SE TRATA DE FACTORES INSTITUCIONALES, MÁS QUE DE INCENTIVOS
FISCALES O FINANCIEROS
La inversión es aquella parte de la producción que no
es consumida ni ahorrada, sino que se adquiere en forma de activos productivos
(maquinaria, edificios, y carreteras), esenciales para que dicha producción se
sostenga y aumente. Cuando la inversión en un país aumenta, crece la cantidad
de bienes de capital por habitante y con ello se incrementa la productividad y
los ingresos. Fomentar la inversión debe ser una prioridad de las políticas
públicas, pues es un factor esencial para crecer y mejorar los niveles de vida.
En Guatemala, la inversión es demasiado baja: en los
últimos años representó menos del 15 por ciento del PIB, muy inferior a lo que
en promedio se invierte, por ejemplo, en Latinoamérica (22 por ciento) o en las
economías emergentes (33 por ciento). Peor aún, la inversión en nuestro país
muestra una tendencia claramente descendente. Para revertir esto, es necesario
que el estado promueva la inversión creando una serie de condiciones mínimas
que den confianza a los inversionistas. Algunas de estas condiciones, como la
estabilidad macrofiscal, las tenemos. Pero hay otras, más de carácter institucional,
cuya ausencia explica las razones de los bajos niveles de inversión.
Los propios empresarios consultados periódicamente por
el World Economic Forum -WEF- indican que los factores que más
dificultan los negocios en Guatemala se relacionan más a aspectos de naturaleza
institucional (criminalidad, corrupción, ineficiencia, escasa infraestructura, malas
políticas públicas) que a los de naturaleza macroeconómica o financiera. Con
base en encuestas tales como la del WEF o la del índice Doing Business, así como
de estudios de casos de éxito para otros países, la Alianza Técnica de Apoyo al
Legislativo -ATAL- identificó una veintena de factores clave para generar un
clima atractivo para las inversiones:
(1) Seguridad física y ciudadana; (2) instituciones
eficientes (transparencia, rendición de cuentas, calidad del gasto público);
(3) eficiencia gubernamental y poca burocracia; (4) infraestructura de
comunicaciones; (5) estabilidad y predictibilidad macroeconómica; (6)
gobernabilidad y estabilidad política; (7) calidad del capital humano (salarios
competitivos, educación, capacidades, salud); (8) ausencia de distorsiones del
mercado laboral y productivo; (9) sofisticación del sector financiero; (10)
certeza jurídica (incluyendo un sistema de protección de los derechos de
propiedad); (11) sistemas eficientes de resolución de conflictos contractuales;
(12) pocas barreras a la entrada al mercado y pocos trámites burocráticos; (13)
garantías legales de protección a las inversiones; (14) bajos niveles de
corrupción; (15) capacidad de adopción de nuevas tecnologías; (16) apertura al comercio
y esquemas de integración económica; (17) actitudes y ambiente de negocios
favorables; (18) aglomeración de actividades económicas que llevan a
externalidades positivas y economías de escala; (19) tamaño del mercado
atractivo; y, (20) recursos naturales disponibles. Enfocarse en estos factores
configuraría una agenda clara para promover la inversión.
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