Puentes, Corrupción e Instituciones

Cuando las instituciones de control del gasto público no funcionan, el combate a la corrupción solo puede venir (como última instancia) del ámbito penal; pero ello resulta casi siempre insuficiente. Así pasó, hace algunos años, en Italia

La semana pasada colapsó el puente Morandi en Génova, Italia, con la cauda de 38 fallecidos. Los dedos acusadores contra los posibles responsables de la tragedia apuntan a diversas direcciones: unos dicen que fue culpa del deterioro propio de las estructuras de concreto reforzado con acero (que alrededor del mundo han estado demostrando que son más vulnerables de que lo que se creyó cuando empezaron a construirse a mediados del siglo pasado); otros, que los responsables son las autoridades y empresas encargadas del mantenimiento de los puentes; y, otros, que fue culpa de la corrupción que afectó la calidad de la construcción desde su inicio en 1967.

Este hecho, inevitablemente, evoca similitudes (y despierta alarmas) con casos más cercanos a nosotros, como el del puente Belice (que ojalá sea reparado pronta, eficaz y oportunamente) o los muchos otros puentes y demás infraestructura vial del país que colapsan cada invierno con la caída de las lluvias habituales. Y las similitudes con Italia no quedan en eso.

A inicios de los años noventa se desarrolló allí el proceso conocido como Manos Limpias (en italiano Mani Pulite), llevado a cabo por el poder judicial italiano para combatir la arraigada corrupción, involucrando una intrincada red de los principales partidos políticos del momento y de diversos grupos empresariales, y ocasionando una enorme convulsión en la vida política italiana, que acabó con el Partido Socialista Italiano y con la carrera política de su Primer Ministro Bettino Craxi (quien murió en Túnez, prófugo de la justicia).

Manos Limpias surgió en el momento cúspide de la corrupción gubernamental italiana, en la que una perversa simbiosis entre la clase política y las contrataciones del Estado pervirtieron a las administraciones públicas, lo cual se manifestó en la desnaturalización y total inoperancia de las instituciones encargadas del control y la supervisión del gasto gubernamental. La degeneración de ese sistema de controles y prevención ocasionó un vacío que llevó a los jueces a asumir (por la vía penal) un rol de suplencia de lo que las instituciones de control (por la vía administrativa) no pudieron hacer en materia de combate a la corrupción.

Dos lecciones se derivan para Guatemala de ese episodio de la política italiana (que se describe lúcidamente en el ensayo “Aspectos de la Corrupción en Italia”, por Giovanni Salvi; Estudios Públicos No. 56, 1994). La primera es que resulta simplemente natural que en un Estado de derecho la persecución penal surja, como última ratio, cuando las instituciones de prevención y control (el sistema de contrataciones públicas, las auditorías internas y la Contraloría de Cuentas) han fracasado. Y la segunda -y más importante aún-, que el rescate y reconstrucción de dichos sistemas de prevención y control es absolutamente crucial (tanto o más que la persecución penal) para combatir efectivamente el cáncer de la corrupción. Y esa es una reforma esencial que tenemos aún pendiente de iniciar.