Clamor por una Agenda

Las acciones anti-corrupción y anti-evasión fiscal de los últimos meses tendrán, sin duda, efectos positivos para el país a mediano plazo. Pero a corto plazo pueden generar incertidumbre y lentitud en la toma de decisiones económicas. Por ello es urgente que el gobierno asuma un claro liderazgo para aminorar esa incertidumbre. Ello requiere de una agenda clara de prioridades en materia de política pública.

Al cumplirse los primeros seis meses del gobierno se han publicado opiniones y evaluaciones de diversos analistas que señalan, al igual que muchas opiniones que han marcado tendencia en las redes sociales, que uno de sus puntos más débiles ha sido la ausencia de prioridades que guíen su gestión. Esta demanda generalizada por una agenda priorizada de gobierno podría estar relacionada con la coyuntura política y económica del país. Mientras que el ámbito político ha estado dominado por los procesos de persecución penal contra la corrupción y evasión fiscal, el ámbito económico ha estado marcado por el inicio inequívoco de una desaceleración en la actividad productiva.

Sobre este último tema han surgido opiniones encontradas. Por un lado están quienes indican que la desaceleración económica de los últimos meses obedece a factores fundamentales, tales como el lento ritmo de recuperación del comercio mundial (que desfavorece nuestras exportaciones), o la finalización natural del ciclo de inversiones en las áreas energética y de minería en el país. En consecuencia, varios indicadores (como el índice mensual de actividad económica –IMAE-, el crédito bancario al sector privado, o el valor de los bienes exportados) apuntan inequívocamente hacia una reducción en el ritmo de crecimiento de la producción.

Por otro lado, otras voces señalan que los fenómenos políticos recientes –aunados a los factores fundamentales señalados- han generado una sensación de incertidumbre que está afectando negativamente las decisiones de gasto e inversión de las empresas, tal como lo revela el índice de confianza económica publicado por el Banco de Guatemala. Ambas opiniones son válidas y revelan en parte lo que está ocurriendo.

Una agenda de políticas públicas debidamente priorizada es siempre útil para dar certeza a los agentes económicos respecto de qué esperar en cuanto a las acciones gubernamentales. Y es más útil en tiempos de incertidumbre y de desaceleración económica, cuando puede resultar crucial para aminorar los efectos adversos que tal situación puede tener sobre el nivel de ingresos y de empleo. En estas circunstancias se requiere dirección y liderazgo.

Y no es que haya escasez de ideas o de propuestas. En estos seis meses el gobierno ha planteado varias: una política de crecimiento anunciada por el Ministerio de Economía; una agenda de ordenamiento urbano del comisionado presidencial del área; la agenda de la Alianza por la Prosperidad liderada por el Pronacom; unos ejes estratégicos lanzados tímidamente por el propio Presidente; o, las prioridades de gasto que habrán de reflejarse en el presupuesto del Estado para 2017. Ideas hay. Lo que hace falta es focalizarlas, priorizarlas y ponerlas en práctica.

Para ello, el gobierno debe ser pragmático y centrar sus esfuerzos en un número acotado de temas. Uno podría ser el proceso de fortalecimiento de la seguridad y reforma del sector justicia, ya en marcha. Un segundo tema podría ser la profundización del combate a la corrupción con su correspondiente reforma institucional. Un tercero podría ser la política de combate a la desnutrición, inexplicablemente postergada por gobiernos anteriores. Y un cuarto debería ser una política económica con acciones de corto y mediano plazo que favorezcan el crecimiento sostenible, incluyendo medidas fiscales (tanto del lado de los ingresos como del lado del gasto). Una agenda mínima, realista y pragmática podría contribuir a conjurar los fantasmas de la incertidumbre, antes de que se instalen perniciosos en la mente de los agentes económicos.