Emergencia Nacional

No es que uno sea mal pensado, pero declara estado de Calamidad Pública con base en una ley obsoleta, diseñada para un país en guerra civil, y sin ningún espíritu de velar por la transparencia y la rendición de cuentas de los funcionarios público, suena más a una decisión tomada con propósitos espurios que a un error de cálculo. Como verán en la columna de esta semana, la Ley del sistema de Seguridad Alimentaria ya establece los mecanismos para hacer expedita la ayuda a comunidades afectadas, sin necesidad de declarar estados de excepción. Lo peor de todo es que son los embajadores acreditados en Guatemala quienes se han subido al camión de quienes quieren es estado de Calamidad, quizá para asegurar el cumplimiento de sus cuotas de ofrecimiento de ayuda ante sus cancillerías.

POLÍTICAS PÚBLICAS

EMERGENCIA NACIONAL

La crisis alimentaria actual, como ha sido el caso en las frecuentes crisis que suelen aquejar a Guatemala, ha despertado el ingenio de ciertos dirigentes. Empiezan ya a surgir toda clase de sugeren-cias ante la problemática de la desnutrición aguda.
Se repite el patrón al que se hizo referencia en esta columna la semana pasada, caracterizado por la búsqueda de la piedra filosofal que proporcione soluciones instantáneas, lo que se traduce en propuestas improvisadas de toda índole como, por ejemplo, subsidiar a los productores de maíz (sin pensar que ello en nada contribuiría a protegerse contra las sequías), diseñar programas de for-talecimiento de la economía campesina (cuando hace años existe un acuerdo multipartidario sobre políticas de desarrollo rural), o crear un nuevo Ministerio de Desarrollo Social (sin intentar primero eficientar el trabajo de las múltiples entidades que ya existen).
El síndrome del alquimista contagió también a algunos embajadores acreditados en el país, quienes la semana pasada propusieron que se declarara Estado de Emergencia nacional para combatir la crisis alimentaria.
Otra vez se pretende encontrar remedios de última hora para atacar los problemas más graves. Y, de nuevo, no parece haber conciencia de que, en vez de ello, lo que hay que hacer es aplicarse y gestionar los instrumentos e instituciones que ya existen para tales efectos. La medida idónea contra los efectos alimentarios de una sequía ha sido siempre contar con un efectivo sistema de alertas tempranas, el cual fue creado en 2005 con la Ley del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan).
Lamentablemente dicho sistema no se aplicó adecuadamente, se desatendió y sucedió lo que está ocurriendo en el Corredor Seco de oriente y en otras áreas del país. No se trata, pues, de un asunto que requiere encontrar nuevas soluciones, sino de ejercer una adecuada administración pública para aplicar las herramientas que ya existen. El propio Relator Especial de las Naciones Unidas para el derecho a la alimentación, Olivier De Schutter, en su reciente visita a Guatemala reconoció que dicho Sistema era el mecanismo adecuada, para prevenir este tipo de crisis y que había que fortalecerlo dentro de la institucionalidad del Estado.
En cuanto a la posibilidad de declarar Estado de Emergencia Nacional, la propia ley del Sinasan es-tablece explícitamente (artículo 17) que “el Conasan podrá aprobar planes estratégicos y operativos coyunturales para enfrentar problemas graves de desnutrición y hambre en poblaciones identificadas como de inseguridad alimentaria y nutricional, debiendo solicitar al Congreso de la República por conducto de la Sesan emitir las resoluciones correspondientes que permitan orientar los recursos de las instituciones que lo integran sin que para ello se declare Estado de Emergencia en las comunidades que sean identificadas”.
La declaración de estados de emergencia o prevención en el territorio nacional, aunque puede ser excepcion-almente necesaria, tiene una serie de inconvenientes, como el hecho de que en tales estados se dejan de aplicar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en las compras y contrataciones del Gobierno, además de que favorecen la cultura de la improvisación sin contribuir a la consolidación de soluciones de largo plazo ni al fortalecimiento institucional del país.