Es una pena que, al no existir una agenda priorizada de políticas públicas, cada problemática de gobierno con la que se enfrentan los políticos plantea entre sus soluciones la creación de un nuevo ministerio específico para el tema. La creación (o supresión) de ministerios debería ser un asunto de estrategia de Estado, no un asunto de ocurrencias.
El Organismo Ejecutivo está compuesto por diversas
dependencias encargadas de aplicar las leyes y de poner en práctica políticas
de gobierno, lo cual involucra un sinnúmero de temas de diverso grado de
prioridad. La Ley Orgánica del Organismo Ejecutivo establece que, para el
despacho de sus negocios, habrá los ministerios que la ley establezca, con las
atribuciones y la competencia que la misma les señale. Actualmente, el gobierno
guatemalteco tiene 14 ministerios, no mucho menos que, por ejemplo, los 13
ministerios de España, los 16 en Colombia, o las 15 secretarías del gobierno
estadounidense.
La decisión de cuántos y cuáles ministerios deben
integrar el Ejecutivo lleva implícita una elección sobre las prioridades y
forma de organización de los diversos negocios gubernamentales. Quienes
consideran que hay negocios públicos que ameritan una prioridad especial que
ahora no tienen en el organigrama del Ejecutivo, simpatizarán con la idea de
crear nuevos ministerios. Así, hay quienes abogan por crear un Ministerio de
Desarrollo Rural, sacando este negocio del actual Ministerio de Agricultura.
Otros consideran conveniente segregar el actual
Ministerio de Comunicaciones, creando –como en el caso de Chile- un Ministerio
de Transporte y Telecomunicaciones, otro de Vivienda y Urbanismo, y otro de
Obras Públicas. Podría pensarse también en imitar a México y crear un
Ministerio de Turismo, o copiarle a Perú y dividir el actual Ministerio de
Economía en un Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y otro Ministerio de
la Producción o Industria.
De manera similar, existen propuestas de separar el
actual Ministerio de Cultura y Deportes en sus dos componentes, pues se estima
que estos dos negocios tienen pocas razones en común como para compartir el
mismo despacho ministerial, tal como ocurre en Chile. También hay quienes
sostienen que la atención gubernamental a ciertas minorías amerita la creación
de, por ejemplo, un Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, como el
que existe en Perú.
También se ha dicho que, para mejorar la coordinación
del gabinete podría ser necesaria la creación de un Ministerio de la
Presidencia (o de la Función Pública, como se llama en México). Si este enfoque
prevaleciera, el gabinete de gobierno de Guatemala bien podría pasar de 13 a 21
carteras. El punto es discernir si creando más ministerios puede elevarse la
eficiencia del gobierno.
En contraste con ese enfoque está el que sostiene que
es más conveniente agrupar los negocios gubernamentales en un número menor de
ministerios y asignarle a cada uno los viceministerios necesarios para despachar
sus asuntos de la manera más eficiente posible. Cabe indicar que los países con
economías más avanzadas suelen organizar sus gobiernos con un número
relativamente acotado de ministerios (que no suele exceder de las 15 carteras).
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