LA TAREA DE FONDO

 LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA NO PODRÁ SOSTENERSE SIN INSTITUCIONES ESTATALES MÁS SÓLIDAS

 Estos tiempos de pandemia son excepcionales, y requieren de respuestas excepcionales de política pública. El gobierno y el Congreso actuaron pronta y contundentemente al inicio de la pandemia movilizando ampliaciones presupuestarias por más de Q20 mil millones para atender la emergencia. Desde entonces, y en la medida en que el país busca encarrilarse hacia la recuperación económica, se ha puesto en evidencia que el Estado carece de suficientes capacidades y de adecuadas instituciones para ejecutar los recursos e implementar políticas que potencien al crecimiento a mediano y largo plazo.

 El desafío más inmediato es cómo ejecutar el enorme presupuesto estatal disponible para este año (y el propuesto para el siguiente) para impulsar la reactivación, pero sin poner en peligro la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica. Pero los objetivos deberían ser más ambiciosos: las grandes crisis plantean grandes oportunidades para corregir las enormes debilidades estructurales del Estado que han lastrado el progreso del país en los últimos años.

 La tarea de fondo es priorizar las acciones gubernamentales hacia la provisión de los servicios públicos calves para el crecimiento económico y social: salud, nutrición, seguridad, justicia e infraestructura. Y para ello se necesitan instituciones económicas fuertes y capacidades técnicas en el aparato público que puedan diseñar y ejecutar las referidas acciones. No se trata de asignar cada vez más presupuesto a un aparato estatal ineficiente. Se trata de que el Estado procure un ambiente propicio para que florezcan las oportunidades, los emprendimientos y los intercambios entre los ciudadanos.

 Por ello, más allá de las políticas de expansión del gasto público, y simultáneamente a las medidas de reactivación económica, es crucial que se emprendan las reformas institucionales que permitan fortalecer la impartición de justicia, que cimenten la seguridad jurídica y ciudadana, que reduzcan el escandaloso desperdicio de recursos fiscales, que aumenten la calidad de los servicios públicos de educación y de salud, que faciliten el transporte y las comunicaciones, y que permitan a los ciudadanos participar en la vida pública y saberse representados por los funcionarios electos.

 Un ejemplo manifiesto de la necesidad de reformar las institucionales está en el área de la infraestructura. Si se siguen echando recursos financieros a un engranaje ineficaz, torcido y opaco, el desperdicio de recursos será lamentable. Nuestro país necesita más y mejor infraestructura de carreteras, cuyo impacto en el crecimiento económico puede ser enorme. Pero si no cambian los procesos, prácticas y gobernanza para diseñar, financiar, ejecutar y administrar esa infraestructura, los recursos presupuestados para ese fin seguirán yéndose, en un gran porcentaje, a la alcantarilla de la corrupción.

 En la actual coyuntura, cuando apremia la necesidad de encontrar un camino confiable que nos saque de esta crisis -la peor recesión de los últimos ochenta años-, conviene que veamos la oportunidad única de sentar las bases para un futuro mejor para Guatemala; esta oportunidad histórica podemos perderla si no empezamos desde ya a reformar nuestras instituciones, tarea que no es fácil, pero sí ineludible.