AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA: LO BUENO, LO MALO Y LO FEO

RAZONABLE EN LO MACROECONÓMICO; CUESTIONABLE EN CUANTO A LA TRANSPARENCIA; FALIBLE EN LO POLÍTICO

La ampliación al presupuesto del Estado aprobada recientemente (¡hasta en dos ocasiones!) por el Congreso ha suscitado una serie de reacciones y elucubraciones que invitan a hacer una reflexión serena sobre sus efectos reales (unos buenos y otros malos).

Los aspectos positivos de la ampliación están referidos, en su mayoría, al campo de la macroeconomía, donde puede afirmarse que el nuevo presupuesto resultante para 2024 muestra cifras razonables y prudentes. En efecto, la ampliación se justifica porque el presupuesto con el que se estaba trabajando era el de 2023. Dado que los ingresos fiscales del presente año serán mayores a los del año previo, cae de su peso que era menester readecuar el presupuesto (lo que debió hacerse desde hace meses) a esa nueva realidad para darle mayor certeza y transparencia a las finanzas gubernamentales. Dado que la mayor parte del gasto ampliado será cubierta con ingresos corrientes, el déficit fiscal resultante resulta razonable (y, en la práctica, muy probablemente será menor al aprobado por el Congreso, ya que el Gobierno no podrá, de aquí a fin de año, ejecutar todo el presupuesto), al tiempo que la deuda pública permanece en niveles muy confortables. Esas son buenas noticias, tal como reconoció la propia agencia calificadora Moody’s al resaltar los buenos fundamentos macroeconómicos del país y el hecho de que la ampliación da un mayor marco de certeza y orden fiscal para 2024.

Sin embargo, diversos aspectos de la ampliación pueden calificarse de inconvenientes, particularmente en materia de transparencia y calidad del gasto público. Por ejemplo, se incluyó un incremento extraordinario de casi Q2 millardos para los Consejos de Desarrollo, sin explicación y ni justificación técnica; no hay que olvidar que el sistema de consejos ha sido tachado, desde hace años, de ser un mecanismo opaco e ineficiente de gasto público, y no hay razones para pensar que eso va a ser distinto ahora. Otro ejemplo son los incrementos asignados al Ministerio de Agricultura: Q500 millones para adquirir fertilizantes, semillas y aperos, exonerando la obligación de usar procedimientos de adquisición pública transparentes y competitivos; y, Q500 millones para un fondo de crédito campesino que carece de reglas claras para la entrega de tales recursos. Está claro que en varios rubros de la ampliación faltó incluir mecanismos de rendición de cuentas, amén de que no se ve ninguna priorización estratégica del gasto público.

Finalmente, lo feo (y preocupante) de la ampliación recae en el ámbito político: la forma apresurada en que se aprobó (sin siquiera basarse en un dictamen favorable) ha dado lugar a amparos judiciales por parte de grupos opositores que, en tanto se resuelvan, restan certeza y confiabilidad a la política fiscal. Si bien es cierto que en la aprobación se lograron consensos políticos (sanos en cualquier democracia), también lo es que el proceso causó serias escisiones en varias bancadas (las únicas bancadas que votaron unificadas fueron las que cuentan con un solo diputado). Se ve que, cuando se trata de repartir dineros, las ideologías importan poco y que en nuestro sistema político casi no existen líneas partidarias ni prioridades programáticas. La forma en que se lograron las mayorías parlamentarias no solo siembra dudas sobre la solidez de los consensos obtenidos y sobre el espacio de gobernabilidad que se logró, sino que en nada contribuye a posicionar al presupuesto gubernamental como lo que debería ser: el instrumento en que se plasman las prioridades de política pública y una visión de Estado de largo plazo.

UNA AGENDA LEGISLATIVA PARA EL DESARROLLO

 EXISTE UNA HOJA DE RUTA QUE DEBERÍA SER TOMADA EN CUENTA, INDEPENDIENTEMENTE DE IDEOLOGÍAS

Los acontecimientos recientes que culminaron en la aprobación por el Congreso de una multimillonaria ampliación del Presupuesto del Estado para 2024, demuestran que no solo es posible alcanzar mayorías parlamentarias -incluso en un legislativo profundamente fragmentado-, sino también que es necesario que el Ejecutivo se involucre en lograr los acuerdos parlamentarios imprescindibles para viabilizar tanto la agenda de gobierno como la gobernabilidad misma del país. En ese contexto, se presenta la ocasión para que en ambos organismos del Estado se impulse una agenda legislativa con visión de largo plazo, que trascienda los modestos alcances del tipo de leyes que se han venido aprobando en las últimas legislaturas: insustanciales y cosméticas -en el mejor de los casos- o peligrosamente populistas e irresponsables -en muchos otros- en cuanto al manejo sostenible de los recursos del erario.

¿Por dónde empezar a diseñar una agenda legislativa para el desarrollo del país? El último reporte del Fondo Monetario Internacional -FMI- sobre la economía nacional, publicado hace pocos días, da luces sobre cómo avanzar en una serie de reformas pro-crecimiento que incluye la aprobación de una legislación sólida en varias áreas, entre las que sobresalen, además de la ley de competencia, varias regulaciones que propicien la inversión, tanto estatal como privada: una ley de infraestructura vial, una de regulación de puertos, otra que permita la modernización de los aeropuertos (especialmente La Aurora), una que viabilice las Alianzas Público-Privadas y otra que modernice las Zonas Francas, aspectos todos esenciales para el crecimiento económico.Asimismo, el FMI recomienda mejorar la seguridad jurídica, en línea con los mejores estándares internacionales, lo que implica cambiar las prácticas internas y las estructuras del proceso legislativo -reformando la Ley Orgánica del Congreso-, así como mejorar la competitividad mediante regulaciones y políticas a favor del mercado laboral formal. El FMI también sugiere mejorar la eficiencia y la transparentar del gobierno, lo que implican reformar el Servicio Civil, así como los procesos de compras y contrataciones. Asimismo, recomienda fortalecer la gobernanza mediante un plan nacional anticorrupción y una estrategia para combatir la impunidad, aspectos que deberían incluir reformas profundas al sistema de control del gasto público -incluyendo la hasta hoy anodina Contraloría de Cuentas-.

Además de las recomendaciones del FMI, el Congreso debería incorporar en su agenda económica la creación de vehículos financieros que blinden los ingentes recursos financieros que, inevitablemente luego de la ampliación presupuestaria recientemente aprobada, quedarán como “ahorros” en la caja de gobierno al final del año, los cuales podrían tomar la forma de fondos específicos -manejados de forma eficiente y con absoluta transparencia- destinados a combatir la desnutrición, expandir la infraestructura vial o modernizar el sistema aeroportuario.

El diseño y aprobación de una agenda como esta puede parecer una tarea técnicamente compleja y políticamente espinosa. Pero hay por dónde empezar: existen diversas propuestas al respecto que están durmiendo el sueño de los justos en las comisiones legislativas, o que están esperando su oportunidad en los programas de distintos tanques de pensamiento y organizaciones de la sociedad civil. Queda en manos del estamento político demostrar que es posible alcanzar acuerdos sobre temas estratégicos y no solo sobre asuntos coyunturales que conllevan el reparto de los escasos fondos públicos.

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA: LOS DESAFÍOS POR DELANTE

El Ejecutivo y el Congreso tienen ante sí el desafío de impulsar los cambios administrativos y regulatorios que mejoren tanto la efectividad, como la transparencia en la ejecución de la obra pública

Hace algunas semanas fui parte de un panel de discusión, organizado por la USAID, sobre la importancia de la infraestructura vial en el país. El propósito del diálogo fue reunir a miembros de la sociedad civil, empresarios y diputados para discutir sobre la legislación que puede contribuir a acelerar la ejecución de infraestructura vial al ritmo que necesita Guatemala para reducir las brechas existentes, partiendo del entendido de que una infraestructura vial eficiente y funcional es fundamental para el desarrollo económico y social del país, y es crucial que se aborde de manera integral a través de una legislación que ordene todas las disposiciones existentes que están dispersas y se incluyan los cambios que permitirían al país acoplarse a las mejores prácticas internacionales.

Hoy, que hay nuevas autoridades a cargo del Ministerio correspondiente tratando de mantener un mínimo de ejecución de obra pública y, simultáneamente, tener que “limpiar la casa” de las prácticas opacas e ineficientes del pasado reciente, resulta oportuno -y hasta urgente- repasar algunas de las reflexiones y propuestas que se esbozaron en el referido diálogo, especialmente de cara a los estragos que la época lluviosa (que ya está manifestándose con fuerza) empieza a ocasionar en la frágil red vial del país.

En este contexto, el Ejecutivo y el Congreso tienen ante sí el desafío de impulsar los cambios administrativos y regulatorios que mejoren tanto la efectividad, como la transparencia en la ejecución de la obra pública, aspectos fundamentales para el desarrollo económico del país y el bienestar de sus habitantes. La transparencia garantiza que los fondos públicos se utilicen como corresponde, lo que reduce el riesgo de corrupción y mala gestión. Cuando el proceso es abierto y responsable, genera confianza pública en las instituciones gubernamentales y fomenta un sentido de pertenencia entre los ciudadanos. La eficiencia en la contratación, por su parte, significa que los proyectos se completan a tiempo y dentro del presupuesto, lo que es esencial para un país como el nuestro, donde el uso eficiente de los limitados fondos disponibles permitiría la construcción de más carreteras, escuelas y hospitales, lo que tendría un efecto multiplicador en la economía al crear empleos, mejorar el acceso a los mercados y mejorar los resultados educativos y de salud.

Una buena forma de abordar los desafíos es identificar y priorizar las principales dificultades que enfrenta la infraestructura vial de Guatemala en la actualidad. Apenas en noviembre pasado el Fondo Monetario Internacional -FMI- publicó su Evaluación de la Gestión de la Inversión Pública -PIMA, por sus siglas en inglés-, que presenta un profundo análisis sobre la infraestructura pública en el país y donde se revisan concienzudamente quince dimensiones que miden el diseño y eficacia de las instituciones. En dicho estudio se identifican seis aspectos de nuestro sistema en los que existen grandes debilidades que es preciso abordar:

•       La falta de planificación de proyectos y su nula priorización;
• La falta de continuidad en los proyectos de inversión existentes y la proliferación de nuevos proyectos improvisados;
• La insuficiencia de recursos para mantenimiento y el desorden operativo de las entidades a cargo de realizarlo;
• La baja competitividad en los procesos de contratación de obra pública y la ausencia de entes independientes para su supervisión;
• La ausencia de seguimiento de la vida de los proyectos al nivel central; y,
• La falta de información sobre los costos de los proyectos, sus modificaciones, sobrecostos y percances.

Superar estas falencias requiere, inevitablemente, de reformas regulatoria que incluyan una legislación moderna y adaptada a la realidad actual de la infraestructura vial puede ofrecer. Es inexcusable que, a estas alturas, los líderes políticos del país no hayan logrado acordar las reformas mínimas que se necesitan, especialmente tomando en cuenta que han existido recursos financieros que claramente se han desaprovechado.

Según el propio FMI, si Guatemala lograra aumentar el stock de capital público en un punto del PIB, se incrementaría el crecimiento anual de la producción nacional en 0.3% a corto plazo y 0.8% a mediano plazo. A partir de ese cálculo, se colige que si en nuestro país se invirtieran (eficientemente) unos US$3 millardos anuales en infraestructura, al cabo de cuatro años el crecimiento de la economía alcanzaría el 6% anual. Esta es una cifra factible de conseguir (basta recordar que en 2020, con la excusa de la pandemia, el gobierno se recetó un incremento presupuestario de esa magnitud… que se diluyó en el mar de la ineficiencia y opacidad del gasto público ordinario).

De manera que el calamitoso estado de la infraestructura pública en Guatemala no es un problema de financiamiento o de escasez de recursos, sino que es un problema de eficiencia y diseño del marco institucional, y de falta de voluntad pública para reformarlo. La infraestructura pública no mejorará solo con cambios de autoridades, ni con buenas intenciones: hace falta mejorar el marco regulatorio e institucional vigente. En ese sentido, existen una serie de medidas necesarias: por un lado, reformas estructurales que creen nuevas y mejores instituciones para el largo plazo y, por otro, reformas incrementales (administrativas y reglamentarias) para mejorar la eficiencia de las instituciones actuales.

Las reformas estructurales que se requieren para transformar el marco institucional pasan, necesariamente, por la reinvención del actual Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, tarea que no puede hacerse de la noche a la mañana, pero que puede encontrar un punto de partida idóneo en los hallazgos del referido PIMA elaborado por el FMI. Simultáneamente, en tanto se diseña y madura dicha reforma, el Congreso debería avanzar en la adopción de la Ley General de Infraestructura Vial, iniciativa que está en discusión desde hace más de cuatro años, que permitiría:

1. Transitar a un modelo de gestión de activos mediante incentivos virtuosos e indicadores que aseguren el pago hasta que las obras estén concluidas;
2. Una institucionalidad pública técnica especializada, con un mandato, herramientas de gestión y un sistema de fiscalización y rendición de cuentas efectivo;
3. Un sistema de planeación eficiente y moderno con visión de largo plazo;
4. Reglas claras para la priorización de obras conforme a criterios técnicos;
5. Agilizar y hacer más eficientes los procedimientos de desarrollo de los proyectos; y,
6. Hacer sostenible el necesario financiamiento de la obra pública.

La aprobación de dicha ley crearía un subsistema de infraestructura vial (para cierto y determinado tipo de obras) que podría coexistir con el resto de sistemas vigentes (como el de COVIAL), en tanto estos se reforman. Complementariamente, también deberían impulsarse cambios administrativos o reglamentarios, como podría ser la reforma de las funciones de COVIAL con el objetivo de mejorar la contratación, ejecución y supervisión del mantenimiento de la red vial, así como las normas técnicas referentes a montos y plazos que aplican a COVIAL.

En cuanto a las reformas incrementales que podrían aplicarse para mejorar la eficiencia y transparencia de la infraestructura pública pueden mencionarse:

·        Crear una unidad independiente a cargo de supervisión de la obra pública (ya existe una iniciativa de ley en el Congreso);

·        Reformar la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Ley de ANADIE);

·        Regular el seguimiento continuo de proyectos en curso, de manera que el surgimiento de nuevos proyectos no implique dejar inconclusos proyectos en marcha;

·        Reformar la Ley Orgánica del Presupuesto, para que los proyectos nuevos solo se puedan incluir en el presupuesto anual si cuentan con el visto buento técnico de SEGEPLAN y con un registro previo en Sistema Nacional de Infraestructura Pública -SNIP-;

·        Incluir en el Presupuesto del Estado de cada año un anexo con los costos de cada proyecto de infraestructura, incluyendo los de años previos y futuros;

·        Publicar obligatoriamente cada trimestre un tablero de seguimiento de los avances (físicos y financieros) de todos los proyectos en curso; y,

·        Mejorar los procedimientos para que se fomente la competencia para la contratación de obra pública.

 Los desafíos de esta reforma regulatoria e institucional demandan visión y madurez por parte de los líderes políticos del país. El sentido común y el propio interés por complacer a sus votantes deberían lograr que los políticos se pongan de acuerdo al respecto; de lo contrario, podrían ser las fuerzas de la naturaleza -mediante el copioso invierno que ya está aquí devastando la red vial- lo que los obligue a hacerlo.

¿ES VIABLE LA READECUACIÓN DEL PRESUPUESTO 2024?

 HABRÍA QUE EVITAR SEGUIR HACIENDO MÁS DE LO MISMO

SÍ, ES CONVENIENTE READECUAR EL PRESUPUESTO 2024. Existen al menos dos razones que justifican la necesidad de que el Congreso apruebe una readecuación del Presupuesto del Estado para 2024 -razones que, no está de más subrayar, se conocían desde antes de la toma de posesión del actual gobierno, que pudo haber solicitado tal readecuación desde hace varios meses-. La primera es que, como se recordará, el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2024 que fue aprobado por el Congreso en noviembre pasado, quedó sin efecto en diciembre por una sentencia de la Corte de Constitucionalidad por lo que, en su lugar, vuelve a regir el presupuesto que estaba vigente al término de 2023. Ello exige adaptar un presupuesto que no responde a la realidad del año actual, por lo que es necesario readecuarlo para que el gobierno pueda cumplir con los pagos que, ya sea por mandato legal o para suplir los servicios públicos esenciales, está obligado a realizar.

La segunda razón es que en el presupuesto de ingresos vigente tiene cifras que corresponden a lo presupuestado para 2023, las cuales son muy inferiores (por más de Q13 millardos) a lo que realmente se tiene previsto recaudar de impuestos en 2024. Si se quieren utilizar esos ingresos adicionales que se tendrán este año, es necesario incluirlos explícitamente en el presupuesto, para lo cual se necesita de la aprobación del Congreso.

PERO, LA APROBACIÓN NO VA A SER FÁCIL. A punto de que empiece su discusión en el Pleno del Congreso, la petición del Ejecutivo de que se apruebe una readecuación y ampliación al presupuesto ya ha producido múltiples reacciones de escepticismo y de crítica (dentro y fuera del Hemiciclo) a la iniciativa oficialista que, dada la peculiar conformación de fuerzas políticas en el Legislativo, hacen pensar que el proceso de aprobación podría resultar complejo y desgastante.

Baja ejecución. La principal crítica que se escucha es que, hasta ahora, el gobierno presenta un muy bajo porcentaje de ejecución del presupuesto, por lo que resulta cuestionable si será capaz de ejecutar en el último semestre del año lo que no ha podido en el primero. La verdad es que, aunque ciertamente bajo (especialmente en ministerios como el de Comunicaciones, el de Ambiente o el de Energía), el porcentaje de ejecución en 2024 no es muy distinto al de cualquier primer año de gobierno en el pasado reciente (a todo nuevo gobierno le cuesta aprender a gastar).

Eso sí, en los primeros cuatro meses del año el gobierno siempre gastó menos de lo que percibió de ingresos, por lo que ha acumulado un superávit de más de Q6 millardos que están listos en caja para gastarlos en el resto del año, adicionales a los Q14 millardos que ha solicitado como ampliación, cifras que, dados los antecedentes, hacen dudar que puedan ser gastados en su totalidad durante el segundo semestre del año.

Destinos cuestionados. Otras críticas que se hacen a la iniciativa de ampliación presupuestaria ponen en duda la idoneidad de algunos gastos, como la ampliación al Ministerio de Educación por más de Q1,300 millones, que en gran medida se destinarían a pagar los beneficios del polémico pacto colectivo (que se está negociando secretamente entre el sindicato magisterial y las autoridades), o la ampliación por Q350 millones para el también controversial Programa de Salud Escolar.

Notorias son las críticas a las ampliaciones propuestas para los Consejos de Desarrollo (por más de Q2,000 millones) y las municipalidades (por más de Q1,600 millones), entes ampliamente cuestionados por su opacidad e ineficiencia en el gasto. Cabe comentar que dichas ampliaciones son inevitables porque están amarradas (por ley) a la ampliación en el presupuesto de ingresos (por la mayor recaudación esperada).

Algunos también señalan la contradicción de otorgarle generosas partidas presupuestarias a la Corte Suprema de Justicia, a la Corte de Constitucionalidad, al TSE (aunque no haya elecciones este año), a disfuncional sistema deportivo (federaciones y comités), a la Universidad de San Carlos y al mismísimo Ministerio Público, entes con quienes el gobierno ha tenido diferencias políticas, pero a quienes por mandato legal debe asignarles parte de la mejora esperada en los ingresos tributarios.

No es de vida o muerte. Otro argumento de quienes no están convencidos de la ampliación presupuestaria es más pragmático, en el sentido de que, si bien es cierto que los ingresos tributarios serán sustancialmente mayores de lo que indica el presupuesto vigente, también lo es que esos ingresos no se perderán en caso de no aprobarse la ampliación solicitada, porque se acumularían en la caja fiscal, pudiendo ser asignados para el ejercicio fiscal del próximo año. De tal manera que lo que se necesita, afirman, no es una ampliación (al menos no de la magnitud solicitada) sino una readecuación que explicite los rubros de ahorro que podrían obtenerse del combate a la corrupción y que defina las prioridades del gobierno en materia de gasto, es decir, aquellas partidas que tracen la ruta del legado histórico que el gobierno quisiera dejar en el resto de su mandato.

SI SE METE BASURA, SALE BASURA. El concepto de “GIGO” (garbage in – garbage out) se desarrolló inicialmente en las ciencias de la computación y las matemáticas, se refiere a que la calidad del producto de un sistema está determinada por la calidad de los insumos con que se alimente. Los sistemas simplemente procesan lo que se les da, y eso sucede en nuestro sistema de gasto público: el hecho solo de ingresar más dinero al sistema no garantiza que habrá mejores resultados en materia de calidad y eficiencia.

De hecho, según las encuestas, la razón principal por la que el electorado eligió al Presidente Arévalo fue por el hartazgo ciudadano con respecto a la corrupción y a la incapacidad del Estado de proveer los servicios públicos esenciales. Aunque algunos ingenuos puedan creer que solamente basta con poner gente proba a administrar la cosa pública para resolver mágicamente los problemas, la realidad es que el aparato estatal está tan contaminado de corrupción e ineficiencia, que las buenas intenciones resultan claramente insuficientes para revertir la situación.

Para justificar cualquier ampliación presupuestaria deben incluirse los controles técnicos que eviten que los recursos de la ampliación se destinen a obras o proyectos cuestionables, opacos o que se presten a malas prácticas. Por ejemplo, las transferencias a entidades públicas, como municipalidades o consejos de desarrollo, deben ser objeto de seguimiento y fiscalización especiales, debiendo velar porque, sin excepción alguna, se cumplan con su obligación de reportar sus cuentas mediante los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que se tienen a disposición (SIAF, SIAF-SAG, SIAF-MUNI, SICOIN, GUATENÓMINAS).

Otros controles que deberían incorporarse al presupuesto tienen que ver con regular la suscripción de pactos colectivos de condiciones de trabajo en las entidades públicas y velar porque dichos pactos tengan las fuentes de financiamiento para cubrir esos gastos. Sería importante también obligar a implementar un sistema orientado a mantener, en tiempo real, una actualización del número de empleados públicos. Asimismo, sería conveniente evaluar la conveniencia de continuar destinando recursos públicos a ONGs para que presten un servicio que, en principio, le corresponde prestar al Estado y, de considerarse necesaria la prestación de tales servicios por parte de dichas organizaciones, velar porque estos se adquieran en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado.

ENTONCES, ¡PENSEMOS EN HACER COSAS CHINGONAS! Quizá estemos ante una oportunidad única en la historia fiscal reciente del país: tenemos, por un lado, un gobierno nuevo cuya mejor baza para mantener el respaldo ciudadano es su compromiso con la transparencia en el gasto público y, por otro, la ocasión excepcional de contar con abundantes ingresos tributarios, muy superiores a lo originalmente presupuestado. En vez de estar pensando en verter todos esos recursos extra al barril sin fondo del ineficiente y corrompido aparato estatal, valdría la pena atreverse a pensar en canalizarlos hacia destinos específicos mediante vehículos de propósito especial para su ejecución. Algunos ejemplos:

Un fondo específico para el combate de la desnutrición. No existe otro problema más apremiante y vergonzoso para Guatemala que el de la desnutrición crónica infantil. Destinar unos Q5 millardos del presupuesto estatal para la creación de un fondo específico para el combate a la desnutrición debería ser una obviedad como propuesta de cualquier partido político, independientemente de su signo ideológico. La ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional ya plantea un marco para ordenar las acciones estatales en este campo y tocaría al Congreso y al Gobierno diseñar un mecanismo transparente y efectivo para la ejecución de un fondo en dicho marco vigente.

Un fondo específico para infraestructura vial. El colapso en cámara lenta de la infraestructura vial del país -y de la institucionalidad que la gestiona- es evidente y amenaza a mediano plazo con dañar permanentemente las capacidades productivas del aparato económico nacional. Destinar otros Q5 millardos del presupuesto estatal para la creación de un fondo específico para la ejecución de obras de infraestructura vial estratégicas y de gran calado tampoco debería ser políticamente controversial, siempre y cuando dicho fondo se estructure con una gobernanza eficaz que, al mismo tiempo de ser ágil y efectiva, sea también transparente y a prueba de corrupción

Un fondo específico para generación y transmisión de energía. La creciente demanda de energía eléctrica en Guatemala ha crecido a mucha mayor velocidad que la capacidad de generación y transmisión, mientras que los procesos de licitación de nuevas unidades se han quedado rezagados por razones burocráticas. Destinar otros Q1,000 millones del presupuesto estatal para un fondo específico que financie proyectos de pre-inversión y apoye la ampliación de las unidades existentes podría ser un paso en la dirección correcta para conjurar los peligros existentes de un déficit de suministro eléctrico en el país.

Etcétera. En la misma línea, puede pensarse en un fondo (bien diseñado, eficiente y transparente) para infraestructura portuaria, o para rescatar los aeropuertos o, incluso, para reestructurar los programas sociales del gobierno como, por ejemplo, los que están a cargo del MIDES y que, hasta ahora, solo han servido para el despilfarro y la corrupción.

Quizá este sea un buen momento para atreverse, con prudencia fiscal, a hacer “cosas chingonas”, como dijo hace un par de años el canciller mexicano Marcelo Ebrard en un foro latinoamericano (sí, también lo dijo el Chicharito, pero se le escuchó más elegante al funcionario). El canalizar los recursos financieros extraordinarios con que el gobierno cuenta hacia destinos específicos orientados al desarrollo de largo plazo, sacándolos del incompetente aparato tradicional del gasto público y blindándolos mediante mecanismos de ejecución eficientes y transparentes aprobados por el Congreso, puede ser muy beneficioso para el país.

Pudo haberse hecho en la pandemia, pero no se quiso. Si el Ejecutivo y el Legislativo lograran ahora ponerse de acuerdo en una visión como la planteada, podría lograrse que los limitados recursos del Estado estén priorizados y mejor focalizados, blindados de la corrupción y el derroche, utilizados más transparentemente, convertirse en obras con un legado perdurable, coadyuvar a la gobernabilidad y la paz social y, además, servir para ganar tiempo en tanto se hacen las reformas institucionales que el Estado necesita para que la buena provisión de servicios públicos esenciales no dependa de la buena voluntad de los funcionarios, sino de la eficiencia de las instituciones.

ENERGÍA ELÉCTRICA: SE ACABARON LAS VACAS GORDAS

URGEN MEDIDAS PARA EVITAR UN DÉFICIT DE SUMINISTRO 

Durante años, el sistema eléctrico nacional tuvo un superávit de oferta; es decir, su capacidad de generar energía era muy superior a la demanda. Sin embargo, consistentemente, la demanda está aumentado mucho más rápidamente que la oferta. En efecto, el requerimiento horario de energía del sistema aumentó de un 55% en 1999 a un 74% en 2022. Además, ahora se consume energía con menos variabilidad horaria (los “picos” de demanda son más planos) y, por lo tanto, para igual demanda máxima se requiere generar más energía. Lo malo es que la oferta necesaria para satisfacer esa demanda no solamente se ha estancado, sino que se ha reducido: la capacidad del sistema para generar energía en forma continua durante todo el año disminuyó de un 75% en 2001 a un 65% en 2022.

De tener excedentes de oferta que incluso se exportaban a la Región, el sistema eléctrico está ahora muy ajustado. Mientras que la tendencia de crecimiento de la demanda de energía es creciente y la tendencia del crecimiento de la oferta es decreciente. De hecho, en mayo de 2022 la demanda de energía del país superó a la oferta y, por primera vez desde que se creó el Mercado Eléctrico, se tuvo un déficit de generación (afortunadamente, por un breve lapso). Actualmente, el excedente de oferta respecto a la demanda máxima anual es positivo, pero muy pequeño, lo cual entraña un riesgo inminente de que se produzca un déficit de energía si, por ejemplo, el país sufriera de un periodo de sequía relativamente corto (escenario que es bastante probable, particularmente bajo la amenaza del Fenómeno del Niño).

Este riesgo solo podrá disminuirse con más inversiones en generación eléctrica que mantenga un parque generador diversificado, creciente y eficiente. Sin embargo, los últimos procesos de licitación de largo plazo que atrajeron inversiones importantes en generación electica se dieron hace diez años y los procesos nuevos de licitación a largo plazo que correspondía hacer hace dos años siguen retrasados. Peor aún, algunas plantas que no tenían contratos a largo plazo, ante la falta de señales económicas claras, han dejado de operar, y no se conoce de nuevos proyectos de generación que las vayan a sustituir.

El escenario es, pues, muy complejo. Cuando la capacidad de generar energía eléctrica en un país ya no es suficiente para satisfacer la demanda energética, se pueden producir varios efectos. En primer lugar, el suministro de electricidad inadecuado puede provocar un aumento de los precios de la energía a medida que la demanda supera la oferta, lo que puede redundar en costos más altos para las empresas y los consumidores, impactando la asequibilidad general y la actividad económica.

Un suministro insuficiente de energía también puede alterar los procesos de producción industrial, lo que lleva a una reducción de la producción o incluso a su detención en algunos casos. Las industrias que dependen en gran medida de la electricidad, como la manufactura y la tecnología, pueden enfrentar desafíos para cumplir sus objetivos de producción. La incapacidad de satisfacer la demanda de energía puede tener efectos en cascada en la economía: puede reducir la competitividad, el crecimiento económico y el empleo. Asimismo, la escasez de energía puede crear desafíos de gobernabilidad, social e inestabilidad política si no se aborda de manera efectiva.

Para mitigar estos efectos, es necesario implementar medidas para fomentar la inversión en nueva infraestructura energética, mejorar la eficiencia, diversificar la combinación energética y promover medidas de conservación. El marco legal guatemalteco de la industria eléctrica establece un modelo adecuado de gobernanza que busca promover la competencia, la eficiencia y el costo mínimo, principios básicos que han permitido un buen desempeño del sistema hasta ahora. Ese marco debe respetarse y potenciarse con políticas eficaces para abordar la escasez de energía, que son vitales para garantizar un suministro estable y confiable para el desarrollo económico continuo.

La crítica situación que enfrenta hoy la industria eléctrica, con un estancamiento de la oferta de energía que, probablemente, generará un déficit para cubrir la demanda del país, requiere de un diálogo profundo a nivel del sector eléctrico y que los tomadores de decisión tomen las medidas de urgencia para crear condiciones propicias para atraer más inversión al sector. Invertir en capacidad de generación es crucial para que el país pueda satisfacer las crecientes necesidades energéticas y pueda impulsar el desarrollo económico y mejorar el nivel de vida general de sus ciudadanos.

BALANCE DE LA ECONOMÍA EN 2023 Y DESAFÍOS PARA 2024

Es importante diagnosticar adecuadamente. Hacer un balance de la economía de un país al final del año y evaluar los desafíos para el año próximo es importante para que los formuladores de políticas, las empresas y los analistas pueden comprender en dónde estamos parados y puedan hacer los ajustes necesarios, tanto a nivel de políticas económicas gubernamentales, como de la planificación estratégica empresarial. Un diagnóstico acertado de la situación permite a las empresas ajustar sus planes de negocios, estrategias de inversión y presupuestos en función de las condiciones y previsiones económicas, y proporciona a los inversores la información que necesitan para evaluar los riesgos y oportunidades. Comprender los desafíos y riesgos potenciales en el entorno económico permite, además, una mejor gestión de riesgos para mitigar el impacto de las incertidumbres económicas. A continuación propongo, de manera muy resumida, un diagnóstico en esa línea.

Cómo nos fue en 2023. En 2023 la economía guatemalteca mantuvo sus fortalezas económicas, que son muy reconocidas en los mercados internacionales y que se plasman en mantener un largo historial de estabilidad macroeconómica, resultado de políticas fiscal y monetaria conservadoras, cuyos resultados se reflejan en los principales indicadores de desempeño macroeconómico. El largo historial de estabilidad macroeconómica y prudencia fiscal que contribuyen a mantener la dinámica de crecimiento de la producción nacional, medida por el PIB, que en 2023 tendría una tasa interanual de un 3.3%, pese a la volatilidad en el entorno externo y la incertidumbre que siempre surge en torno a las elecciones generales. Tanto la deuda pública (inferior al equivalente al 30% del PIB) como el déficit fiscale (inferior al 2% del PIB) son moderados y se comparan muy bien en relación con los demás países de la Región. La posición externa es muy sólida (con un superávit de balanza de pagos), un elevado nivel de reservas monetarias internacionales y un tipo de cambio notablemente estable. La política monetaria sigue siendo adecuada, aunque el nivel inflacionario de 2023 aún permanece elevado (terminará el año en una tasa interanual de alrededor del 3.5%) y las tasas de interés del sistema bancario, que empiezan a elevarse, aún son razonables y muy estables. Eso sí, el crecimiento económico en 2023 pudo haber sido un par de décimas porcentuales mayor, pero la incertidumbre política asociada al año electoral y los bloqueos y protestas ocurridos (particularmente en octubre) habrían tenido un efecto negativo sobre las decisiones de inversión privadas y sobre la generación de negocios.

El valor de las exportaciones este año se reducirá en comparación con el valor registrado en 2022, debido a que el comercio mundial se deprimió en todo el mundo y nuestros principales socios comerciales (Estados Unidos, Centroamérica y Europa) redujeron sus compras de nuestros productos. También las importaciones serán menores en 2023, debido en buena medida a una reducción en los precios internacionales de los principales productos importados, incluyendo los combustibles. Para 2024 las exportaciones de mercancías (FOB), aunque afectadas por la desaceleración económica mundial, alcanzarían un crecimiento positivo (aunque modesto) que supondría una mejora respecto de 2023, lo cual se explica por la recuperación del comercio mundial y porque los precios internacionales se estabilizarán en la primera mitad de 2024.  Por su lado, las importaciones también se recuperarían en 2024, en respuesta a la relativamente menor demanda por bienes importados como combustibles, bienes de consumo e industriales asociada al crecimiento de la actividad económica doméstica, soportada por la moderación de los precios internacionales.

Perspectivas y principales desafíos para 2024. Se espera que en 2024 se vea una leve mejora en el comercio mundial (que favorecerá la demanda externa de nuestra economía) y una estabilización de las expectativas de los inversionistas una vez tome posesión el nuevo gobierno. Sin embargo, el crecimiento de las remesas se desacelerará y el desempleo se mantendrá, lo que impedirá un mayor crecimiento del consumo privado. Además, consumo del gobierno se ralentizará el próximo año, ya que se trata del primer año de un nuevo gobierno que tendrá dificultades para ejecutar su presupuesto. La tasa de crecimiento económico prevista para 2024 tendrá un ritmo ligeramente inferior en comparación con los ritmos de 3.5% alcanzados en promedio en la década anterior a la pandemia, y que algunos consideran la tasa de crecimiento potencial del país; esto refleja no solo un clima económico internacional adverso, sino también las dificultades que enfrenta el Estado para superar los obstáculos estructurales que limitan la productividad del país. Pero, en todo caso, no se esperarían cambios radicales en las políticas fiscal y monetaria, por lo que el pronóstico estaría del lado de una continuidad en la estabilidad de las principales variables macroeconómicas en 2024.

El tipo de cambio continuará siendo estable en 2024. El balance externo de Guatemala continuará mostrando un superávit, apuntalado en el flujo de remesas familiares hacia el país. El continuado flujo de remesas, aunado al nivel robusto de reservas monetarias internacionales, contribuirán a apoyar la estabilidad en el valor del quetzal.  Se espera que la cotización del dólar en el mercado local se mantenga con el comportamiento estable durante 2024, con algunos pequeños altibajos siguiendo su patrón estacional, apoyado en que el tamaño relativamente pequeño de la economía del país y su limitada exposición a inversiones de cartera, además de las continuas intervenciones del Banguat que moderarán la volatilidad en el mercado cambiario.  Claro está que los diferenciales de tasas de interés con el exterior se han estado reduciendo, lo cual podrá implicar una mayor susceptibilidad del tipo de cambio ante eventos extraeconómocos, pero el exceso de dólares en el mercado y las indicadas intervenciones del banco central permitirán que el quetzal permanezca estable el año próximo.

A nivel empresarial, los retos económicos en 2024 tendrán relación con un nivel de precios que permanecerá relativamente elevado, y con una economía internacional que estará poco dinámica, pero en general habrá un potencial de crecimiento en la mayoría de sectores económicos, que implican aprovechar las fortalezas de nuestro entorno económico y tratar de superar sus debilidades. A nivel macro, la gran fortaleza de la economía nacional es la estabilidad macroeconómica, pero su gran debilidad es el limitado ritmo al cual crece la producción nacional debido a una baja productividad sistémica. Entonces, el desafío es doble. Por un lado, preservar la gran fortaleza de nuestra macroeconomía: la estabilidad de precios, del tipo de cambio, de las tasas de interés y de la producción, con base en una política fiscal prudente y una política monetaria ejecutada por un banco central independiente de los políticos. Por el otro, tratar de acelerar el crecimiento de la economía y mejorar el nivel de ingresos de la población. Esto último solo se logrará si se mejora el clima de negocios y se establece un sistema de certeza jurídica, para lo cual es indispensable fortalecer las instituciones republicanas, asegurar la independencia de poderes y mejorar la eficiencia de los entes del Estado, centralizando los esfuerzos gubernamentales en proveer los servicios públicos esenciales (seguridad, justicia, infraestructura, salud y educación). Priorizar el quehacer del Estado en estos fines va a resultar esencial para emprender una senda de prosperidad que sea sostenible en el tiempo. Y será mejor mientras más pronto se empiece esa recomposición de las prioridades e instituciones del Estado.

Sin duda alguna el ambiente político influye decisivamente en las decisiones de inversión y de consumo. Un sistema político y gubernamental que genere certeza y confianza es fundamental para atraer inversión extranjera, pero también lo es para generar inversión doméstica. Contrario sensu, un entorno político disfuncional, carente de políticas públicas y acuerdos políticos de largo plazo, genera incertidumbre y desincentiva la inversión. En el caso de Guatemala resulta evidente que todas sus fortalezas macroeconómicas -ya comentadas- no son suficientes para mejorar la calificación de riesgo-país (y, por ende, para atraer más inversiones): todos los reportes de las calificadoras internacionales coinciden en que, para que nuestro país pueda mejorar su calificación (y su nivel de atractivo para las inversiones) es imprescindible mejorar el sistema político, fortalecer las instituciones y aumentar la efectividad de las políticas públicas de largo plazo.

La variable clave para promover mayor inversión y empleo (y mayor crecimiento y bienestar) es la productividad. Desde una perspectiva económica, la Certeza Jurídica y el orden económico son factores esenciales para lograr una mayor eficiencia (productividad) sistémica. Un entorno predecible y estable genera confianza, desencadena la inversión y favorece los intercambios (no solo comerciales, sino también culturales, tecnológicos y sociales), lo cual permite elevar la productividad y, con ella, el crecimiento y el bienestar. Por tanto, las políticas que el nuevo gobierno debería implementar para lograr esos fines van más allá de lo puramente económico: debería -como mencionamos antes- priorizar aquellas medidas que fortalezcan las instituciones republicanas, aumenten la eficiencia del Estado en la provisión de servicios básicos (seguridad, justicia, infraestructura, salud y educación) y propicien la paz social y la confianza entre los guatemaltecos para apoyar el ingenio y la laboriosidad del chapín. Todo lo demás vendrá por añadidura.

Tenemos con qué, pero ¿tenemos cómo y con quién? El enorme potencial de Guatemala, apoyado no solo en su estabilidad macroeconómica, sino en sus abundantes recursos naturales, campos, ríos, montañas y riquísima flora y fauna, se ve obstaculizado por una miríada de obstáculos auto impuestos por un sistema político disfuncional. ¿Cómo aprovechar todos esos recursos, por ejemplo, con una red vial minúscula y obsoleta, que demanda tres horas de viaje para recorrer los 35km que nos separan de la Antigua Guatemala, o seis horas para llegar a Quetzaltenango?

¿Cómo un pueblo tradicionalmente pacífico y emprendedor puede resolver sus naturales conflictos mercantiles o civiles de forma expedita (para favorecer los intercambios económicos, sociales y culturales) si no cuenta con un sistema de justicia medianamente funcional? ¿Qué certeza jurídica pueden dar unas cortes que se excedieron en el periodo de su mandato constitucional por más de tres años?

¿Cómo podemos disfrutar y compartir con el mundo las enormes bellezas naturales, arqueológicas y culturales del país -que podrían ser un destino turístico de talla mundial- cuando nuestro ruinoso aeropuerto internacional recibe tan pocos vuelos y no cuenta siquiera con la adecuada iluminación, ni aire acondicionado… ni limpieza básica?

¿Cómo podemos potenciar a la juventud deseosa de superarse cuando las escuelas estuvieron innecesariamente cerradas con la excusa de la pandemia y, al reabrirse, estaban en peores condiciones que antes? ¿O con una universidad estatal que recibe cientos de millones de quetzales anualmente y se encuentra prácticamente paralizada, sin clases presenciales, sin investigación científica, sin propuestas académicas?

¿Cómo desarrollar a los deportistas de clase mundial y a todos los deportistas talentosos que claman por apoyo, cuando el deporte federado y el olímpico -que también reciben millones de quetzales del erario anualmente- son extremadamente opacos e ineficaces, al punto de ser paria en la comunidad deportiva internacional, habiendo dejado a nuestros atletas sin la oportunidad de defender los colores de su bandera ni de cantar su himno nacional ante el mundo?

¿Cómo permitir a las empresas honestas hacer negocios lícitos con el Estado cuando los sistemas de transparencia como Guatecompras y Sicoin quedan fuera de operaciones por misterios hackeos informáticos?

¿Cómo afianzar y desarrollar la vocación democrática de la ciudadanía, cuando los procesos electorales -que solían ser ejemplo de transparencia y participación cívica- son ahora puestos en duda por las propias autoridades y la propia integridad de los magistrados del tribunal electoral está en entredicho?

¿Cómo mantener a la población económicamente activa en condiciones de rendir y ser productiva si los índices de desnutrición tienen años sin mejorar y los hospitales públicos carecen de alimentos, no digamos medicamentos?

¿Cómo preservar la tradicional vocación de apertura y multilateralismo de nuestras relaciones exteriores cuando vemos que se deterioran y tensionan nuestras relaciones con nuestros principales socios comerciales y diplomáticos en Norteamérica, Latinoamérica y Europa?

¿Cómo sacar partido de tener la ciudad más grande y moderna entre Puebla y Panamá cuando importantes obras de infraestructura, como los pasos a desnivel en importantes arterias citadinas, están tan paralizdas como el costosísimo e insoportable tránsito en las horas pico?

En fin, ¿cómo sacar provecho de la laboriosidad, el ingenio, las ambiciones y los anhelos de los guatemaltecos, cuando el continuo deterioro institucional de los tres poderes del Estado lo hace incapaz de proveer los servicios públicos esenciales (seguridad, justicia, infraestructura, salud y educación primarias) y necesarios para el buen funcionamiento de los intercambios económicos?

Aparte de su estabilidad macro y de la riqueza de sus recursos naturales, lo mejor que tiene Guatemala es la capacidad, tesón y espíritu de superación de los 17 millones de guatemaltecos; pero seguiremos desperdiciando ese potencial -y sufriendo el desangramiento que significa la emigración anual de miles de compatriotas- mientras no empecemos pronto a enfrentar estas debilidades institucionales que impiden el desarrollo integral de nuestro país.

LAS INSTITUCIONES DEL 44

FUERON CREADAS EN UN ENTORNO CON UN SISTEMA POLÍTICO FRAGMENTADO, UNOS PARTIDOS POLÍTICOS DÉBILES, UN APARATO ESTATAL INEFICIENTE, UN SERVICIO CIVIL PRECARIO Y UNA FRAGILÍSIMA DIVISIÓN DE PODERES. MUY PARECIDO AL ENTORNO ACTUAL

El legado de las reformas engendradas por la Revolución del 20 de octubre es extenso y profundo: democracia y elecciones libres; división republicana de poderes; Código de Trabajo y fomento de la negociación colectiva; reforma educativa y de la salud pública, y un largo etcétera. Entre tales reformas sobresale, y aún perdura, la creación e inserción dentro de la institucionalidad del Estado de entidades autónomas encargadas de administrar aspectos clave de la esfera pública. Sobresalen los casos de la Universidad de San Carlos, cuya ley orgánica emitida en 1944 (e impulsada por la Junta Revolucionaria) le otorgó plena autonomía, libertad de cátedra y rectoría sobre la educación superior del país; o del Banco de Guatemala, cuya ley orgánica emitida en 1946 (e impulsada por el presidente Juan José Arévalo) le encomendó la dirección de la política monetaria, la regulación de la banca y la administración de las reservas monetarias internacionales; o, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-, cuya ley emitida también en 1946 (y también impulsada por Arévalo) puso a su cargo velar por el derecho de la seguridad social para beneficio de los habitantes de la nación.

La instauración de estas agencias independientes dentro de la administración del Estado fue uno de los más destacados avances hacia la modernidad de aquellos tiempos revolucionarios. Las entidades autónomas (como el seguro social o el banco central) surgen, no solo en Guatemala sino en muchas administraciones públicas en el mundo, para desempeñar un papel claveen la gobernanza moderna al gestionar áreas específicas de los asuntos públicos de manera descentralizada, técnica y especializada. El nivel de importancia y eficacia de estas entidades para garantizar la ausencia de interferencias e influencias políticas de grupos de interés puede variar dependiendo de varios factores, incluido el mandato, la estructura y el contexto político más amplio de la agencia.

Entre los aspectos clave a considerar para evaluar la importancia y eficacia de los entes autónomos surgidos en la Revolución del 44 puede mencionarse que dichas agencias independientes deben contar con expertos en sus respectivos campos, a fin de poder tomar decisiones con base en conocimientos técnicos y mejores prácticas en lugar de consideraciones políticas, lo cual permite que produzcan políticas y regulaciones bien informadas y efectivas. Las agencias independientes también pueden proporcionar un mayor grado de estabilidad y coherencia a las políticas y regulaciones, ya que están menos sujetas a las prioridades cambiantes de las administraciones políticas; esto puede ser crucial en áreas -como la política monetaria o la seguridad social- que requieren planificación e implementación a largo plazo.

Si bien las entidades autónomas fueron concebidas para estar aisladas de la interferencia política, no deben ser inmunes a la supervisión: siguen siendo responsables ante la ley y la ciudadanía, y sus acciones deberían ser revisadas por los órganos de control y por el Legislativo para garantizar la debida rendición de cuentas. En todo caso, las entidades autónomas están llamadas a proteger la toma de decisiones técnicas de las motivaciones políticas de corto plazo, permitiendo así políticas más sostenibles y eficaces, basadas en evidencia dura y no en conveniencias de corto plazo. Así, las agencias independientes pueden mejorar la confianza pública en el gobierno cuando demuestran un compromiso con la imparcialidad y la experiencia y logran que sus decisiones se perciban como tomadas en función del interés público y no para obtener réditos políticos.

Es importante mencionar que, para que las entidades autónomas puedan cumplir adecuadamente con los fines para los cuales fueron creadas, resulta crucial el buen diseño de su estructura interna de gobierno, incluyendo sus controles y contrapesos. De esto estaba muy consciente el presidente Arévalo cuando propuso y respaldó el diseño institucional del Banguat y del IGSS, incluyendo la composición de sus juntas directivas, que incorporan representantes de la sociedad civil, el sector empresarial y el sector académico.

La experiencia de las agencias independientes (bien diseñadas) alrededor del mundo demuestra que incluir miembros de diferentes sectores en sus cuerpos directivos entraña diversas virtudes. En primer lugar, esa diversidad puede aportar distintas perspectivas al proceso de toma de decisiones, lo que puede conducir a decisiones más equilibradas e informadas. En segundo lugar, los representantes de la sociedad civil pueden actuar como guardianes, fortaleciendo los controles y asegurando que la entidad autónoma sea responsable y transparente; además, los representantes empresariales y académicos pueden ofrecer información valiosa y evitar posibles sesgos o captura regulatoria. En tercer término, involucrar a las partes interesadas puede mejorar la legitimidad de las decisiones de la agencia y generar confianza pública; también ayuda a garantizar que el ente autónomo considere los intereses de varios grupos afectados por sus acciones.

Sin embargo, también existen desafíos potenciales con este enfoque. Si no se gestiona cuidadosamente, la representación de grupos de interés puede llevar a la captura regulatoria, donde la agencia se alinea demasiado con los intereses que se supone debe regular. El nombramiento de personas de sectores específicos también puede introducir sesgos o conflictos de interés, lo que puede socavar la credibilidad de la entidad autónoma. Incluir representantes diversos puede, asimismo, hacer que la toma de decisiones sea más compleja y potencialmente lenta, ya que puede ser más difícil alcanzar el consenso.

Al final del día, la eficacia de las entidades autónomas para garantizar la ausencia de interferencias por parte de políticos y grupos de interés depende en gran medida de su diseño, mandato y los controles y equilibrios establecidos. La estructura interna de gobernanza de una agencia autónoma debe lograr un equilibrio entre experiencia, representación pública y rendición de cuentas. Haciendo un balance histórico, el desempeño de los entes autónomos heredados de la Revolución del 44 ha sido -con sus altibajos, luces y sombras- notablemente mejor que el de otros entes autónomos que (como el INDE o el INFOM) fueron creados posteriormente y diseñados con menos cuidado o con fines menos loables.

La creación de entidades autónomas especializadas, con un diseño institucional moderno y adelantado para su época, sigue siendo uno de los legados más importantes de la Revolución del 44. Las memorias de los autores de aquellas reformas (incluyendo las del Dr. Arévalo) revelan que la idea de establecer agencias gubernamentales independientes para encargarse de tareas especializadas (como la educación superior, la moneda, o la seguridad social) fue una respuesta para eficientizar la provisión de servicios públicos, en un entorno en el que el sistema político estaba fragmentado, los partidos políticos eran débiles, el aparato estatal era ineficiente, el servicio civil era precario y la división de poderes republicanos, muy frágil. Un entorno, curiosamente, muy parecido al que prevalece hoy en Guatemala.

Por eso, quienes hoy vociferan en contra de la participación de empresarios, académicos o sindicalistas en los directorios de las entidades autónomas deben tener mucho cuidado con lo que proponen. Las condiciones políticas de hoy, al igual que las prevalecientes en 1944, aconsejan que ciertas facetas de la cosa pública estén en manos de agencias gubernamentales independientes, bien diseñadas y acuerpadas en su gestión por representantes de las fuerzas vivas del país. Proponer que se excluyan algunas de esas fuerzas del gobierno corporativo de las entidades autónomas sería un enorme retroceso que no solo equivaldría -como reza el dicho gringo- a arrojar el agua de la tina con todo y bebé, sino que traicionaría el espíritu del 44 que dio vida a tales entidades y que el Dr. Arévalos interpretó tan adecuadamente en su momento.