Catástrofe Fiscal a la Vista

Las implicaciones de la sentencia de la CC son de tal magnitud que ameritan un análisis profundo de su interpretación, su aplicación y sus consecuencias

Con la resolución de la Corte de Constitucionalidad -CC-, emitida a finales del año pasado y en la que se resuelve que el aporte que por mandato constitucional le corresponde recibir a la Universidad de San Carlos -USAC- debe calcularse con base en la totalidad de ingresos tributarios del gobierno, la Asociación de Estudiantes Universitarios se anotó una pírrica victoria: consiguieron aumentar significativamente los dineros que recibirá la USAC (y, claro, la propia AEU) a costa de provocar una previsible catástrofe fiscal sin precedentes, en la que los más perjudicados serán, como siempre, los guatemaltecos más pobres.

El fallo de la CC se traduce, en la práctica, en un significativo aumento del monto de recursos a ser trasladados a la USAC: de un aporte Q1,562.3 millones que se le asignó en 2019, se elevaría (con el dictamen de la CC de que sea el 5% de los ingresos tributarios totales) a Q3,201.4 millones; es decir, un aumento de Q1,639.1 millones para 2019 y el cálculo deberá replicarse en años subsiguientes. Pero, además, como la CC indicó que el ajuste debe extenderse otros aportes constitucionales similares, ello implicaría aumentar los aportes al deporte federado y no federado (3% de los ingresos), al Organismo Judicial -OJ- (2%), a las municipalidades (10%) y a la propia CC (5% del presupuesto del OJ). Así, el monto de recursos que el Estado debe dar a estas entidades rondaría los Q14,000 millones, un aumento de más de Q6,000 millones sobre lo presupuestado originalmente.

Los reacomodos presupuestarios que se derivan del fallo de la CC provocarán un desequilibrio severo en las finanzas del Estado que solo podrá solventarse de dos maneras: una, reduciendo (por el equivalente a más del 1.2% del PIB) los gastos prioritarios que hoy se destinan educación primaria, atención en salud, inversión en infraestructura, seguridad ciudadana, etcétera; otra, cubrir con endeudamiento la brecha generada por el aumento en los aportes constitucionales, lo que conllevaría un incremento del déficit fiscal hasta llevarlo a más del 4.5% del PIB, nivel que no solo es insostenible, sino macroeconómicamente muy peligroso.

Las  implicaciones de la sentencia de la CC son de tal magnitud que ameritan un análisis profundo de su interpretación, su aplicación y sus consecuencias, por lo cual se hace imprescindible establecer urgentemente un diálogo entre la CC y los organismos Ejecutivo y Legislativo, a fin de encontrar la mejor manera de enfrentar este enorme desafío, dentro del ámbito jurídico y salvaguardando la viabilidad financiera del Estado, a fin de no poner en riesgo el gasto social, la gobernabilidad democrática y la estabilidad económica del país.

Este intríngulis también debe ser motivo de una profunda reflexión respecto del sentido y propósito de los aportes constitucionales a la USAC, al deporte federado y no federado, a las cortes y a las municipalidades, así como de la necesidad de que estas entidades justifiquen con  eficiencia, transparencia y rendición de cuentas (sometiéndose, sin reservas, a los mecanismos de publicidad, registro financiero, control de gestión y auditoría establecidos en el país y a las mejores prácticas a nivel internacional en estas materias) el sacrificio fiscal que para los contribuyentes guatemaltecos representan los tales situados constitucionales.