplemente en emitirla, sino en diseñarla bien: una ley demasiado laxa puede dejar al país expuesto a riesgos crecientes, pero una demasiado restrictiva puede elevar costos innecesarios, obstaculizar la innovación, desalentar la cooperación privada e incluso abrir espacios para abusos sobre la privacidad. El desafío está en encontrar un equilibrio razonable entre seguridad y libertad, prevención y proporcionalidad, capacidad estatal y límites al poder público.

Aquí aparece el tema que tanto cuesta entender y afrontar en Guatemala: la institucionalidad. Una ley puede verse impecable en el papel y fracasar en la práctica si crea entidades sin capacidades, competencias confusas o mandatos traslapados. La autoridad que se establezca para regular la ciberseguridad debe ser técnica, flexible, profesional y suficientemente independiente de vaivenes políticos; tener funciones claramente delimitadas, recursos adecuados y mecanismos efectivos de rendición de cuentas. La ciberseguridad exige coordinación, no burocracia; especialistas, no improvisación.

Tampoco conviene inventar el agua azucarada ni empezar de cero. Existen mejores prácticas a nivel internacional. Y en lo local, algunos sectores como el financiero y el eléctrico han desarrollado capacidades, protocolos y mecanismos propios de prevención y respuesta. La regulación nacional debería aprovecharlos y articularlos, respetando las competencias de los reguladores sectoriales. Centralizar por centralizar puede destruir el conocimiento acumulado y generar costosas duplicidades.

Además, la ciberseguridad no puede tratarse como una isla normativa. Forma parte de un ecosistema más amplio que incluye, como mínimo, protección de datos personales, infraestructuras críticas, evidencia digital y prevención y sanción de ciberdelitos. De todos esos componentes, la protección de datos resulta especialmente urgente: proteger sistemas sin proteger adecuadamente la información de las personas sería construir una muralla con un boquete abierto.

Todo esto aconseja prudencia legislativa. Para emitir una regulación de naturaleza tan compleja las prisas suelen producir leyes incompletas, contradictorias o imposibles de aplicar, por lo que precisa una discusión amplia, técnica y suficientemente pausada, que escuche al sector público, empresas, reguladores, academia, especialistas y sociedad civil. Guatemala necesita una buena ley de ciberseguridad pero, encima de eso, un sistema de resiliencia digital que funcione. Como tantas veces ocurre en política pública, el éxito no estará en la cantidad de artículos aprobados, sino en la calidad de las reglas, de las instituciones y de los incentivos que logremos construir.

CUANDO EL BOLSILLO VOTA

Cuando el ingreso se reduce, el populismo florece ofreciendo soluciones ilusorias

Existe una diferencia importante entre inflación y percepción del costo de la vida. La primera puede medirse con precisión; la segunda se experimenta a diario, cuando el salario rinde menos, llenar el tanque cuesta más o el presupuesto familiar no alcanza. Para millones de personas esa percepción pesa más que cualquier indicador macroeconómico. Por eso conviene prestar atención a las señales que hoy empiezan a aparecer. Los mercados internacionales muestran fuertes presiones sobre el precio del petróleo y otros insumos estratégicos. La incertidumbre geopolítica amenaza con trasladarse a mayores costos de producción y transporte, aumentando los riesgos inflacionarios. 

Simultáneamente, se está produciendo un cambio significativo en el estado de ánimo de los guatemaltecos: la principal preocupación de los hogares ya no es la inseguridad, sino el costo de la vida. Una encuesta reciente muestra que el 62 % considera que este ha aumentado significativamente durante los últimos meses. Ese tipo de percepciones merece atención, no porque conduzcan inevitablemente a una crisis económica, sino porque modifican los incentivos políticos. Si las familias manifiestan que viven peor, aumenta la demanda por respuestas inmediatas; y cuando surge esa demanda, casi siempre aparece algún político dispuesto a ofrecer alivios financiados con recursos que el Estado no tiene.

Este no es un fenómeno exclusivamente guatemalteco. Alrededor del mundo resurgen propuestas para congelar precios, subsidiar bienes y servicios, ampliar el gasto público, controlar mercados o cargar todos los costos sobre "los ricos". La izquierda y la derecha populistas coinciden más de lo que suele reconocerse: ambas desconfían de la disciplina fiscal, recurren al intervencionismo y ofrecen beneficios presentes sin explicar quién pagará la factura mañana. Guatemala ya empieza a recorrer ese camino.

En las últimas semanas el Congreso aprobó o impulsó medidas con un claro contenido populista: eliminación del IUSI, prórroga del impuesto de circulación, nuevos subsidios a los combustibles y gastos extraordinarios para grupos de interés, entre otras decisiones adoptadas con escaso análisis de sus implicaciones fiscales. Cada iniciativa, aisladamente, puede parecer atractiva. El problema surge cuando todas se acumulan sobre un presupuesto limitado y debilitan la sostenibilidad de las finanzas públicas. La historia económica está llena de ejemplos en los que las crisis fiscales no comenzaron por una gran decisión equivocada, sino por la suma de pequeñas concesiones políticamente populares.

Cuando una familia afirma que le preocupa el costo de la vida, muchas veces no está describiendo únicamente un aumento de precios: está expresando que su ingreso ya no le permite mantener su nivel de vida. En otras palabras, el problema de fondo suele ser el poder adquisitivo; y este no mejora mediante subsidios permanentes ni repartiendo recursos públicos cada vez más escasos. Mejora cuando aumenta la productividad, crece la inversión, se fortalecen las instituciones, se generan empleos formales mejor remunerados y la economía produce más valor por trabajador.

Las soluciones responsables rara vez producen aplausos inmediatos; requieren paciencia, disciplina y reformas que fortalecen la capacidad de crecer. Las soluciones populistas ofrecen exactamente lo contrario: beneficios visibles hoy a cambio de costos invisibles que terminan pagando las generaciones futuras. Cuando el bolsillo aprieta, la tentación populista siempre gana fuerza. Precisamente por eso es cuando más conviene defender la prudencia económica.

UNA OPORTUNIDAD BAJO TIERRA

El mundo compite por minerales críticos; Guatemala sigue discutiendo si debe extraerlos

Mientras buena parte del mundo libra una silenciosa competencia por asegurar el abastecimiento de minerales críticos, Guatemala permanece atrapada en un debate propio del siglo pasado. El litio, el cobre, el níquel, el grafito y las tierras raras —indispensables para semiconductores, turbinas eólicas, teléfonos inteligentes y aplicaciones militares— dejaron de ser simples materias primas para convertirse en activos estratégicos de la nueva economía global. Sin ellos no habrá vehículos eléctricos, baterías, centros de datos, inteligencia artificial, redes eléctricas modernas ni transición energética.

Recientes reportes del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial coinciden en que Latinoamérica posee una oportunidad histórica para insertarse en las nuevas cadenas globales de valor gracias a su abundancia de minerales estratégicos. Pero ambos advierten también que esa oportunidad solo podrá materializarse si los países construyen instituciones sólidas y marcos regulatorios capaces de atraer inversión de largo plazo y administrar responsablemente esos recursos. En otras palabras, la ventaja competitiva ya no consiste únicamente en poseer minerales, sino en poseer instituciones capaces de convertir esos minerales en desarrollo.

 Ese es precisamente el punto donde Guatemala ha venido fallando. Aquí seguimos planteando un falso dilema: minería sí o minería no. Sin embargo, la verdadera discusión debería ser si queremos participar responsablemente en una de las mayores oportunidades económicas del siglo XXI o preferimos autoexcluirnos por incapacidad de construir reglas modernas. Mientras otros países aprovechan esta ventana de oportunidad, Guatemala continúa perdiendo tiempo, inversiones y empleos.

Países como Canadá, Australia, Chile o Perú —con tan distintas culturas y orientaciones políticas— no optaron por prohibir la minería. Tampoco ignoraron las preocupaciones ambientales y sociales. Lo que hicieron fue desarrollar instituciones, procedimientos y mecanismos de supervisión que concilian la explotación de los recursos con la protección ambiental, los derechos de las comunidades y la certeza jurídica que requiere cualquier inversión de largo plazo.

En Guatemala ocurrió exactamente lo contrario. La incertidumbre jurídica, la ausencia de reglas claras para aplicar el Convenio 169 de la OIT, la conflictividad social y la judicialización de los proyectos terminaron paralizando un sector que llegó a ser uno de los más dinámicos de la economía. Paradójicamente, esa incertidumbre no ha protegido mejor el medio ambiente; más bien ha desalentado a las empresas con mayores estándares internacionales y ha reducido el interés por explorar el potencial geológico del país.

Paro todavía estamos a tiempo de cambiar de rumbo. Ello exige modernizar la legislación minera, regular de manera clara los procesos de consulta comunitaria, fortalecer la fiscalización ambiental, garantizar transparencia en el manejo de regalías y ofrecer reglas estables que atraigan inversión responsable. No se trata de favorecer a una industria en particular; se trata de construir instituciones capaces de administrar inteligentemente un patrimonio que pertenece a todos los guatemaltecos.

Los recursos naturales, por sí solos, nunca han garantizado el desarrollo. Lo que convierte la riqueza del subsuelo en prosperidad es la calidad de las instituciones que la gobiernan. Sin certeza jurídica, sin reglas previsibles y sin una regulación moderna, Guatemala corre el riesgo de dejar enterrada una de las mayores oportunidades económicas de las próximas décadas.

AUTONOMÍA SÍ; IMPUNIDAD NO

La autonomía fortalece al Estado solo cuando va acompañada de transparencia y rendición de cuentas

La existencia de entidades autónomas dentro del Estado responde a una lógica institucional perfectamente razonable. Hay funciones públicas cuya naturaleza exige estabilidad, especialización técnica e independencia respecto de los vaivenes políticos. Por ello existen bancos centrales, universidades estatales, organismos electorales y otras instituciones con distintos grados de autonomía. Pero la autonomía nunca fue concebida como un fin en sí mismo. Lejos de ser un privilegio, la autonomía debe ser vista como un contrato con la sociedad para cumplir un mandato específico.

En efecto, la experiencia internacional demuestra que las entidades autónomas sólo justifican su existencia cuando concurren cuatro condiciones básicas: un mandato claro y acotado; una gobernanza que incorpore pesos y contrapesos; independencia funcional para ejercer sus competencias; y mecanismos robustos de rendición de cuentas. Cuando alguno de estos elementos desaparece, la autonomía deja de ser una fortaleza institucional y se convierte en un problema.

En Guatemala, con demasiada frecuencia se ha confundido autonomía con soberanía. Algunas municipalidades han pretendido utilizarla para obstaculizar proyectos nacionales; otras entidades actúan como si estuvieran fuera del aparato estatal. El caso más preocupante es, probablemente, el de la Universidad de San Carlos. La Constitución le garantiza una posición privilegiada: autonomía, patrimonio propio, exenciones fiscales y una asignación no menor del cinco por ciento de los ingresos ordinarios del Estado. Para 2027 ello representará más de Q3,200 millones provenientes de los contribuyentes.

Precisamente por disfrutar de ese privilegio constitucional, la obligación moral de rendir cuentas debería ser aún mayor. Durante años, las actuales autoridades universitarias han sido objeto de fuertes cuestionamientos sobre la legitimidad de su permanencia en los cargos. Independientemente de esas acusaciones y de las consecuentes controversias jurídicas, lo que sí resulta inevitable señalar es que toda institución cuya legitimidad es tan cuestionada debería responder con más transparencia, no con menos.

La comparación con la Universidad Nacional Autónoma de México resulta ilustrativa. La UNAM publica sistemáticamente estados financieros, informes presupuestarios, resultados de auditorías, indicadores académicos y abundante información que permite evaluar objetivamente su desempeño. La transparencia forma parte de su estrategia para proteger su autonomía. La USAC ha dado algunos pasos positivos en esa dirección, pero todavía está lejos de ofrecer un nivel comparable de rendición de cuentas.

Sería una sorprendente señal de recuperación institucional si las autoridades universitarias decidieran, por iniciativa propia, abrir completamente la información sobre el uso de los recursos públicos recibidos durante estos años; publicar indicadores verificables sobre sus resultados académicos y financieros; y, aun cuando la ley no las obligue, someter periódicamente sus estados financieros y su gestión a auditorías externas verdaderamente independientes.

La autonomía no se fortalece levantando muros frente al resto del Estado ni refugiándose en privilegios constitucionales. Se fortalece demostrando, todos los días, que la sociedad puede confiar en quien administra recursos públicos. Las entidades autónomas pueden ser claves para una república moderna y eficaz. Pero sólo lo serán si recuerdan que siguen siendo parte del Estado y que, en última instancia, su verdadero mandante no es su burocracia interna sino los ciudadanos que las financian.

LA AGENDA PARA EL GRADO DE INVERSIÓN

Guatemala ya aprobó el examen macroeconómico; lo que todavía debe aprobar es el examen institucional

Los diagnósticos de las calificadoras de riesgo y del FMI sobre la economía de Guatemala ofrecen una guía bastante clara sobre las reformas que deberían priorizarse para crecer más y acercarse al grado de inversión. Durante las últimas semanas ocurrió algo poco frecuente: dos calificadoras y el FMI emitieron sus opiniones casi al mismo tiempo. Aunque utilizan metodologías distintas y observan variables diferentes, todos llegaron a conclusiones notablemente similares.

Aunque la atención pública suele concentrarse en si nos acercamos o no al grado de inversión, el dato verdaderamente relevante, sin embargo, suele encontrarse detrás de la calificación: las razones que explican por qué un país avanza o se estanca. Y es que la calificación de riesgo es más que un concurso para economistas o un mero ejercicio académico: influye en el costo del financiamiento soberano, en las condiciones de crédito para las empresas y, en última instancia, en la capacidad de una economía para atraer inversión y generar empleo.

Lo interesante es que las tres instituciones coinciden en dos conclusiones fundamentales. La primera es que Guatemala posee fortalezas macroeconómicas poco comunes en América Latina: baja deuda pública, disciplina fiscal, inflación controlada, reservas internacionales elevadas y una política monetaria creíble. Después de décadas de prudencia macroeconómica, el país ha construido un activo valioso que merece ser preservado. La segunda conclusión es todavía más importante: el principal obstáculo para seguir avanzando ya no es macroeconómico; es institucional. 

Las tres opiniones señalan, con distintos matices, los mismos problemas: infraestructura insuficiente, baja inversión, limitada capacidad de ejecución del Estado, debilidad institucional, fragmentación política, rezagos en productividad y dificultades para transformar estabilidad en crecimiento. En otras palabras, Guatemala ya aprobó el examen macroeconómico, pero todavía debe aprobar el examen institucional. Esto debería tener implicaciones directas para la agenda legislativa. Casi siempre el Congreso opera reaccionando a la coyuntura, a las crisis del momento o a iniciativas aisladas que carecen de visión estratégica. Pocas veces hemos contado con una hoja de ruta tan clara sobre cuáles son las reformas que podrían generar mayor impacto económico.

Si tomáramos en serio los mensajes de las calificadoras, la discusión legislativa debería concentrarse en temas como infraestructura, puertos, aeropuertos, alianzas público-privadas, profesionalización del servicio civil, modernización presupuestaria, fortalecimiento del Estado de Derecho, mercados financieros, facilitación del comercio, transparencia y mejora de la capacidad de ejecución del sector público. Y no es porque lo diga una institución internacional ni porque lo demande algún sector en particular, sino porque existe un amplio consenso de que esas son las áreas donde se encuentran hoy los principales cuellos de botella para el desarrollo del país.

El Congreso actual puede avanzar en varias de estas materias. Pero el mensaje es especialmente relevante para quienes aspiren a integrar la próxima legislatura. Más allá de las diferencias ideológicas o partidarias, Guatemala necesita una agenda de reformas orientada a resolver problemas estructurales y no únicamente a administrar urgencias. El diagnóstico está; corresponde a los líderes políticos convertirlo en acciones concretas. La estabilidad macroeconómica nos acercó al grado de inversión, pero serán las reformas institucionales las que determinen si finalmente logramos alcanzarlo.

LA ENERGÍA DE LAS INSTITUCIONES

Asegurar electricidad suficiente y competitiva depende de la calidad de las instituciones que regulan, coordinan y atraen inversión

Hace unos días participé en un foro organizado por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica con motivo de su aniversario. La actividad reunió a autoridades, empresarios, especialistas y representantes municipales para reflexionar sobre el futuro energético del país. La conversación comenzó con la geopolítica, la incertidumbre económica y las tensiones en los mercados energéticos que ocupan cada vez más espacio en el debate público. También se vieron las implicaciones que sobre el crecimiento y los costos para Guatemala ante una eventual escasez de energía. Mi intervención fue sobre una tercera dimensión igualmente importante: la institucional.

A partir de dos realidades innegables –que el mundo seguirá siendo incierto y que la demanda de energía en Guatemala crecerá en los próximos años-, la pregunta clave es si contamos con las instituciones necesarias para responder exitosamente a esos desafíos. La experiencia internacional deja una lección clara: los países rara vez se estancan por falta de recursos naturales; lo hacen porque permiten que la infraestructura estratégica se convierta en un cuello de botella para la inversión y la productividad.

La energía eléctrica es quizás el ejemplo más evidente. Aunque representa una proporción relativamente pequeña del producto interno bruto, prácticamente todas las actividades económicas dependen de ella. Sin energía suficiente, confiable y competitiva, la inversión pierde atractivo, la productividad se resiente y el crecimiento se vuelve más difícil. Por ello resulta preocupante que la demanda eléctrica crezca más rápido que la expansión de ciertas áreas críticas de la infraestructura. El problema no es solo técnico ni financiero; es, en buena medida, institucional.

Guatemala dispone de una ventaja que muchas veces damos por sentada: las reformas impulsadas en los años noventa permitieron ampliar significativamente la cobertura eléctrica, atraer inversión privada, diversificar la matriz energética y consolidar un esquema de regulación técnica relativamente sólido. No es un sistema perfecto, pero sus resultados comparativos han sido positivos. Por eso el primer objetivo debe ser preservar aquello que ha funcionado: competencia, reglas claras, regulación técnica y participación privada.

Pero eso no basta. Los desafíos actuales exigen fortalecer la coordinación entre el Gobierno Central, las municipalidades, las comunidades y los inversionistas; agilizar la resolución de conflictos relacionados con servidumbres y derechos de paso; mejorar la planificación de largo plazo; y, reforzar las capacidades técnicas de las instituciones del sector. La propia Constitución ofrece una guía que sigue teniendo plena vigencia: su artículo 129 declara de urgencia nacional la electrificación del país y reconoce un modelo de colaboración entre los estamentos estatales y la empresa privada. No plantea una disyuntiva entre mercado o Estado sino una alianza entre ambos.

La inversión eléctrica requiere horizontes de veinte o treinta años. Ningún inversionista compromete recursos de esa magnitud si percibe incertidumbre respecto de las reglas del juego. El capital puede convivir con el riesgo; lo que no tolera es la imprevisibilidad. Afortunadamente, Guatemala todavía tiene margen para actuar. Contamos con recursos renovables abundantes, experiencia acumulada y un sector privado con capacidad de inversión. La tarea no consiste en reinventar el modelo, sino en modernizarlo y prepararlo para las próximas décadas. Porque la mejor política energética no es la que reacciona ante una crisis, sino la que evita que esta ocurra.

LA TARDANZA PUEDE SALIR CARA

Modernizar la ley contra el lavado ya no es opcional. Retrasarla tendría costos mayores

En Guatemala solemos cometer un error recurrente en materia legislativa: esperar demasiado tiempo para corregir un problema y, cuando finalmente decidimos hacerlo, pretender resolverlo repentina, indolora y definitivamente. Muchas veces, en ese intento, terminamos entrampando las reformas hasta volverlas políticamente inviables. Algo de eso está ocurriendo con la discusión de la Iniciativa 6593, la nueva Ley Integral para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

El país ya cuenta desde hace años con una legislación en esta materia. Y conviene reconocerlo: esa ley, con todas sus limitaciones, permitió a Guatemala mantener niveles razonables de cumplimiento frente a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Pero el mundo cambió. Las modalidades del crimen financiero evolucionaron, los estándares internacionales se endurecieron y el marco legal guatemalteco empezó a quedarse rezagado.

Por esa razón, desde hace más de cinco años se han presentado distintas iniciativas orientadas a modernizar esta legislación. El problema es que el tema nunca recibió la prioridad política necesaria. Ahora el tiempo empieza a agotarse. En 2027 Guatemala será objeto de una nueva evaluación internacional por parte de GAFI y llegar tarde tendría costos importantes para el país. No se trata únicamente de evitar una mala nota burocrática. Una evaluación negativa podría afectar la reputación internacional de Guatemala, aumentar costos de cumplimiento para bancos y empresas y deteriorar la relación del sistema financiero nacional con mercados y corresponsales internacionales. En un mundo crecientemente vigilante frente al lavado de dinero, la reputación regulatoria también es un activo económico.

 La Iniciativa 6593, aunque perfectible, representa un avance respecto de la legislación vigente. El dictamen favorable de la Comisión de Economía le introdujo mejoras relevantes para fortalecer la certeza jurídica y hacer más proporcionales algunas obligaciones. Y varias de las enmiendas consensuadas posteriormente también contribuyen a perfeccionar el texto. Ese proceso gradual de mejora institucional debería verse como algo normal. La ley vigente mejora con la iniciativa; la iniciativa mejora con el dictamen; y el dictamen mejora con las enmiendas. Pretender que una legislación compleja nazca impecable es desconocer cómo funcionan los procesos democráticos y regulatorios modernos.

Por supuesto, todavía existen aspectos que merecen ajustes adicionales. Uno de ellos es el relacionado con el registro de accionistas y beneficiarios finales. El combate al lavado de dinero exige transparencia razonable, pero también prudencia institucional. La información societaria sensible no debería convertirse en un repositorio masivo, vulnerable o sujeto a accesos indiscriminados. La experiencia comparada muestra que incluso países con alta capacidad institucional han empezado a privilegiar modelos más proporcionales y respetuosos de la privacidad y del debido proceso. Ese tipo de mejoras puede seguir perfeccionándose posteriormente. Pero lo que no parece aconsejable es paralizar nuevamente toda la reforma por la aspiración de alcanzar una versión ideal que probablemente nunca llegará.

Claro que la nueva ley tendrá costos de cumplimiento para diversos actores económicos. Pero la pregunta correcta es si esos costos son menores o mayores que los beneficios de evitar sanciones, preservar la credibilidad del sistema financiero y mantener a Guatemala integrada a la economía internacional. Y la respuesta parece bastante evidente.

EL ENEMIGO COMÚN

Guatemala necesita una estrategia nacional contra el crimen organizado, no otra guerra ideológica estéril

La reciente reunión entre Donald Trump y Lula da Silva dejó una lección política interesante. Dos líderes enfrentados ideológicamente encontraron un espacio de cooperación alrededor de un objetivo común: combatir el crimen organizado transnacional. Más allá de las diferencias sobre comercio o política exterior, ambos comprendieron algo esencial: enfrentar una amenaza sistémica exige coordinar esfuerzos antes que profundizar divisiones.

En Guatemala debemos tomar nota de ello. Nuestro principal enemigo nacional no es el adversario ideológico de turno. No es “la derecha” ni “la izquierda”; no son los empresarios, ni las ONG ni los medios. El verdadero enemigo del Estado de Derecho y del desarrollo es el crimen organizado en sus distintas manifestaciones: narcotráfico, pandillas, redes de extorsión y estructuras dedicadas al saqueo sistemático del Estado mediante corrupción y captura institucional.

El crimen organizado lo conforman estructuras permanentes y coordinadas, compuestas por individuos o grupos que, mediante violencia, intimidación o prácticas ilícitas en el aparato estatal, buscan obtener poder o beneficios ilícitos. El problema no se limita a las drogas o las armas. También incluye las redes que infiltran municipalidades, financian campañas, manipulan contrataciones públicas o capturan instituciones para garantizar impunidad. El objetivo final de estas estructuras no es solo enriquecerse: es controlar territorios, influir políticamente y debilitar la legalidad.

En años recientes se promovió maliciosamente la idea de que la principal amenaza para la política nacional provenía del financiamiento empresarial formal; sin embargo, las evidencias acumuladas —incluyendo investigaciones recientes sobre narcotráfico y caciques locales— sugieren que la fuerza más corrosiva para el sistema político proviene de las economías criminales asociadas al narcotráfico que no solo compran voluntades, sino que capturan territorios, roban elecciones y minan al Estado.

El asunto adquiere mayor relevancia con el nombramiento del nuevo Fiscal General. Más allá de simpatías o antipatías políticas, lo crucial es que las instituciones de seguridad y justicia funcionen con eficacia, independencia técnica, transparencia y coordinación. Lo que la ciudadanía, los inversionistas y la comunidad internacional observan no es la retórica ideológica, sino la capacidad real del Estado para garantizar certeza jurídica, combatir redes criminales y preservar el orden.

Existe, además, una coincidencia geopolítica que Guatemala debería aprovechar inteligentemente. El combate al crimen organizado constituye también una prioridad estratégica para Estados Unidos. Esa convergencia de intereses debería incentivarnos a convertir esta lucha en una política de Estado, respaldada por cooperación internacional, intercambio de inteligencia, fortalecimiento institucional y apoyo técnico.

Pero nada de eso será suficiente si el país continúa atrapado en guerras ideológicas mientras las estructuras criminales avanzan. El crimen organizado prospera cuando las sociedades se fragmentan, las élites se enfrentan entre sí y las instituciones se debilitan. Mientras tanto, el costo económico y social sigue creciendo: menor inversión, deterioro del clima de negocios, migración, y pérdida de confianza. Guatemala necesita una agenda mínima compartida que trascienda ciclos electorales, banderas partidarias y resentimientos ideológicos. Porque cuando un país no logra identificar correctamente a su verdadero enemigo, termina debilitándose a sí mismo mientras las mafias consolidan su poder.

EL ESPEJISMO DE LAS POSTULADORAS

No despolitizaron las designaciones: politizaron la academia

Hace unas semanas abordé las elecciones de segundo grado desde la óptica del riesgo-país. Hoy conviene mirarlas desde otro ángulo: el de las lecciones institucionales que están dejando. En 2026, Guatemala está renovando piezas clave de su arquitectura institucional —Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad, Ministerio Público y Contraloría—, procesos que, aunque indirectos, definen el funcionamiento efectivo del Estado de Derecho. Se trata de un ciclo concentrado de decisiones que reconfiguran el balance de poder.

La apuesta por el sistema que subyace a estos procesos —el de Comisiones de Postulación— fue, en su origen, ambiciosa: despolitizar las designaciones y elevar la calidad de los funcionarios. Hoy, a la luz de los hechos, hay que admitir que esa apuesta no ha cumplido sus objetivos. El problema de fondo es de diagnóstico, no de procedimiento. Se quiso eliminar la política de un proceso que es, por naturaleza, político. El resultado ha sido paradójico: no se despolitizaron las decisiones, sino que se trasladó la política —y, en muchos casos, sus peores prácticas— hacia espacios (la academia y los gremios profesionales) que no estaban diseñados para procesarla.

La evidencia es clara: los procesos mantienen formalidades —convocatorias, tablas de gradación, evaluaciones—, pero las decisiones relevantes suelen tomarse fuera de esos espacios. Persisten señales de captura, negociación previa y discrecionalidad, mientras que la transparencia, aunque mayor, no se traduce en rendición de cuentas efectiva. El resultado es un sistema que combina lo peor de dos mundos: ni asegura independencia ni garantiza responsabilidad. A diferencia de los políticos electos, los comisionados no rinden cuentas ante la ciudadanía. Y, a diferencia de sistemas abiertamente políticos, el proceso carece de mecanismos claros de responsabilidad por las decisiones tomadas.

Quisimos sacar la política por la puerta…
y regresó por la ventana, con toga académica.

Sería injusto ignorar los avances. En este ciclo se han cumplido plazos, ha habido participación amplia y observación relevante. Pero esos logros, siendo valiosos, no compensan los problemas estructurales: opacidad en decisiones clave, exclusión de perfiles idóneos y dudas persistentes sobre la calidad de las designaciones. La conclusión incómoda es que “el remedio salió peor que la enfermedad”. La solución de fondo —revertir el modelo constitucional y devolver la responsabilidad a autoridades electas, bajo esquemas de nombramientos escalonados y contrapesos— es conceptualmente sólida, pero políticamente compleja. Las democracias avanzadas no eliminan la política de estos procesos; la ordenan y la hacen responsable.

Mientras tanto, hay un espacio más realista de reforma. Si el sistema de postuladoras va a persistir, debe corregir sus incentivos. Eso implica, al menos, tres ajustes. Primero, reconocer explícitamente la naturaleza política del proceso: negarla solo la desplaza hacia la informalidad. Segundo, abandonar el formalismo vacío: la evaluación debe centrarse en mérito sustantivo —trayectoria, independencia, criterio— y no en acumulación mecánica de puntos. Tercero, mejorar la integración y operación de las comisiones: reglas claras de conflicto de interés, estándares mínimos para quienes participan y trazabilidad real de las decisiones.

En el fondo, el problema no es quién decide, sino bajo qué incentivos decide. Las elecciones de segundo grado de 2026 están dejando una lección que conviene no desaprovechar: las instituciones no se blindan sustituyendo actores, sino diseñando sistemas donde las decisiones correctas sean, también, las más convenientes para quienes las toman.

LA CLAVE DE LA PROSPERIDAD

Más allá de la estabilidad macro, el desafío es elevar la productividad del país

En una entrevista reciente me pidieron resumir, en una frase, la situación económica de Guatemala. Respondí recurriendo a una imagen que he utilizado en varias ocasiones: somos una economía con doble personalidad: una disciplinada —con estabilidad macroeconómica, inflación controlada y prudencia fiscal— convive con una rezagada —mediocre crecimiento, escasa inversión y productividad insuficiente. No es una metáfora caprichosa. Los datos lo confirman: fundamentos macroeconómicos razonablemente sólidos coexisten con un desempeño estructural gris. Crecemos, sí, pero no lo suficiente para cerrar brechas de ingreso ni para transformar sostenidamente las condiciones de vida de la mayoría. La pregunta relevante es, entonces, por qué no logramos traducir estabilidad en prosperidad. La respuesta —incómoda— es conocida: baja productividad sistémica.

En un reciente artículo, el Nobel de Economía Michael Spence retoma una idea central de la teoría del crecimiento: la prosperidad sostenida no surge del consumo, ni de los ciclos externos favorables, sino de aumentos en la productividad, impulsados por tres motores fundamentales: especialización, innovación y acceso a mercados amplios. Todo ello, facilitado por el comercio y por instituciones sólidas. Visto desde Guatemala, el contraste es evidente. Nuestra economía sigue dependiendo en exceso del consumo —particularmente de las remesas— y adolece de niveles persistentemente bajos de inversión. La innovación es incipiente, y aunque somos una economía relativamente abierta, no hemos logrado insertarnos plenamente en cadenas de valor dinámicas.

 Pero el punto más crítico —y menos comprendido en el debate público— es el institucional. La productividad no es solo un fenómeno tecnológico o empresarial; es, ante todo, un resultado sistémico. Depende del conjunto de reglas formales e informales que estructuran los incentivos (certeza jurídica, calidad regulatoria, funcionamiento de la justicia, eficiencia del Estado), que determinan si los recursos se asignan hacia actividades productivas o se diluyen en la informalidad, la captura o la ineficiencia. Sin instituciones que reduzcan la incertidumbre y premien la inversión, la productividad no despega. Esto tiene implicaciones que van más allá del diseño de políticas públicas. Supone también un cambio en el imaginario colectivo. Durante años hemos celebrado —con razón— la estabilidad macroeconómica. Pero hemos sido menos exigentes en materia de productividad. Quizá sea momento de ajustar prioridades.

Si el sector empresarial quiere crecer, su agenda no puede limitarse a defender la estabilidad macro; debe apostar más por la promoción del libre mercado y de la certeza jurídica, la reducción de barreras, la adopción tecnológica y el capital humano. Si la sociedad civil aspira a mayor inclusión, no basta con redistribuir: también debe promover condiciones para generar riqueza sostenida. Y si el Estado busca resultados duraderos, deberá asumir que las reformas institucionales —aunque complejas— son la única vía para elevar la productividad.

Los caminos son conocidos: simplificar trámites, digitalizar servicios públicos, fortalecer la justicia, invertir en infraestructura y profundizar la apertura comercial. Nada de esto es novedoso. Lo difícil, como siempre, ha sido hacerlo de forma consistente. La economía guatemalteca no carece de fortalezas, pero estas, por sí solas, no bastan. La estabilidad es necesaria, pero no suficiente. La prosperidad tiene una clave más exigente: elevar la productividad del sistema en su conjunto. Y eso, como sabemos, no ocurre por inercia.

TRADICIÓN QUE CREA VALOR

Semana Santa: cultura viva que une, produce y sostiene al país

Cada año, la Semana Santa guatemalteca logra algo poco frecuente en la vida pública: suspende el ruido. Aun quienes no profesan la fe se detienen ante la solemnidad de las procesiones, el esplendor de las andas, la espesura del incienso que marca el paso del tiempo y esos silencios densos que, por un momento, nos ordenan. Hay ahí una forma de coordinación social que no pasa por decretos ni por presupuestos, sino por acuerdos tácitos, repetidos y perfeccionados generación tras generación.

En economía solemos hablar de “capital social” para referirnos a redes de confianza y normas compartidas que reducen los costos de transacción. La Semana Santa —y, en general, las diversas expresiones de cultura popular— es una fábrica de ese capital. Organiza miles de voluntades, alinea incentivos, transmite reglas no escritas y produce bienes valiosos públicos: convivencia, identidad, pertenencia y cooperación. No es algo menor en un país donde la desconfianza institucional es elevada.

Además, la tradición no es estática. Como bien apunta Chango Spasiuk, no es repetición mecánica de costumbres, sino una fuerza viva que se reinventa en el presente. En Guatemala lo vemos con claridad: innovaciones en diseño de alfombras, mejoras en logística de recorridos, nuevas generaciones que reinterpretan la música sacra y los oficios. Es un proceso evolutivo, no un museo.

También hay un ángulo económico más directo. La Semana Santa moviliza cadenas de valor completas: turismo, hotelería, transporte, gastronomía, artesanía, floricultura, música, conservación de bienes culturales. Genera empleo temporal y permanente, derrama ingresos en múltiples territorios y, bien gestionada, puede elevar la productividad local. Es, en términos sencillos, una “industria cultural” con profundas raíces comunitarias. Sin embargo, nuestra política pública trata estas expresiones como si fueran un lujo ornamental. El resultado es subinversión, coordinación deficiente y, en ocasiones, regulaciones improvisadas que encarecen o dificultan la organización. Aquí hay una oportunidad clara: diseñar políticas que potencien —sin capturar ni burocratizar— estas dinámicas.

¿Qué implicaría un enfoque sensato? Primero, infraestructura y servicios públicos a la altura de la escala del evento: movilidad, limpieza, seguridad, información. Segundo, esquemas de cofinanciamiento transparentes para la conservación del patrimonio material e inmaterial. Tercero, reglas claras y simples que reduzcan fricciones a organizadores y participantes. Cuarto, medición: cuantificar el impacto económico y social para asignar recursos con criterio, no por intuición. Y, sobre todo, respeto por la autonomía de las comunidades, hermandades y cofradías que sostienen la tradición.

Hay un punto de fondo. En tiempos de polarización, las sociedades necesitan espacios donde reconocerse sin intermediarios. La cultura popular cumple esa función: es un lenguaje común que no depende de alineamientos partidarios. Invertir en ella no es un gesto romántico; es una política de cohesión social con retornos en gobernabilidad. Guatemala posee en la Semana Santa un activo extraordinario y, como suele ocurrir con lo propio, lo damos por descontado. Privilegiando lo espiritual y respetando lo cultural, conviene también mirarlo con ojos económicos: como un sistema complejo que genera valor, coordina conductas y fortalece instituciones informales. La tradición, bien entendida, no mira hacia atrás; empuja hacia adelante. Y si el Estado decide acompañarla con inteligencia, el país entero gana.

LA ECONOMÍA DE LAS GUERRAS LEJANAS

La guerra en el Golfo Pérsico puede sacudir la economía global: conviene reaccionar con prudencia

Las guerras se libran tanto en los campos de batalla como, de manera silenciosa, en los mercados energéticos, en las cadenas logísticas globales y, finalmente, en los bolsillos de millones de personas. El conflicto actual en el Golfo Pérsico tiene precisamente ese potencial. En una economía mundial altamente integrada, una perturbación geopolítica en una región estratégica puede generar efectos económicos globales. La razón es simple: por el estrecho de Ormuz transita una porción importante del petróleo y del gas natural que consume el planeta. Si ese flujo se interrumpe o se vuelve incierto, los precios de la energía subirán y con ellos el transporte, los fertilizantes, los alimentos y buena parte de la actividad productiva.

Aunque hoy la economía mundial es menos intensiva en energía que en los años setenta —cuando los shocks petroleros provocaron inflación y estancamiento—, una disrupción suficientemente grande en los mercados energéticos aún puede generar presiones inflacionarias y alterar decisiones de inversión y consumo.

Para Guatemala —como para muchas economías pequeñas y abiertas— el principal canal de transmisión será el precio de los combustibles y otros insumos. Cuando el petróleo sube, aumentan los costos de transporte y producción, lo que eventualmente conlleva precios internos más altos. Además, el país debe destinar más divisas para pagar esas importaciones, lo que puede presionar el balance externo si el shock se prolonga. Hasta ahora, sin embargo, los indicios apuntan a que el impacto directo podría ser moderado en el corto plazo. Analistas del sector logístico señalan que Guatemala no depende de rutas marítimas que atraviesen directamente la zona del conflicto, por lo que los efectos iniciales serían indirectos, principalmente a través del precio del combustible y de los costos de los fletes internacionales.

 La verdadera incógnita no es tanto el impacto inicial como la duración del conflicto. Las guerras —especialmente en regiones geopolíticamente sensibles— evolucionan según decisiones políticas impredecibles. Por ello, sería imprudente reaccionar con “ocurrencias” de política económica que, aunque bien intencionadas, terminen generando más distorsiones que soluciones. Conviene recordar una lección básica de economía: en situaciones de escasez o choque externo, los precios cumplen una función de señal. Cuando suben, transmiten información sobre la nueva realidad de costos y ayudan a que consumidores y empresas ajusten su comportamiento. Interferir excesivamente en ese mecanismo —por ejemplo mediante controles de precios o subsidios improvisados— suele producir escasez, incentivos perversos y mayores presiones fiscales.

La respuesta más sensata ante shocks externos no es el intervencionismo apresurado, sino la prudencia macroeconómica. Guatemala cuenta con algunos amortiguadores importantes: inflación relativamente controlada, reservas internacionales adecuadas y un sistema financiero sólido. Preservar esos amortiguadores es probablemente la mejor estrategia para atravesar episodios de turbulencia internacional. Finalmente, conviene recordar que incluso los conflictos más intensos suelen terminar antes de lo que muchos anticipan. No sería extraño que, ante los riesgos económicos de una guerra prolongada, Estados Unidos opte en algún momento por declarar una victoria prematura y dar por concluido el conflicto. Si algo enseña la historia económica es que los mercados reaccionan rápidamente al inicio de las guerras… pero también a su final. En tiempos de incertidumbre, la prudencia sigue siendo la mejor política económica.

ELECCIONES SECUNDARIAS Y RIESGO-PAÍS

La estabilidad macro depende, en última instancia, de la calidad institucional

En 2026 Guatemala vive una convergencia inédita de relevos en instituciones clave del Estado. El calendario político —que abarca la elección de magistrados de la CC y del TSE, Fiscal General, rector de la USAC, Contralor General, Presidente del Banco de Guatemala y Superintendente de Bancos, entre otros— reconfigurará el equilibrio institucional del país. No es un detalle procedimental: es un evento macroinstitucional.

Estos procesos, conocidos como “elecciones de segundo grado”, suelen estar rodeados de litigios, presiones corporativas, intentos de captura y polarización política. Este año, además, confluyen en pocos meses. La simultaneidad eleva la incertidumbre. Desde la perspectiva del riesgo-país, la preocupación no es ideológica; es técnica. Las calificadoras internacionales han advertido reiteradamente que los riesgos sociopolíticos se transmiten al crédito soberano por cuatro canales: gobernabilidad, cambios de política, desempeño económico y volatilidad financiera. América Latina ofrece ejemplos abundantes al respecto.

Cuando estos procesos de designación se judicializan en exceso, se retrasan o pierden credibilidad, el primer canal afectado es la gobernabilidad. Si, además, las nuevas autoridades electas llegan a generar dudas sobre su independencia técnica o su probidad, se activa el segundo: riesgo de cambios abruptos en políticas públicas o de debilitamiento institucional. El resultado suele ser una mayor prima de riesgo, menor inversión y menor crecimiento económico potencial.

El riesgo no es inmediato ni automático; es gradual y acumulativo, pero es real

Cierto es que Guatemala parte de fortalezas macroeconómicas innegables: deuda pública relativamente baja, estabilidad monetaria, reservas internacionales adecuadas. Pero no opera en el vacío. Su crecimiento ha sido relativamente modesto; su Congreso está fragmentado; la calidad legislativa es irregular; la justicia enfrenta cuestionamientos; la corrupción persiste como amenaza latente; el crimen organizado penetra en instituciones y territorios; el entorno internacional es más proteccionista y volátil que hace una década. Es decir, nuestros amortiguadores macro existen, pero nuestros cimientos institucionales no siempre son igual de sólidos.

En este contexto, la integración de la CC y del TSE afecta crucialmente la certeza jurídica y la estabilidad política futura. La designación del Fiscal General incide en la percepción de Estado de Derecho. La elección del Presidente del Banco de Guatemala y del Superintendente de Bancos no es un asunto corporativo; es una señal a los mercados sobre la continuidad de la disciplina monetaria y financiera. La Contraloría impacta la credibilidad fiscal. Cada pieza importa. Los mercados no reaccionan a discursos, sino a expectativas racionales sobre reglas. Si las reglas se perciben frágiles o capturables, el costo del financiamiento aumenta, incluso si las variables macro actuales lucen sanas. El riesgo no es inmediato ni automático; es gradual y acumulativo. Pero es real.

Por eso el llamado es sencillo: cordura, respeto a los plazos legales, transparencia en las postulaciones y criterios meritocráticos en las designaciones. No se trata de satisfacer a actores externos; se trata de preservar el activo más valioso que un país pequeño y abierto puede tener: credibilidad. Un fracaso en estos procesos no dañaría solo a las instituciones involucradas. Dañaría la reputación crediticia del país y, con ello, el clima de inversión, el crecimiento y el bienestar. La estabilidad macro se construye en los balances; la confianza, en las instituciones. 2026 no es solo un calendario político; es una prueba de madurez republicana.

TRÁFICO, PODER Y COORDINACIÓN

 El atasco capitalino es, ante todo, un problema de coordinación institucional

En la Ciudad de Guatemala ya no hay hora pico: el atasco no es un evento, sino un estado permanente. Recorrer 30 kilómetros puede tomar horas; a cualquier hora hay atascos. El problema es tan grave que la prestigiosa revista The Economist publicó recientemente un artículo sobre este grave problema en la urbe más grande de Centroamérica. Los costos son tangibles. Se estima que los guatemaltecos pierden alrededor de Q1,300 mensuales en productividad por congestión y que el impacto agregado ronda los US$4 mil millones al año. No hablamos solo de incomodidad, sino de competitividad, acceso a servicios, contaminación y oportunidades perdidas. El tiempo de traslado se convierte en un costo que perjudica el crecimiento.

En semanas recientes, algunas municipalidades y sectores empresariales han pedido al Gobierno acelerar la puesta en marcha de la Dirección de Infraestructura Prioritaria (DIPP) y ejecutar los recursos presupuestarios aprobados para obras estratégicas. Tienen razón en algo esencial: no es defendible que una entidad como la DIPP, creada para agilizar proyectos, arranque con tanta lentitud en un contexto de urgencia económica y social. Pero el Gobierno también señala una realidad incómoda: la infraestructura vial arrastra una historia de planificación débil, ejecución fragmentada y recurrente corrupción. Los grandes proyectos han sido, con frecuencia, sinónimo de sobrecostos, opacidad y litigios. La desconfianza no surge en el vacío.

El problema es que, mientras se discute sobre recursos y megaproyectos, el núcleo del desafío es, esencialmente, institucional. Es importante tener claro que en muchas megaciudades alrededor del mundo la congestión no obedece solo a falta de inversión, sino a una gobernanza fragmentada: autoridades superpuestas, escasa coordinación y ausencia de visión metropolitana. Donde no hay articulación, el transporte no conecta con la expansión urbana y las decisiones se contradicen.

La experiencia internacional demuestra que las ciudades que han ordenado su crecimiento no lo han hecho solo a fuerza de chequera, sino con arreglos institucionales claros. El caso de Tokio es un ejemplo de una autoridad metropolitana que coordina funciones estratégicas, mientras gobiernos locales gestionan servicios de proximidad bajo competencias bien delimitadas. La inversión importa, pero la arquitectura institucional es decisiva.

¿Qué hacer en Guatemala? Primero, poner en funcionamiento la DIPP sin más dilación, pero con estándares estrictos de transparencia y evaluación costo-beneficio. No basta ejecutar; hay que ejecutar bien. Segundo, el debate debe elevarse del plano político-partidario al plano metropolitano. El tráfico no reconoce fronteras municipales ni afinidades ideológicas. Una autoridad o mecanismo de coordinación metropolitana —con reglas claras, datos compartidos y planificación integrada de uso de suelo y transporte— es indispensable.

Tercero, entender que la solución no es exclusivamente vial. Transporte público eficiente, gestión inteligente del tráfico y ordenamiento territorial son más complejos que inaugurar pasos a desnivel, pero más rentables a largo plazo. Cuarto, fortalecer controles y profesionalización técnica para que la respuesta a la desconfianza no sea la parálisis.

El tráfico no es solo un problema de movilidad. Es un espejo de nuestra dificultad para coordinar y ejecutar políticas públicas en un entorno fragmentado. Mientras discutimos culpas, el reloj corre y los motores siguen encendidos. Destrabar la ciudad exige algo más que asfalto: exige reglas claras, cooperación y visión de largo plazo.

EN EL NUEVO ORDEN GLOBAL: MESA O MENÚ

                El orden económico global se fractura; Guatemala debe adaptarse...                sin traicionar principios

Durante décadas, países pequeños como Guatemala prosperaron —modestamente, pero con estabilidad— bajo un orden económico internacional relativamente predecible. No era perfecto ni plenamente justo, pero funcionaba lo suficiente como para permitirnos crecer, comerciar y atraer inversión sin tener que navegar un océano de incertidumbre. Ese mundo, nos guste o no, se está desvaneciendo.

El reciente discurso de. Primer ministro canadiense, Mark Carney, en el Foro de Davos fue notable por su crudeza. Carney no habló de una “transición”, sino de una ruptura del orden económico global. Y lanzó una advertencia tan cruda como certera: si no estamos en la mesa, estamos en el menú. Para países sin poder hegemónico, el margen de error es estrecho. Fingir que nada cambia —“vivir dentro de la mentira”, en palabras de Václav Havel— ya no es una opción. ¿Qué implica esto para Guatemala?

Primero, asumir la realidad con honestidad. El orden basado en reglas se debilita; el comercio entre países se ha convertido en instrumento de poder; y las grandes potencias usan aranceles, finanzas y cadenas de suministro como armas. En este contexto, la neutralidad pasiva no protege, y la complacencia no compra seguridad. Segundo, recurrir al pragmatismo sin abandonar los principios. Aquí el enfoque de Carney resulta especialmente valioso: realismo basado en valores. Para Guatemala, eso significa seguir defendiendo el Estado de Derecho, la democracia liberal y la economía de mercado, pero adaptando nuestra estrategia económica y comercial a un mundo más fragmentado y transaccional.

Tercero, fortalecer lo que controlamos puertas adentro. Instituciones sólidas, certeza jurídica, disciplina macroeconómica y un entorno propicio para la inversión privada siguen siendo nuestra primera línea de defensa. Sin más productividad, ni mejor capital humano ni reglas claras, no hay diversificación posible ni política exterior creíble. Cuarto —y aquí está el giro estratégico— diversificar con inteligencia. Estados Unidos seguirá siendo nuestro principal socio económico y político, pero conviene recordar un dato incómodo: el comercio exterior estadounidense representa apenas alrededor del 13% de las importaciones mundiales y cerca del 9% de las exportaciones globales. Apostarlo todo a un solo mercado, por cercano que sea, es una vulnerabilidad, no una virtud. 

Guatemala necesita ampliar su red de acuerdos comerciales y económicos

Guatemala necesita ampliar su red de acuerdos comerciales y económicos hacia Asia y otras regiones dinámicas: Japón, Singapur, Indonesia y la ASEAN en general, India, e incluso profundizar vínculos con economías afines que no generan fricciones innecesarias con Washington. Diversificar no es desafiar al hegemón; es gestionar riesgos. En ese marco, nuestra relación con Taiwán adquiere un valor estratégico aún mayor. Apostar por Taiwán —y no por China Popular— tiene costos y riesgos geopolíticos evidentes. Precisamente por eso, Guatemala debe procurar una relación económica más ambiciosa con la Isla: más compras, más inversión productiva, más encadenamientos reales. La lealtad estratégica también debe traducirse en beneficios económicos concretos.

Finalmente, Guatemala debe entender que, en este nuevo orden, negociar en solitario nos debilita. Unirse, pactar y coordinar con países de tamaño similar aumenta nuestra capacidad de resistencia y de influencia. No se trata de levantar muros, sino de construir redes. El viejo orden no va a volver. La nostalgia no es una estrategia. Pero con reformas internas, diversificación externa y una dosis saludable de realismo, Guatemala puede sentarse a la mesa… y evitar terminar en el menú.