Repartiendo el Presupuesto Estatal

La lógica de asignar porcentajes fijos de ingresos a determinados destinos de gasto no solo es matemáticamente imposible, sino que es financieramente irresponsable y fiscalmente insostenible

Hay que repetirlo: de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Los asambleístas constituyentes de 1985 pensaron que sería bueno asignar distintos porcentajes de los ingresos fiscales a ciertos destinos que, en su momento, se consideraron prioritarios (como los asignados a la Universidad de San Carlos -USAC- o al deporte federado). Siguiendo esa bienintencionada lógica, resulta interesante hacer un ejercicio de asignar ingresos estatales hacia algunos gastos prioritarios.

Puestos a repartir porcentajes, dado que la Constitución dispone que el cinco por ciento de los ingresos tributarios debe dársele a la USAC, sería válido asignar otro tanto a la educación primaria y otro a la secundaria (ambas tanto o más importantes que la educación superior). Y, bueno, tampoco hay que descuidar la educación preprimaria, a la que habría que asignarle, digamos, un dos por ciento. La nutrición (crucial para el desarrollo intelectual de los niños) debería también recibir otros cinco, mientras que al deporte -complemento necesario de la educación- habría que dejarle su tres por ciento actual.

La atención primaria en salud también merece recibir, como mínimo, un cuatro por ciento y los hospitales (y centros de salud) otro tanto. Y, hablando de infraestructura, las carreteras están en plena crisis y deberían recibir al menos un cinco por ciento; los puertos, aeropuertos, escuelas y edificios públicos, un tres; y, a la vivienda -que tanto empleo genera y cuyo financiamiento se pretende ahora subsidiar- podría asignársele un cuatro. Al dos por ciento que ya recibe el Organismo Judicial habría que agregarle un uno por ciento para la CC y el TSE. La seguridad ciudadana (policía, resguardo de fronteras e inteligencia del Estado) debería tener al menos un cinco por ciento.

La protección del patrimonio cultural y arqueológico bien merece un tres por ciento, lo mismo que el medio ambiente y la Pachamama. La Escuela Nacional de Agricultura ya tiene una asignación que podría ampliarse a un tres por ciento para apoyar la agricultura familiar. Si las municipalidades ya reciben un diez, a los Consejos de Desarrollo habría que darles un cinco. La duda pública hay que seguirla pagando, lo que significa apartar un veinte por ciento de los ingresos; y el pago a las clases pasivas del Estado seguiría ocupando otro seis por ciento. La atención a los programas sociales (adulto mayor, bolsas familiares, comedores populares, subsidios al transporte y a la energía, bomberos, etcétera) ocuparía quizá otro seis por ciento. El funcionamiento de los ministerios y secretarías complementarios (Economía, Relaciones Exteriores, Energía y Minas, Finanzas, Procuraduría General, PDH, etcétera) demanda otro ocho por ciento de los ingresos.

Quizá faltan prioridades, pero ya no quedan recursos para repartir: con estas asignaciones ya sumamos más del ciento quince por ciento de los ingresos fiscales. Resulta evidente que la lógica de asignar porcentajes fijos de ingresos a determinados destinos de gasto no solo es matemáticamente imposible, sino que es financieramente irresponsable y fiscalmente insostenible. Los destinos que hoy son prioridad (como la USAC o la desnutrición) quizá ya no lo sean en el futuro; las finanzas públicas deberían tener la flexibilidad de modificar sus prioridades de gasto conforme cambian las realidades sociales y las políticas públicas.