El Reparto del Prespupuesto

Hace mucho tiempo que el Presupuesto dejó de ser la herramienta de planeación y control del gasto público que está llamado a ser; hoy se ha convertido en un desordenado regateo de recursos para satisfacer a quien más grita o extorsiona, no a quien más lo necesita

En los últimos días, las discusiones en el Congreso sobre el Presupuesto del Estado para 2019 se han tornado muy similares a un regateo de mercado, en donde se trasladan montos de un rubro de gasto a otro en función de qué grupo es el que más grita para obtener más recursos. Ya sea que se le quiten fondos al Ministerio de Desarrollo para asignárselos al aumento salarial de los salubristas, o que se reduzca el presupuesto de las jubilaciones militares para aumentarle el rubro de sueldos a la universidad estatal, las consideraciones en torno al presupuesto guardan cada vez menos relación con los objetivos de política pública trazados en la exposición de motivos que supuestamente inspiró la propuesta original.

Por desgracia, hace mucho tiempo que el Presupuesto dejó de ser la herramienta de planeación y control del gasto público que está llamado a ser y, como resultado, el gobierno central gasta los recursos anuales sin ningún orden, ni prioridad, ni efectividad. La debilidad del sistema de servicio civil y la descomposición del sistema político se han combinado durante años hasta convertir al Estado en una agencia de empleos, no para los mejores servidores públicos, sino para los correligionarios y simpatizantes partidarios.

Un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo estima que en los países latinoamericanos, en promedio, el 16 porciento del gasto gubernamental (equivalente al 4.4 porciento del PIB) es un absoluto desperdicio, debido a la ineficiencia en las compras, a la corrupción generalizada y al nivel relativamente elevado de las remuneraciones de los burócratas (en comparación con sus pares en el sector privado). En Guatemala, casi uno de cada tres quetzales del presupuesto se gasta ahora en salarios y remuneraciones, lo cual ha reducido cada vez más el gasto en inversión (especialmente la que se necesita en la ruinosa red vial del país).

Este año ya no será posible rescatar el proceso presupuestario (ya es muy tarde para ello) y quizá haya que conformarse con que, en aras del orden y la transparencia, se apruebe un presupuesto como guía del gasto para 2019. Pero en algún momento los gobiernos y los políticos deben entender que es absolutamente necesario (y urgente) gastar con más eficiencia y cambiar sus prioridades en función de las demandas de la población por servicios públicos esenciales: educación, salud, nutrición, seguridad, justicia e infraestructura.

La clave está en que los líderes políticos comprendan que la función básica del Estado es la de satisfacer de forma directa e inmediata el bien común y las necesidades de los ciudadanos, y no las de los empleados públicos. Esto, claro está, es más fácil decirlo que hacerlo, porque detrás de las absurdas ineficiencias del gasto público suele haber siempre un grupo de interés (el sindicato de médicos, los piquetes de Joviel o el Consejo Superior Universitario) que tiende a estar más organizado y a hacer más ruido que la mayoría ciudadana que clama silenciosa por los servicios públicos esenciales.