Logros en Riesgo

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

LOGROS EN RIESGO

La principal amenaza para que los logros iniciales del gobierno puedan dar frutos en el tiempo, es la percepción creciente de debilidad institucional y de corrupción generalizada

En sus primeros tres meses de gestión, el gobierno ha alcanzado algunos resultados positivos. El más importante, quizá, es haber logrado la percepción de que, por fin después de mucho tiempo, hay un sentido de mando y de dirección en el Ejecutivo. Esta sensación interior en muchos guatemaltecos resulta de la impresión positiva que han causado ciertas acciones del presidente Pérez Molina y miembros de su equipo.

El pronto lanzamiento de los pactos contra la desnutrición (Hambre Cero) y contra la inseguridad (pacto por la Paz, la Seguridad y la Justicia) trata de atajar dos temas sensibles en la opinión pública. La retoma de la agenda de competitividad se dirige a atender la lentitud del crecimiento económico y el empleo. La rapidísima aprobación de las leyes tributarias busca darle sustento financiero al Estado. La reedición de la entente entre militares de carrera y tecnócratas (similar a la que existió en las décadas de 1960 y 1970) trata de darle coherencia a la acción pública. Y la afortunada propuesta de discutir la  despenalización de las drogas da una gigantesca bocanada de oxígeno a la política exterior.

La sensación de optimismo y la percepción de que hay un sentido de mando en el gobierno pueden tener consecuencias muy positivas en el desempeño económico, político y social del país; pero para ello deben manifestarse en logros concretos y estos deben ser sostenibles. Sin embargo, muchos factores amenazan con descarrilar este esfuerzo. La principal amenaza no está en la irreductible oposición política, ni en las previsiblemente repetitivas protestas campesinas, ni en un eventual distanciamiento con el sector privado, ni siquiera en la molestia de los Estados Unidos con el novel protagonismo de la diplomacia guatemalteca en el tema del  narcotráfico. No.

La principal amenaza que se cierne sobre las posibilidades de éxito del gobierno yace en las percepciones de una gran fragilidad institucional y de una generalizada corrupción. Un ambiente de corrupción conlleva la total pérdida de efectividad de cualquier gobierno: se desvían recursos de proyectos prioritarios (en educación y salud, por ejemplo) para dirigirlos a proyectos innecesarios; se pierden ingresos fiscales; se mina la moral tributaria; y, se multiplican los trámites burocráticos.

La corrupción y la debilidad institucional también obstaculizan gravemente la actividad económica: aumentan los niveles de riesgo e incertidumbre en las transacciones; desalientan la inversión local y extranjera; y, aumentan los costos de producción. La corrupción generalizada, en fin, plantea una gravísima amenaza a la gobernabilidad y la democracia: mina la legitimidad política del Estado, activo fundamental sin el cual es imposible lograr el apoyo popular al sistema democrático y cuya ausencia conduce a la inestabilidad y a la desintegración del país.

Por ello resultan preocupantes los recientes (y crecientes) rumores y señalamientos de manejos dudosos del erario público: compra de medicamentos injustificablemente sobrevalorados, compra de fertilizantes mediante discutibles mecanismos de excepción, obras públicas concentradas en pocos contratistas, recurrencia del fraccionamiento para eludir las licitaciones públicas, mal uso del sistema de Guatecompras, presiones oscuras para imponer funcionarios en puestos clave de entidades autónomas como la SAT y la IVE, etcétera.

Para que las percepciones positivas que el gobierno ha logrado despertar se conviertan en logros tangibles, es menester que tome rápidamente medidas concretas para revertir la percepción que, en sentido contrario, se está formando en materia de corrupción. Entre las acciones que podrían tomarse está la mejora obligada de las páginas electrónicas de todas las entidades públicas como portales de transparencia; retomar el uso disciplinado del sistema Guatecompras; revivir (fortalecer y restructurar) el Observatorio Ciudadano del Gasto; respetar y fortalecer instituciones como la Contraloría y la PGN en su lucha por el buen uso de los recursos públicos; y, sobre todo, no cejar en el impulso a las leyes de transparencia (que, aunque perfectibles, van por el camino correcto), las que debe ser una auténtica declaración de intenciones sobre lo que el gobierno quiere hacer en materia de combate a la corrupción.