Las Tres Emergencias

Emergencia sanitaria, emergencia humanitaria y emergencia económica. De los diez programas anti crisis lanzados por el gobierno, siete son de ayuda humanitaria.

La pandemia de covid-19 ha desencadenado tres emergencias que el gobierno debe enfrentar de forma simultánea. Primero, la emergencia sanitaria, que exige ampliar la oferta de servicios médicos y la capacidad de atención ante una demanda que amenaza con desbordar el sistema de salud; esto implica la ampliación inmediata del acceso a los servicios (con más camas y unidades de cuidados intensivos), más equipos médicos (de protección, respiradores, oxígeno, equipos para exámenes) y más personal capacitado (médicos y enfermeros).

Hasta ahora, el gobierno guatemalteco ha manejado bien esta primera emergencia, al decretar oportunamente las medidas de distanciamiento social obligatorias, ganándole así tiempo al virus para aumentar la capacidad hospitalaria del país, lo cual es primordial para evitar que un sistema de salud pública tan débil como el nuestro colapse ante una más que probable escalada de contagios. Evidentemente, aún queda mucho por hacer (la crisis ha puesto en evidencia la ingente necesidad de fortalecer institucionalmente el sistema de salud) pero, hasta ahora, se ha hecho lo humanamente posible con los escasos recursos disponibles.

La segunda emergencia es la humanitaria: un gran número de cuentapropistas y trabajadores informales se ha quedado sin ingresos y otro enorme grupo de empleados en sectores afectados (como los de restauración y hostelería) han quedado desempleados. El gobierno actuó rápidamente para acopiar los recursos financieros que requieren los programas de asistencia humanitaria. De los diez programas anti crisis lanzados por el gobierno, siete son de ayuda humanitaria.

Hasta ahora, una extrema lentitud para ejecutar esos programas ha sido la norma. De los siete programas solo uno (el reparto de 200 mil cajas de víveres) se ha ejecutado; los demás tienen una ejecución cercana a cero, incluyendo el programa más grande de todos los existentes, llamado Bono Familia, que con un gigantesco fondo de Q6 millardos se plantea otorgar transferencias de mil quetzales a dos millones de familias durante tres meses. Este programa -complementado con otros de reparto de alimentos que tampoco se han empezado a ejecutar- es la pieza crucial para evitar que el confinamiento obligatorio degenere en desesperación e ingobernabilidad. El gran desafío es ejecutarlos cuanto antes, pero con gran transparencia.

La tercera emergencia es la económica, que amenaza con la quiebra a muchas empresas gravemente golpeadas por la recesión mundial y por las medidas internas de confinamiento. Hay dos programas gubernamentales clave para enfrentarla. Uno es el Fondo para la Protección del Empleo que busca apoyar, con Q2 millardos, a trabajadores con contratos suspendidos, pero que (según las cifras disponibles el viernes) no había ejecutado ni un centavo. El otro es el Fondo de Crédito para Capital de Trabajo que, con Q3 millardos, daría créditos a empresas afectadas, pero que tampoco ha desembolsado nada.

Lo ideal hubiese sido que en el manejo del primero de los fondos mencionados participase el IGSS (que tiene la base de datos y la experticia para manejar ese tipo de programas) y que para el segundo fondo se hubiese constituido un vehículo financiero idóneo, más ágil que el anquilosado Crédito Hipotecario Nacional. Quizá aún se esté a tiempo de rediseñar -sobre la marcha- ambos programas para garantizar una mejor eficiencia y transparencia en el desembolso de esos millonarios recursos.