Una Agenda Legislativa para Fortalecer la Economía

Se trata de un conjunto de leyes viables, que no deberían generar mayor polémica política

El Congreso de la República está en su segundo periodo ordinario de sesiones de este año, apenas desperezándose después de la resaca post electoral. Su agenda de trabajo no avanza, ni para adelante ni para atrás, entrampada por una serie de interpelaciones (dos al ministro de Comunicaciones y dos al ministro de Salud Pública) y por la escasa disposición de los diputados a mantener el quórum mínimo en el hemiciclo. Todo parece indicar que, en ese ambiente, solamente la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las salas de apelaciones, por un lado, y la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2020, por el otro, podrían concitar el interés de los parlamentarios para reunirse, discutir y aprobar los respectivos decretos.

Es hasta cierto punto normal que exista un desgano legislativo cuando faltan pocos meses para que concluya la actual legislatura, máxime si se toma en cuenta que dos terceras partes de los actuales diputados dejarán el cargo en enero próximo. Sin embargo, quizá exista una ventana de oportunidad para que el Congreso aproveche la distensión de estos meses para impulsar una agenda legislativa que –libre de temas ideológicos o controversiales- sea políticamente viable: una agenda para el fortalecimiento económico. El propio Fondo Monetario Internacional, en su más reciente informe sobre el país, hizo hincapié en que, para crear un ambiente más favorable para las inversiones y para las exportaciones (ambas deprimidas en los últimos años) las autoridades deben enfocarse en mejorar las enormes debilidades del marco regulatorio e institucional, para lo cual un buen primer paso sería aprobar una serie de reformas que, hasta ahora, están estancadas en el Legislativo.

Entre ellas, la iniciativa de ley para regular las insolvencias, que propone la adopción de mejores prácticas internacionales sobre la materia, podría dar certeza jurídica a los procesos y favorecer los flujos de crédito. Otra iniciativa, la de estabilidad jurídica para las inversiones, reduciría la incertidumbre respecto de las políticas de gobierno y haría más atractivo el país para nuevos inversionistas. La iniciativa de ley para la infraestructura vial, por su parte, catalizaría la inversión privada, mejorando la conectividad y competitividad del mercado interno. Por su parte, la iniciativa que reforma la Ley Orgánica del INE, de ser aprobada, podría contribuir a mejorar la calidad de la información estadística necesaria para una efectiva toma de decisiones económicas. Y, por último, la iniciativa de ley que crea la agencia gubernamental para la promoción de inversiones y exportaciones, podría atraer inversionistas extranjeros y facilitar el acceso a mercados nuevos para los productos nacionales.

Se trata de un conjunto de leyes viables, que no deberían generar mayor polémica política (no estamos hablando de otras que, aunque deseables –como la ley que regularía las consultas comunitarias en el marco del Convenio 169 de la OIT-, son políticamente complejas). Su pronta discusión y eventual aprobación puede representar una de las últimas oportunidades para que la actual legislatura logre lavar cara y dejar un legado perdurable que se manifieste en una mejora de las condiciones de vida de la población.