El Estado le tiene una deuda a la USAC, pero ésta le tiene también una deuda a la sociedad. La autonomía sólo es legítima si va
acompañada de una efectiva rendición de cuentas.
La Universidad de San Carlos ha estado exigiendo al
gobierno por diversos medios (campos pagados, protestas estudiantiles,
reuniones con las más altas autoridades del Ejecutivo) el pago a dicho centro
de estudios por el equivalente a por lo menos el cinco por ciento del
presupuesto anual de ingresos y egresos del Estado. El gobierno alega que le ha
pagado lo correspondiente a los ejercicios fiscales corrientes, pero que no
puede hacerse responsable de lo que el gobierno anterior omitió trasladarle a
la USAC (unos Q360 millones).
El reclamo universitario es justo en el sentido de que
se trata de un mandato constitucional para el Estado (no para un gobierno en
particular); es decir, no es opcional. Y la
sensación de angustia entre los sancarlistas parece también justificada,
dados los antecedentes en casos similares, tales como los aportes que, por
mandato legal, el Estado debe hacer a otras entidades autónomas
–específicamente al IGSS y al Banco de Guatemala-, los cuales el actual
gobierno se ha resistido a cumplir.
Por mucho que al gobierno le parezca que existen otras
prioridades de gasto público, el apoyo financiero a estas entidades autónomas
forma parte del pacto social establecido en la Constitución; si se considera
que dichas disposiciones son injustas o inapropiadas, lo correcto es luchar por
modificarlas, en vez de simplemente incumplirlas.
Ahora bien, el gobierno tiene el derecho de exigir a
esas entidades autónomas que respondan ante el pueblo de Guatemala por los
recursos que reciben y que pagan todos los ciudadanos a través de los
impuestos. Ello porque el privilegio que implica gozar de una autonomía conferida
por la Constitución, debe tener como contrapartida una responsabilidad
inequívoca de rendir cuentas a los contribuyentes que las sostienen. La autonomía
sólo es legítima si va acompañada de una efectiva rendición de cuentas.
Así como el Estado debe pagar la deuda financiera a la
USAC, ésta le tiene una deuda a la sociedad guatemalteca: las autoridades de la
USAC deben explicar cuán eficientes son en brindar educación superior de
calidad y en realizar investigación científica a favor de la sociedad
guatemalteca. Asimismo, y no menos importante, deben rendir cuentas respecto de
cómo gastan o invierten los más de Q1200 millones que reciben cada año del
erario público.
Para ello, las autoridades sancarlistas deben tomar
nota de lo que hace la Universidad Autónoma de México –UNAM- (paradigma a ser
imitado por la USAC). Por ejemplo, la UNAM calcula y publica múltiples
indicadores que permiten medir la eficacia de su desempeño, entre los que pueden
encontrarse el gasto anual promedio por alumno, el porcentaje de cuantos logran
graduarse, o el número de artículos académicos en revistas internacionales o de
libros publicados por sus profesores. Sería bueno que la USAC pusiera a
disposición de la ciudadanía, de forma abierta y sistemática, este tipo de
indicadores.
Otra buena práctica de la UNAM es la de administrar el
patrimonio universitario y manejar todos los asuntos presupuestarios y de
control financiero a través de un Patronato conformado por tres personas de
reconocida honorabilidad y experticia en asuntos financieros; dicho Patronato
(que es ad-honorem e independiente del Rector y del Consejo Universitario)
garantiza un manejo más transparente y probo de su abultado presupuesto. Bien
podría la USAC, sin necesidad de esperar un cambio legal, nombrar a un grupo de
notables que certifiquen el manejo de su presupuesto.
O, tal como lo hace la UNAM, adoptar la sana costumbre
de publicar periódicamente sus estados financieros, debidamente dictaminados
por un auditor externo calificado, y publicarlos como información pública, así
como la información mensual de los estados de situación financiera; el estado
de ingresos, gastos e inversiones; así como las revisiones, observaciones y el
seguimiento de los resultados de auditoría interna practicadas a diferentes
instancias universitarias.
Así que, aprovechando la coyuntura actual, sería provechoso para el país
que el gobierno se comprometa a cumplir con sus compromisos de Estado para con
la USAC, pero que ésta se comprometa, a su vez, a cumplir con su obligación
moral de rendir cuentas a la sociedad que la sostiene financieramente.
Totalmente de acuerdo con su idea, la Universidad, desde su ámbito autonómico, está moralmente obligada a rendirle cuentas a la sociedad que la sustenta
ResponderEliminarLic. Oscar Alvarez Gill
Lea la ley organica del presupuesto y comprobaras, que no existe ningun pasivo del Estado para con la Universidad. Es estrictamente responsabilidad de las autoridades universitarias de turno, exigir el pago correspondiente durante el ejercicio fiscal. Los saldos no ejecutados no constituyen activos de la Universidad, ni un pasivo para el Estado. A quienes deben deducir responsabilidades es al Rector Magnifico y a su Consejo Superior Universitario.
ResponderEliminar