¿Para qué luchar contra la corrupción? ¿Para qué la CICIG? ¿Para qué la reforma constitucional? Todos los esfuerzos de reforma, para tener sostenibilidad y propósito, deben estructurarse en torno a un hilo conductor: el fortalecimiento de las instituciones (empezando por las del sistema electoral)
Para Guatemala ha sido algo muy positivo que los
inmorales y descarados actos de corrupción del gobierno anterior hayan salido a
la superficie y generado una ola de indignación ciudadana que precipitó la
salida de los mandatarios en 2015. Para el efecto, resultó crucial que la
CICIG, en cumplimiento de su mandato de combatir la impunidad, haya reenfocado
su labor hacia el combate a la corrupción enquistada en todo el aparato
estatal.
Sin duda, también será muy bueno para el país que,
derivado de esos esfuerzos, se siga avanzando gradualmente en la depuración de
los tres poderes del Estado para limpiarlos de los elementos corruptos que lo
han socavado. Y será muy bueno también que se logren aprobar las reformas al
marco constitucional para que Organismo Judicial esté conformado por jueces
capaces e independientes, y para que su funcionamiento sea eficaz para impartir
justicia pronta y cumplidamente a todos los guatemaltecos.
Todo eso está bien pero, además de reconocer los
avances logrados, es menester reflexionar acerca del propósito final que deben
tener todos esos esfuerzos. Sería una pena que nos conformásemos con que estos sirvan
únicamente para satisfacer la demanda que los Estados Unidos hacen a los países
del Triángulo Norte de Centroamérica para ayudarlos a reducir los riesgos que
para su seguridad nacional entrañan las olas de migrantes y el tráfico de
drogas que, como producto de nuestra precariedad económica e institucional, se
exacerbaron en años recientes.
Tampoco conviene que para hacer avanzar la justicia se
emitan resoluciones que socavan la certeza jurídica, como las recientes
resoluciones de la Corte de Constitucionalidad que -contrario a la jurisprudencia
que dicha corte había establecido con respecto a la consulta a las comunidades-
suspenden las operaciones de empresas hidroeléctricas, provocando incertidumbre
no solo en el sector de generación eléctrica sino en todo el clima de
inversiones del país.
No debemos tampoco aceptar que los esfuerzos de
reforma se tergiversen para crear divisiones entre quienes respaldamos el combate
frontal a la corrupción y el fortalecimiento del sector justicia, tal como
estuvo ocurriendo en el caso de algunas de las reformas constitucionales que se
discuten en el Congreso, pretendiendo con ello generar una lucha ideológica
trasnochada con el fin de desviar la atención del verdadero enemigo a combatir
que es el sistema político patrimonialista y corrupto que ha destruido la
institucionalidad del Estado y depredado las arcas gubernamentales.
La reciente tragedia donde perdieron la vida 40
adolescentes que estaban bajo el cuidado del gobierno en un supuesto “hogar
seguro” debe servir para poner las prioridades claras: el propósito último del
proceso de transformación que vive Guatemala debe ser el fortalecimiento de las
instituciones del Estado. La reforma gradual pero profunda de las instituciones
debe ser el hilo conductor de los procesos en marcha que buscan rescatar al
país de la corrupción, el caos y el subdesarrollo.
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