Inseguridad: un Enfoque Económico

Desde el punto de vista de la teoría económica, el costo de la conducta criminal depende de la probabilidad de ser atrapado y de la severidad del castigo que se recibirá

La semana pasada se llevó a cabo el primer Congreso Nacional de Seguridad, organizado por las gremiales de empresas de servicios de seguridad. Como parte del evento, fui invitado por el Comité Organizador a participar en un panel de discusión (que también integraron Paola Hurtado, Phillip Chicola, y Rodolfo Muñoz Piloña, moderado por Juan Carlos Sandoval), con la encomienda de dar una visión de la (in) seguridad desde el punto de vista de la ciencia económica.

Con ese marco de referencia, se mencionaron las cifras que contundentemente evidencian los enormes costos que la inseguridad y la delincuencia imponen a las posibilidades de desarrollo del país. Diversos estudios demuestran que la inseguridad genera costos que representan una buena proporción de la actividad productiva nacional. Un estudio de PNUD mostraba que la violencia le cuesta a Guatemala alrededor de un 7.3% de su PIB: 2.8% por gastos asociados a la pérdida de salud de la población; 0.8% por gastos gubernamentales en seguridad y justicia; 1.8% por gastos en contratación de seguridad privada; 0.8% por pérdidas materiales; y, 1.2% por el deterioro del clima de inversión. 

Curiosamente, unos días antes del Congreso había fallecido el profesor Gary Becker, premio Nobel de Economía, quien entre su prolífica investigación había incursionado en campos que tradicionalmente se consideraban sociológicos, como por ejemplo los temas de discriminación racial, criminalidad, organización familiar, y adicción a las drogas. Becker sostuvo siempre que muchos tipos diferentes de comportamiento humano (incluyendo el criminal) pueden ser compatibles con la maximización racional de la utilidad individual. De manera que resultó oportuno compartir con el panel dicho enfoque, especialmente porque de él pueden derivarse conclusiones útiles en materia de políticas públicas de prevención y de combate a la criminalidad.

La teoría económica del crimen parte del supuesto (lúgubre, como es usual en la ciencia económica) de que los individuos sopesan racionalmente todas sus opciones, incluyendo los ilegales: si se presenta una oportunidad de obtener una utilidad sin riesgo de errores, la van a aprovechar. Con base en ello Gary Becker estableció en 1968 un marco teórico para analizar cómo los delincuentes sopesan los costos y beneficios de infringir la ley. El coste previsto de la conducta criminal depende de dos factores fundamentales: uno es la probabilidad de ser atrapado; y el otro es la severidad del castigo que recibirán en caso de ser atrapados.

Los aspirantes a criminales sopesan esos factores versus los beneficios del crimen. Si la probabilidad de ser atrapado o el nivel del castigo son demasiado bajos, entonces los costos esperados podrían ser compensados ​​por los beneficios y, en tal caso, el crimen sí paga y resulta racional. De aquí se deriva que los objetivos de la acción contra el crimen deben enfocarse tanto a aumentar la probabilidad de capturar a los delincuentes, como a aumentar la severidad de los castigos en proporción al crimen.

Esas son precisamente las metas a perseguir por parte de las políticas de prevención y combate a la delincuencia. Eso sí, tales metas deben perseguirse de forma equilibrada. Los castigos, aunque estrictos, deben ser proporcionales al crimen cometido pues, de lo contrario, pueden ser contraproducentes. Si son excesivamente rigurosos, tenderán a no ser aplicados, a acarrear costos muy elevados en caso de errores judiciales, o a inhibir el emprendimiento humano en caso de negocios naturalmente riesgosos. Por otra parte, aunque existan castigos severos, si existe una baja probabilidad de atrapar a los malhechores, en nada disuadirán el comportamiento criminal.

Una de las conclusiones del panel de discusión fue que, con base en lo apuntado, el combate a la inseguridad puede ser conceptualizado desde una perspectiva económica como una inversión; es decir que cualquier gasto que se realice en este campo, si está enfocado en los objetivos antes descritos, no será dinero desperdiciado sino que va a generar ingresos en el futuro. Asimismo, que dicha inversión social será más eficiente en la medida en que privilegie la prevención del crimen y se realice de manera coordinada y complementaria entre la autoridad estatal, el sector empresarial y las comunidades.